COMUNICADO DE PRENSA: COMUNIDADES CHILENAS “UNIDAS POR AGUAS LIMPIAS”

Contactos:

Nik Strong-Cvetich, Director Ejecutivo de Save The Waves Coalition, nik@savethewaves.org, 95951012

Gavin Comstock, Gerente de Operaciones y Programas, Save The Waves Coalition, 95950408, gavin@savethewaves.org

Coordinador de Pichilemu y Punta de Lobos: Philip Muller, 82419016, philip@standuplatino.com

Coordinador Loanco y Curanipe: Rodrigo de la O Guerrero, 82409852, vigilantecostero@gmail.com

Coordinador de Cobquecura (La Rinconada): Christian Dabed Cattan 84494337, chdabed@gmail.com

El 23 de marzo, voluntarios en distintos lugares de manera simultánea retiraron más de 4.500 kilos de basura y escombros (más de 750 bolsas de basura), limpiando y restaurando playas, desembocaduras de ríos y estuarios a lo largo de más de 34 kilómetros de costa chilena. En su segundo año, Save The Waves Coalition y Vigilante Costero Maule Itata, a través de la campaña "Unidos por Aguas Limpias” convocó a cientos de voluntarios para hacer frente al creciente problema de la basura marina costera en Chile. Los lugares se difundieron en todo el país, extendiéndose desde las playas del norte de Arica hasta el sitio de limpieza más austral en la costa de Carelmapu. En total, 28 localidades en 10 regiones de Chile lograron establecer medidas para crear una costa más limpia, Saludable y libre de basura.

El número de voluntarios varió de un lugar a otro, con una gran participación en la ciudad de Constitución con más de 70 personas. Los voluntarios tenían entre edad de 4 a 69 años, pero todos coincidieron en que la protección y conservación de la costa de Chile para las generaciones futuras era una necesidad. Un joven voluntario en La Rinconada, Cobquecura describieron su participación diciendo: "Me gusta navegar y yo vivo al lado del mar. Siempre estoy haciendo una campaña para mantener las playas limpias.” 

Muchos coordinadores de los distintos sitios aprovecharon la limpieza como una oportunidad para celebrar un día en la playa. Las actividades previstas como el surf, las discusiones ambientales y compartir la comida se incluyeron en el programa, además del objetivo obvio de recoger la basura. Casi todos los voluntarios comentaron que viven cerca de la playa o vienen con regularidad, lamentan que más usuarios de nuestra costa no se lleven su basura con ellos después de que la visitan. Los desechos más comunes de basura encontrados en cada sitio fueron las colillas de cigarrillos, bolsas de plástico y botellas de plástico, pero en los tipos encontrados también se incluyen agujas, redes de pesca, ropa interior, una pierna de yeso y una parrilla. 

Para ayudar al éxito de la limpieza de este año se contó con el apoyo de varios patrocinadores locales e internacionales. Virutex generosamente donó más de 1.000 bolsas de basura y más de 800 pares de guantes para los voluntarios. Patagonia y Chouinard Fletcher Designs contribuyó con camisetas para los voluntarios en las cinco sitios originales de limpieza, como también muchas empresas chilenas y de ONGs, incluyendo Limpiando Playas, Lafken Rootsurf Chile, SOS Surf, ChileSurf, Surfers Paradise, Olas Limpias, ChicasRiders, Emisora Radial Arenas Stocked, Municipalidad de Pelluhue, Cura3Puntas, Maule Wear, Centro Estetico Levinia Manfredini, NanoSurf, Municipalidad de Pichilemu, Curanipetur, Municipalidad de Cobquecura, Guru Contact, Fiscalía Del Medio Ambiente, Radio Ambrosio, AG Turismo Maule Sur, Muicipalidad de Juan Fernandez, Municipalidad de Constitucion, Municipalidad de Chanco, Municipalidad de Navidad, Los Robles NO, Valpo Surf Project, Surfotos.cl, Buchu's HostalyPizza ayudaron a difundir el evento a través de los medios de comunicación tradicionales y mediante las redes sociales. 

Al igual que en 2012, las limpiezas se planificaron inicialmente en cinco lugares emblemáticos relacionados con el surf en Chile: Pichilemu, Punta de Lobos, Loanco, Curanipe y Cobquecura. En 2013 las comunidades interesadas, particulares, clubes de surf, ONG’s, grupos juveniles y empresas privadas de todo Chile se unieron a la campaña, organizando 23 puntos adicionales liderando limpiezas en las ciudades costeras de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Con-Con, Quintero, Valparaíso, Horcón, Puertecillo, Iloca, Isla Robinson, Navidad, Constitución (2 sitios), Buchupureo, Pichicuy, Mariscadero, Puerto Saavedra, Burca, Purema, Mehuín y Carelmapu.

"Unidos Por Aguas Limpias es un movimiento que muestra cómo muchos chilenos se han comprometido a hacer frente al problema de los desechos marinos costeros de una manera activa y organizada predicando con el ejemplo. Debemos proponer soluciones nuevas y juntos tratar de entender cómo la sociedad en su conjunto enfrenta este desafío", dijo Rodrigo de la O, Director de Vigilante Costero Maule Itata. 

"Esperamos que el "Unidos por Aguas Limpias" continúe el próximo año, ampliado también para trabajar en los problemas de calidad del agua y la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. Una parte integral de la campaña seguirá siendo el énfasis en la gestión apropiada de los recursos naturales por las comunidades locales", dijo Gavin Comstock, Save the Waves Coalition, Gerente de Programa y Operaciones. 

Acerca de Save The Waves Coalition

Save The Waves Coalition es una organización ambiental sin fines de lucro dedicada a la protección y preservación del medio ambiente costero, con énfasis en la zona de rompientes (surf) y educar al público sobre su valor. Trabaja en Chile desde 2006. Save The Waves está orgulloso de continuar su relación con las personas y las comunidades costeras. 

Para más información por favor visitar http://www.savethewaves.org 

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Recuperar el agua y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.

Cristian Villarroel (Foto desde Fuente)

Fuente: El Ciudadano

El 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Agua. Este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”, luego del triunfo ciudadano que significó en 2010 alcanzar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.

Un tema que en el último tiempo en Chile, no deja a nadie indiferente.

Y es que las demandas sociales por el agua han irrumpido fuertemente en las agendas publicas, y debemos aspirar legítimamente a que se trasformen en prioridades políticas de nuestra sociedad, especialmente en una año electoral como este.

Los conflictos socio ambientales producidos por las dificultades de acceso al agua para consumo humano principalmente, van en un sostenido aumento en nuestro país, desnudando una realidad que por años distintas organizaciones ciudadanas hemos venido denunciando; como el modelo de asignación y gestión de las aguas -consagrado en Constitución de 1980 y el código de aguas del 81-, centrado en criterios de oferta y demanda, pone a este bien natural bajo una fuerte presión de mercado, negando el acceso al agua a miles de personas, y haciendo insostenible la vida humana en muchos territorios a lo largo de nuestro país, especialmente en las zonas donde el agua es más escasa.

Por solo mencionar algunos territorios donde las situaciones son muy críticas y se encuentran bien documentadas, podemos señalar: Caimanes, Petorca, Valle del Huasco, y en el último tiempo los proyectos mineros que destruirán glaciares en la cordillera central -reservas de agua de un valor incalculable-. No podemos dejar fuera tampoco los episodios de desabastecimiento que afectaron a cuatro millones de habitantes en la Región Metropolitana durante este verano, lo que permite vislumbrar una radiografía hídrica, que evidencia la fragilidad del sistema y la falta de gobernabilidad sobre un recurso estratégico, como lo es el agua.

Para intentar revertir esta situación, en el Congreso Nacional, entre los años 1992 y 2012, se han presentado nueve proyectos de reformas constitucionales en materia de aguas; ocho de ellas son mociones parlamentarias y un mensaje presidencial. Estas iniciativas de reforma, con excepción de una (en 1992, de los diputados Acuña y Gajardo, la que fue archivada) siguen vigentes: tres de ellas están actualmente en tramitación en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados.

Básicamente, todas estas mociones apuntan a derogar el Artículo 19, numeral 24 de la Constitución de 1980, con el objeto de reformar el régimen jurídico de propiedad de las aguas y recuperar el dominio público sobre ellas.

Recordemos que el Código de Aguas de 1981 ya fue reformado el año 2005, en virtud de un proyecto de ley presentado durante gobierno de Aylwin (en 1992). Dicha reforma tardó 13 años en concretarse y básicamente solo logró tres cambios de fondo: instauró el requerimiento de fundamentar las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas; estableció la obligación de determinar y mantener caudales hidrológicos mínimos en las cuencas para prevenir el desecamiento de los ríos; y estableció el pago de multas para aquellos poseedores de derechos de aprovechamiento de agua que los acaparan sin utilizarlos, una figura denominada pago por no uso -y que fue el único término aceptado por sectores de la oposición de la época, asesorados por Libertad & Desarrollo.

De prosperar alguna de las iniciativas que actualmente se encuentran en el Parlamento, se podría declarar el agua un bien nacional de uso público real, y no de manera tramposa como se indica actualmente en el papel, y que no tiene posibilidades de ser ejercido en la práctica.

Esta situación permitiría hacer viable la modernización de las políticas públicas en materia de agua y la gestión del territorio: estableciendo la prioridad del aprovechamiento para uso humano; establecer funciones y prioridades de uso de las aguas que el Estado debe garantizar; establecer caudales ecológicos (reales) y reservas de aguas con bases científicas; establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento; establecer la prohibición de conceder derechos dentro de áreas protegidas; establecer la obligación de las empresas mineras de declarar las aguas alumbradas y solicitar su aprovechamiento; establecer prioridades de acceso para las asociaciones de agua potable rural (APR) y eximir de pago de patentes a pequeños productores y comunidades agrícolas, así como a comunidades indígenas.

Sin duda que la falta de voluntad política, tanto de gobierno y oposición -con excepciones por supuesto-, ha mantenido esta situación en un statu quo que, sumado a la aprobación de proyectos hidroeléctricos en el centro sur del país, las expansiones mineras en el Norte, la usurpación de aguas en zonas, entre otros, constituyen la gota que rebalsa el vaso, permitiendo que la conflictividad social producida por la falta de agua en los territorios, se traduzca en el enfrentamientos de sectores productivos, y el despertar social y la legítima defensa de las comunidades que se sienten atropelladas en sus derechos fundamentales.

Como respuesta a la falta de acción política y cambios reales en materia de agua, las comunidades organizadas ya han anunciado un proceso mayor de organización dirigido a concretar la primera marcha nacional por el agua. Esta iniciativa esta convocada para el próximo 22 de abril (Día de la Tierra), donde dos columnas, desde el norte y el sur del país, arribarán a la capital para exigir a las autoridades y a la clase política cambios estructurales a las leyes de agua en Chile.

Como un aporte concreto en la búsqueda soluciones en esta materia, junto a un sector amplio de la sociedad civil, hemos intencionado desde hace dos años una agenda de trabajo técnico y político, convocando a un sector amplio de parlamentarios para tratar estos temas.

Como resultado de este proceso, en abril de 2012, se constituyó en el Congreso la Bancada Transversal del Agua, lo que en un primer momento buscaba informar “por un canal oficial” al parlamento sobre la gravedad de la situación hídrica del país, establecer un proceso de audiencias y denuncias públicas y fortalecer el seguimiento legislativo desde las organizaciones sociales en conjunto con algunos parlamentarios, a las reformas de agua existentes en el Congreso.

Como resultado de este proceso, el día 14 de agosto de 2012, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 70 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, la creación de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, como nueva comisión permanente de esta Cámara.

Este logro ciudadano y político, no ha estado exento de sacrificios por parte de las organizaciones sociales y gremiales que desde distintos puntos del país -con recursos propios y ad honorem- deben hacer grandes esfuerzos para trasladarse al Congreso.

En la práctica, reunir en una sola comisión los temas de agua, que comúnmente eran vistos en distintas comisiones -Obras Públicas; Constitución; Recurso Naturales; y Agricultura- contribuía a fragmentar y entorpece el análisis general sobre el tema. Además, esta nueva comisión contará con presupuesto propio para su trabajo técnico legislativo, pudiendo sesionar en regiones, abriendo procesos de investigación; citando a los afectados, especialistas y gremios entre otros.

Se hace necesario que la ciudadanía permanezca alerta y exija a esta comisión avances concretos y la materialización legítima de recuperar el agua, el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común que es propiedad de todas y todos.

Este esfuerzo, así como la Marcha Nacional por el Agua que se realizará el próximo 22 de abril, se alimenta de la convicción y comprensión colectiva, de saber que no se está luchando tan solo por un recurso natural que sustenta a uno u otro sector, si no por agua, base de la vida, el futuro y la subsistencia de las nuevas generaciones.

Por Cristian Villarroel Novoa

Coordinador Medio Ambiente, Agua y Ciudadanía

Programa Chile Sustentable

Derecha y política ambiental: los dichos y los hechos

Fuente: Cooperativa - Escrito por Sara Larraín

Una reciente columna de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez publicada en El Mercurio (http://www.elmercurio.com/blogs/2013/03/02/9708/la-centroderecha-y-las-politicas-ambientales.aspx) pontifica sobre las importantes medidas de protección ambiental que habría tomado el gobierno de Sebastián Piñera, y argumenta sobre el liderazgo ambiental de la centroderecha. Pero la mayoría de los logros que destaca la ministra, se caen fácilmente al chequear las fechas, el Diario Oficial y los medios de comunicación.

Sin caer en el juego maniqueísta que la Concertación es pro-ambiente y la derecha es anti-ambiente, los hechos muestran que la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417) que crea el Ministerio, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue creada y entró en vigencia en el gobierno anterior. Y que, al contrario de lo que se afirma, el actual gobierno demoró excesivamente su implementación.

Prueba de ello es que la primera acción de la actual ministra, el 15 de marzo de 2010, retiró de Contraloría los decretos con fuerza de ley (DFL) que ponían en operación el ministerio de Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Ese mismo día, Benítez dictó un instructivo, suspendiendo la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, el gobierno le quitó el carácter de “urgente” a la tramitación de los Tribunales Ambientales en el Senado. Todas acciones que atrasaron en un año la instalación de la nueva institucionalidad ambiental.

En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, el retraso fue mayor, postergándose su operación para finales de 2012, lo que significó un franco retroceso en la fiscalización ambiental que durante todo el gobierno volvió a los servicios y careció de coordinación. Peor aún, ello también retrasó la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, cuya conformación preliminar (pues solo partió el de Santiago) recién se concretó la primera semana de marzo, es decir, a escasos meses de las próximas elecciones presidenciales.

También hay que destacar que la institucionalidad ambiental existente tampoco funciona expeditamente.

Por ejemplo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ha reunido en escuálidas ocasiones, casi siempre a puertas cerradas y sin dar mayores explicaciones.Ha aprobado proyectos que habían sido rechazados por las regiones (como el caso de Punta Alcalde) y se resiste a pronunciarse sobre algunas reclamaciones, como el caso HidroAysén, donde completa casi 2 años sin el pronunciamiento al que está obligado.

Finalmente, con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el gobierno ingresó el proyecto respectivo a tramitación en el Congreso Nacional, pero careció de capacidad para responder a las múltiples falencias detectadas por los senadores y no llegó a consenso, por lo cual el proyecto lleva ya dos años de tramitación sin resultados.

Con respecto a la normativa de calidad del aire, la ministra adjudica al actual gobierno la norma para PM 2,5, la de artefactos de combustión a leña, la norma para termoeléctricas y la de refinerías.

Esta última es la única formulada durante su administración, ya que la realidad es que el gobierno del presidente Piñera retrasó la vigencia de la norma de material particulado fino (PM 2,5) a pesar de que en el anteproyecto publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior demostraba el ahorro de 33 mil millones de dólares por reducción de enfermedades respiratorias. Aunque se publicó en 2010, recién entró en vigencia el año pasado.

En el tema aire, el actual gobierno relajó el anteproyecto de norma de termoeléctricas, que había sido publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior, permitiendo mayores emisiones de dióxidos de azufre y dejando fuera límites para las descargas de metales pesados, mercurio, vanadio y níquel. Lo cual es un retroceso, pues dichos tóxicos sí están normados en la norma de incineración vigente.

La ministra también adjudica al actual gobierno la norma para artefactos de combustión a leña, pero la verdad es que la Ley para regular los calefactores había sido ingresada a tramitación por el gobierno pasado el 15 de julio de 2009 (Mensaje 6616/12) a la cual se le hizo pequeños cambios y reingresó un año después en agosto de 2010 (Mensaje 7141/08).

En lo que respecta a los Planes de Descontaminación por PM 10 y SO2 vigentes, estos fueron en su mayoría decretados entre 1992 y 2009, y entre ellos destaca el plan de descontaminación de la RM, la zona donde vive casi el 60% de la población del país, y que está al debe: fue reformulado el año 2009, pero no ha sido implementado completamente.

Además, hoy corresponde declarar a Santiago zona saturada para PM2.5 y elaborar nuevo plan de descontaminación. Algo similar ocurre en Temuco y otras ciudades del sur que no han sido decretadas zonas saturadas en PM2.5, además de Viña y la zona del Valle del Aconcagua.

En el ámbito de la contaminación atmosférica, además, el gobierno se ha negado a implementar el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2010-2020, que permitiría al país reducir la contaminación local y evitar la emisión de 14.501.609 toneladas de CO2 a la atmósfera, permitiendo a Chile ahorrar $970 mil millones de dólares (más de 300 veces lo que valen las nuevas líneas 3 y 6 del Metro).

Tampoco ha cumplido el programa de diversificación de matriz energética, para hacer más limpia la matriz eléctrica, al no respaldar la ley 20/20 (20% de ERNC al año 2020), a pesar de que está escrito en el programa presidencial de Piñera y que el Senado aprobó unánimemente una ley sobre la materia.

Finalmente, la ministra de Medioambiente adjudica a su gobierno la solución de los pasivos ambientales mineros por la dictación de la Ley de Cierre y Abandono de Faenas Mineras. La realidad es que dicho proyecto de ley también es obra del gobierno anterior, al cual el actual Ejecutivo hizo una indicación sustitutiva.

Pero dicho proyecto no remedia los pasivos ambientales mineros, sino que previene la creación de nuevos pasivos de las faenas aún en operación. La solución de los pasivos existentes solo será posible si el gobierno patrocina la Ley de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, presentado al gobierno por el senador José Antonio Gómez, pero que hasta el día de hoy el ministerio de Minería y el ministerio de Medioambiente se niegan a patrocinar.

En resumen, los hechos demuestran que la actual administración apretó fuerte el freno, y no el acelerador en políticas ambientales.

Esto evidencia que, a pesar de que la derecha tiene entre sus filas parlamentarios con una labor ambiental destacable, como el senador Antonio Horvath, su voluntad política en materia ambiental sigue centrada en intensificar la adjudicación del capital ambiental del país al sector privado, (litio, recursos pesqueros, agua y sanitarias, concesiones eléctricas, borde costero, el bosque, entre otros) más que en llevar adelante las políticas ambientales que requiere un desarrollo sustentable en Chile.

PROYECTO DE LEY DE FOMENTO FORESTAL DESPACHADO A SALA A PESAR DE OBSERVACIONES DE ORGANIZACIONES

Valparaíso - Más de medio centenar de organizaciones sociales, gremiales, ambientales, académicos, radiales, comunidades rurales y pueblos originarios, enviaron una carta a los diputados, al conocer el despacho del Proyecto de Ley que modifica y extiende por 20 años el Decreto Ley N° 701 sobre Fomento Forestal, por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. 

La iniciativa legal, que fue despachada este miércoles 12 de marzo, tuvo durante su discusión numerosas indicaciones y observaciones a fin de generar debate y mejorar el proyecto, las que fueron en su mayoría rechazadas.

En la misiva, las organizaciones solicitan que se rechace la idea de legislar, porque “el proyecto no ha tenido la debida participación ciudadana que permita formular una Ley de Fomento Forestal acorde al siglo XXI”. “El gobierno insiste en convencer a los honorables parlamentarios en promulgar un proyecto que mantiene las actuales desigualdades en los beneficiarios, la centralización de los recursos económicos en unas pocas empresas y la disminución de los índices de desarrollo humano en las localidades y comunas más pobres donde la industria forestal ha logrado desarrollarse desde 1974”, suscribe la misiva.

Las organizaciones también hacen sentir su molestia porque el proyecto no ha tenido la debida participación ciudadana, sobre todo en comunidades indígenas. En tanto, representantes de pueblos originarios recalcaron que no han sido consultados de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional; mientras que comunidades rurales pidieron que los futuros incentivos al manejo de bosque nativo y plantaciones forestales deben ser exclusivos y directos para pequeños y medianos propietarios, a objeto de potenciar y diversificar la economía rural local.

Manifestaron además que, de aprobarse el proyecto, se continuará con el impacto negativo en la cantidad y calidad de las aguas, en la pérdida de fertilidad del suelo, biodiversidad, y comunidades rurales que viven rodeados de plantaciones, con problemas en el abastecimiento de agua. Finalmente, llamaron a promover un espacio de reflexión para generar un proyecto de ley que contribuya a recuperar la salud ambiental y el equilibrio social que han sido impactados por las extensas plantaciones forestales, que ha traído consigo “el despoblamiento y migración de vastos sectores rurales y la sustitución y degradación del bosque nativo, cultura, actividades agrícolas, turísticas, pequeña actividad maderera y otras”.

VER CARTA AQUI