Buscar este blog

domingo, 22 de julio de 2018

Juicio a Monsanto: Toxicólogo explica al jurado cómo se coludió Monsanto con la EPA

(EPA: Environment Program Administration) | Fuente: Organics Consumers | Translate: MICK
Robert F. Kennedy Jr.
Gracias a Robert F. Kennedy Jr. por proporcionar un resumen del cuarto y quinto día en la corte en el juicio Dewayne Johnson vs. Monsanto Co. Los procedimientos comenzaron en el Tribunal Superior de San Francisco el 9 de julio. El demandante, Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que fue diagnosticado con linfoma no hodgkiniano (non-Hodgkin lymphoma) hace cuatro años, afirma que Monsanto escondió pruebas de que el ingrediente activo en su herbicida Roundup, glifosato, causó su cáncer. Este es el primer caso en ir a juicio entre cientos de demandas que alegan que Roundup causó linfoma no hodgkiniano. Se espera que la prueba dure aproximadamente un mes. (Lea el resumen del día seis).
Durante el lunes por la tarde y el martes 16 y el 17 de julio, el abogado de Monsanto, Kirby Griffiths, continuó su emboscada al epidemiólogo/toxicólogo del demandante, el Dr. Christopher Portier, investigando las deficiencias en la evaluación de Portier de que el glifosato y el Roundup son carcinógenos humanos. El Dr. Portier no dio nada; los estudios que evalúan la carcinogenicidad del glifosato se realizaron correctamente, dijo, debidamente examinados e interpretados con precisión por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que determinó que "el glifosato es un probable carcinógeno humano". Observando a Griffiths intentar agarrar al Dr. Portier parecido a un hombre tratando de escalar un palo encebado. Griffiths nunca levantó los pies del suelo.
Después de la cruz de Griffiths, mi abogado adjunto, Brent Wisner de Baum Hedlund Law, condujo el redireccionamiento del Dr. Portier y el jurado escuchó su primera mención de Jess Rowland, jefe de la corrupta Oficina de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de Programas de Plaguicidas. Rowland orquestó la exoneración de Roundup basada principalmente en estudios desmenuzados o escritos por Monsanto y su ejército de biostitutos (después de que el Dr. Portier se retirara, escuchamos un testimonio adicional grabado en video del funcionario de Monsanto, el Dr. William Heydens, admitiendo que había recomendado "escribir bajo la firma" "El estudio clave de la EPA luego lo editó él mismo).
Bajo el cuestionamiento de Wisner, el Dr. Portier hizo un inventario de los defectos sustantivos en los estudios de glifosato y linfoma no hodgkiniano de la EPA federal. Mostró cómo la Agencia de Protección Ambiental, con Monsanto sosteniendo su abrigo, escogió cuidadosamente los estudios de glifosato para apoyar su decisión a favor de Monsanto. Wisner cerró su redirección con Portier denunciando el Estudio Andreotti (2018) como fatalmente defectuoso. Ese estudio, la columna vertebral del caso de Monsanto, concluyó, con el descaro de Trumponian chutzpah, que el glifosato en realidad protege a los humanos contra el linfoma no hodgkiniano. Portier demostró que, los datos brutos enterrados en ese estudio, mostraron un riesgo estadísticamente significativo de linfomas de células T, el tipo exacto de cáncer diagnosticado en nuestro demandante, Dewayne Johnson.
Nuestro principio de debilidad en este caso es la conclusión de que Jess Rowland, de la EPA y su oficina de Programas de Plaguicidas, que el glifosato no es un cancerígeno humano. El jurado nunca sabrá que en la década de 1980, la EPA concluyó que el glifosato era un carcinógeno. Monsanto respondió mediante una serie de contactos con la EPA diseñados para intimidar a la agencia para que retirara los hallazgos perjudiciales.
Los documentos internos muestran que Monsanto reclutó a un científico pagado que reexaminó los datos del ratón de la EPA y afirmó que un estudio clave en ratones que mostraba carcinogenicidad no daba cuenta de un tumor no notificado en un ratón no expuesto en el grupo de control. Resultó que los documentos de Monsanto muestran que el patólogo mercenario de la compañía acordó "encontrar" el escurridizo cáncer antes de que realmente viera las diapositivas. Aunque los científicos internos de la EPA refutaron el arma de Monsanto, Monsanto apiló las presentaciones de revisión con los agentes de Monsanto, lo que llevó a la reclasificación de Roundup.
A pesar de esta historia sórdida, probar que la determinación de la EPA se basó en la corrupción es un postulado complicado para el demandante y una fuente continua de frustración para nuestro equipo de prueba. Distintas sentencias de la corte nos prohíben hablar de la evidencia histórica condenatoria de corrupción mayorista y generalizada en la oficina de pesticidas de la EPA. Otro dictamen nos prohíbe mencionar la decisión de la EPA de California de que el Roundup es un carcinógeno.
Robert F. Kennedy Jr. es un defensor ambiental desde hace mucho tiempo y autor de American Values: Lessons I Learned From My Family. Es abogado de Baum Hedlund Aristei & Goldman, representando a casi 800 personas en todo el país que alegan que la exposición Roundup causó su linfoma no Hodgkin. Síguelo en Twitter: @RobertKennedyJr. Al igual que él en Facebook.
Organic Consumers Association (OCA) es una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor de base. Regístrese aquí para mantenerse al día con las noticias y alertas de OCA.

viernes, 13 de julio de 2018

Declaración Pública: Mujeres en Zona de Sacrificio #Quintero #Puchuncavi #EnResistencia

Como Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia, expresamos nuestro absoluto rechazo ante las lamentables e irresponsables declaraciones hechas hoy por los señores diputados de RN Luis Pardo y Andrés Longton, quienes desestiman la urgencia de conformar una comisión investigadora que establezca los responsables del crimen que significa implementar un Plan de Descontaminación Atmosférico corrigiendo supuestos errores, los que solo expresan el ánimo de favorecer el crecimiento del parque industrial por sobre nuestra salud develando faltas a la verdad y corrupción, ignorando completamente el llamado internacional hecho en el informe Lancet (19 octubre 2017) que señala de forma categórica que todos los Estados, gobiernos y políticos, deben considerar de manera urgente las soluciones concretas que permitan frenar el aumento de las enfermedades no transmisibles que genera la contaminación. 
Además dicho plan, que el Contralor don Jorge Bermúdez en diciembre del año 2017 señaló que “no se ajusta a derecho” ya que consideraron las máximas emisiones de las fuentes omitiendo las reales, eludiendo así, la disminución de contaminantes para beneficiar a las empresas  responsables de que seamos una zona saturada desde 1992 sufriendo graves daños a nuestra salud desde hace 54 años (informe para Chile Sustentable “Salud infantil y la exposición a contaminantes provenientes de termoeléctricas a carbón en Chile” del Comité salud Ambiental Infantil Sociedad Chilena de Pediatría, febrero 2018), por lo cual es imposible aceptar mejoras al Plan cuya base fraudulenta está muy lejos de proteger la salud de quienes habitamos este territorio, ya que representa una grave vulneración de nuestros Derechos Humanos fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, por lo que dicha comisión investigadora, que nosotras como agrupación hemos solicitado desde enero del año 2017, debe ser conformada no sólo para esclarecer responsabilidades, sino también para saber los resultados de la comisión del año 2011. Esto es fundamental, como expresión de voluntad política, coherencia y respeto de nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entendiendo con esto que merecemos con urgencia un nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para Quintero-Puchuncaví y Concón.
Quintero-Puchuncaví 13 de Julio 2018.

jueves, 12 de julio de 2018

Invasal se refiere a impactos ambientales tras escape de salmones de centro de cultivo en Calbuco #IslaHuar

El incidente ha sido atribuido a daños estructurales provocados por un temporal de fuertes lluvias y vientos que afectó al centro Punta Redonda de la empresa Marine Harvest ubicado en la Isla Huar, al sur de Puerto Montt. Como resultado, de 900 mil ejemplares mantenidos en jaulas, donde al menos 600 mil fueron perdidos en el mar. (Mundo Acuícola).
De acuerdo con el Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores (Invasal) los escapes de salmones desde los centros de cultivo no son infrecuentes y por lógica son un fenómeno inseparable del cultivo de peces en ambientes abiertos. Debido a las medidas preventivas adoptadas por los centros, las magnitudes más comunes están reducidas al número de salmones que logran escapar durante el tiempo de reparación del agujero que abre un lobo marino en una balsa jaula. Sin embargo, nuestro país está afecto a las inclemencias climáticas, que también pueden generar importantes daños en jaulas balsas y ocasionar escapes ¿Entonces, son suficientes las medidas de prevención que logran contener cardúmenes de salmones la mayor parte del tiempo, pero que fallan al evitar el escape ocasional de cientos de miles de individuos debido a fuertes vientos al sur de Puerto Montt?
Impactos ecosistémicos
La especie en cuestión, Salmo salar, ha sido reconocida como invasora en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. En Chile aún no existe evidencia de la existencia de poblaciones naturalizadas, como es el caso del salmón Chinook, trucha arcoíris y trucha café. Sin embargo, mientras mayor es la magnitud de un evento de escape, mayor es la probabilidad de que un grupo de individuos alcance la cabecera de un río cercano, encuentre zonas apropiadas para formar nidos y se reproduzca. Este fenómeno se conoce como presión de propágulos y es uno de los factores que más contribuye a que una especie exótica se vuelva invasora. Eventos repetidos de escapes de salmón del Atlántico podrían vencer la resistencia ambiental y tener como consecuencia el establecimiento de una nueva especie invasora en el país.
En Chile ya contamos con evidencias para saber cómo interactúan otras especies de salmones y truchas con nuestra biota acuática natural.  Sabemos que invasores como el salmón Chinook Oncorhynchus tschawytscha, el salmón coho Oncorhynchus kisutch, la trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss y la trucha fario Salmo trutta han establecido poblaciones reproductoras naturalizadas y que en ciertas zonas están interactúan negativamente con nuestros peces y macroinvertebrados nativos. Durante 1995 y 1996 investigadores encontraron que un 20% de 271 salmones escapados contenían peces nativos en sus estómagos, con un promedio de 25 pejerreyes y 40 motes por estómago de salmón. Es incorrecto por lo tanto asumir que esta especie de cultivo solo consume alimento artificial cuando transicionan al ambiente de vida libre. Es esperable que estos peces se desplacen y dispersen desde el centro de cultivo en búsqueda de alimento.
Frente a la necesidad de conocer detalladamente este fenómeno es que se conformó el Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores (Invasal) con financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Una de las principales líneas de investigación de este proyecto busca hacer seguimiento a peces escapados y evaluar sus probabilidades de naturalización.
Seguimiento y monitoreo científico del escape de salmones
Después de garantizar la recuperación de la mayor cantidad de salmones, el siguiente paso es mantener un estricto monitoreo a través de campañas de muestreo periódicas en el área y los ríos aledaños. Tras un escape de 300 mil salmones del Atlántico en el área de Puget Sound (USA) en agosto del 2017, ejemplares escapados todavía fueron capturados en ríos apartados 108 y 64 kilómetros del centro de cultivo de acuerdo a lo reportado por The Seattle Times en febrero y abril del 2018 respectivamente.
Tenemos muchas más preguntas que respuestas en torno al impacto que la biomasa de salmones escapados generará sobre el medio ambiente, pero formular las preguntas correcta y oportunamente es esencial para hacerlas parte de la discusión social.
El programa de monitoreo que ya planifican los investigadores del Invasal incluye muestreo en ríos, estuarios y el Seno del Reloncaví, con ayuda de pescadores locales, para determinar el periodo de permanencia de los ejemplares escapados y conocer de qué se están alimentando. ¿Habrá competencia por alimento y hábitat con salmones de otras especies, transferencia de enfermedades y parásitos entre salmones escapados y naturalizados?
Es posible también que el escape de salmones se vea reflejado en la dieta del lobo marino común. En base a estudios llevados a cabo por nuestra investigadora Dra. Maritza Sepulveda sabemos que existen cambios temporales importantes en la dieta del lobo marino dependiente de la disponibilidad de salmón de cultivo en el ambiente. Desde el año 2008 al 2012 el porcentaje de salmón pasó de ser un 20% de la dieta del lobo marino a un 5% después de la gran mortandad producida por el virus ISA. ¿Observaremos en los próximos años un aumento significativo de salmones en la proporción de la dieta del lobo marino común? ¿Tendrán los antibióticos y antiparasitarios de los salmones un efecto evidenciable en los lobos marinos?
Para hacer frente a la situación, Marine Harvest está pagando $4 mil por cada salmón recuperado según lo reportado por Las Últimas Noticias el pasado sábado. Tres días después del incidente, de acuerdo a la dirección regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), se han recuperado alrededor de 1.500 ejemplares en centros de acopio dispuestos por la empresa. Adicionalmente, a través de contactos locales y tras visitar la zona de Puerto Montt, Calbuco y sus alrededores, hemos observado que un número no menor de personas están extrayendo y comercializando salmones informalmente, omitiendo las advertencias de Sernapesca. Desconocemos cómo pescadores artesanales, en plena temporada de extracción de róbalo y pejerreyes están interactuando con los recién llegados.
Impactos Sociales
¿Cuál será el destino de los salmones escapados? Es posible que una fracción de ellos, debido a inanición, mueran. Ha habido reportes no confirmados de salmones que habrían sido encontrados varados en la costa del continente, frente a la Avenida Las Toninas del sector Pelluco en Puerto Montt. Se desconoce el grado en que salmones de cultivo son capaces de cambiar su dieta desde pellets a peces pelágicos nativos, así como las especies de peces pelágicos sobre las que podrían depredar. Sardinas australes y pejerreyes están incorporados en la dieta del salmón coho que habita la misma área, especie de similar rango de talla que podría considerarse como referencia para predecir el comportamiento alimentario del salmón del Atlántico.
Una de las grandes preguntas que aún se mantiene sin respuesta oficial es ¿qué pasa con los salmones una vez recuperados por Marine Harvest? El problema principal se suscita por la pérdida de la trazabilidad confiable del animal recapturado. A no ser que exista un medio de marcaje inequívoco que permita a la empresa demostrar el origen de cada animal, los salmones están descalificados para obtener su certificación de trazabilidad, requisito básico para ser destinados a consumo humano.
Por razones similares no se recomienda la extracción de salmones escapados por la ciudadanía, debido a que éstos no han pasado por los protocolos de seguridad, controles de concentración de fármacos (e.g. oxitetraciclina, clorfenicol) y de sustancias prohibidas en los filetes de salmón, que garanticen la inocuidad del producto para el consumo humano. A través del proceso regular, salmones bajo administración de fármacos pasan por periodos de carencia que dan lugar a su degradación natural encontrando sólo concentraciones mínimas en el producto final, muy por debajo de los estándares internacionales, lo que permite comercializarlos al exterior. Mientras las reacciones adversas a residuos de fármacos son raras, un riesgo potencial del consumo de salmones de cultivo que no han pasado por un protocolo de certificación puede generar riesgo a salud pública, por la posibilidad de promover resistencia a antibióticos de uso común en seres humanos.
El temporal no solo dejó a su paso miles de toneladas de biomasa de salmones libres en las aguas del Seno del Reloncaví, sino también una serie de preguntas en torno a los estándares de exigencia de las agencias de gobierno frente a proyectos que intervienen, muchas veces necesariamente, el medio ambiente.  Es claro que lo más urgente en el país no es reducir los tiempos de los procesos de evaluación ambiental, sino que fortalecer a los servicios gubernamentales para cumplir con estándares más altos de evaluación de estudios de impacto ambiental y velar porque todas sus medidas de prevención y mitigación sean puestas en práctica. En este sentido, coincidimos con las declaraciones del presidente de la comisión de pesca de la Cámara de Diputados Gabriel Ascencio en relación a la necesidad de una investigación acabada de las causas del escape.
Eventos repetidos de escapes de salmón del Atlántico podría vencer la resistencia ambiental y tener como consecuencia el establecimiento de una nueva especie invasora en Chile, directamente ligada a la responsabilidad empresarial y a la alta permisividad de parte del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.  Un medio ambiente que a diferencia de la producción animal perdida por Marine Harvest, no tiene seguros comprometidos.
https://www.seattletimes.com/seattle-news/fish-farm-caused-atlantic-salmon-spill-state-says-then-tried-to-hide-how-bad-it-was/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/atlantic-salmon-caught-in-skagit-8-months-after-escape-from-pen-had-eaten-a-fish/
source: https://www.seattletimes.com/seattle-news/environment/fish-spill-bigger-than-initial-estimates-farm-destroyed/
LUN: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-08&PaginaId=2&bodyid=0
http://diputadospdc.cl/w2/?p=10984

viernes, 6 de julio de 2018

La privatización del borde costero: otro paso hacia el desalojo

Fuente: Ciper | Autor: Hernán Espinoza #opinion
La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde costero como una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).
Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.
Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso.
En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.
En el mensaje presidencial del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en el mar:
“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…).
El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio(…)”.
En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite legislativo de este proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del “desarrollo” de nuestro país: un plan de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.
En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.
En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.
La iniciativa del Presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: “Hacia un nuevo borde costero para Chile
¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.
“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo.
En el documento de la CChC se agrega, además, que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones de largo plazo en el borde costero:
La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a garantía bancaria”.-
Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:
“Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.
Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.
Hernán Espinoza
Comité de Defensa Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena

FIRMA AQUI PARA LA NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BORDE COSTERO, pedimos al Senado de Chile rechazar el proyecto