Proliferación de Algas en Sección final de Río Chovellen

@vigilantecosta

Desde hace algunas semanas, y ante llamado de vecinos, en sección final de Río Chovellen, declaramos un llamado de ALERTA y posible emergencia ante proliferación de alga invasora en Río Chovellen.

Es en este contexto, que se realizó el día 26 de febrero, Solicitud/Denuncia al Servicio Nacional de Pesca del Maule para poder, ante todo, descartar presencia de Didymo (Didymosphenia geminata VER: 1, 2, 3, 4) y ver maneras conjuntas de poder contener propagación de algas que perjudican actividades relacionadas con el río, como así también, calidad y salud de su agua la que se caracteriza por tener buenas condiciones.

Solicitud/Denuncia 26/02/2021

El día 1 de marzo del presente año, recibimos respuesta de Sernapesca, como asi tambien, desde Encargado de Medio Ambiente de Municipalidad de Pelluhue (Vía Post IG: "¡Buenas noches! Hoy, luego de un llamado de un vecino, estuvimos en terreno y junto a @sernapesca se han tomado acciones. Mañana se tomarán muestras para conocer en detalle las algas que están en Río Chovellén, comuna de #Pelluhue."), quienes nos señalan que, junto con atender nuestra inquietud, se apersonalizaron el sector para poder evaluar y tomar muestras necesarias para poder identificar el tipo de alga existente que preocupa a vecinos y vecinas del sector ante la evidente proliferación y afectación a las actividades tradicionales en torno al emblematico río Chovellen de la comuna de Pelluhue. 

Seguiremos atentos a los resultados de análisis que se han realizado por los organismos competentes y tambien se analizarán aspectos relacionados, en conjunto con habitantes y usuarios del sector, para prevenir y evitar expansión de este tipo de alga.

Glosario de una Constitución verde: ¿Qué es la justicia ambiental? ¿Puede tener derechos la naturaleza?

Fuente: La Tercera

El proceso constituyente abre una oportunidad para recomponer la relación de los ciudadanos con la naturaleza y asegurar un ambiente sano a las futuras generaciones. Acá, algunos conceptos para entender qué podría contener una hoja de ruta más acorde a la urgencia climática y a la degradación de los ecosistemas.

Acción climática: Cualquier política, medida o programa que apunte a reducir los gases de efecto invernadero, aumentar la posibilidad de adaptación de las comunidades y construir resiliencia al cambio climático, o apoyar y financiar esos planes. La acción climática es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los estados miembros de Naciones Unidas adoptaron para 2030.

Ambiente sano: A diferencia de ambiente libre de contaminación (consagrado en el artículo 19 N° 8 de la actual Constitución), este concepto se refiere a un ambiente cuyas funciones ecosistémicas cumplen su rol, que puede dar bienestar y salud a los seres vivos que lo habitan. Un ambiente libre de contaminación, en cambio, tiene que ver con lo que el Estado defina como contaminación. “Con esto se da el absurdo de que en las zonas de sacrifico, por ejemplo, podemos tener ambientes ‘libres de contaminación’, pero que, por supuesto, no están sanos”, dice Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Bienes Comunes: Se refiere a aquellos bienes que no son ni de propiedad pública ni de propiedad privada, sino que pertenecen a la comunidad completa. Son bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, como el agua, el aire, el mar, las riberas y las funciones ecosistémicas. “El ser comunes impide que puedan ser vendidos o apropiados por el Estado o privados, y le reconoce a todas las personas el derecho de acceder a ellos para satisfacer sus derechos fundamentales y de participar en su gobernanza”, explica Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de FIMA.

Carbono neutralidad: Existencia de un balance entre la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) (dióxido de carbono equivalente) que se emite y lo que se “captura o absorbe” de dichas emisiones. El balance implica que hay “neutralidad” de los GEI, como su nombre lo indica, pero no significa que no se emitan gases a la atmósfera. Según Javiera Valencia, geógrafa del Programa Austral Patagonia de la UACh, el punto clave en la carbono neutralidad es el cómo se capturan las emisiones. En ese sentido, la tecnología es una opción, por ejemplo, la aplicación de filtros. Sin embargo, la naturaleza juega un rol crucial en la purificación del aire mediante el proceso de fotosíntesis. Los bosques, turberas y océanos son los principales sumideros de carbono.

Constitución Ecológica: Se trata de una Constitución que incorpora transversalmente y como eje ordenador, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Para Ezio Costa, esto requiere de normas en la sección de principios, derechos, deberes y organización del Estado. Esto incluye, por ejemplo, normas que aseguren la participación ciudadana en las decisiones ambientales y autonomía de los gobiernos locales y regionales en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, entre muchas otras cosas.

Desarrollo sustentable o sostenible: Según la ONU, desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Derecho al Ambiente Sano y ecológicamente equilibrado: El derecho al ambiente sano hace referencia a un ambiente en el cual se puede desarrollar la vida de manera adecuada. Es la manera en que internacionalmente se ha discutido sobre el derecho al ambiente e incorpora nociones como los derechos de acceso, el derecho al agua y los derechos de las generaciones futuras. Además, el ambiente ecológicamente equilibrado hace referencia al valor intrínseco del medio ambiente, donde no sólo se está protegiendo por su relación con las personas, sino también porque lo valoramos en sí mismo.

Derechos de acceso: El Principio 10 de la Declaración de Río (1992), establece que el mejor modo de abordar los desafíos ambientales es con amplia participación de las personas involucradas. Para ello, el Principio consagró tres derechos fundamentales, como pilares de una gobernanza ambiental sólida: el acceso a la información, el acceso a la participación pública y el acceso a la justicia.

Derecho de acceso a la justicia ambiental: Posibilidad de las personas o comunidades de acudir ante un órgano judicial independiente o tribunal para proteger sus derechos de información y participación y los derechos ambientales en general, mediante un proceso judicial independiente y expedito, que contemple la reparación por daño ambiental.

Derechos de la naturaleza: La discusión sobre los derechos que competen a la naturaleza tiene que ver con replantearse la relación entre la humanidad y el ambiente que nos rodea, explica Florencia Ortuzar. Otorgarle derechos a la naturaleza es reconocerla como algo valioso persé, más allá de su utilidad para los humanos, como se concibe tradicionalmente hoy día. Al reconocerle derechos deja de ser un objeto que se puede apropiar para entenderse como un sujeto que tiene el derecho a desarrollarse en su máxima expresión y de ser respetado y protegido. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho.

Democracia ambiental: Se refiere a la posibilidad de ejercer los 3 derechos de acceso, para lo cual los Estados deben asegurar el acceso a la información y la capacidad de las personas para participar. El acuerdo de Escazú, dice Valentina Durán, directora Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, busca garantizar el ejercicio de estos 3 derechos en América Latina y el Caribe. Durán agrega que Constituciones como la de Francia aseguran los derechos de acceso a la información y a la participación ambiental.

Ecosistema: Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat (personas incluidas). “La Constitución debe evolucionar en su consideración del territorio”, dice Florencia Ortúzar, “para considerarse como mucho más que el terreno geográfico sobre el cual Chile tiene soberanía”. “El territorio debe entenderse en cuanto a los ecosistemas que aloja”.

Justicia ambiental: La distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre quienes habitan el territorio. Según Ezio Costa, esto significa que no puede haber zonas de sacrificio que se lleven toda la contaminación para beneficio de otros.

Justicia intergeneracional: Asegurar que las generaciones venideras tengan nuestras mismas posibilidades. “Nuestro uso no puede comprometer el uso de las próximas generaciones, por ejemplo, destruyendo los ecosistemas o ciclos de regeneración de recursos como el agua”, dice Costa.

Principio de no regresión: El principio de no regresión tiene como objetivo mejorar constantemente las normas ambientales evitando el retroceso de la protección ambiental o la adopción de regulaciones regresivas. “Por ejemplo, si se revisan los valores de una norma, los nuevos valores deben elevar estándares y nunca llevar a desproteger el medioambiente”, explica Valentina Durán.

Principio de precaución: Este principio permite abordar los riesgos ambientales y a la salud pública en circunstancias de incertidumbre, destacando que la falta de certeza sobre la amenaza de daño ambiental no debe ser excusa para no tomar medidas para evitar esa amenaza. El principio reconoce que retrasar la acción hasta que haya evidencia cierta de daño, a menudo resultará en que la prevención sea demasiado costosa o imposible.

Refugios climáticos: Aquellas zonas con hábitats prístinos y de alto valor ambiental donde los ecosistemas están sanos y las distintas especies puedan refugiarse de estresores y efectos negativos actuales y futuros del cambio climático. Idealmente estas zonas deben protegerse y no intervenirse más allá de lo mínimo.

Servicio ecosistémico: Los ecosistemas entregan servicios esenciales para la supervivencia y bienestar de las personas. Algunos ejemplos son: el ciclo del agua, el aire limpio y los alimentos. “Para que las personas puedan beneficiarse de estos servicios el Estado debe asegurar algunas condiciones, como son; otorgar el derecho a acceder a estos servicios y brindar oportunidades de educación de calidad para toda la sociedad”, dice María José Brain, encargada de Planificación del Programa Austral Patagonia, UACh.

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Participaron en este glosario:

-Valentina Durán, directora Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile.

-Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

-Ezio Costa, director ejecutivo de Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA).

-Javiera Valencia y María José Brain, Programa Austral Patagonia, UACh.

La ruta de los incendios: Planes y propuestas retrógradas

Fernanda Salinas Urzúa

Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución / Investigadora Asociada – ONG FIMA

Los incendios tienen larga data en Chile. Entre 1870 y 1910, los colonos europeos, replicando las prácticas del viejo continente, arrasaron los bosques nativos entre Talca y Concepción y los del valle central entre el río Malleco y el Bío Bío, con incendios intencionales para ‘limpiar’ el territorio y así poder practicar la agricultura y la ganadería. Consecuencia de estas prácticas, provincias enteras, como la de Malleco, quedaron erosionadas. Años más tarde, Pablo Neruda, conmovido por la transformación de su tierra natal, escribió la Oda a la Erosión de la Provincia de Malleco: “Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado (…). Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria (…)”. Ciertamente, si no fuera por la capacidad de regeneración natural de la vegetación de nuestros bosques, nuestro país tendría un paisaje completamente desolador. Muchas especies nativas arbóreas, arbustivas, trepadoras y herbáceas son capaces de rebrotar desde las raíces después de los incendios, mientras las semillas de otras especies pueden encontrar un suelo con humedad, sombra y nutrientes alrededor de los troncos y ramas que han caído. Los troncos de los árboles quemados que permanecen en pie, y los restos que quedan dispersos en el suelo, además de otorgar sombra y protección del viento y la desecación a las plantas que se regeneran, sustentan la compleja vida del suelo que permite el reciclaje de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, retienen humedad, proveen de hábitat, refugio y alimento a aves, anfibios, reptiles, insectos y pequeños mamíferos del bosque. A pesar de la importancia que representan los restos de material leñoso para la regeneración de la vegetación después de los incendios, una práctica común en Chile y en el mundo es cosechar este material para usarlo como leña. Sin embargo, crecientes investigaciones han documentado las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de esta práctica, entre los que se cuentan la erosión del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes, la pérdida de hábitat para fauna y la colonización de especies exóticas invasoras. No obstante los antecedentes científicos disponibles, el año 2015 CONAF abrió una licitación para remover el material leñoso en el área incendiada el año 2002 en la Reserva Nacional Malleco de una superficie de más de 780 hectáreas, sin considerar la abundante colonización de especies invasoras en sectores previamente licitados en la Reserva (Salinas & Armesto, datos no publicados). A raíz de esa licitación, se cuestionó a CONAF el incentivo perverso que representaba esa licitación a incendios deliberados que podrían ser replicados en otras áreas protegidas del país, y el desincentivo a las medidas de control de incendios accidentales en las mismas. No hubo postulantes a esta licitación y se declaró desierta. A mediados de Enero del 2017 se desataron en Chile central los incendios más grandes de su historia. Las cifras oficiales de CONAF registran entre Valparaíso y Bío Bío una superficie incendiada de 594.783 hectáreas, de las cuales un 57,2% correspondería a plantaciones forestales, un 21,8% a matorrales, 18,3% a bosques nativos, 2,5 a suelos con uso agrícola y 0,2% a suelos con uso industrial o ciudades. La simultaneidad de 120 incendios activos al 26 de enero, facilitó la propagación a gran velocidad e intensidad, alcanzando una extensión, que lo transformó en un incendio de sexta generación, la más alta definida en la escala de la Unión Europea, y nunca antes registrada en el mundo.

Sin embargo, las advertencias respecto a las características de los incendios venideros habían sido previstas. El 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.

De acuerdo a la información proporcionada por la ONEMI, ya desde el 17 de Enero 2017 la tasa de superficie afectada por incendios comenzó su ascenso. El 18 de Enero la ONEMI declaró alerta roja en un total de 14 comunas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, que ascienden a 16 comunas y la provincia de Colchagua al 19 de enero. El 20 de Enero, la región de O’Higgins y 17 comunas entre la región de Valparaíso y el Maule son decretadas con Alerta Roja. Recién el 21 de Enero se decreta Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe y Zona de Catástrofe para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en O’Higgins y las comunas de Vichuquén y Cauquenes en Maule. Actualmente, el Ministerio Público lleva a cabo un proceso de investigación, donde se ha considerado la responsabilidad penal de funcionarios de la Compañía General de Electricidad de la Sexta Región por no cumplir con el mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos con tendido eléctrico. Así mismo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora de incendios, donde se evalúa el rol de CONAF, la Intendencia y los Consejeros Regionales en la prevención de los incendios y en evitar su propagación mediante cortafuegos. Mientras tanto, la ONG Red por la Defensa de los Territorios señala que es fundamental investigar la correlación entre las plantaciones infectadas por Sirex Noctilio, avispa taladora de pino, detectada en Chile desde el 2001 que seca los bosques y se expande muy rápidamente y la intencionalidad de los incendios forestales con el fin de sanitizar el suelo de manera económica. Antes de los incendios, este insecto afectaba decenas de predios forestales desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, que estaban con orden de raleo o tala. De acuerdo a la Ley 20.326, las pérdidas de la forestación frente a un siniestro climático o de un incendio serían subsidiadas por CONAF. Además, el Ministerio Público y la PDI en el mes de Febrero realizaron incautaciones, tanto en CONAF como en ONEMI, para revisar los contratos de prestación de servicios en combate de incendios con las empresas españolas acusadas de sobornos, tráfico de influencias y cohecho internacional en España. A lo anterior se suma que el 29 de Enero la Presidenta Michelle Bachelet informó de 43 personas detenidas por su eventual responsabilidad en 38 incendios forestales, con 27 formalizados en distintas Fiscalías. A raíz de los incendios, numerosos académicos e investigadores reflexionaron de manera pública respecto a la oportunidad generada por este catastrófico escenario, de replantear el modelo forestal imperante en el país, indicando la importancia del diseño de paisajes heterogéneos y diversificados; resilientes frente al cambio climático global, la situación de escasez hídrica a la que están sujetas las comunidades aledañas a las plantaciones forestales, como a los mismos incendios forestales. Sólo el Ministerio del Medio Ambiente acusó recibo de la desusada participación de la comunidad científica en el debate y constituyó el Comité Nacional de Restauración Ecológica, al cual, en la reunión realizada en marzo, se sumaron representantes del mundo privado, como el presidente de la CORMA y delegados de CMPC y Arauco. Mientras tanto, con una velocidad asombrosa, el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Política Forestal, presentó en marzo 2017 una Propuesta de Restauración Ecológica y Recuperación del Patrimonio Forestal Productivo, en la que se indica como acción prioritaria la ‘limpieza’ de los sitios incendiados, indicando apoyo técnico y económico para la remoción del material leñoso “de tal forma que se minimice el impacto en los suelos” con el fin de ser utilizado como leña. El documento continúa, diciendo que “el aprovechamiento de maderas debe realizarse lo antes posible a fin de evitar un mayor deterioro de las mismas”. Además, los Ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y Medio Ambiente, presentaron en el mismo mes, un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo afectado por los incendios de 2017, sin distinguir propietarios de bosques nativos y plantaciones, donde “se fomentará la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios.” Tanto el informe de la OCDE 2016, como el Informe País 2016, y el Informe del Estado del Medio Ambiente, reconocen la contaminación atmosférica como el principal riesgo para la salud de la población y calidad de vida. En las principales ciudades del sur de Chile, entre abril y agosto principalmente, la principal razón de los altos niveles de superación frecuente de los valores límites de las normas diarias de material particulado es el consumo de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, el MMA ha declarado numerosas comunas del sur como zonas saturadas por material particulado respirable y ha establecido Planes de Descontaminación Atmosférica. A la luz de los hechos, se esperaría que las investigaciones en relación a las causas de los incendios forestales recientes y la claridad respecto a las responsabilidades llegaran a fin antes de eliminar posibles evidencias mediante, por ejemplo, la remoción del material leñoso de los sectores quemados. Deseable sería, además, después de la catástrofe, contar con una planificación territorial en el que la infraestructura ecológica fuera considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades, sin embargo, como las del siglo XIX, incentivan y financian la práctica de la ‘limpieza’ de los territorios, en desmedro de la erosión de los suelos y fomentan la calefacción con leña en las ciudades saturadas en el sur de Chile.

Fuente: FIMA

DL 701: La maniobra política encubierta que amenaza el desarrollo de territorios rurales

Fuente: El Ciudadano 

Bachelet ordenó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados tramitar con urgencia el proyecto que busca la extensión del Decreto Ley Nº 701, el que favorece el subsidio a las plantaciones forestales de especies exóticas. El proyecto hoy se encuentra para votación en la Comisión de Hacienda, para luego ser votado en la sala de la Cámara, antes de pasar al Senado.

Esta acumulación de riqueza de grupos que a su vez han sido beneficiarios directos a lo largo de 40 años de subsidios estatales, hace al menos cuestionable la decisión del gobierno de continuar apoyando al sector forestal por medio de subsidios estatales (con impuestos de toda la población chilena) para su desarrollo.

La economía neoliberal promovida por el Estado chileno, la cual se centra en la apropiación de territorios para la promoción y multiplicación del capital, como bien lo detalla David Harvey en su “Breve Historia del Neoliberalismo” (2007), ha actuado permanentemente por medio de legislaciones que son funcionales a la lógica del DL 701, es decir, subsidios a la inversión privada buscando una “externalidad positiva” para la población. Sin embargo, este tipo de políticas ha permitido que aquellos territorios “beneficiados” por la inversión vean alteradas sus propias dinámicas territoriales (productivas, sociales, recreacionales, ecológicas, entre otras).

Es en este contexto que académicos de la Universidad Austral de Chile (1) han manifestado su preocupación por los impactos ambientales y sociales que el fomento a las plantaciones forestales ha generado.

Entre los impactos más destacados se mencionan: 1) la pérdida en la provisión de agua de calidad en sectores donde se sitúan las plantaciones; 2) la disminución de la biodiversidad en zonas donde existen grandes extensiones de plantación; y 3) la fragmentación y sustitución de especias nativas por exóticas, generando una importante disminución del valor para la conservación de la biodiversidad.

Son estos impactos el mayor reflejo de una intencionada mercantilización de los recursos naturales del país, por medio de políticas y programas estatales. Es así como se ha fomentado el asentamiento de industrias (capital) en los territorios, permitiendo al sector empresarial forestal capturar dichos territorios, donde la población local pasa a ser la principal afectada con la promesa incumplida de la llegada de la tecnología, nuevas oportunidades laborales y un mayor crecimiento económico local.

Así, es justamente en estos territorios donde se han presentado condiciones de características socio-económicas contrarias a lo que podrían ser “polos de desarrollo”, a saber: 1) mayores índices de migración rural-urbana, 2) establecimiento de empleos precarios, 3) altos índices de pobreza en comparación con el resto del país, 4) pérdida de la diversificación de la matriz productiva (menor agricultura, por ejemplo), 5) entre otras.

Estas dinámicas, para ser resueltas, requieren de un sector forestal más sustentable e integrado a las diferentes realidades presentes en los territorios, a partir de una institucionalidad pública que resguarde el interés de todas y todos los chilenos, velando por una gestión sustentable de sus recursos naturales, con respeto y consideración de las distintas visiones sobre el sector, consultando a los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, y promoviendo el encuentro entre los diversos actores territoriales.

Hoy en día el país se encuentra en quizás el periodo político más complejo luego del regreso a la democracia. Fuertes presiones de los grupos de poder sobre las denominadas “amenazas reformistas” ponen al gobierno en la necesidad de re-establecer un orden económico que ha beneficiado, en demasiadas ocasiones, a unos pocos (por ejemplo en el caso del sector forestal). En este escenario es donde la urgencia por la aprobación del DL 701 se está presentando, con la promesa de una reactivación económica y la llegada de las anheladas inversiones que supuestamente reactivarían una dañada economía.

En este contexto, se hace más necesario que nunca estar atentos y ser activos participantes de la discusión y difusión de proyectos como el de extensión del DL 701. Nuestra preocupación debe ser el resguardo de nuestros territorios y nuestras culturas, instalando el debate al más alto nivel. El sector forestal es importante, pero requiere de un cambio relevante en el modelo gestión de sus recursos naturales. Los esfuerzos deben centrarse en políticas que promuevan el fomento forestal en todas sus áreas (bosque nativo, plantaciones, conservación y fomento), de forma participativa, sustentable y que permitan un mejor entendimiento de las dinámicas territoriales como esenciales en la relación sociedad naturaleza.

Es ahora el momento en que nuestra definición como agentes políticos debe jugar un rol preponderante, sentando las bases de una nueva sociedad justa, ecológica y democrática.

Por Raúl Contreras D., Ingeniero Agrónomo.

Verdeseo.cl

[1] http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=84582

ORGANIZACIONES SOCIALES NUEVAMENTE PRESENTE EN FICSURF 2014

@vigilantecosta

Durante la última semana de noviembre, del 25 al 28, se desarrolló en el Centro Cultural de Las Condes la VII Versión del Festival Internacional de Surf, Ficsurf, 2014.

En un marco perfecto de gran asistencia de público, donde antiguamente se producían grandes cantidades de hortalizas, frutas y verduras en las chacras del sector y que, actualmente, cobija al Centro Cultural de Las Condes, se exhibieron en competencia una serie de películas documentales, cortos y largometrajes en un evento que se convierte en un clásico de la ciudad de Santiago de Chile, reuniendo a lo más selecto del surf nacional e invitando a que más personas conozcan como se ha ido desarrollando este deporte en las distintas regiones del país y, se consolida, como una clara oportunidad para influir positivamente en el desarrollo económico local con un enfoque sostenible y sustentable en el tiempo.

El Ficsurf se convierte en un espacio para compartir y aprender del increíble deporte de las olas. Es una oportunidad donde los organizadores hacen una invitación abierta para que más personas puedan conocerlo y practicarlo en un espacio donde la Cultura y el Surf se funden junto al respeto y cuidado por aquellos lugares donde se practica y que, lamentablemente, en muchos casos se ven amenazados por proyectos empresariales, inmobiliarias e industrias pasando por encima del licito interes de los residentes locales de poder incidir el tipo de desarrollo propuesto.

Uno de los puntos relevantes para la organización del Ficsurf siempre ha sido la inclusión de organizaciones sociales con base en sus territorios y esta vez no fue la excepción. Seis organizaciones independientes participaron: Puertecillo Playas Libres, Give Surf, Salvemos Quintero, Punta de Lobos por Siempre, Vigilante Costero y ValpoSurf Project. Todos compartieron información con los asistentes al evento respecto de sus demandas, objetivos o estrategias de trabajo, bajo un mismo gran objetivo, cual es evitar impactos que atenten con las formas tradicionales de vida y que pueda afectar su entorno. Desde esa perspectiva, es importante otorgarle valor económico a la ola como, preservar los lugares para la hacer surf en el país y que la comunidad sienta propio el surf más allá de su practica.

“Es muy importante, junto con comunicar permanentemente cuáles son nuestras acciones y objetivos como organizaciones, también poder interrelacionarnos con otros amigos que pueden, o no, tener intereses u objetivos similares. Aquí lo que trasciende es una comunidad que de manera organizada decide informarse para poder tener una opinión y postura clara respecto al desarrollo desmedido, o sin una participación equilibrada entre lo que quiere el gobierno central o local y la ciudadanía que reside en aquellos sectores”, comenta Rodrigo de la O, Director de Vigilante Costero ONG quienes desarrollan su actividad de vigilancia en las costas del Maule y Biobío, principalmente, en lo que se refiere a la contaminación de aguas por la industria o tratamiento de aguas. “Este es un espacio (Ficsurf) para empoderarnos, conocernos y sensibilizarnos por esa realidad que viven muchas comunidades chilenas, a lo largo del país,  muchas veces subyugadas y desplazadas por modelos de negocio extractivistas apoyados por el estado que afectan directamente al medio ambiente, calidad de vida y salud de las personas y que no tienen tribuna abierta. Es un honor para nosotros poder estar presentes, estamos muy agradecidos con los organizadores por habernos considerado una vez más y haber sido invitados”, concluye el Director de Vigilante Costero.

El Ficsurf 2014 llega a su fin y el ganador fue el cortometraje “THE GIFT” de Eduardo Bartolomé, con 10 minutos de duración que nos muestra como se desarrolla el surf en tierra patagona. .

Derecha y política ambiental: los dichos y los hechos

Fuente: Cooperativa - Escrito por Sara Larraín

Una reciente columna de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez publicada en El Mercurio (http://www.elmercurio.com/blogs/2013/03/02/9708/la-centroderecha-y-las-politicas-ambientales.aspx) pontifica sobre las importantes medidas de protección ambiental que habría tomado el gobierno de Sebastián Piñera, y argumenta sobre el liderazgo ambiental de la centroderecha. Pero la mayoría de los logros que destaca la ministra, se caen fácilmente al chequear las fechas, el Diario Oficial y los medios de comunicación.

Sin caer en el juego maniqueísta que la Concertación es pro-ambiente y la derecha es anti-ambiente, los hechos muestran que la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417) que crea el Ministerio, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue creada y entró en vigencia en el gobierno anterior. Y que, al contrario de lo que se afirma, el actual gobierno demoró excesivamente su implementación.

Prueba de ello es que la primera acción de la actual ministra, el 15 de marzo de 2010, retiró de Contraloría los decretos con fuerza de ley (DFL) que ponían en operación el ministerio de Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Ese mismo día, Benítez dictó un instructivo, suspendiendo la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, el gobierno le quitó el carácter de “urgente” a la tramitación de los Tribunales Ambientales en el Senado. Todas acciones que atrasaron en un año la instalación de la nueva institucionalidad ambiental.

En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, el retraso fue mayor, postergándose su operación para finales de 2012, lo que significó un franco retroceso en la fiscalización ambiental que durante todo el gobierno volvió a los servicios y careció de coordinación. Peor aún, ello también retrasó la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, cuya conformación preliminar (pues solo partió el de Santiago) recién se concretó la primera semana de marzo, es decir, a escasos meses de las próximas elecciones presidenciales.

También hay que destacar que la institucionalidad ambiental existente tampoco funciona expeditamente.

Por ejemplo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ha reunido en escuálidas ocasiones, casi siempre a puertas cerradas y sin dar mayores explicaciones.Ha aprobado proyectos que habían sido rechazados por las regiones (como el caso de Punta Alcalde) y se resiste a pronunciarse sobre algunas reclamaciones, como el caso HidroAysén, donde completa casi 2 años sin el pronunciamiento al que está obligado.

Finalmente, con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el gobierno ingresó el proyecto respectivo a tramitación en el Congreso Nacional, pero careció de capacidad para responder a las múltiples falencias detectadas por los senadores y no llegó a consenso, por lo cual el proyecto lleva ya dos años de tramitación sin resultados.

Con respecto a la normativa de calidad del aire, la ministra adjudica al actual gobierno la norma para PM 2,5, la de artefactos de combustión a leña, la norma para termoeléctricas y la de refinerías.

Esta última es la única formulada durante su administración, ya que la realidad es que el gobierno del presidente Piñera retrasó la vigencia de la norma de material particulado fino (PM 2,5) a pesar de que en el anteproyecto publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior demostraba el ahorro de 33 mil millones de dólares por reducción de enfermedades respiratorias. Aunque se publicó en 2010, recién entró en vigencia el año pasado.

En el tema aire, el actual gobierno relajó el anteproyecto de norma de termoeléctricas, que había sido publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior, permitiendo mayores emisiones de dióxidos de azufre y dejando fuera límites para las descargas de metales pesados, mercurio, vanadio y níquel. Lo cual es un retroceso, pues dichos tóxicos sí están normados en la norma de incineración vigente.

La ministra también adjudica al actual gobierno la norma para artefactos de combustión a leña, pero la verdad es que la Ley para regular los calefactores había sido ingresada a tramitación por el gobierno pasado el 15 de julio de 2009 (Mensaje 6616/12) a la cual se le hizo pequeños cambios y reingresó un año después en agosto de 2010 (Mensaje 7141/08).

En lo que respecta a los Planes de Descontaminación por PM 10 y SO2 vigentes, estos fueron en su mayoría decretados entre 1992 y 2009, y entre ellos destaca el plan de descontaminación de la RM, la zona donde vive casi el 60% de la población del país, y que está al debe: fue reformulado el año 2009, pero no ha sido implementado completamente.

Además, hoy corresponde declarar a Santiago zona saturada para PM2.5 y elaborar nuevo plan de descontaminación. Algo similar ocurre en Temuco y otras ciudades del sur que no han sido decretadas zonas saturadas en PM2.5, además de Viña y la zona del Valle del Aconcagua.

En el ámbito de la contaminación atmosférica, además, el gobierno se ha negado a implementar el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2010-2020, que permitiría al país reducir la contaminación local y evitar la emisión de 14.501.609 toneladas de CO2 a la atmósfera, permitiendo a Chile ahorrar $970 mil millones de dólares (más de 300 veces lo que valen las nuevas líneas 3 y 6 del Metro).

Tampoco ha cumplido el programa de diversificación de matriz energética, para hacer más limpia la matriz eléctrica, al no respaldar la ley 20/20 (20% de ERNC al año 2020), a pesar de que está escrito en el programa presidencial de Piñera y que el Senado aprobó unánimemente una ley sobre la materia.

Finalmente, la ministra de Medioambiente adjudica a su gobierno la solución de los pasivos ambientales mineros por la dictación de la Ley de Cierre y Abandono de Faenas Mineras. La realidad es que dicho proyecto de ley también es obra del gobierno anterior, al cual el actual Ejecutivo hizo una indicación sustitutiva.

Pero dicho proyecto no remedia los pasivos ambientales mineros, sino que previene la creación de nuevos pasivos de las faenas aún en operación. La solución de los pasivos existentes solo será posible si el gobierno patrocina la Ley de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, presentado al gobierno por el senador José Antonio Gómez, pero que hasta el día de hoy el ministerio de Minería y el ministerio de Medioambiente se niegan a patrocinar.

En resumen, los hechos demuestran que la actual administración apretó fuerte el freno, y no el acelerador en políticas ambientales.

Esto evidencia que, a pesar de que la derecha tiene entre sus filas parlamentarios con una labor ambiental destacable, como el senador Antonio Horvath, su voluntad política en materia ambiental sigue centrada en intensificar la adjudicación del capital ambiental del país al sector privado, (litio, recursos pesqueros, agua y sanitarias, concesiones eléctricas, borde costero, el bosque, entre otros) más que en llevar adelante las políticas ambientales que requiere un desarrollo sustentable en Chile.