Por Hernán Ramirez | Investigador Asociado Fundación Terram
Según la literatura especializada, un Estado
fallido es aquel que ha sido incapaz de responder a las necesidades de sus
ciudadanos y ciudadanas. Para Jean Marie Grose, existen distintas
clasificaciones para las fallas de una institución soberana como la mencionada,
siendo nuestra realidad la de contar con una institucionalidad y autoridad
ausentes e ineficaces frente a los poderes del mercado, los que, en la
práctica, han administrado los territorios transgrediendo derechos humanos
básicos, como el de un ambiente libre de contaminación.
Probablemente, es difícil para la mayoría de
nuestros compatriotas aceptar que Chile es un “Estado Fallido” cuando las
faltas han sido invisibles a sus ojos; pero al analizar en forma objetiva la
situación de abandono ambiental a la que han sido sometidos los habitantes de
Quintero y Puchuncaví, es posible que compartan nuestra opinión: Chile es un
ejemplo de “Estado Fallido”.
Entre otros factores, un Estado es Fallido
al ser incapaz de garantizar efectivamente los derechos fundamentales
consagrados en su propia Constitución, como el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, a su ciudadanía. Chile no posee un cuerpo
normativo que garantice un aire seguro a sus ciudadanos, además, tiene una
autoridad incapaz de conocer y controlar las emanaciones que las industrias
emiten a la atmósfera, al suelo y al mar, endosando la responsabilidad de la
medición de los niveles de contaminantes respirables a las mismas empresas que
los producen. Esto es lo que ocurre con las estaciones de monitoreo de calidad
del aire en Quintero y Puchuncaví, realidad que violenta los derechos
fundamentales de las personas.
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de
proteger sus bienes de uso público, evitando derrames y varamientos de
carbón, como es lo que ocurre en la Bahía de Quintero, donde se han registrado
unos seis episodios de derrame de hidrocarburos en sus costas desde el 2014 y
más de 300 incidentes de varamientos de carbón desde el 2008, los cuales
ocurren semanalmente en Caleta Ventanas sin contar con dictación alguna
que ordene medidas concretas para evitar su recurrencia.
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de
proteger a sus niños y asegurar que no correrán riesgos de intoxicación al
asistir a clases, como ha ocurrido en las comunas de Quintero y Puchuncaví,
donde durante la última década se han registrado, al menos, 12 eventos de
intoxicaciones resultando más de 500 infantes afectados en sus colegios.
Este Estado es Fallido cuando sus servicios
públicos no cumplen lo ordenado por la Contraloría General de la República, que durante 2017 instruyó la limpieza en todos los colegios de la comuna de
Puchuncaví de residuos de metales pesados alojados al interior de las salas de
clases, así como hacer un seguimiento epidemiológico a los niños que han sido
expuestos a estos contaminantes, lo que a la fecha no se ha concretado.
El Estado es Fallido al ser incapaz de hacer
respetar su soberanía nacional, permitiendo que presiones extranjeras incidan
en decisiones que vulneran su Estado de Derecho. Esta falta se reflejó en la
construcción de la termoeléctrica Campiche -de propiedad de la empresa
norteamericana AES Gener- en Ventanas sobre un área verde, durante el primer
Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando aceptó la imposición del
Gobierno de Washington modificando la “Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones”, para dar una salida “legal” a la construcción de esta
termoeléctrica, a pesar que los fallos emitidos por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema habían
sentenciado su ilegalidad.
Este Estado Fallido es el que ha permitido
la existencia de zonas en donde sus ciudadanos son sometidos permanentemente a
condiciones de sacrificio, como lo son quienes viven en las comunas de
Mejillones, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal, Huasco, Coronel, Tierra
Amarilla-Copiapó, Til-Til, entre otras.
Desde Fundación Terram nos preguntamos si
los habitantes de Chile y de esas comunidades específicas se merecen esta
realidad; nos preguntamos por qué los gobiernos que se han sucedido durante los
últimos 40 ó 50 años han permitido que se consoliden Zonas de Sacrificio
¿A quién o a qué intereses responde esta inacción e ineficacia por parte de las
instituciones del Estado?; y nos preguntamos si, con estos antecedentes, ¿Chile
está realmente a la altura de un país OCDE?
