Debemos estimar la demanda mundial de alimentos y su composición, según los
hábitos de cada cultura, especialmente asiática, y preparar un plan de acción
para elevar producción y rendimientos.
Asimismo, hemos de revisar la actual asignación de recursos de aguas
subterráneas y gestión de acuíferos. Las necesidades de la minería no pueden
seguir satisfaciéndose de la manera actual.
¿Cómo vamos a regular? Precisamos una revisión de los derechos otorgados,
cuando éstos exceden la capacidad de los acuíferos, y fortalecer las
organizaciones de usuarios, mesas de agua, y otorgar al Estado mayores
atribuciones para fiscalizar y reasignar.
Nuevas obras: embalses, canales y desalinización
Está en construcción el embalse Chacrillas. Y se avanza en Punilla, en la
Octava Región; Puntilla del Viento en Valparaíso y se están identificando otros
embalses. Hay que apurar el tranco.
Existen en Chile, aproximadamente, unos 15.000 km de canales y en ellos se
estaría filtrando casi el 40% del agua que transportan. Se pierde mucha. Falta
un buen plan, con un acuerdo público-privado para definir obras y quién paga.
Cuando se produce una destrucción, sea por uso o desastre natural, incluso en
canales privados, es habitual que el peso recaiga en el Estado. Cuando hay que
construir un embalse, los privados se resisten a aportar y resulta así difícil
financiar embalses para la agricultura. Este punto, las alianzas
público-privadas, amerita una innovación.
El cambio climático también nos exige rediseñar obras y reordenar
prioridades. Sin entrar en mayor detalle, los deshielos repentinos dañan los
puentes, como ya ha ocurrido. Los nuevos puentes deben ser más largos, de más
luz, para evitar el socavamiento de los estribos. Debemos llevar a cabo un plan,
a 10 ó 20 años plazo, para construir pequeños embalses de cabecera, en distintas
cuencas.
La sobreexplotación de los recursos hídricos obligó a respaldar a la
Dirección de Aguas para negar el otorgamiento de derechos o sus traslados cuando
los ya otorgados sobrepasaban la disponibilidad y se amenazaba el abastecimiento
de la población, de la agricultura y el resguardo de la ecología, advirtiendo
que la compra de derechos por las empresas mineras a pequeños agricultores, a
precios desorbitados, provocaría un gran desbalance, como acontece en
Copiapó.
Igualmente existe una disputa en el Valle de Azapa por el agua subterránea,
cuánto para consumo humano y cuánto para agricultura; se han programado nuevos
embalses y se estudia la desalinización y el tratamiento de aguas servidas.
Además de los cambios institucionales y legales, es indispensable ampliar la
capacidad de bombeo de agua desalada o salada a la minería y ahorrar para la
agricultura y la población.
Las plantas solares se expandirán rápido y podrían proveer de más energía
para desalinizar. Hay que lanzar nuevos proyectos desde ya y avanzar en esas
tecnologías.
Agua e hidroelectricidad
No sabemos si se construirá Hidroaysén o si se postergará. Si sabemos que
necesitamos más proyectos hidroeléctricos. Chile no puede prescindir de la
hidroelectricidad, por razones de seguridad de abastecimiento, de generación
libre de contaminación de CO2 y de costos.
Los derechos no consuntivos también deben ser objeto de una revisión.
Teniendo en cuenta nuestra vulnerabilidad energética y su alto costo
¿podemos seguir dependiendo sólo del mercado? ¿Que los privados sean los únicos
autorizados para proponer proyectos y el Estado solo aprueba o rechaza? Y si no
se proponen proyectos suficientes, ¿quién garantiza la seguridad de
abastecimiento?
El Estado debe poseer atribuciones más extensas.
Por esa razón creamos el Ministerio de Energía que, al igual que el
Ministerio de Obras Públicas, que puede definir un proyecto de carretera y
llamar a licitación, también debiera actuar de modo similar el Ministerio de
Energía. Siendo indispensable instalar plantas de generación eléctrica, el
Estado debe poder llamar a licitación los proyectos, luego de realizar los
estudios técnicos y ambientales.
¿Qué lo impide?
Primero, la Constitución restringe la función empresarial del Estado para
crear y operar una planta eléctrica. La Contraloría ha dictaminado que puede
concesionarse una planta (siendo por tanto el Estado el propietario) siempre que
la explotación la realice un privado. Esta limitación que debe eliminarse en el
caso de la energía.
Un segundo obstáculo es que los derechos no consuntivos están concentrados en
pocas empresas. Si ellas no quisieran hacer un proyecto y son titulares de esos
derechos, el Estado está impedido de actuar. En casos calificados, el Estado
debe poder caducar esos derechos, por razones de interés nacional.
Al entregarse derechos gratis, perpetuos, se transforma el ejercicio del
derecho en propiedad privada, el agua se transforma en un bien privado, Esto no
es sostenible a futuro. El camino, a mi juicio, es aprobar en el Congreso el
proyecto de Reforma Constitucional que enviáramos en 2009 para consagrar en ella
que el agua es un bien nacional de uso público.
En enero de 2010, antes del cambio de gobierno, se logró aprobar ese proyecto
en las Comisiones de Agricultura y de Constitución de la Cámara de
Diputados. Luego del cambio de gobierno se paralizó su tramitación.
¿Alguien cree que este problema permanecerá intocado? La piedra de toque es
la caducidad de los derechos, por razones de interés público.
No existen en la ley excepciones para caducar un derecho de agua. A mi
juicio, esa posibilidad debe existir, bien regulada, sin afectar el mercado del
agua.
Por eso, sugiero que se apruebe una reforma constitucional.
Glaciares
Es un tema crucial a futuro. Hoy no existen normas para los hielos. En el
Congreso se han presentado algunas mociones parlamentarias para su regulación,
sin éxito. Existe un Instituto denominado World Global Monitoring Service que se
especializa en el registro y monitoreo de hielos en el Ártico. El 70% de los
estudios glaciológicos se refieren al norte del planeta. Esta tendencia se
acentuará con las perspectivas que surgen del deshielo del polo norte. Ello
atrae a los países que lo circundan para instalar nuevas redes de transporte,
explotar nuevos recursos, incluyendo alimentos. Allí hay agua, aquella que se
necesitara más y más para abastecer al Asia.
Los estudios chilenos han estimado que en el Hemisferio Sur (excluyendo la
Antártica) existen del orden de 27.000 km2 de hielos blancos, abiertos, 26.000
en la zona de los Andes de Sudamérica y, de ellos, 20.000 km2 se hallan en
Chile. Nuestro país, por lo tanto, es una gran reserva estratégica de agua dulce
del mundo.
Al año 2010 habíamos inventariado 3.200 glaciares blancos y, más
recientemente, 1.438 de roca en la zona Norte, especialmente en Copiapó y
Huasco. Tenemos que realizar mediciones, confeccionar un registro glaciológico e
instalar una red de monitoreo glaciológica. Debe ser ésta una de las
prioridades.
Además, urge establecer que los derechos de agua sólida son del Estado y no
pueden privatizarse.
¿Cuál será nuestra estrategia glaciológica hacia el 2020 o el 2025? ¿Qué
cambios se pueden producir por los fenómenos climáticos? ¿Qué leyes dictar? Este
tema debe ser definido a la brevedad.
Agua potable rural
Si bien el sistema ha funcionado bien y hemos alcanzado buena cobertura para
comunidades rurales concentradas, nos faltan ahora las semi concentradas y el
tratamiento de sus aguas servidas. Tenemos necesidad de acelerar el trámite de
una nueva ley, cuya discusión estaba muy avanzada al momento de cambio de
gobierno y debe despacharse pronto.
Se entiende por comunidades concentradas aquellas con más de 150 habitantes y
más de 15 viviendas por km2, las semi-concentradas son las que poseen más de 80
habitantes y más de 8 viviendas por km2. Estas últimas abarcan a 400.000
personas aproximadamente. La ley contempla reforzar las organizaciones
comunitarias y de cooperativas, entrenándolos; ampliar redes y comenzar el
saneamiento. Hoy la cobertura de tratamiento de aguas servidas en el sector
rural es de un 12%. Hay un plan para llegar en 2020 a 32%, pero no estamos
avanzando a la velocidad requerida para lograrlo.
En las ciudades estamos acercándonos a 90% de tratamiento de aguas servidas,
y pronto podremos alcanzar cerca del 100%, uno de los más altos del mundo.
Fui contrario a vender el 35% de las acciones de compañías de agua de
propiedad de CORFO. La presencia del Estado era y es necesaria para fiscalizar y
conocer por dentro un negocio esencial para la salud y seguridad de la
población. Tampoco se necesitaba el dinero. Si la decisión ya se adoptó por el
gobierno de Piñera, esos fondos debieran destinarse a obras de agua potable
rural y su tratamiento, para favorecer a familias modestas que carecen de
abastecimiento por cañería, y así Chile llegue a ser uno de los primeros en el
mundo en esta materia.
Eficiencia hídrica
El tema de la eficiencia hídrica es absolutamente vital. Se ha planteado y es
necesario implementar la idea de un sello de eficiencia hídrica a los aparatos
sanitarios de consumo personal, promover cambio de hábitos personales, construir
embalses multipropósito, instalar más centrales de pasada para
hidroelectricidad, constituir mesas de agua en las cuencas donde no las hay,
incrementar rendimientos y fiscalizar el uso de los derechos.
Una cuestión esencial es debatir y aprobar una ley de cuencas. Esto se viene
discutiendo hace más de 10 años: las cuencas requieren de una legislación.
Coordinación institucional
El 19 de junio del 2009, la Presidenta Bachelet dictó un instructivo
presidencial que creó el Comité Interministerial de Política Hídrica, para
establecer una coordinación institucional. Se le encargó al Ministro de Obras
Públicas que lo presidiera. La vicepresidencia recae en el Ministro de Medio
Ambiente, y lo componen además los Ministros de Agricultura, Minería y Bienes
Nacionales.
A solicitud de varios ministros sectoriales, ese año preparamos en el MOP una
propuesta para la presidenta, a fin de conciliar divergencias –minería con
agricultura o energía con medioambiente– y anticipar soluciones a conflictos en
ascenso.
De Obras Públicas depende la Dirección General de Aguas, la Dirección de
Obras Hidráulicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. De allí que el
gobierno considerará mejor encargar al MOP la tarea de coordinar. En diversas
sesiones de ese Comité, previas al terremoto, se alcanzó a revisar la situación
de los acuíferos, proponer a la Presidenta la Reforma Constitucional del agua,
precisando que se trata de un bien nacional de uso público; se estudió cómo
corregir los derechos de aguas que exceden la disponibilidad y cómo instalar
nuevos procedimientos para resguardar el medio ambiente.
En el documento MOP “Chile 2020. OOPP para el Desarrollo”, ya mencionado, se
registraron las siguientes prioridades:
- Restricciones al ejercicio de los derechos de agua, para priorizar
usos.
- Criterios para caducar derechos, cuando los existentes son
incompatibles con el bien público.
- Rediseñar el sistema de derechos de agua subterráneas.
- Otorgar derechos tomando en cuenta consideraciones ambientales
(caudal ecológico, entre otros).
- Normas sobre calidad de aguas.
- Mejorar información de las cuencas.
- Continuar evaluando los impactos del cambio climático.
Los desafíos se acrecientan, hemos de anticiparnos, de allí la alta
importancia que reviste un debate nacional sobre aguas entre técnicos, políticos
y la sociedad civil.
Urge avanzar.
