VER CARTA EN SU PUBLICACIÓN ORIGINAL AQUI Nueva York, 2 de septiembre del 2020
Honorables Presidentes y Primeros Ministros:
Sr. Hubert Minnis - Primer Ministro de Bahamas
Sr. Dean Barrow - Primer Ministro de Belice
Sr. Jair Bolsonaro - Presidente República
Federativa de Brasil
Sr. Sebastián Piñera - Presidente República de
Chile
Sr. Iván Duque Márquez - Presidente República de
Colombia
Sr. Carlos Alvarado Quesada - Presidente República de
Costa Rica
Sr. Nayib Bukele Ortez - Presidente República de El
Salvador
Sr. Alejandro Giammattei
Falla - Presidente República de
Guatemala
Sr. Andrés Manuel López
Obrador - Presidente República de
México
Sr. Martín Alberto Vizcarra
Cornejo - Presidente República del
Perú
Sr. Luis Abinader - Presidente República
Dominicana
Sra. Paula Mae Weekes - Presidente de la República
de Trinidad y Tobago
Asunto: Petición de Ratificación e Implementación Efectiva del Acuerdo de Escazú.
Estimados Presidentes y Primeros Ministros:
Marc Yaggi, en mi condición de Director Ejecutivo y Oficial de la Organización Waterkeeper Alliance,
Inc. (1), con sede principal en la ciudad de Nueva York, en su nombre y actuando además como vocero de los
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programas Waterkeepers de América Latina y el Caribe, Bahamas Waterkeepers en Bahamas; Placencia
Lagoon Waterkeeper en Belice; Guanabara Baykeeper en Brasil; Maule Itata Coastkeeper y Futaleufú
Riverkeeper en Chile; Bocas de Ceniza Waterkeeper, Cartagena Baykeeper, y Río Inírida Waterkeeper en
Colombia; Nicoya Península Waterkeeper en Costa Rica; Jiquilisco Bay Waterkeeper en El Salvador; Río
Motagua Waterkeeper en Guatemala; Cabo Pulmo Coast Waterkeeper, La Paz Waterkeeper, Loreto
Coastkeeper, Los Cabos Coastkeeper, San Quintin Bay Waterkeeper, y Tijuana Waterkeeper en Mexico; Rio
Mapacho Waterkeeper, Marañón Waterkeeper, Amazonas Perú Waterkeeper y Ramis Riverkeeper en Perú;
Río Ozama Waterkeeper en República Dominicana y Gulf of Paria Waterkeeper en Trinidad y Tobago,
respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles que adopten las medidas necesarias en sus países
conforme a la legislación interna de cada Estado para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, así
como su efectiva implementación en aquellos países en los cuales el Acuerdo ha sido ratificado.
A partir de la Conferencia de Río+20 en el año 2.012, los Estados, conscientes de los pocos y
desiguales avances logrados en 20 años con respecto a los compromisos adquiridos en la Conferencia de Las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 1.992), ratificaron su compromiso por seguir
trabajando y cooperando entre ellos para reducir la pobreza extrema y alcanzar un “desarrollo sostenible”
solicitando que “se adoptaran enfoques globales e integrados del desarrollo sostenible que guíen a la
humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el
estado y la integridad de los ecosistemas de la Tierra, reconociendo la diversidad natural y cultural del
mundo y que todas las civilizaciones y culturas pueden contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible”
(Naciones Unidas, A/CONF.216/L.1, documento final- El Futuro Que Queremos-, 2.012).
Es un momento histórico que demanda más que voluntad política, se requiere tomar acciones para
asegurar un mundo más justo, más equitativo, garantizando a las futuras generaciones una Tierra con agua
limpia para beber, nadar y pescar, un aire limpio para respirar y ecosistemas biodiversos que garanticen los
ciclos naturales del planeta.
I. ANTECEDENTES
- El documento final de la Conferencia de Rio en el año 2.012, “El Futuro Que Queremos”, consideró que
la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta la humanidad en la actualidad,
constituyéndose como una condición indispensable su disminución para alcanzar un desarrollo
sostenible.
- En esta Conferencia se enfatizó en el concepto de economía verde para alcanzar el desarrollo sostenible
y erradicar la pobreza, exigiendo políticas que incentiven este tipo de economía, así como el deber de
ser compatibles con el derecho internacional. En la Conferencia se reconoce el derecho y con ello, el
deber de respetar la soberanía nacional que cada país ejerce sobre sus recursos naturales, promover el
desarrollo inclusivo, la innovación, el empoderamiento de los ciudadanos y el respeto de los derechos
humanos. La Conferencia concluyó que una economía verde mejorará la capacidad para el
ordenamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, haciendo eficiente su aprovechamiento y
reduciendo en consecuencia la generación de residuos y la huella de carbono.
- Además de lo anterior, en esta conferencia se reafirmaron los compromisos de cumplir con los
Objetivos del Desarrollo del Milenio (meta al 2.015) y el de aplicar los principios de la Declaración de
Río, el Programa 21, el Plan para la Ulterior Aplicación del Programa 21, el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible y la Declaración de Johannesburgo sobre
Desarrollo Sostenible, entre otros instrumentos, de manera integral.
- En relación con los principios de desarrollo sostenible, se acordó que éstos debían estar basados en el
Programa 21, en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y que se respetaran
plenamente todos los principios de Río. La Conferencia reconoció la necesidad inminente de fortalecer
la gobernanza local, regional, nacional y mundial, para avanzar en el logro del tan anhelado desarrollo
sostenible.
- En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2012, se suscribe la
Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y
Desarrollo en América Latina y el Caribe. Los países de Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron: “Toda persona debe tener acceso
adecuado a la información; participar en el proceso de adopción de decisiones; tener acceso efectivo a
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procedimientos administrativos y judiciales; además debe haber voluntad de iniciar un proceso que
culmine con un instrumento, desde una guía, talleres, buenas prácticas hasta un convenio regional que
permita mejorar en los derechos de acceso.” Los gobiernos se comprometieron a elaborar un plan de
acción 2012-2014 con apoyo de la CEPAL, como Secretaría Técnica para avanzar en la consecución de un
acuerdo regional u otro instrumento similar (Declaración Aplicación Principio 10).
- La etapa preparatoria se desarrolló entre el 2.012 y el 2.014, adoptándose los siguientes documentos
fundacionales: Hoja de Ruta, Plan de Acción, Visión de Lima, Líneas de Acción Prioritarias en materia de
Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación, Contenidos de San José y Decisión de Santiago
(www.cepal.org).
- La etapa de negociación se desarrolló entre el 2.014 y el 2.018, culminando con la firma del Acuerdo en
Escazú (Costa Rica) el día 4 de marzo del 2.018.
- Se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre del 2018, durante
la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York.
- El Acuerdo de Escazú, marca un hito en la historia reciente de Latino América, no sólo por ser el único
acuerdo con fuerza vinculante originado en la Conferencia de Rio (2012), sino porque es el único para
Latino América que desarrolla el Principio 10 (Rio 1992) sobre los derechos de Acceso y por incluir
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además provisiones jurídicas en beneficio de activistas ciudadanos, trabajando por la defensa del medio
ambiente, a diferencia del Convenio de Aarhus (Dinamarca 1998), sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (principio 10) ratificado en el 2001, del cual forman parte los países de la Unión Europea, y
otros, que no adopta decisiones en defensa de estos activistas.
- El Acuerdo de Escazú aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde un
punto de vista regional, regulando los derechos de acceso a la Información ambiental, participación
pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, en ámbitos
tan trascendentales como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad
biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el incremento de la
resiliencia ante los desastres.
- Celebramos el Acuerdo por incluir disposiciones en beneficio de los defensores de los derechos
humanos en asuntos ambientales, especialmente el artículo 9º, en el cual se dispone el deber de las
partes de establecer entornos propicios en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven
y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e
inseguridad. (3)
- Lo anterior resulta imperioso en esta región, en la que infortunadamente los defensores de los
derechos en asuntos ambientales enfrentan graves agresiones e intimidaciones en su contra. Las cifras
de asesinatos son escandalosas, especialmente en Brasil, Colombia y México. El informe entregado por
Global Witness (2.019), señala que sólo para el año 2.018 se produjeron 164 asesinatos de activistas ambientales, 83 de ellos en Latino América. A la fecha, las estadísticas no prometen ser alentadoras, lo
cual confirma que América Latina, es un área de grave peligro para alzar la voz en favor de la protección
de los recursos naturales y el medio ambiente.
Teniendo en cuenta que la ratificación del Acuerdo de Escazú es del interés de todos los países
miembros, de sus ciudadanos y de las poblaciones más vulnerables, así como de interés para la protección y
preservación del medio ambiente y los recursos naturales, resulta inquietante que a la fecha, tal y como es
expuesto por la CEPAL, en la actualidad sólo haya sido firmado por 22, de los 33 países de América Latina y
el Caribe, de los cuales sólo lo han ratificado 9 países: Antigua y Barbuda, Ecuador, Bolivia, Guyana,
Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay, siendo necesario su
ratificación, mínimo por 11 países para que entre en vigor. Los países a los cuales va dirigida esta petición
aún no lo han ratificado.
La ratificación de este Acuerdo constituirá un avance para los ciudadanos en Latino América y el
Caribe, así como, una oportunidad para los gobiernos de mostrar su compromiso con la agenda global para
el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. No obstante, es evidente que para que entre en
vigor se necesita un esfuerzo aún mayor de los Estados para lograr el número mínimo de ratificaciones que
son necesarias. Es fundamental desarrollar en cada país legislación efectiva que permita implementar de
forma apropiada las disposiciones del Acuerdo.
II. PETICIONES ESPECIALES
- Solicitamos de manera respetuosa a los Presidentes de Chile, El Salvador y Trinidad y Tobago y a los
Primeros Ministros de Bahamas y Belice, asumir la responsabilidad histórica, ambiental y política que les
corresponde y accedan a firmar el Acuerdo de Escazú, así como, proceder a su Ratificación según el
ordenamiento interno de sus países.
- Solicitamos de manera respetuosa a los Señores Presidentes de Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, México, Perú y República Dominicana ordenar y realizar todas las acciones legales y/o
administrativas pertinentes para Ratificar el Acuerdo de Escazú, así como garantizar los Derechos de
Acceso en sus respectivos países.
- Solicitamos de manera respetuosa a los Señores Presidentes de Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, México, Perú y República Dominicana que promuevan leyes que garanticen de manera
efectiva los Derechos de Acceso y garanticen la participación, el trato diferenciado y especial de pueblos
indígenas y afrodescendientes en condiciones de debilidad y/o vulnerabilidad en asuntos ambientales.
Garantizar los Derechos de Acceso implica, el derecho a impugnar la no entrega de información de
carácter ambiental; procesos de participación inclusivos en la toma de decisiones ambientales que no se
reduzcan a compartir mera información, sino que se otorguen herramientas jurídicas idóneas que
aseguren una participación real y no ficticia; garantizar que los ciudadanos puedan presentar
observaciones técnicas y científicas razonables sobre los proyectos que puedan afectar o impactar
gravemente el medio ambiente y los recursos naturales y se informe de manera motivada por parte de
las autoridades ambientales u organismos gubernamentales pertinentes en cada país, sobre la acogida
o no de dichas observaciones. Adicionalmente solicitamos, se tomen medidas efectivas para la
protección de los defensores ambientales, tales como, proveerlos de seguridad cuando ello sea necesario, crearse grupos especializados de investigación judicial para investigar los crímenes en contra
de defensores ambientales, entre otras medidas.
De antemano agradecemos la atención prestada a esta comunicación y confiamos en que estas
peticiones serán tenidas en cuenta y los gobiernos apoyarán y protegerán los derechos de sus ciudadanos.
Muy Atentamente,Marc Yaggi - Director Ejecutivo
C.C.:
Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
(1) Waterkeeper Alliance Inc., Organización No Gubernamental con 20 años de existencia, trabajando por el acceso al agua limpia.
Somos el movimiento de mayor y rápido crecimiento enfocado únicamente en luchar por el agua limpia, conectando y apoyando a
más de 200 grupos defensores del agua alrededor del mundo. WKA trabaja arduamente por asegurar que cada comunidad en el
planeta tenga acceso al agua limpia para beber, pescar y nadar. (2) Artículo 1 Acuerdo de Escazú: “El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos
de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de
las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. (3) El artículo 9º resalta: “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y
sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.”
