Fuente: Cooperativa - Escrito por Sara Larraín
Una reciente columna de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez
publicada en El Mercurio
(http://www.elmercurio.com/blogs/2013/03/02/9708/la-centroderecha-y-las-politicas-ambientales.aspx)
pontifica sobre las importantes medidas de protección ambiental que habría
tomado el gobierno de Sebastián Piñera, y argumenta sobre el liderazgo ambiental
de la centroderecha. Pero la mayoría de los logros que destaca la ministra, se
caen fácilmente al chequear las fechas, el Diario Oficial y los medios de
comunicación.
Sin caer en el juego maniqueísta que la Concertación es pro-ambiente y la
derecha es anti-ambiente, los hechos muestran que la nueva institucionalidad
ambiental (Ley 20.417) que crea el Ministerio, la Superintendencia y el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue creada y entró en vigencia en el
gobierno anterior. Y que, al contrario de lo que se afirma, el actual
gobierno demoró excesivamente su implementación.
Prueba de ello es que la primera acción de la actual ministra, el 15 de marzo
de 2010, retiró de Contraloría los decretos con fuerza de ley (DFL) que ponían
en operación el ministerio de Medioambiente y el Servicio de Evaluación
Ambiental.
Ese mismo día, Benítez dictó un instructivo, suspendiendo la participación
ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, el
gobierno le quitó el carácter de “urgente” a la tramitación de los Tribunales
Ambientales en el Senado. Todas acciones que atrasaron en un año la instalación
de la nueva institucionalidad ambiental.
En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, el retraso fue
mayor, postergándose su operación para finales de 2012, lo que significó un
franco retroceso en la fiscalización ambiental que durante todo el gobierno
volvió a los servicios y careció de coordinación. Peor aún, ello también retrasó
la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, cuya conformación preliminar
(pues solo partió el de Santiago) recién se concretó la primera semana de marzo,
es decir, a escasos meses de las próximas elecciones
presidenciales.
También hay que destacar que la institucionalidad ambiental existente tampoco
funciona expeditamente.
Por ejemplo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ha reunido en
escuálidas ocasiones, casi siempre a puertas cerradas y sin dar mayores
explicaciones.Ha aprobado proyectos que habían sido rechazados por las regiones
(como el caso de Punta Alcalde) y se resiste a pronunciarse sobre algunas
reclamaciones, como el caso HidroAysén, donde completa casi 2 años sin el
pronunciamiento al que está obligado.
Finalmente, con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el
gobierno ingresó el proyecto respectivo a tramitación en el Congreso Nacional,
pero careció de capacidad para responder a las múltiples falencias detectadas
por los senadores y no llegó a consenso, por lo cual el proyecto lleva ya dos
años de tramitación sin resultados.
Con respecto a la normativa de calidad del aire, la ministra adjudica al
actual gobierno la norma para PM 2,5, la de artefactos de combustión a leña, la
norma para termoeléctricas y la de refinerías.
Esta última es la única formulada durante su administración, ya que
la realidad es que el gobierno del presidente Piñera retrasó la vigencia de la
norma de material particulado fino (PM 2,5) a pesar de que en el anteproyecto
publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior demostraba el ahorro de
33 mil millones de dólares por reducción de enfermedades respiratorias. Aunque
se publicó en 2010, recién entró en vigencia el año pasado.
En el tema aire, el actual gobierno relajó el anteproyecto de norma de
termoeléctricas, que había sido publicado en el Diario Oficial por el gobierno
anterior, permitiendo mayores emisiones de dióxidos de azufre y dejando fuera
límites para las descargas de metales pesados, mercurio, vanadio y níquel. Lo
cual es un retroceso, pues dichos tóxicos sí están normados en la norma de
incineración vigente.
La ministra también adjudica al actual gobierno la norma para artefactos de
combustión a leña, pero la verdad es que la Ley para regular los
calefactores había sido ingresada a tramitación por el gobierno pasado el 15 de
julio de 2009 (Mensaje 6616/12) a la cual se le hizo pequeños cambios y
reingresó un año después en agosto de 2010 (Mensaje 7141/08).
En lo que respecta a los Planes de Descontaminación por PM 10 y SO2 vigentes,
estos fueron en su mayoría decretados entre 1992 y 2009, y entre ellos destaca
el plan de descontaminación de la RM, la zona donde vive casi el 60% de la
población del país, y que está al debe: fue reformulado el año 2009, pero no ha
sido implementado completamente.
Además, hoy corresponde declarar a Santiago zona saturada para PM2.5 y
elaborar nuevo plan de descontaminación. Algo similar ocurre en Temuco y otras
ciudades del sur que no han sido decretadas zonas saturadas en PM2.5, además de
Viña y la zona del Valle del Aconcagua.
En el ámbito de la contaminación atmosférica, además, el gobierno se ha
negado a implementar el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2010-2020, que
permitiría al país reducir la contaminación local y evitar la emisión de
14.501.609 toneladas de CO2 a la atmósfera, permitiendo a Chile ahorrar $970 mil
millones de dólares (más de 300 veces lo que valen las nuevas líneas 3 y 6 del
Metro).
Tampoco ha cumplido el programa de diversificación de matriz energética, para
hacer más limpia la matriz eléctrica, al no respaldar la ley 20/20 (20% de ERNC
al año 2020), a pesar de que está escrito en el programa presidencial de Piñera
y que el Senado aprobó unánimemente una ley sobre la materia.
Finalmente, la ministra de Medioambiente adjudica a su gobierno la solución
de los pasivos ambientales mineros por la dictación de la Ley de Cierre y
Abandono de Faenas Mineras. La realidad es que dicho proyecto de ley también es
obra del gobierno anterior, al cual el actual Ejecutivo hizo una indicación
sustitutiva.
Pero dicho proyecto no remedia los pasivos ambientales mineros, sino que
previene la creación de nuevos pasivos de las faenas aún en operación. La
solución de los pasivos existentes solo será posible si el gobierno patrocina la
Ley de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, presentado al gobierno por el
senador José Antonio Gómez, pero que hasta el día de hoy el ministerio de
Minería y el ministerio de Medioambiente se niegan a patrocinar.
En resumen, los hechos demuestran que la actual administración apretó
fuerte el freno, y no el acelerador en políticas ambientales.
Esto evidencia que, a pesar de que la derecha tiene entre sus filas
parlamentarios con una labor ambiental destacable, como el senador Antonio
Horvath, su voluntad política en materia ambiental sigue centrada en
intensificar la adjudicación del capital ambiental del país al sector privado,
(litio, recursos pesqueros, agua y sanitarias, concesiones eléctricas, borde
costero, el bosque, entre otros) más que en llevar adelante las políticas
ambientales que requiere un desarrollo sustentable en Chile.
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