Buscar este blog

jueves, 13 de septiembre de 2018

Consumer Watchdog insta a las compañías de seguros estadounidenses a negarse a suscribir proyectos de carbón y combustibles fósiles

Fuente: World Coal

Consumer Watchdog, un grupo estadounidense de consumidores sin fines de lucro, ha anunciado que desafiará a las compañías de seguros de Estados Unidos a unirse a sus contrapartes europeas, al negarse a suscribir proyectos de carbón y combustibles fósiles.


"Con los huracanes golpeando la costa este y los incendios aterrorizando a Occidente, las compañías de seguros estadounidenses deben dejar de suscribir los proyectos de combustibles fósiles que están creando aguas oceánicas más cálidas; que están alimentando catástrofes cada vez mayores", dijo Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog. "Las compañías de seguros no pueden afirmar que son víctimas del cambio climático, si también están asegurando a los perpetradores. Las compañías estadounidenses deben unirse a sus contrapartes europeas al negarse a suscribir carbón y combustibles fósiles".

AXA, una compañía de seguros francesa, ha sido pionera en el movimiento para eliminar todas las conexiones financieras con la industria de los combustibles fósiles y ha promovido una transición a la energía limpia. Munich Re, Swiss Re y Allianz también están a la vanguardia del movimiento.
El grupo dijo que estaba aportando su experiencia en regulación de seguros y mercados a la campaña Insure the Future, lanzada anoche en un panel en San Francisco. La campaña es una coalición de grupos ambientalistas y de consumidores comprometidos a impedir que las compañías de seguros estadounidenses suscriban el carbón y los combustibles fósiles.
Michael Mattoch, abogado y defensor de Consumer Watchdog, habló en el panel de San Francisco y señaló un reciente informe del Departamento de Seguros de California: Trial by Fire, preparado por UC Berkeley School of Law Center for Law, Energy & the Environment. El informe encontró que el cambio climático amenaza el funcionamiento básico de los mercados de seguros.

"Los eventos climáticos extremos causados ​​por el cambio climático son considerados como la principal preocupación mundial del Foro Económico Mundial, por delante de las armas de destrucción masiva", dijo Mattoch. "La industria de seguros es el canario en la mina de carbón. Tiene los datos tangibles y comprobables para emitir advertencias críticas e inatacables sobre los efectos del cambio climático, y debería ser la fuerza principal para moldear la capacidad de las sociedades de mitigar, adaptar y superar el impactos adversos del cambio climático".

Mattoch dijo que es importante subrayar que, si bien la industria es altamente vulnerable a las pérdidas derivadas de los eventos relacionados con el clima y las dislocaciones del mercado causadas por una economía cambiante, también está perfectamente situada para desempeñar un papel clave en el apoyo a respuestas innovadoras.

Mattoch dijo que si bien las prácticas de administración de activos de las compañías de seguros se han centrado en la suscripción tradicional, las estrategias de reducción del riesgo climático más innovadoras y exitosas de la aseguradora se centrarán en el lado financiero de las operaciones comerciales de una aseguradora.

La disponibilidad de seguros es parte de la capacidad de la sociedad para adaptarse al cambio climático, dijo Mattoch.
Entre los hallazgos importantes directamente del informe Berkeley:
  • Las aseguradoras que operan en California tienen aproximadamente US$ 528 mil millones en inversiones relacionadas con combustibles fósiles en diversos sectores y clases de activos. Los impactos adversos sobre el clima y los riesgos competitivos resultantes de las tecnologías de energía limpia en combinación con un entorno económico y regulatorio adverso pueden presentar incertidumbres financieras para estas inversiones.
  • Los actos de los responsables de la contaminación por gases de efecto invernadero conducen cada vez más a litigios que, a su vez, pueden involucrar a las aseguradoras. La importancia de esta última tendencia se ve reforzada por la creciente capacidad de atribuir probabilísticamente los eventos climáticos a la actividad humana (Marjanac y Patton 2018).
  • Los riesgos físicos del clima y las condiciones climáticas extremas para los clientes de seguros afectan el entorno construido, así como la salud. Más allá de estas consideraciones, existen riesgos de nivel de sistemas más complejos, como los que surgen cuando se interrumpen las redes eléctricas o las cadenas de suministro, lo que lleva a reclamaciones de seguros por interrupción de negocios. Las perturbaciones en los ecosistemas, como el colapso de la pesca o las abruptas reducciones en los rendimientos de los cultivos, pueden manifestarse rápidamente en los impactos socioeconómicos sistémicos.
  • Los cambios climáticos también precipitan una diversidad de riesgos de litigio, incluidos los reclamos por daños contra los productores de combustibles fósiles, otros intereses comerciales que se encuentran inadecuadamente preparados para evitar los impactos del cambio climático, o las propias aseguradoras sobre las obligaciones contractuales en disputa.
  • Las pérdidas globales totales y aseguradas por catástrofes relacionadas con el clima rompieron todos los récords de pérdidas totales y aseguradas en 2017: US$ 330 mil millones y US$ 136 mil millones, respectivamente (Munich Re).
  • Otras capas de riesgo que los expertos consideran incluso con menos frecuencia incluyen impactos de amplio alcance como el colapso del ecosistema, las enfermedades transmitidas por los alimentos que se correlacionan con temperaturas más altas o la enfermedad renal correlacionada con la deshidratación.
  • Existe una amplia gama de riesgos para la salud en paralelo con los riesgos de propiedad mejor conocidos. Estos riesgos van desde el estrés por calor extremo a una serie de preocupaciones cardio-respiratorias y enfermedades transmitidas por vectores, que en gran parte no han sido evaluadas y no atendidas por la comunidad de seguros. Las implicaciones se extienden a las interrupciones en la prestación de servicios de salud después de catástrofes.
  • Mientras que el litigio contra los emisores de contaminantes que contribuyen al cambio climático no ha tenido éxito, una reciente ola de desafíos en los tribunales de California basados ​​principalmente en reclamos por daños y perjuicios y los costos que los impactos del cambio climático están imponiendo en los municipios puede dar como resultado asentamientos.
  • Por el lado de los activos, la desinversión de carbón de las aseguradoras se ha combinado con un fuerte crecimiento de la inversión en tecnologías de energía limpia y otras estrategias de mitigación del cambio climático. Se han identificado más de 60 mil millones de dólares en tales inversiones a nivel mundial.

Comunicado y Petitorio: No queremos ser Zona de Sacrificio

Mujeres de zona de Sacrificio en Resistencia
Organizaciones locales  de la zona de Puchuncaví y Quintero presentan petitorio y exigen lo siguiente:
  1. La paralización inmediata del Complejo Industrial de la Bahía de Puchuncaví-Quintero para fiscalizar a todas las empresas por  separado y tener certeza sobre qué emite cada una.
  2. Tecnologíade Punta para cada Empresa.
  3. NormativaAmbiental de acuerdo a lo que recomienda la OMS  para componentes dañinos para la salud, tales como metales pesados, MP2.5, MP10, SO2, NO2, CO, As, Hg, Cd, hidrocarburos y compuesto orgánicos volátiles. Y que la normativa regule suelos, agua dulce, océanos y aire. 
  4. El cierre inmediato de las empresas con tecnología obsoleta, contaminante y/o peligrosa, entre ellas las cuatro termoeléctricas de  carbón de AES Gener, la fundición de CODELCO, Oxiquim, la planta desalinizadora Aconcagua, y todas aquellas que no cuenten con RCA.
  5. El cambio inmediato del plan regulador metropolitano de Valparaíso, en particular en relación al uso de suelo, eliminando la disponibilidad de suelos de uso industrial peligroso, creando en su lugar áreas verdes con las 579 hectáreas no edificadas que actualmente dispone el complejo industrial.
  6. La descontaminación y recuperación de todas las zonas de sacrificio de Chile, entre ellas Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Puchuncaví-Quintero.
  7. Una ley Especial para Puchuncaví-Quintero.

Invitamos a todos que se unan en sus Territorios y nos apoyen a exigir nuestro derecho de vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación al igual que todos los chilenos. Basta con la violencia que ha ejercido y que sigue ejerciendo el Estado sobre las Comunidades!

miércoles, 5 de septiembre de 2018

El potente mensaje de Quintero y Puchuncaví a la reforma del SEIA

Fuente: Diario Clever - Por Fernando Salinas Manfredini - #opinion

¿Reaccionará el gobierno respecto de su proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a la luz de la crisis en Quintero y Puchuncaví?

La grave situación que está viviendo esa zona es la “crónica de una muerte anunciada”, producto de una legislación tardía, insuficiente e incompleta, y que hoy el gobierno quiere modificar. Uno podría decir ¡qué bueno!, por fin vamos a poner al medioambiente y a la salud de las personas por sobre los intereses económicos de las corporaciones. Pero lamentablemente no es así, el proceso de calificación será aún más frágil de lo que tenemos actualmente.
Hay muchas razones que explican el desmejoramiento en que quedaría el SEIA con el nuevo proyecto, pero me basta mencionar una de ellas para mostrar las nefastas consecuencias medioambientales y sanitarias que tendría. La he elegido por la importancia que tendría en el resultado de las calificaciones ambientales y porque me parece evidente su carácter extemporáneo. Me refiero al reemplazo de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional que opera en cada región de nuestro país, por tres Comisiones Macrozonales: Norte (Antofagasta), Centro (Santiago) y Sur (Valdivia). Con ello se elimina la focalización regional de la evaluación. Por ejemplo, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Cauquenes se gestionará en la Comisión Macrozonal Centro, ubicada en Santiago. Ello no sólo es contradictorio con la anhelada y legítima mayor autonomía de las regiones –supuestamente celebrada por todos los sectores, toda vez que en un tiempo más se elegirán los Gobernadores Regionales-, sino que se cercena la capacidad técnica-profesional ambiental que se ha ido desarrollando en las regiones a través de los años. Por lo tanto, la consecuencia directa de esta medida es quitarle a las regiones el control de los problemas ambientales locales que, finalmente, afectan a sus ciudadanos. Obviamente, ello se traduce en un traspaso de poder decisional regional al gobierno central que controla la gestión de las macrozonas, sin la afectación política que la ciudadanía tendría a través de las autoridades regionales elegidas por votación popular. Dicho de otra manera, las personas no tendrán la posibilidad concreta de exigir a esas autoridades que se cumpla “en forma y espíritu” la legislación ambiental.
La crisis de Quintero y Puchuncaví nos está enviando un mensaje muy potente: una correcta evaluación ambiental no puede estar supeditada a las decisiones de las empresas y a la supremacía de los gobiernos centrales. Son las regiones, con sus autoridades locales, sus científicos, sus técnicos, los que, junto a la ciudadanía, están en condiciones de hacer la mejor evaluación ambiental. Ello no significa que se prescinda del gobierno central, sobre todo en proyectos que impactan más allá de la región, pero debe ser en coordinación con ella.
No  es difícil deducir cuál es el verdadero objetivo del gobierno al enviar el proyecto de modificación del SEIA, ya que fue manifestado públicamente el lunes 14 de mayo de 2018 por el Presidente Sebastián Piñera acompañado por el Ministro de Hacienda Felipe Larraín y el Ministro de Economía José Ramón Valente. Este sería “destrabar” los proyectos de inversión que están siendo calificados ambientalmente y que no han tenido luz verde para su realización y, por otra parte, incentivar la inversión en futuros proyectos. Sí, es indudable que al relajar el dominio del SEIA y minimizar la presión social en las regiones se va a producir más inversión, pero al costo de repetir lo que estamos viviendo ahora en Quintero y Puchuncaví.
Lo que está sucediendo en esta zona de sacrificio nos está “gritando muy fuerte” y si el gobierno no es capaz de percibirlo y se empecina con ese incongruente y sesgado proyecto de ley del SEIA las consecuencias serán enormes.

Chile: Un Estado Fallido

Por Hernán Ramirez | Investigador Asociado Fundación Terram
Según la literatura especializada, un Estado fallido es aquel que ha sido incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Para Jean Marie Grose, existen distintas clasificaciones para las fallas de una institución soberana como la mencionada, siendo nuestra realidad la de contar con una institucionalidad y autoridad ausentes e ineficaces frente a los poderes del mercado, los que, en la práctica, han administrado los territorios transgrediendo derechos humanos básicos, como el de un ambiente libre de contaminación.
Probablemente, es difícil para la mayoría de nuestros compatriotas aceptar que Chile es un “Estado Fallido” cuando las faltas han sido invisibles a sus ojos; pero al analizar en forma objetiva la situación de abandono ambiental a la que han sido sometidos los habitantes de Quintero y Puchuncaví, es posible que compartan nuestra opinión: Chile es un ejemplo de “Estado Fallido”.    
Entre otros factores, un Estado es Fallido al ser incapaz de garantizar efectivamente los derechos fundamentales consagrados en su propia Constitución, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a su ciudadanía. Chile no posee un cuerpo normativo que garantice un aire seguro a sus ciudadanos, además, tiene una autoridad incapaz de conocer y controlar las emanaciones que las industrias emiten a la atmósfera, al suelo y al mar, endosando la responsabilidad de la medición de los niveles de contaminantes respirables a las mismas empresas que los producen. Esto es lo que ocurre con las estaciones de monitoreo de calidad del aire en Quintero y Puchuncaví, realidad que violenta los derechos fundamentales de las personas.  
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger sus bienes de uso público, evitando derrames y varamientos  de carbón, como es lo que ocurre en la Bahía de Quintero, donde se han registrado unos seis episodios de derrame de hidrocarburos en sus costas desde el 2014 y más de 300 incidentes de varamientos de carbón desde el 2008, los cuales ocurren  semanalmente en Caleta Ventanas sin contar con dictación alguna que ordene medidas concretas para evitar su recurrencia.
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger a sus niños y asegurar que no correrán riesgos de intoxicación al asistir a clases, como ha ocurrido en las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde durante la última década se han registrado, al menos, 12 eventos de intoxicaciones resultando más de 500 infantes afectados en sus colegios.
Este Estado es Fallido cuando sus servicios públicos no cumplen lo ordenado por la Contraloría General de la República, que durante 2017 instruyó la limpieza en todos los colegios de la comuna de Puchuncaví de residuos de metales pesados alojados al interior de las salas de clases, así como hacer un seguimiento epidemiológico a los niños que han sido expuestos a estos contaminantes, lo que a la fecha no se ha concretado.
El Estado es Fallido al ser incapaz de hacer respetar su soberanía nacional, permitiendo que presiones extranjeras incidan en decisiones que vulneran su Estado de Derecho. Esta falta se reflejó en la construcción de la termoeléctrica Campiche -de propiedad de la empresa norteamericana AES Gener- en Ventanas sobre un área verde, durante el primer Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando aceptó la imposición del Gobierno de Washington modificando la “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, para dar una salida “legal” a la construcción de esta termoeléctrica, a pesar que los fallos emitidos por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema habían sentenciado su ilegalidad.
Este Estado Fallido es el que ha permitido la existencia de zonas en donde sus ciudadanos son sometidos permanentemente a condiciones de  sacrificio, como lo son quienes viven en las comunas de Mejillones, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal, Huasco, Coronel, Tierra Amarilla-Copiapó, Til-Til, entre otras.
Desde Fundación Terram nos preguntamos si los habitantes de Chile y de esas comunidades específicas se merecen esta realidad; nos preguntamos por qué los gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 ó 50 años  han permitido que se consoliden Zonas de Sacrificio ¿A quién o a qué intereses responde esta inacción e ineficacia por parte de las instituciones del Estado?; y nos preguntamos si, con estos antecedentes, ¿Chile está realmente a la altura de un país OCDE?