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lunes, 4 de enero de 2021

Los grupos verdes tienen un problema de racismo. Los Waterkeepers están tratando de resolverlo.

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En agosto, Waterkeeper Alliance, una red global de líderes de base dedicada a la preservación de las vías fluviales locales, finalizó la carta para su comité de justicia, equidad, diversidad e inclusión (JEDI). Este paso hacia la equidad y representación racial, que tomó meses de planificación, está en línea con el aumento de compromisos contra el racismo asumidos durante el verano por organizaciones ambientales sin fines de lucro en todo el país.

Waterkeeper Alliance está decidida a hacer más, que solo hablar de boca hacia afuera, sobre la diversidad e inclusión. Es más, quiere convertirlos en las áreas prioritarias para los Waterkeepers en todo el mundo.

Si alguna vez se ha preguntado quién trabaja en su comunidad para asegurarse de que el río, lago o área costera local que usted y su familia desean visitar los fines de semana permanezca libre de contaminación y de fácil acceso, no busque más allá de Waterkeeper Alliance.

El trabajo de un Waterkeeper puede incluir demandar a los servicios públicos o plantas de energía, interactuar con los reguladores gubernamentales y los departamentos de salud y, lo más importante, atender e investigar las denuncias de los ciudadanos. Las preocupaciones del público pueden incluir inundaciones, problemas de salud pública, peces muertos, descargas ilegales al agua desde fábricas o plantas industriales; la lista continúa.

El movimiento Riverkeeper surgió de la Asociación de Pescadores del Río Hudson, una coalición de obreros fundada en 1966 que actuó como un organismo de control ambiental y una agencia de cumplimiento de base para la protección del río Hudson en Nueva York, que entonces estaba muriendo. En los años siguientes, los protectores locales de las vías fluviales también comenzaron a asumir el título de Waterkeeper, Riverkeeper, Coastkeeper o Baykeeper, trabajando con las comunidades locales para asegurarse de que tuvieran voz en la forma en que se trataban sus vías fluviales.

En 1999, la Waterkeeper Alliance se formó en respuesta al creciente número de waterkeepers en todo el país. Los Waterkeepers todavía operaban individualmente; podían enfocarse en cualquier tema que quisieran en su área, y cada organización en una cuenca fue registrada como 501 (c) (3) independiente. Pero la nueva alianza estableció "Waterkeeper" como un título de marca registrada que requería permiso y una licencia de uso e instituyó estándares clave que todos los waterkeepers tenían que seguir para mantener su título.

También convirtió al creciente grupo de defensores de la comunidad en un club exclusivo.

A cada cuenca solo se le permite un Waterkeeper, lo que significa que si un Waterkeeper en una región se niega a trabajar con una comunidad cercana, es muy poco lo que la comunidad puede hacer al respecto. Es por eso que la primera iniciativa del comité JEDI de Waterkeeper Alliance es un intento de agregar un requisito de JEDI a los 13 estándares de calidad de la organización, la lista de requisitos que cada riverkeeper debe seguir para calificar como riverkeeper. El nuevo estándar requeriría que los encargados del agua "desarrollen, implementen y mantengan un plan de justicia, equidad, diversidad e inclusión (JEDI) para la diversificación dentro de su organización y representación de base". El comité espera que este requisito ayude a los Waterkeeper a priorizar la participación de la comunidad en su trabajo y evitar la exclusión de las comunidades marginadas.

“A menudo hablamos de temas que preocupan a diferentes Waterkeeper en sus cuencas, que terminan siendo preocupaciones de la comunidad, pero no hemos sido realmente intencionales en diversificar el movimiento y asegurarnos de que haya diversidad tanto en los puestos de Waterkeeper como en el consejo, pero también dentro del personal de Waterkeeper Alliance”, dijo Sejal Choksi, cuidador de la bahía de San Francisco y representante del Waterkeeper Council, uno de los órganos de liderazgo de Waterkeeper Alliance, en el comité JEDI. Choksi ha pasado 18 años trabajando a tiempo completo con la organización San Francisco Baykeeper, presionando a los legisladores de California para que prohíban los pesticidas, implementando un plan de limpieza de mercurio para la bahía y luchando contra la contaminación por petróleo y las refinerías en la región.

De los cientos de cuidadores de agua en los EE. UU., Solo uno de ellos, Fred Tutman del río Patuxent en Maryland, es afroamericano. Tutman es el presidente del comité JEDI de Waterkeeper Alliance. (Revelación completa: Tutman también es mi tío). Betsy Nicholas, directora ejecutiva de Waterkeepers Chesapeake, una coalición de waterkeepers en la cuenca de la bahía de Chesapeake, y otro miembro del comité JEDI, dijo que ese hecho le llama la atención.

“Trabajo con cada uno de los 17 Riverkeepers en la región de Chesapeake; Fred es el único de color”, dijo. "Tenemos una región muy, muy diversa racialmente, y eso es solo una indicación de que nuestra gente no es representativa de la comunidad".

La forma en que se desarrolle el estándar JEDI propuesto probablemente se verá diferente según la comunidad a la que atienda un Waterkeeper. Nicholas señaló que en comunidades como las que rodean la cuenca hidrográfica del río Middle Susquehanna, un área rural con un 96 por ciento de blancos en Pensilvania, la diversidad significará algo completamente diferente a la diversidad en Baltimore o Washington DC. Lo mismo ocurre con los Waterkeeper internacionales en países donde el racismo o el clasismo puede verse diferente al de EE. UU.

Sin embargo, Nicholas cree que un requisito como este ha tardado en llegar en los Estados Unidos y garantizará que las comunidades de color participen en el trabajo de promoción que se lleva a cabo en su cuenca.

Kathy Phillips, guardacostas de las bahías costeras de Assateague en Maryland y miembro de Waterkeepers Chesapeake, señala que los Waterkeepers de todo el país deben realizar un esfuerzo concertado para llegar a las comunidades que tradicionalmente han sido afectadas por contaminantes locales y otras injusticias en su área.

Por ejemplo, Phillips ha trabajado de cerca con una comunidad predominantemente negra en Salisbury, una ciudad de Maryland ubicada a menos de una hora del área de Assateague Bay. A lo largo de los años, esta comunidad ha luchado durante mucho tiempo con la contaminación de las aguas costeras y subterráneas causada por las operaciones de aves de corral. En 2012, Phillips ayudó a los residentes a demandar para evitar la colocación de un gran corral de engorde de aves de corral y 14 nuevas granjas de pollos a lo largo de la principal fuente de agua de la comunidad, con el argumento de que los desechos de pollo se han relacionado con la contaminación del agua potable y problemas de salud pública. (La demanda no tuvo éxito).

"Ya sea en una planta de procesamiento o en el campo, ya sabes, simplemente estar allí y decir: 'Solo quiero escuchar tus historias', así es como te conviertes en parte de la comunidad", dijo Phillips. "Y creo que para algunos grupos, no sé si eso se les ha ocurrido".

Nicholas señaló que algunos Waterkeepers tienen experiencia en restauración, con un enfoque más en mejorar la cuenca y proteger el medio ambiente, y no necesariamente en el activismo de justicia ambiental orientado a la comunidad. También dijo que a algunos les preocupa que "decir la verdad al poder" pueda poner en peligro sus fuentes de financiación.

Choksi destacó que a pesar de la naturaleza sobre el terreno del trabajo de los cuidadores de agua, es fácil para los encargados del agua perderse en el ajetreo y el bullicio de los litigios y la promoción de políticas de una manera que sin darse cuenta desconecta a las comunidades.

“He escuchado a los cuidadores del agua describirse a sí mismos como 'No soy ese tipo de Waterkeeper'”, dijo. "Eso nunca debería suceder", dijo. "Todos estamos peleando del mismo lado".

Choksi destacó que a pesar de la naturaleza sobre el terreno del trabajo de los Waterkeeper, es fácil para los waterkeepers perderse en el ajetreo y el bullicio de los litigios y la promoción de políticas de una manera que sin darse cuenta desconecta a las comunidades.

Pero cuando se trata del comité JEDI y el nuevo estándar de calidad propuesto, Nicholas ha encontrado que la mayoría de los waterkeepers son receptivos.

"Solo conozco dos que se manifestaron fuertemente en contra de 350 organizaciones", dijo Nicholas, quien se negó a compartir los nombres de quienes hablaron en contra del estándar propuesto.

"Honestamente, para mi sorpresa, ha habido un gran apoyo para esto", dijo Choksi, y señaló que las sesiones de información sobre el trabajo de JEDI han visto "una asistencia disparada". "Me ha sorprendido gratamente que haya menos de esas personas que se han mostrado reacias, y muchas personas simplemente se han sumado", dijo.

El nuevo estándar de calidad propuesto será votado por Waterkeeper Alliance en junio de 2021 durante la reunión anual de la coalición. Hasta entonces, Nicholas espera que el nuevo comité JEDI pueda ser un recurso para los encargados del agua que buscan orientación.

“Estamos creciendo y lo estamos logrando de maneras asombrosas”, dijo Choksi. "Y creo que agregar esta nueva intencionalidad en torno a bases más diversas y una mejor inclusión para todas nuestras comunidades nos hará a todos más fuertes y más poderosos, así que estoy realmente emocionado por eso".

jueves, 10 de diciembre de 2020

Declaración Nuevo Pacto Social en el Día Internacional de los Derechos Humanos

En una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, como Nuevo Pacto Social, articulación de un total de nueves redes de organizaciones de sociedad civil, conformada en octubre de 2019, declaramos lo siguiente:

Bajo el convencimiento de que la igualdad, la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos que son inherentes a todo ser humano, es que consideramos esencial avanzar en su garantía como un pilar fundamental en la construcción y reparación de la confianza social. En tal sentido, adherimos plenamente al respeto irrestricto de los Derechos Humanos, de sus principios, aspiraciones éticas y sus traducciones normativas.

Asimismo, comprendemos que el Estado de Derecho es esencial para una organización política y social del país basada en la protección, promoción, respeto, satisfacción y garantía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en la materia.

Lo anterior es particularmente relevante teniendo en consideración que desde el denominado estallido social de octubre de 2019, se registran una serie de hechos cuyo manejo por parte de los órganos encargados del orden y la seguridad, así como por las Fuerzas Armadas, han generado gran preocupación desde la sociedad civil y organismos internacionales de Derechos Humanos, los que han señalado vulneraciones a estos derechos en el marco de la protesta social.

Ante esta situación, han sido seis las misiones de observación que han visitado el país para constatar estos hechos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuyos informes presentados al Gobierno, con el uso de diferentes metodologías de verificación, concluyen todos que ha existido violación grave a los Derechos Humanos por parte del Estado de Chile, a través de sus policías y Fuerzas Armadas.

Por lo mismo, valoramos que durante los últimos días, diferentes autoridades de Gobierno hayan hecho reconocimiento de la existencia de estas vulneraciones por parte de instituciones del Estado en respuesta a las movilizaciones que se suceden desde octubre del año pasado, pues dicho reconocimiento abre la posibilidad al diálogo y la creación de espacios de trabajo para dar respuesta a las recomendaciones formuladas por las distintas misiones. Esperamos además, que dicho reconocimiento se traduzca en acciones concretas al más breve plazo para avanzar en verdad, justicia, reparación integral, memoria y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.

Finalmente, consideramos una oportunidad y por lo mismo confiamos en que el proceso constituyente y la nueva Constitución que de éste surja, permitan fortalecer los Derechos Humanos en el país y hacia la sociedad toda, sentando las bases de un nuevo pacto social.

10 de diciembre de 2020

sábado, 28 de noviembre de 2020

DECLARACIÓN PÚBLICA - Arcos de Calán (Santuario de la Naturaleza)

Fuente:v El Cauquenino

Quienes subscriben, integrantes del movimiento ACCIÓN CIUDADANA COSTA MAULE hacen la siguiente declaración:

1. Nuestro movimiento tiene como objetivo defender el patrimonio ecológico y ambiental de la costa y borde costero de la Región del Maule. Así lo hicimos con la Termoeléctrica Los Robles de la empresa AES GENER S.A., quien tuvo que desistir de su proyecto.

2. Hemos tomado conocimiento que uno de nuestros integrantes, Rodrigo de la O, Director de la ONG Vigilante Costero Maule Itata, ha sido demandado el día miércoles 28 de octubre de 2020, desde Inmobiliaria Costa Calán SpA, por $203.194.324, por indemnización de perjuicios por publicaciones relacionadas con un loteo que esta empresa realiza en el sector sur adyacente al Santuario de los Arcos de Calan y donde se le acusa de “fraguar una denigración pública.

3. Cabe señalar que Arcos de Calán, ubicado en la comuna de Pelluhue, está declarado Santuario de la Naturaleza por su singular formación rocosa, pero además presenta un alto valor ecológico y de diversidad de paisajes.

4. La comunidad maulina tiene todo el derecho a exigir total transparencia de las acciones que puedan alterar el entorno de un patrimonio natural tan importante para el Maule como es el Santuario Arcos de Calán.

5. Rodrigo de la O, solamente ha cumplido, como en muchas otras oportunidades, la misión de informar transparentemente una situación a la comunidad, como es el caso de este loteo, que puede ser contradictorio con los objetivos que se ha propuesto el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

 
6. La actitud de la empresa referida se circunscribe dentro en una práctica muy común que se ejerce en contra de los activistas medioambientales, pero ello nos insta a seguir cuidando con mayor fuerza la costa del Maule, en beneficio del planeta, nuestra región y, en este caso, nuestra querida provincia de Cauquenes.

7. El movimiento ACCIÓN CIUDADANA COSTA MAULE no sólo apoya las acciones de nuestro miembro Rodrigo de la O, sino se compromete a colaborar en todo lo que sea necesario para transparentar, aún más, los procedimientos que se han llevado a cabo para realizar este loteo, toda vez que éste ha sido conocido por la comunidad hace muy poco tiempo.

COMITÉ DE COORDINACIÓN

Javier Antonio Cancino Ibáñez

Natalia Cancino

Germán Chamorro Peña

Ana de la Fuente

Julio González Orellana

Manuel Martínez Opazo

Iván Salazar Aguayo

Fernando Salinas Manfredini

Eliana Segura Vega

Eva Vásquez

Hernán Vásquez

Marcelo Waddington Guajardo

Pilar Waddington Guajardo

María Georgina Yáñez Molina

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Declaración sobre intento de silenciar la incidencia ciudadana en Chile

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| Por: Marc Yaggi | Noticias | America latina | Publicación Waterkeeper |


Marc Yaggi, director ejecutivo de Waterkeeper Alliance, emitió el siguiente comunicado sobre los intentos de silenciar la voz del defensor ambiental y Vigilante Costero Maule Itata (ONG) Rodrigo de la O Guerrero:

Foto: Tamara Merino
Rodrigo De La O Guerrero y su organización Vigilante Costero Maule Itata, ONG (Maule Itata Coastkeeper, NGO) son miembros autorizados de Waterkeeper Alliance, una organización internacional que fortalece y hace crecer una red global de líderes de base que protegen el derecho de todos al agua limpia. Waterkeeper Alliance está formada por más de 350 grupos Waterkeeper, que protegen ríos, lagos y vías fluviales costeras en seis continentes.


Rodrigo de la O Guerrero es un líder internacional, miembro electo del Waterkeeper Council y una voz valiosa en el gobierno de Waterkeeper Alliance.


Un principio fundamental de Waterkeeper Alliance y un componente esencial de la protección ambiental de impacto en todo el mundo es que las voces de los ciudadanos son fundamentales para un debate significativo y una toma de decisiones rigurosa sobre cuestiones ambientales. Sin la participación de los ciudadanos en nombre de las comunidades afectadas, las decisiones ambientales a menudo se ven influenciadas por intereses poderosos que pueden ejercer una presión malsana sobre los gobiernos. Si los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión no están garantizados y protegidos, la capacidad de las comunidades para proteger el medio ambiente local y los recursos hídricos será ineficaz.


Waterkeeper Alliance condena categóricamente la acción judicial en la que la empresa Inmobiliaria Costa Calán SpA, identificada con RUT No. 77.014.891-K, busca subvertir el aparato judicial chileno para presentar en contra de Rodrigo de la O Guerrero una demanda por daños y perjuicios. Basado en la experiencia de Waterkeeper Alliance, esta táctica de emplear una "demanda SLAPP" (1) contra un defensor ciudadano que busca defender su comunidad es un claro intento de intimidar a de la O Guerrero (y otros), restringir su derecho fundamental a la libre expresión y a minar su actividad profesional como activista medioambiental en nombre del interés público. Los tribunales chilenos deberían desestimar este caso.

La demanda interpuesta por Inmobiliaria Costa Calán SpA se basa en la falsa suposición de que el señor de la O Guerrero, al defender el medio ambiente, se extralimitó en su derecho a la libre expresión, dañando así la reputación de la empresa. Esto es ridículo a primera vista. La crítica de los impactos potenciales de cualquier empresa en el medio ambiente no es un insulto o un asalto al nombre de una empresa. De hecho, sin un serio desacuerdo, ¿cómo vamos a conducir un discurso civilizado y resolver asuntos complicados en el mejor interés del público?

En su calidad de defensor ambiental, los intereses de Rodrigo de la O Guerrero son asegurar que se pueda ejercer una participación ciudadana efectiva. Esta instancia es de suma importancia porque el proyecto inmobiliario propuesto por Inmobiliaria Costa Calán SpA se ubica en un sector costero de alta relevancia ecológica por lo que el proceso de creación del Santuario de Los Arcos de Calán está casi completo.


Buscar información y hacer preguntas no es denigración. Los defensores del medio ambiente, así como cualquier miembro de la comunidad en general, tienen el legítimo derecho de alzar la voz, de cuestionar cualquier proyecto, obra o actividad que pueda impactar el territorio y patrimonio natural de todos los ciudadanos, sin someterse a intimidaciones, silenciamientos, o detención, o por medios como en este caso: una demanda civil de indemnización por "daños".

Es un serio asalto a la democracia en el siglo XXI ver acciones que podrían restringir la libre expresión de un defensor del medio ambiente. Creemos que este es un claro intento de intimidar, silenciar e infundir miedo en el Sr. Rodrigo de la O Guerrero mediante el uso indebido del sistema de justicia.


Finalmente, Waterkeeper Alliance insta a las organizaciones comunitarias y ambientales que trabajan en la zona a monitorear el proceso judicial que se está iniciando contra Rodrigo de la O Guerrero. Es imperativo apoyarlo y solidarizarnos en este momento crítico que pone en riesgo el derecho de todos a la libertad de expresión. Si bien este caso legal se presenta contra un individuo específico, está claro que el riesgo para la sociedad civil es más significativo. Si se permiten las restricciones adversas y la intimidación sobre un individuo, los asuntos futuros de expresión individual, el derecho comunitario a la participación ciudadana en asuntos ambientales y la defensa del territorio, y de hecho la democracia misma, están en riesgo.


En solidaridad,


Marc Yaggi

Director Ejecutivo

Waterkeeper Alliance