La Conservación como mecanismo de inversión desde la mirada (o perspectiva) local

@vigilantecosta > La necesidad de poner en valor económico ciertos lugares sensibles, frágiles o amenazados conviniendo que existen lugares que tienen características de invaluables o que su valor, más allá de lo meramente económico y que no son medibles o cuantificables por lo que, una vez afectados, impactados o agredidos, se convierte en algo, prácticamente, irreversible o demasiado oneroso el poder revertir ese daño, degradación o intervención. Además de poco inteligente.

En ese contexto, surge la necesidad de conocer y aplicar estrategias de medición que puedan comprender los impactos sobre el capital natural existente en un contexto determinado y los servicios ecosistémicos actuales que ofrece respecto de los cambios de estado de los sitios a intervenir, lo que ayuda a una mejor planificación y toma de decisiones en apoyo de la conservación de la biodiversidad local valorando esos servicios ecosistémicos existentes.

Esta mirada o perspectiva, debe incluir la participación activa de la comunidad local que la valide o legitime. En ese sentido, es fundamental mantener estrategias de vinculación con la comunidad, organizaciones locales, entidades públicas y organizaciones afines para consolidar la participación e incidencia como un factor de relevancia para una planificación efectiva que permita un ordenamiento integral del territorio. El agua se considera como un factor clave para ello y, en un orden lógico natural, debe priorizarse desde lo local a lo global.

Desde la economía ecológica, y como se ha dicho desde lo local a lo global, mantener una estrategia que permita convencer a los actores del territorio para lograr posicionar o converger en una visión conjunta de lo que se quiere ser en un mediano y largo plazo es fundamental para poner en valor el tipo y calidad de vida existente desde lo cultural, ancestral, geográfico, natural, etc., considerando que la mirada y problemática es multidimensional. Para ello, la búsqueda del equilibrio y aprender a conocer las capacidades de carga (más en un país como Chile que posee distintos climas y características geográficas de norte a sur), la valorización del patrimonio natural y el estado (de saud) de los recursos naturales existentes.

Paradoja del elitismo verde

También se plantea la paradoja que implica la tendencia de privados, u ONG´s internacionales, de gran patrimonio, de comprar extensiones de tierras o propiedades para una conservación elitista verde lo que, si bien contribuiría a la preservación, puede relacionarse con una suerte de discriminación dominante con respecto a las formas de vida o visión local como parques de conservación privados. En ese contexto, es importante que la comunidad tenga una participación y opinión vinculante en los procesos que permitan su integración en el contexto general de la conservación para que no implique una discriminación arbitraria que podría poner en contradicción las visiones organizacionales o comunitarias versus la mirada global o externa de grandes capitales que persiguen un fin conservacionista de carácter más reduccionista y de distinto nivel que puede terminar excluyendo a las comunidades de los procesos de conservación general beneficiándose de manera segmentada lo que podría ser criticable o contraproducente.

Es vital poder cuestionarse de donde viene la inversión o como se plantea la conservación y el como se habita el territorio. De que manera podemos integrar en vez de excluir, como podemos chilenizar nuestra propia estrategia o mecanismos de conservación para un mejor desarrollo y buen vivir desde el contexto regional y/o territorial; conciliando experiencias con la realidad local.

Lo que se busca es habitar el territorio de manera natural desde la cultura local y es ahí donde la legitimación desde la participación activa de la comunidad es lo que puede sustentar la conservación para todos y no para unos pocos. No se quiere habitar distinto el territorio. Se le quiere proteger para mejorar la calidad de vida de todos conviniendo que es algo que no tan solo nos beneficia a nosotros, sino que tiene una mirada de futuro, de largo plazo y que necesariamente implica considerar una justicia intergeneracional de la que no podemos abstraernos y que no solo aplica a comunidades humanas, sino que a los ecosistemas en su conjunto.

Se debe evitar entrar en conflictos sociales ante proyectos privados que sean impuestos por quien tiene más recursos económicos, más dinero para conservar y evaluar gobernanzas de las organizaciones para que pueda validarse, aceptarse y consolidarse en el tiempo.

El desarrollo y aplicación de la economía circular es una buena manera de enfrentar esta paradoja o dicotomía respecto de cuales son los objetivos compartidos, desde lo local a lo global o internacional, que nos ayude en la convergencia en la toma de decisiones como una forma de conocer y habitar el territorio en general.

Transparentar la conservación, su financiamiento y los objetivos de las organizaciones territoriales es importante para poder definir cuál es su proyección. No solo conservar por conservar, siendo el gran reto poder integrar y beneficiar a la sociedad en su conjunto si convenimos que es mucho más rentable poder potenciar las virtudes existentes en vez de degradarlas o ponerlas en riesgo.

En ese contexto para nosotros siempre ha sido importante el ser cuidadosos respecto de quienes nos brindan financiamiento debido que, en ocasiones, unos invierten en la protección en un sector o lugar determinado, pero, ese capital o gestor de la conservación tiene inversiones en otros lugares que son totalmente contrarios, conviniendo que no estamos de acuerdo en la tendencia de que quien destruye un lugar y paga por ello se exime de las responsabilidades.

Ser consecuentes es un desafío permanente y es una tarea ardua poder trabajar, proyectarse y evitar que el origen de financiamiento organizacional no se oponga con los objetivos o principios particulares de las organizaciones territoriales y/o ciudadanas.

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Rodrigo de la O > Director ONG Vigilante Costero > Waterkeeper Alliance Member

ACITUR a la Comunidad

Informamos con gran pesar a la comunidad, que el día 21 de abril del presente realizamos, por Ley de Transparencia, solicitud de información sobre situación actual de ZOIT Pelluhue-Chanco y se nos respondió que según resolución exenta N°368 del 26 de agosto de 2020, emitida por SERNATUR, se ha quitado la condición de “ZOIT” (Zona de Interés Turístico) a las comunas de Pelluhue y Chanco, siendo una pérdida incalculable para nuestro territorio. 

Con ello, se pierde la condición de zona prioritaria para recibir fondos y proyectos del estado, se debilita la defensa de nuestra zona ante la instalación de grandes empresas, que puedan afectar nuestro medio ambiente y desarrollo turístico.

Cabe mencionar que en nuestra región del Maule, existían solamente 2 ZOIT, Pelluhue-Chanco, obtenida en el año 2007, y Colbún-Rari.

Hubo un trabajo de años de las organizaciones del territorio para lograr esta condición y hoy se pierde, porque los entes públicos pertinentes no realizaron las acciones que eran de su exclusiva responsabilidad. 

SERNATUR regional y los municipios de Pelluhue y Chanco, fueron alertados en diversas ocasiones de esta situación, la visibilizamos en muchas instancias, señalándoles siempre nuestra voluntad de aportar para su renovación, no obstante, hoy constatamos que no hicieron lo necesario, con el consecuente daño para nuestra zona.

Solicitamos revisar esta situación, identificar responsabilidades y actuar para subsanar este negativo panorama.

Ofrecemos nuestra voluntad de trabajo e instamos a los organismos públicos a generar acciones que permitan enmendar esta situación, recuperar la condición ZOIT y evitar daños futuros a nuestro territorio.

ACITUR Pelluhue                                                             Pelluhue, mayo de 2021.-

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Nota Relacionada: Ceremonia de Declaración de Zona de Interes Turistico para Chanco y Pelluhue

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La Corrupción: Tumor maligno de nuestra sociedad

@rodrigodelao | director @vigilantecosta waterkeepercl 

Próximamente, llegará a término mi segundo período consecutivo como representante latino en el Concejo de la Alianza Waterkeeper, el que cumplí desde 2015. Ha sido toda una aventura, un aprendizaje intenso, sobre la marcha, pero, que se ha hecho sinceramente. He intentado poder representarles en buena ley asumiendo el desafío y responsabilidad que ha implicado todo este proceso, a la confianza depositada en mi persona, y siempre esperanzado en que debemos mantener nuestra base de incidencia desde nuestro territorio y alianza.

Personalmente, un poco golpeado al observar o darme cuenta, en este tránsito, que la gran causa que debemos enfrentar y que abusa, afecta o impacta directamente nuestra naturaleza, al agua, a nuestros ríos, bosques, etc., de manera transversal, termina siendo el abuso, la corrupción instalada y, por ello, es que se han impulsado y se han hecho acciones conjuntas con nuestros programas hermanos miembros de la alianza, sobre el acuerdo de Escazú, su urgencia e importancia. Lamentando, por cierto, ausencia y renuencia de Chile por suscribirlo recordando que junto a Costa Rica fue uno de sus impulsores.

Y este abuso legalizado (mas no legítimo), instaurado en oscuros términos, consolidado por una mala clase política envanecida y deslegitimada por una ciudadanía que habita, agotada, un país perverso de colusiones, desfalcos, robos al erario nacional, financiamientos ilegales para cúpulas económico-políticas que lo han permitido, otorgandole a sus delitos penas de clases de ética como modelo de conducta y coronario de una burla sistémica que recluye e ignora, de manera morbosa y descarada, a los vulnerables, a los olvidados, en pro de quienes controlan, se benefician y reditúan de este reloj suizo de sistema cimentado en las AFP y los recursos naturales del país. Perfecto desde la óptica de su privilegio.

Ni siquiera sé si, a estas alturas, será válido preguntarse que es, cuál es el alma, la esencia del ser, de un trabajador con vocación de servicio público.

Después de varios años nuestra organización ha tenido yerros y aciertos. Triunfos ciudadanos que perduraran por siempre. Pero, también fracasos, frustraciones y derrotas de las cuales debemos aprender, y hemos aprendido, a recargarnos, reconstruyéndonos para recomenzar, conviniendo, que cualquier reto e intento en mejorar nuestras formas de vida valdrá la pena el intento. La perseverancia es una buena aliada para fortalecer y consolidar valores que contribuyan a buscar y aceptar buenas y mejores formas de vivir, principalmente, por la responsabilidad de entregar lugares habitables para las futuras generaciones. Pensar en justicia, implica pensar en ello. Simple y complejo. Paradójico. 

Defensores de los derechos de sus barrios, dirigentes sociales en sus pueblos o ciudades hoy debemos ser cautos, resguardarnos entre nosotros, ante la insanidad de ser amedrentados, amenazados, o eliminados; evidenciando la trama oscura que debemos enfrentar cuando se defienden derechos, muchas veces, de quienes no tienen voz o medios para hacerlo y terminan siendo subyugados o abusados. 

En eso, Waterkeeper ha sido y es vital; fundamental en la definición de lo que realmente es e implica una alianza global, y las maneras en que hemos colaborado, en la búsqueda de posicionar presencia y prestigio de nuestra red como organizaciones y personas dispuestas y convencidas de que la justicia social, ambiental y/o climática es un deber en su defensa y, un anhelo, en su derecho.

Mi país, Chile, vive un proceso inédito sin precedentes. Aun, y a pesar de que la pandemia ha sido un salvavidas para un gobierno que desde octubre de 2019 solo ha contribuido a su deblacle, subyace incólume la esperanza cuando un pueblo, no sus gobernantes, han impulsado el reescribir y legitimar nuestra propia constitución. La piedra angular, el consenso, en ese proceso de cambio en el que podremos redactar una carta magna de plataforma ambiental y/o ecológica donde podamos pensar en los derechos humanos y los de la naturaleza.

Justicia Ambiental y Climática. Cumbre Waterkeeper América Latina

Recientemente, a mediados de abril, terminamos nuestra Segunda Cumbre (la primera fue en Cartagena en 2019), reunión o encuentro de organizaciones latinoamericanas miembros de Waterkeeper Alliance en donde confluimos compañeros y compañeras desde Estados Unidos, México, Colombia; Costa Rica; Perú; Ecuador, Dominicana; Brasil; Chile. Impactados de como la pandemia nos ha golpeado a todos y también esperanzados en poder seguir accionando y trabajando una mirada conjunta en donde nuestra principal fortaleza es el que ya participamos de una red y un movimiento consolidado.

Uno de los conferencistas de nuestra reunión fue Jeff Tahler, abogado, quien se refirió a la Justicia Ambiental y Climática. Jeff, nos enseña cual es la definición de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de Justicia Ambiental como “el trato justo y la participación significativa de todas las personas sin importar su raza, color, origen nacional o ingresos con respecto del desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales. Este objetivo se logrará cuando todos gocen del mismo grado de protección contra los peligros ambientales y de salud, y el mismo acceso al proceso de toma de decisiones a fin de tener un entorno saludable en el vivir, aprender y trabajar”. Añadiendo también que la Justicia Ambiental “exige el derecho a un uso ético, equilibrado y responsable de la tierra y los recursos renovables a favor de un planeta sostenible para los seres humanos y otros seres vivos”.

La Justicia Ambiental “exige el cese de la producción de todas las toxinas, desechos peligrosos y materiales radiactivos y que todos los productores pasados y actuales sean expresamente responsables ante la gente por la desintoxicación y la contención en el punto de producción”.

La Justicia Ambiental “exige el derecho a participar como socios igualitarios en todos los niveles de la toma de decisiones, incluidos en la evaluación de necesidades, la planificación, la aplicación, el cumplimiento y la evaluación”.

En relación a la definición para Justicia Climática, se refiere, a “el cambio climático que afecta con más fuerza a los hogares, comunidades y sociedades más vulnerables ecológicamente y que también carecen de la capacidad político-económica para hacerles frente y adaptarse al mismo”.

La Justicia Climática “insiste en una transición desde el discurso sobres los gases de efecto invernadero (GEI) y el derretimiento de los casquetes polares a un movimiento de derechos civiles con las personas y comunidades más vulnerables a los impactos del cambio climático que las aquejan…”.

El Caso Urgenda (Países Bajos) es emblemático. En el Artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos (European Convention on Human Rights, ECHR) “protege el derecho a la vida” y significa que una nación tiene la “obligación positiva de tomar todas las medidas adecuadas para salvaguardar la vida de quienes se encuentran dentro de su jurisdicción”.

El Artículo 8 “protege el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, que incluye la “obligación positiva de una nación de tomar medidas razonables y apropiadas para proteger a las personas contra daños graves a su medioambiente”.

La ciencia del cambio climático, en palabras del Tribunal, obliga a la conclusión de que existe una “amenaza genuina de un cambio climático peligroso” y que “la vida y el bienestar de los residentes Holandeses podrían verse seriamente comprometidos”.

Además, “existe un alto grado de consenso internacional” sobre la necesidad de lograr al menos una reducción del 25% de las emisiones de GEI para 2020 a fin de prevenir un cambio climático peligroso. El gobierno violó sus deberes según ECHR con un objetivo a corto plazo menos ambicioso, sostuvo el tribunal.

Waterkeeper, debe ser un escudo protector para sus miembros y de cualquiera que persiga mismos principios u objetivos, en pro de esa Justicia, de manera transversal y eso, ese proceso, se ha ido consolidando y se agradece. En nuestra región la situación es brava y necesitamos abordarlo de manera conjunta, estratégicamente, evitando sobreexponernos, o que nos amedrenten, nos amenacen y/o nos sigan matando. 

Termino pensando en mi experiencia como keeper, en estos más de diez años, en la representación regional ante el concejo y en nuestro trabajo que va desde el activismo, la defensa, pudiendo incluso confrontar y debatir visiones a través de la organización local, civil o ciudadana. Buscando siempre la convergencia, potenciando, en lo más posible, nuestro rol como Waterkeeper y la responsabilidad que implica, desde lo local, como un individuo parte de mi comunidad, hasta las alianzas nacionales e internacionales, como la nuestra. Eso se construye, a través del empoderamiento, de la educación e información abierta, que contriubya a la cohesión del tejido social, desde y junto a las bases.

Agradezco en trabajo de todos y todas. Lo mejor para mi compañero y amigo Patricio Chambers, como miembro del Concejo, quien ha sido un aporte en el ordenamiento, planificación y proyección en todo este proceso. 

Brown y Brown: para proteger el río Ottawa, otórguele derechos legales

Fuente: @LFPress > Original Post

Al ser testigos de tres crisis mundiales que se cruzan, muchos de nosotros buscamos nuevas formas de resolver los complejos problemas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

Otorgar derechos legales a la naturaleza puede ayudar a proteger lo que amamos y necesitamos. Requiere creer y comprender que no estamos separados de la tierra y las aguas que son la base de nuestra salud y prosperidad.

Los pueblos indígenas saben desde hace mucho tiempo que los seres humanos no pueden "poseer" la tierra o el agua. Ven la naturaleza y los animales como parientes, parte de una comunidad a la que pertenecen las personas. Este pensamiento es la base de un nuevo movimiento global para reconocer los derechos inherentes de la naturaleza.

Como defensores del río Ottawa, prestamos atención ya que a los ríos de todo el mundo se les concedieron derechos legales. En 2017, el río Whanganui de Nueva Zelanda fue el primero en ser reconocido como un ser vivo y se le otorgó la "personalidad" legal. Este movimiento fue liderado por el pueblo maorí.

Muteshekau-shipu, el río Magpie en el noreste de Quebec, famoso por su paisaje, acantilados y bosque boreal virgen, ganó la personalidad jurídica en febrero, una novedad en Canadá.

Durante años, personas y grupos se unieron para proteger este río salvaje de aguas bravas de las represas hidroeléctricas y las minas. Finalmente, la Alianza Muteshekau-shipu se formó para proteger el río y reconocer sus derechos. Los innu de Ekuanitshit estaban entre sus cuatro miembros fundadores.

Hoy, al río se le han asignado nueve derechos, incluido el derecho a fluir, a mantener su biodiversidad, a estar a salvo de la contaminación y a demandar. La resolución aprobada por el Consejo Innu y la Municipalidad del Condado Regional de Minganie permite la creación de tutores legales para garantizar que se respeten los derechos del río.

El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, también conocido como Ley de la Tierra, es un movimiento global en crecimiento. Los líderes en este campo incluyen el Earth Law Center, el programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Las iniciativas para otorgar derechos sobre los ríos han dado forma legal a la manera en que se valoran los ríos: como entidades vivas y sagradas, como ecosistemas holísticos e interconectados, y como cuencas hidrográficas de agua, tierra, bosques y personas conectadas.

Otorgar derechos a un río se aleja de una mentalidad colonial de gestión de recursos que normalmente pregunta: "¿Qué queremos del río?" a un lugar donde preguntamos: "¿Qué queremos para nuestro río?".

¿Qué futuro queremos para el río Ottawa, el poderoso Kichi Sibi? ¿Y quiénes somos "nosotros"? Al abordar estas preguntas desde la perspectiva de la Ley de la Tierra, "nosotros" significa no solo los seres humanos, sino todas las especies que comparten el río: anguilas, esturiones, lucios, moluscos, arroz salvaje, alces, pinos blancos, pájaros, mariposas, abejas y otros a los que estamos conectados, y eso nos enriquece y nos sostiene.

El río Ottawa es un territorio no cedido ni rendido del pueblo Algonquin Anishinaabe, que durante mucho tiempo ha vivido en armonía con la tierra y las aguas. La experiencia global indica que los ecosistemas obtienen una mayor protección cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas.

Pasar a otorgarle a Kichi Sibi la personería jurídica transformaría la forma en que pensamos sobre el agua y la vida del río, nos obligaría a reconciliar los marcos legales occidentales e indígenas, promover los derechos de los pueblos indígenas y trazar un rumbo hacia el respeto y la administración del río.

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Meredith Brown es riverkeeper emérita y directora ejecutiva fundadora de Ottawa Riverkeeper. George Brown es abogado, profesor de la Universidad de Ottawa y cofundador de Ottawa Riverkeeper.

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Image Credit: A solo canoeist makes his way toward Kettle Island from the Gatineau side of the Ottawa River last summer. PHOTO BY JULIE OLIVER /Postmedia