LAS PALABRAS EN LA PALABRA “AGUA” AGUA Y MAPUCHE, el Ngenko (2)

Texto propuesto por Fernando Viveros  Collyer

Inspirado en Rumián Lemuy, Comunidad Williche Kiyemtuain

y con la ayuda de Lore Prehn

¿Qué querrá decir “el agua es vital” para un mapuche antiguo o tradicional?

Hoy parece que todos entendemos por ello que estamos hechos de agua, que sin agua la sed, a la larga morimos –y que parecido le ocurre a casi todo ser viviente conocido-.

Parece que, aun sin quererlo, pensamos una relación instrumental con el agua, en una lógica inevitable de la necesidad. Debemos cuidar el agua para poder vivir… -aunque para muchos lo instrumental del agua va más allá: debemos cuidarla para aprovecharla, es un “recurso” económico como otros-.

Se trata de otra cosa, cuenta Rumián Lemuy.

En llegando no más a la orilla de un estero, pedir permiso para pasar. Una actitud de respeto preside el pedir permiso. En el agua del estero hay ante nosotros una especie de limitación.

Esa agua posee algo así como un espíritu muy concreto que la comunica conmigo; una cualidad donde nos conectamos, en cierto modo, como iguales. ¿Cómo se sabe esto?

Se sabe cuando yo puedo llegar al estero y solicitando su gracia beber el agua que corre. Esa agua está tan viva como yo, por eso la tomo con confianza. Por eso después de tomar agua el estero continúa vivo.

El estero no es un instrumento, un medio, una cosa que uso, porque en el estero también estoy yo. Si uso el agua y después el agua mata –porque queda contaminada-, quedamos separados, somos extraños. Estamos más solos en el mundo. El agua contaminada queda violenta.

LA CAMPAÑA DEL TERROR PARA PERPETUAR EL MODELO DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Pedro Maldonado - Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile

Desde julio, la opinión pública ha sido bombardeada por una campaña lanzada a través de los principales medios de prensa del país, destinada a difundir los resultados de un estudio realizado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) por un grupo “trasversal” de expertos. Al respecto, no sólo resulta discutible la transversalidad del grupo, sino también las bases en que se asienta el análisis realizado y las conclusiones que de él derivan.

Un elemento central de su argumentación es que “la operación eficiente del sistema requiere de grandes centrales generadoras que lo abastezcan en forma continua y a bajo costo”. Dicha premisa contiene algunas falacias o insuficiencias conceptuales destinadas a perpetuar un modelo que ha demostrado sus limitaciones, conduciendo a un sistema eléctrico vulnerable, dependiente del mercado internacional, sucio, carbonizado y de precios elevados. 

Los autores del informe ignoran la necesidad de reducir la vulnerabilidad y mala calidad del servicio eléctrico derivada de los megaproyectos y la urgencia de definir una estrategia de generación distribuida-- donde unidades generadoras más pequeñas, normalmente en base a energías renovables, se asocian directamente a los requerimientos locales: residenciales, de servicios y productivos. Esto circunscribe el efecto de eventuales fallas a la zona de influencia de la central, reduce las pérdidas de transmisión y distribución, disminuyendo la actual congestión de las líneas de transmisión.

Por otra parte, se confunde operación eficiente con el ingreso de centrales de menor costo de operación, ignorando las externalidades – sociales y ambientales - que presentan las centrales térmicas, particularmente las de carbón, estimadas, en este último caso en US$60/MWh. Por último, y vinculado a lo anterior, se suele confundir a la opinión pública  asimilando costos medios con precios, estos últimos determinados por la significativa presencia de unidades generadoras que consumen petróleo diesel (lo que explica los elevados precios actuales). Adicionalmente, se asume una visión estática de los costos de las distintas opciones energéticas, desconociendo que los costos de la generación basada en combustibles fósiles tienen una clara tendencia al alza, mientras que los basados en energías renovables, tienen una propensión significativa a la baja. De hecho, hoy muchas centrales ERNC son competitivas en Chile, ofreciendo precios inferiores a los resultantes de las últimas licitaciones de abastecimiento a las distribuidoras eléctricas o fijados como precios techo para las licitaciones llamadas recientemente (definido en US$ 130/MWh).

Se afirma en el informe que debido al retardo en la aprobación de los proyectos, el sistema enfrentará períodos de estrechez en que se deberá recurrir a opciones ineficientes y de costo elevado, sin reconocer que hace años que el país está viviendo esta situación. Al respecto se anuncia que, de mantenerse la situación actual, en el 2018 el precio de la energía alcanzará 130 US$/MWh comparándolo con un precio actual, no consistente con la realidad, de US$90/MWh, evaluando en US$ 2.000 millones lo que perderán los consumidores debido al mayor costo de la energía. Este argumento falaz pretende lanzar a los consumidores contra las organizaciones ciudadanas.

Al referirse al retraso y judicialización de los proyectos, se omite comentar las limitaciones de la institucionalidad ambiental, brevemente: i) línea base definida por consultores contratados por la empresa responsable del proyecto, ii) reducidos recursos destinados a desarrollar la línea base, iii) falta de canales efectivos de participación informada y vinculante, desde las primeras etapas del proyecto, iv) institucionalidad pasada a llevar por la autoridad, v) no respeto del convenio 169 de la OIT y vi) la desprotección de las áreas silvestres protegidas.

Parte de sus propuestas, además, se basan en la eventualidad de disponer de gas natural de bajo precio, lo que supone adquirir shale gas desde Estados Unidos, sin tener en cuenta que no es evidente que ese país exporte dicho gas y/o que los precios se fijen en función de los costos de producción, situación que no corresponde con la conducta del mercado mundial de combustibles.

En relación a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), el informe les concede una participación de 10% en el año 2020, olvidando que entre enero y mayo de 2013, el total de los retiros de ERNC de los generadores llegó al 7,1% superando el cumplimiento de los contratos de suministro establecido por la Ley 20.257 en más de 2% (Es más, el 16 de junio, dicho aporte alcanzó a 7,95%) Los expertos contratados por la CPC cuestionan una mayor proporción de ERNC, ya que según ellos habría que disponer de una mayor capacidad en centrales de base (térmicas y de embalse) y un desarrollo importante de la transmisión para respaldar el carácter intermitente y el bajo factor de planta de las ERNC. Ello supone desconocer, por una parte, que las redes de transmisión ya están congestionadas, explicando los mayores precios de la electricidad en ciertas zonas, y por la otra, la capacidad de manejo de los Centros de Despacho Económico de Carga en casos de intermitencia pronunciada y, finalmente, las opciones técnicas de almacenamiento.

Este sesgo anti-ERNC lleva a los autores a no incorporar a estas fuentes en las futuras licitaciones destinadas a abastecer las empresas distribuidoras. Por el contrario demandan que se contemple la participación, en dicho proceso, de centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel. Dada la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, se sugiere que las licitaciones se indexen al precio spot, de manera de eliminar los riesgos para las empresas, transmitiéndolos  a los usuarios.

Ante esta arremetida por perpetuar el modelo, existe una respuesta sustentable a los problemas que aquejan al sistema eléctrico chileno. Se trata de la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” realizada por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), que apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico: incluyendo condiciones de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia, ya que el futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, en detrimento del interés común, del medioambiente y de la ciudadanía.

Convocatoria a firmar contra ley forestal

No a la Ley de Fomento Forestal

Actualmente se encuentra en el Senado la Ley de Fomento Forestal. Se trata de una adecuación al decreto 701 que desde 1974 (con modificaciones durante la Concertación) subsidia las plantaciones de monocultivos forestales exógenos (pino y eucalipto). Se pretende prorrogarlo por 20 años más, con el objetivo de seguir incorporando medianos y pequeños propietarios rurales al negocio de las plantaciones forestales para la producción de celulosa y productos madereros por parte de las grandes compañías Arauco y CMPC, cuyas filiales Forestal Arauco y Forestal Mininco son dueñas de casi 2 millones de hectáreas en Chile, la mayoría ubicadas en el territorio ancestral mapuche.

El proyecto de ley se está llevando a cabo sin una consulta indígena adecuada, como debiera hacerse en virtud del Convenio 169 de la OIT, para toda norma que afecte a los pueblos indígenas y su territorio. En su informe del proceso de consulta, Conaf da cuenta de cómo en la Región del BíoBío el 76% de las organizaciones indígenas no participaron del proceso. En la Región de La Araucanía se restaron las organizaciones de Nueva Imperial, Padre Las Casas, Chol Chol, Los Sauces y Lumaco, planteando que no participarían en ningún proceso de consulta mientras no se derogue el Decreto 124, que es el mecanismo actual para conducir las consultas. En la Región de Los Ríos se restaron todas las organizaciones y por tanto en el informe ni siquiera se registran comentarios, y en la Región de Los Lagos la Gobernación decidió no realizar proceso de consulta sino solamente de difusión sobre el proyecto.
El proyecto además se está llevando adelante en el parlamento sin una evaluación ambiental, social, y cultural de 40 años de aplicación del fomento a las plantaciones de monocultivos exógenos.
Existe un amplio rechazo de las comunidades indígenas a la plantación de pino y eucalipto, pero por otro lado las mismas familias y comunidades se ven  tensionadas porque se trata de una fuente de ingresos muy rentable, aún a sabiendas del grave daño ambiental que se produce eliminando la biodiversidad en la que la cultura mapuche tiene sustento. En definitiva, son muchos los que se sienten forzados por la pobreza y la falta de fomento a otros modos de utilización del territorio, a plantarlo de pino y eucalipto.
Tras 40 años de aplicación del fomento forestal como modelo de desarrollo para el territorio mapuche, las comunas con mayor porcentaje de su territorio plantado con pino y eucalipto son las más pobres (debido al poco empleo que se requiere), las con mayor emigración, y las con mayor índice de conflictividad ligada a la demanda territorial mapuche.
Es por esto que queremos pedir al parlamento que no se apruebe un fomento económico a las plantaciones de pino y eucalipto mientras:
- No exista un procedimiento de consulta aceptado por las comunidades mapuche y acorde a las directrices que dio al Gobierno de Chile el Relator ONU James Anaya.

- No se haya realizado un estudio acabado de las consecuencias ambientales, sociales y culturales del fomento forestal en los últimos 40 años. Tal estudio debe realizarse por un organismo independiente que dé confianza a las organizaciones mapuche.

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CCTP denuncia “campaña del terror” de generadoras eléctricas para perpetuar actual modelo energético

*Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y megaproyectos hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que podrían entregar las energías renovables no convencionales.

*Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico para los próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el gobierno para imponer su agenda energética en el Congreso. 

La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) rechazó públicamente la “campaña del terror” que se ha iniciado desde el sector eléctrico generador, tomando como base el  reciente informe elaborado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), denominado “Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el SIC”. 

En opinión del organismo dicho informe, realizado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman, desconoce las deficiencias del modelo del desarrollo eléctrico implantado en el país a partir del año 1982 y culpa de los altos costos y de la limitada confiabilidad del sistema a la judicialización de los proyectos energéticos, resultante de la masiva oposición de las comunidades y los movimientos ciudadanos a dichos emprendimientos.

La CCTP cuestionó estos argumentos, esgrimidos por profesionales que han sido tanto gestores como partícipes del modelo eléctrico vigente, porque no reconocen que el alto precio de la electricidad que pagan tanto empresas como clientes residenciales se debe a un mercado eléctrico concentrado en  tres grandes empresas, un modelo marginalista que privilegia las energía más caras, y que además está sustentado en combustibles fósiles importados y contaminantes. 

Esta situación ya fue evidenciada en 2011 por un conjunto de 40 líderes sociales, técnicos, académicos y del ámbito legislativo, quienes formaron la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para la Matriz y el Desarrollo Eléctrico, en el contexto de las grandes protestas sociales ocurridas en Chile luego de la aprobación de proyectos de generación eléctrica de alto impacto, y como respuesta a la consolidación de un sistema eléctrico caro, contaminante, concentrado, vulnerable y dependiente de factores externos. 

STATU QUO VERSUS PROPUESTA CCTP 

El informe de la Confederación de la Producción y el Comercio presupone un escenario de estrechez energética que pondría en riesgo el desarrollo y crecimiento del país, criticando una supuesta dificultad para echar a andar proyectos ya aprobados, debido a judicialización y oposición ciudadana. 

El informe considera el período 2013-2020, pidiendo --a raíz de la licitación de bloques de energía por parte de las empresas distribuidoras que se efectuará a fines de este año-- que se establezcan condiciones para que puedan participar en dicho proceso centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel, manifestándose a favor de los megaproyectos hidroeléctricos, por su bajo costo operacional. 

A juicio de la CCTP este informe desconoce el aporte real y creciente de las ERNC y la eficiencia energética (EE), pasando por alto los impactos ambientales de las mega-represas. Sin mencionar además que aunque la hidroenergía se obtiene a bajo costo porque su principal insumo se obtiene  gratis (gracias a los derechos de agua otorgados en los años 80-90), el recurso hídrico se paga a precio diesel debido al sistema marginalista imperante. 

Por ende, no es cierto que proyectos como HidroAysén bajarían los precios finales de dicha electricidad. 

En esa misma senda, en el estudio no existe ningún juicio crítico al sistema eléctrico actual sino que solamente “prepara la cancha” para una licitación eléctrica de 11 años, en vez de los 4 regulares, empleando lo que la CCTP califica como “argumentos del terror”: la falacia de un apagón inminente por la falta de proyectos, que impactaría el crecimiento de país junto con supuestos altos costos  e inseguridad de suministro de las ERNC. 

Tampoco considera la posibilidad de una interconexión SIC-SING --que permitiría usar los excedentes energéticos del norte grande hacia las regiones II y IV sin necesidad de construir nuevos proyectos --ni se hace cargo de las externalidades ambientales y sociales negativas de los combustibles fósiles tradicionales. 

En cambio, la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico; incluyendo condiciones de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia. 

Hasta la fecha, los evidentes problemas del funcionamiento del sistema eléctrico han sido enfrentados por la autoridad mediante las llamadas leyes cortas que aportan paliativos parciales e insuficientes a un modelo de desarrollo que requiere de  cambios estructurales. 

A juicio de los integrantes de la CCTP, Chile necesita una política activa del Estado, respaldada por una participación ciudadana informada y vinculante, y orientada al bienestar de la población, el cuidado del territorio y la sustentabilidad del desarrollo. El futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, su lobby, y sectores políticos que en el Parlamento favorecen a las empresas, por sobre el interés común y la ciudadanía. 

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