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jueves, 30 de julio de 2015

DL 701: La maniobra política encubierta que amenaza el desarrollo de territorios rurales

Fuente: El Ciudadano 
Bachelet ordenó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados tramitar con urgencia el proyecto que busca la extensión del Decreto Ley Nº 701, el que favorece el subsidio a las plantaciones forestales de especies exóticas. El proyecto hoy se encuentra para votación en la Comisión de Hacienda, para luego ser votado en la sala de la Cámara, antes de pasar al Senado.
Esta acumulación de riqueza de grupos que a su vez han sido beneficiarios directos a lo largo de 40 años de subsidios estatales, hace al menos cuestionable la decisión del gobierno de continuar apoyando al sector forestal por medio de subsidios estatales (con impuestos de toda la población chilena) para su desarrollo.
La economía neoliberal promovida por el Estado chileno, la cual se centra en la apropiación de territorios para la promoción y multiplicación del capital, como bien lo detalla David Harvey en su “Breve Historia del Neoliberalismo” (2007), ha actuado permanentemente por medio de legislaciones que son funcionales a la lógica del DL 701, es decir, subsidios a la inversión privada buscando una “externalidad positiva” para la población. Sin embargo, este tipo de políticas ha permitido que aquellos territorios “beneficiados” por la inversión vean alteradas sus propias dinámicas territoriales (productivas, sociales, recreacionales, ecológicas, entre otras).
Es en este contexto que académicos de la Universidad Austral de Chile (1) han manifestado su preocupación por los impactos ambientales y sociales que el fomento a las plantaciones forestales ha generado.
Entre los impactos más destacados se mencionan: 1) la pérdida en la provisión de agua de calidad en sectores donde se sitúan las plantaciones; 2) la disminución de la biodiversidad en zonas donde existen grandes extensiones de plantación; y 3) la fragmentación y sustitución de especias nativas por exóticas, generando una importante disminución del valor para la conservación de la biodiversidad.
Son estos impactos el mayor reflejo de una intencionada mercantilización de los recursos naturales del país, por medio de políticas y programas estatales. Es así como se ha fomentado el asentamiento de industrias (capital) en los territorios, permitiendo al sector empresarial forestal capturar dichos territorios, donde la población local pasa a ser la principal afectada con la promesa incumplida de la llegada de la tecnología, nuevas oportunidades laborales y un mayor crecimiento económico local.
Así, es justamente en estos territorios donde se han presentado condiciones de características socio-económicas contrarias a lo que podrían ser “polos de desarrollo”, a saber: 1) mayores índices de migración rural-urbana, 2) establecimiento de empleos precarios, 3) altos índices de pobreza en comparación con el resto del país, 4) pérdida de la diversificación de la matriz productiva (menor agricultura, por ejemplo), 5) entre otras.
Estas dinámicas, para ser resueltas, requieren de un sector forestal más sustentable e integrado a las diferentes realidades presentes en los territorios, a partir de una institucionalidad pública que resguarde el interés de todas y todos los chilenos, velando por una gestión sustentable de sus recursos naturales, con respeto y consideración de las distintas visiones sobre el sector, consultando a los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, y promoviendo el encuentro entre los diversos actores territoriales.
Hoy en día el país se encuentra en quizás el periodo político más complejo luego del regreso a la democracia. Fuertes presiones de los grupos de poder sobre las denominadas “amenazas reformistas” ponen al gobierno en la necesidad de re-establecer un orden económico que ha beneficiado, en demasiadas ocasiones, a unos pocos (por ejemplo en el caso del sector forestal). En este escenario es donde la urgencia por la aprobación del DL 701 se está presentando, con la promesa de una reactivación económica y la llegada de las anheladas inversiones que supuestamente reactivarían una dañada economía.
En este contexto, se hace más necesario que nunca estar atentos y ser activos participantes de la discusión y difusión de proyectos como el de extensión del DL 701. Nuestra preocupación debe ser el resguardo de nuestros territorios y nuestras culturas, instalando el debate al más alto nivel. El sector forestal es importante, pero requiere de un cambio relevante en el modelo gestión de sus recursos naturales. Los esfuerzos deben centrarse en políticas que promuevan el fomento forestal en todas sus áreas (bosque nativo, plantaciones, conservación y fomento), de forma participativa, sustentable y que permitan un mejor entendimiento de las dinámicas territoriales como esenciales en la relación sociedad naturaleza.
Es ahora el momento en que nuestra definición como agentes políticos debe jugar un rol preponderante, sentando las bases de una nueva sociedad justa, ecológica y democrática.
Por Raúl Contreras D., Ingeniero Agrónomo.
[1] http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=84582

lunes, 31 de marzo de 2014

Incendios y ampliación de Celulosa Arauco: El gran negocio que destruye la región.

Fuente: Resumen.cl
El verano se inició con intensos incendios forestales que, según CONAF, aumentaron en un 70% respecto a la temporada anterior, concentrándose desde la Región Metropolitana a Nueva Imperial (al sur de Temuco), pasando por Constitución, Punta de Parra, Concepción, Florida, Angol y otras localidades. Exceptuando lo ocurrido en la capital, el resto de casos tiene como escenario las plantaciones forestales.
Incendios forestales, escasez hídrica y negligencia
Los causantes de un incendio forestal pueden ser múltiples, no obstante la peligrosidad que alcancen depende de las condiciones ambientales existentes. Las últimas décadas han estado marcadas por un alarmante deterioro de éstas. Una expresión de ello ha sido la pérdida del bosque en la sustitución por plantaciones forestales. En la región del Bío Bío se ha desmontado un 80% del bosque nativo y en otras regiones ha habido un fenómeno similar. Una de sus repercusiones es la pérdida de humedad y la escasez de agua.
El agua, además de provocar humedad en el ambiente, regula su temperatura. Por ello en los bosques es mucho más difícil que ocurran incendios. Aquí, la lluvia cae y es interceptada por las ramas de los árboles, conduciéndose lentamente por su tronco hasta llegar al suelo, también lo puede impactar directamente. El ingreso del agua al subsuelo es producto de la acción de lombrices e insectos, que contribuyen en la formación del suelo, cumpliendo la función de una esponja. El agua tiende a drenarse hacia lo que se conoce como la capa freática, donde ésta sigue su tránsito hacia los cursos de agua, como arroyos y ríos. Este ciclo es lento y constante, permitiendo el aprovisionamiento hídrico contínuo, incluso en periodos en que no hay lluvia.
En un monocultivo forestal, esto no ocurre, principalmente por que todos los árboles han sido plantados simultáneamente, en razón de 1600 por hectárea, y operan como verdaderas bombas que extraen agua para su crecimiento, a diferencia de un bosque dónde se encuentran árboles de distinta especie y edad. Por otra parte, para aumentar la rentabilidad, un manejo forestal debe eliminar toda vegetación que represente una competencia de nutrientes y agua a los árboles del monocultivo, perdiéndose el sotobosque y los seres vivos que podrían aportar en la formación de suelo. El agua de la lluvia, se encuentra con un terreno duro y no se absorbe, escurriendo y evaporándose.
Además de la sequedad, debe reconocerse la combustionabilidad, particularmente de las plantaciones de pino, contenedores de trementina, compuesto inflamable y propagador del fuego.
La escasez hídrica se ha agravado, llegando a presionar a los habitantes de zonas rurales a abandonar sus terrenos y/o plantarlos con los árboles de rápido crecimiento, aumentando la masa de arbórea que provoca los efectos mencionados.
La profundización de la pobreza de las comunidades, posterior a un incendio, está marcada por la estrategia del empresariado forestal y el Estado, consistente en convertir los terrenos de pequeños propietarios en plantaciones forestales y así  liberar a las empresas de los riesgos que implica el monocultivo forestal. Cuando el fuego abraza estas plantaciones, todas las expectativas económicas, generadas por instituciones como CONAF o INDAP, terminan en cenizas.
Los incendios también develaron la nula regulación sobre las plantaciones, en diversos aspectos:
-La inexistencia de cortafuegos que en países como Canadá son de 1.6 kilómetros de ancho y aquí los confunden con las vías de saca (caminos para sacar los troncos talados en camiones).
-Las plantaciones han cubierto también los cursos de agua. Luego del gran incendio de Llico, Rumena y Punta Lavapié a fin de año, los habitantes de la última localidad estuvieron sin suministro de agua potable por un mes y medio, a causa de la inutilización de la toma de agua que los aprovisionaba, instalada en una quebrada. En todo ese tiempo, recibieron agua por camiones aljibe, costeados con recursos municipales.
-No hay un margen de distancia entre las plantaciones y las viviendas. Esto llegó a poner en riesgo un barrio completo en caleta Llico, donde algunos vecinos damnificados por el maremoto habían recibido viviendas al pie de un cerro cubierto de pinos que se quemaron. En nuestra región y en otras, cientos de barrios colindan con estos monocultivos sin que haya ningún control sobre ello.
Ampliación de Celulosa Arauco: Más consumo de agua y contaminación.
En este escenario, la industria forestal avanzó en su expansión mediante la aprobación del proyecto de Modernización y Ampliación de Planta de Celulosa Arauco (MAPA). Este proyecto contempla la construcción de nuevas instalaciones que aumentarán la producción de las actuales 790.000 toneladas anuales, hasta las 2.100.000 a partir del 2015, cuando estiman iniciar su funcionamiento.
La renovada planta será una de las mayores fábricas de celulosa de América Latina y la mayor en Chile. Este aumento en la producción repercutirá en el área que la circunda, generando las consecuencias propias de sus procesos.
Aumentará el consumo de agua. Según el informe que Celulosa Arauco presentó al Servicio de Evaluación Ambiental, continuará captando agua del río Carampangue. Cuando la ampliación esté funcionando tendrá un consumo promedio de 2.2m3/segundo, o sea de 2.200 litros por segundo equivalentes a 190.080.000 de litros al día. Si se considera que la Superintendencia de Servicios Sanitarios reporta un consumo medio de 117 litros de agua por habitante, en el territorio correspondiente a la distribución de Essbio, se puede establecer que el consumo diario de agua de esta industria, será mayor que la de los habitantes de la provincia de Arauco y Concepción juntas.
Otro efecto lo constituyen las emanaciones de dioxinas y otras sustancias tóxicas. Las dioxinas, por ejemplo, son compuestos químicos surgidos a partir de la combustión del cloro junto a materia orgánica, son bioacumulables y persistentes, absorbidos en los tejidos grasos de los seres vivos y transfiriéndose a través de la cadena alimenticia, llegando en muchas ocasiones al ser humano. Esta contaminación será constante y sus resultados podrán apreciarse cuando los seres vivos que viven a su alrededor presenten altas concentraciones de dioxinas en sus organismos.
Hasta el momento, en Chile y el mundo han ocurrido severos desastres ligados a la emisión de desechos propios de estas plantas. Particularmente en la Celulosa Arauco, han ocurrido derrames de trementina y otros compuestos, ocasionando manchas en el mar, intoxicaciones por inhalación en los habitantes, incluso de Lota, como fue en agosto de 2004. También ha habido otros menos difundidos, pues sólo han afectado a pescadores y mariscadores de Laraquete (caleta contigua a la planta), provocando la muerte los mariscos y el despoblamiento íctico de las zonas receptoras de las descargas.
La empresa promete una menor contaminación debido al no uso de cloro elemental, no obstante usará dióxido de cloro y otras sustancias como soda cáustica. Sus procesos y su rentabilidad lo exigen.
Falso desarrollo y falsas necesidades
En su presentación, Celulosa Arauco afirma la provisión, en promedio, de 4500 puestos de trabajo en su construcción y de 1000 durante su operación y que "espera que el Proyecto sea un aporte al desarrollo económico y sustentable de la comuna". 
Parece extraño, en realidad mentiroso. La experiencia de la comunidad aledaña a la celulosa Nueva Aldea, en Ránquil, Coelemu y Cobquecura, ha sido más compleja que lo expuesto en su propaganda. En primer lugar, los trabajadores locales que intervinieron en su construcción, sólo lo hicieron por ese periodo, pues desde su entrada en marcha se ha requerido mano de obra, momentánea, reducida y con una especialización no presentada por éstos. Por otra parte, la comunidad ha visto como la agricultura de subsistencia, la recolección de mariscos y la pesca antes practicadas, ahora constituyen un riesgo sanitario, a causa de la contaminación. 
Desde hace mucho tiempo, la zona del valle del Itata se postulaba como un polo de atracción turística. Sin embargo, el 2007, a un año de su inauguración, el alcalde cobquecurano declaraba a la prensa que "ya estamos viendo que hay gente que no está comprando tierra. Antes, el metro cuadrado se llegó a vender a 20 mil pesos, hoy cuesta 10 ó 12 mil... Creo que está íntimamente relacionado con el impacto de la planta”.
El Estado no monitorea. En el momento en que se permitió su instalación, las autoridades sabían qué estaban aprobando, pero las prioridades fueron claras. La empresa se ha dormido en los laureles, constantemente buscan revertir la negativa percepción de la comunidad, aprovechándose de la pobreza material y cultural imperante. Este es un relato de lo ocurrido luego de un derrame de residuos líquidos en la boca del río Itata el 14 de noviembre de 2013 de parte del encargado del programa Vigilante Costero, Rodrigo de la O.
"Al menos dos hectáreas completamente anegadas fueron afectadas con los RILES de la planta de celulosa Nueva Aldea que emanaban a borbotones como un geiser... al costado de una de las cámaras del ducto sobre terrenos recientemente labrados para la siembra agrícola. Bomberos declaraba emergencia química, cambiando al rato y señalando que por “mail” se les había informado que los “líquidos eran inocuos”. No alcanzaba a terminar de hablar el comandante cuando una vecina hace notar que éste figuraba con una chaqueta muy bonita con la imagen corporativa de la empresa responsable del daño ambiental (Arauco). Luego, un ejecutivo de la empresa, de hablar monótono y alertagador, señalaba a modo de defensa, que los vínculos con la comunidad eran permanentes para contribuir y bomberos siempre recibía ayuda con el ya clásico discurso de la responsabilidad social empresarial..."
El líquido amarillo que emanaba del ducto era tan pestilente que obligó a los lugareños a colocarse mascarillas y el municipio debió proveerles el agua potable, previniendo los efectos del derrame en las napas subterráneas.
Los desastres ambientales y la pauperización provocada por la industria forestal deja antecedentes para elaborar un extenso prontuario criminal. La gravedad de ello es que permanece impune y el Estado otorga garantías para seguir abultándolo.
El llamado primer mundo no está dispuesto a soportar los efectos de la industria de celulosa, pues ello implica tener plantaciones forestales que secan y erosionan los suelos, además de los efectos que hemos visto. La deslocalización de la industria forestal ha sido abrupta, en 20 años, la fabricación de celulosa se ha concentrado en los países del sur. Entre los años 1990 y 2000, Chile cuadruplicó el volumen de exportación de celulosa y en la última década se ha seguido aumentando la capacidad de elaboración. Sus condiciones son paradisíacas para este empresariado. La inexistencia de controles ambientales, mínimas garantías laborales y la entrega de subsidios a la plantación forestal, por parte del Estado, son la base la riqueza de compañías como CMPC y Arauco, permitiéndoles ampliar sus negocios a Uruguay, Argentina, Perú y Brasil.
Quienes usufructúan de este negocio, argumentan que la producción de celulosa es absolutamente necesaria. Mientras más, mejor, pues su fin es la fabricación de papel, identificada inmediatamente con la educación y la cultura. La publicidad de estas compañías oculta los usos que recibe el papel. El investigador Ricardo Carrere afirmó que "en 1991, más del 40% de la producción de papel fue utilizado para embalaje y envoltura, 13% para papel de periódico y menos del 30% para impresión y escritura". Podemos agregar que una importante proporción de estos usos están destinados a publicidad, es decir, material desechable, complemente prescindible y que sólo tiene justificación en una cultura donde predomina el valor asignado por el mercado a las cosas, antes que el valor otorgado por las personas en función de sus necesidades.
No existen argumentos para negar el empobrecimiento dejado por el negocio forestal, pero si lacayos dispuestos a defenderlo desde sus instituciones. La reciente aprobación del proyecto MAPA es nuevo golpe para la comunidad local, su salud y su economía. Esta situación que pereciera un destino ineluctable, se muestra blindada sólo en medio del silencio y la inacción de la comunidad, está en sus manos decir y hacer lo contrario.

Publicado en Resumen nº53. Disponible en Kioscos.

lunes, 12 de agosto de 2013

Convocatoria a firmar contra ley forestal

No a la Ley de Fomento Forestal
Actualmente se encuentra en el Senado la Ley de Fomento Forestal. Se trata de una adecuación al decreto 701 que desde 1974 (con modificaciones durante la Concertación) subsidia las plantaciones de monocultivos forestales exógenos (pino y eucalipto). Se pretende prorrogarlo por 20 años más, con el objetivo de seguir incorporando medianos y pequeños propietarios rurales al negocio de las plantaciones forestales para la producción de celulosa y productos madereros por parte de las grandes compañías Arauco y CMPC, cuyas filiales Forestal Arauco y Forestal Mininco son dueñas de casi 2 millones de hectáreas en Chile, la mayoría ubicadas en el territorio ancestral mapuche.
El proyecto de ley se está llevando a cabo sin una consulta indígena adecuada, como debiera hacerse en virtud del Convenio 169 de la OIT, para toda norma que afecte a los pueblos indígenas y su territorio. En su informe del proceso de consulta, Conaf da cuenta de cómo en la Región del BíoBío el 76% de las organizaciones indígenas no participaron del proceso. En la Región de La Araucanía se restaron las organizaciones de Nueva Imperial, Padre Las Casas, Chol Chol, Los Sauces y Lumaco, planteando que no participarían en ningún proceso de consulta mientras no se derogue el Decreto 124, que es el mecanismo actual para conducir las consultas. En la Región de Los Ríos se restaron todas las organizaciones y por tanto en el informe ni siquiera se registran comentarios, y en la Región de Los Lagos la Gobernación decidió no realizar proceso de consulta sino solamente de difusión sobre el proyecto.
El proyecto además se está llevando adelante en el parlamento sin una evaluación ambiental, social, y cultural de 40 años de aplicación del fomento a las plantaciones de monocultivos exógenos.
Existe un amplio rechazo de las comunidades indígenas a la plantación de pino y eucalipto, pero por otro lado las mismas familias y comunidades se ven  tensionadas porque se trata de una fuente de ingresos muy rentable, aún a sabiendas del grave daño ambiental que se produce eliminando la biodiversidad en la que la cultura mapuche tiene sustento. En definitiva, son muchos los que se sienten forzados por la pobreza y la falta de fomento a otros modos de utilización del territorio, a plantarlo de pino y eucalipto.
Tras 40 años de aplicación del fomento forestal como modelo de desarrollo para el territorio mapuche, las comunas con mayor porcentaje de su territorio plantado con pino y eucalipto son las más pobres (debido al poco empleo que se requiere), las con mayor emigración, y las con mayor índice de conflictividad ligada a la demanda territorial mapuche.
Es por esto que queremos pedir al parlamento que no se apruebe un fomento económico a las plantaciones de pino y eucalipto mientras:
- No exista un procedimiento de consulta aceptado por las comunidades mapuche y acorde a las directrices que dio al Gobierno de Chile el Relator ONU James Anaya.
- No se haya realizado un estudio acabado de las consecuencias ambientales, sociales y culturales del fomento forestal en los últimos 40 años. Tal estudio debe realizarse por un organismo independiente que dé confianza a las organizaciones mapuche.

martes, 4 de junio de 2013

CARTA ABIERTA A SENADORAS Y SENADORES DE LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA Y EXTIENDE EN 20 AÑOS EL D.L. N° 701

HONORABLE SENADOR(A)
SENADO
REPUBLICA DE CHILE
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Junto con saludarla(lo), y por intermedio de la presente carta, representantes de comunidades rurales y pueblos originarios, organizaciones gremiales, ambientales y académicos abajo firmantes, nos dirigimos a usted para solicitar respetuosamente que rechace la idea de legislar sobre el Proyecto de Ley que modifica y extiende por 20 años el D.L. N° 701 de 1974 (boletín N° 8603-01) y que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Honorable Senado.
El proyecto ingresó al Honorable Congreso Nacional el 02 de octubre de 2012. Durante su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, no se generó la reflexión ni el debate necesario para contar con una Ley de Fomento Forestal acorde al siglo XXI. A principios de abril del 2013 se inicio el segundo trámite legislativo en el Senado, por lo cual  la Comisión de Agricultura le toco revisar este proyecto, y si bien es cierto que en esta instancia, existió la voluntad a escuchar los distintos planteamientos provenientes de distintos sectores, esto se realizo en un espacio acotado de tiempo y por ende tampoco se dio el tiempo para una adecuada reflexión.
El texto legal sometido a tramitación legislativa para extender el D.L N° 701, por 20 años, presenta numerosas falencias tanto de forma como de fondo, las cuales han sido explicitadas por las organizaciones y comunidades y que van desde el incumplimiento de la Consulta Previa, que no existe una evaluación social ambiental y económica de la aplicación de este decreto durante casi 40 años, y hasta que Chile no cuenta con una institucionalidad forestal publica que pueda administrar esta nueva ley.
Sin embargo, el gobierno insiste en convencer a los honorables parlamentarios en promulgar un proyecto que mantiene las actuales desigualdades en los beneficiarios, la centralización de los recursos económicos en unas pocas empresas y la disminución de los índices de desarrollo humano en las localidades y comunas más pobres donde la industria forestal ha logrado desarrollarse desde 1974. De mantenerse esta ley, consideramos que se seguirá impulsando el establecimiento de monocultivos forestales exóticos y la industria forestal, porque el proyecto permite que terceros puedan cofinanciar al beneficiario, como también que el beneficiario de las bonificaciones contempladas en la ley pueda transferirse a terceros mediante instrumento público o privado autorizado ante notario. Además, se continuará con el impacto negativo en la cantidad y calidad de las aguas, en la pérdida de fertilidad del suelo, biodiversidad, y la cultura y el territorio de las comunidades rurales y pueblos originarios que actualmente viven rodeados de plantaciones, trayendo consigo problemas para el abastecimiento de agua para sus actividades productivas y consumo humano. Este proyecto no acoge en la ley normas de protección ambiental, no realiza un cambio sustancial a la gestión o modernización de los planes de manejo, no establece una asistencia directa y permanente a pequeños propietarios forestales y no tiene relación con los principios y fundamentos del mensaje presidencial del proyecto respecto a disminuir la desertificación, regular la disponibilidad de recursos hídricos protegiendo las cuencas y cauces, y aportando a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Al mismo tiempo, organizaciones de pueblos originarios insisten en que no han sido consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional, señalando que no existió consulta previa y que no hay balance socio-ambiental, ni restitución se sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena. Por otro lado, representantes de comunidades rurales e indígenas han declarado que los futuros incentivos al manejo de bosque nativo y plantaciones forestales deben ser exclusivos y directos para pequeños y medianos propietarios forestales a fin de potenciar y diversificar la economía rural local, con énfasis en las especies nativas; y no a través de fondos concursables, instrumento utilizado en la ley de bosque nativo con un bajísimo impacto. Cabe señalar, que hay comunidades indígenas que reclaman que el proyecto que fue presentado en el Congreso, no es el mismo documento que les fue informado en los talleres de información.
Finalmente, un nuevo D.L N° 701  depende de la existencia de un Servicio Nacional Forestal (CONAF pública), debido a que el Tribunal Constitucional (con fecha 2 de Julio del 2008), exhorta al Presidente de la República a que “regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del decreto supremo a que se refiere el artículo 19 de la ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado”.
Por lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra solicitud de no legislar sobre el actual proyecto, y promover el espacio de reflexión con tal de generar un instrumento que represente verdaderamente los intereses de los pequeños y medianos propietarios forestales, con especial énfasis en la recuperación y protección del suelo y el agua. Contribuiremos así a recuperar la salud ambiental y el equilibrio social que han sido impactados por el despoblamiento y migración de vastos sectores rurales y la sustitución y degradación del bosque nativo, cultura, actividades agrícolas, turísticas, pequeña actividad maderera y  otras.


Esperando una buena acogida, saluda atentamente,

LISTA DE COMUNIDADES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE SUSCRIBEN:
1. AGRÍCOLA ANKA MAPU LTDA.
2. AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO – AIFBN.
3. AGRUPACIÓN KOYAN DE HUILLINCO.
4. ASAMBLEA DE COMUNIDADES LAFKENCHE DE LA COMUNA DE VALDIVIA
5. ASAMBLEA DE COMUNIDADES WILLICHE DE LA COMUNA DE CORRAL
6. ASOCIACIÓN COMUNAL MAPUCHE KALLFULIKAN, COMUNA DE LANCO.
7. ASOCIACIÓN CULTURAL WEKECHE.
8. ASOCIACIÓN GREMIAL BOSQUE NATIVO ÑUBLE.
9. ASOCIACIÓN GREMIAL DE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS PRIVADAS Y TERRITORIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
10. CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
11. CHILE AMBIENTE.
12. CHILE SUSTENTABLE.
13. COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA – CODEFF.
14. COMUNIDAD LORENZO HUIQUIVIL.
15. CONSEJO DE DEFENSA Y RESTAURACIÓN TERRITORIO ELICURA.
16. CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN.
17. DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL DEL OBISPADO DE TEMUCO – DAS.
18. ECOSISTEMAS.
19. ÉTICA EN LOS BOSQUES.
20. FUNDACIÓN IEP.
21. FUNDACIÓN PUMALÍN.
22. FUNDACIÓN TERRAM.
23. FUNDACIÓN YENDEGAIA.
24. FUNDACIÓN CONSERVACIÓN PATAGÓNICA.
25. GRUPO ALTUÉ.
26. LEONEL LIENLAF, POETA Y ESCRITOR MAPUCHE.
27. MESA DIRECTIVA FECH.
28. NAHUELBUTA NATURAL.
29. OBSERVATORIO CIUDADANO PARLAMENTARIO.
30. OBSERVATORIO CIUDADANO.
31. ORGANIZACIÓN MAPUCHE LAKUTUN.
32. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO.
33. RED CONSERVACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CONTULMO.
34. RED DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA ARAUCANÍA. 
35. VIGILANTE COSTERO MAULE ITATA.

viernes, 17 de mayo de 2013

SENADORES Y ORGANIZACIONES PIDEN RECHAZAR PROYECTO DE LEY SOBRE FOMENTO FORESTAL

Senadores de la Comisión de Agricultura y representantes de comunidades rurales y pueblos originarios, organizaciones gremiales, ambientales y académicos manifestaron su rechazo al Proyecto de Ley que extiende y modifica en 20 años el D.L. Nº 701 de Fomento Forestal, instancia que se encuentra en su segundo trámite legislativo. 
Así fue dado a conocer por los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Jaime Quintana, este jueves en el Congreso Nacional en Santiago. Los parlamentarios aseguraron que el Ejecutivo no debería insistir en un proyecto por 20 años mientras falte una profunda  evaluación de los impactos sociales y ambientales que el Decreto Ley 701 ha tenido desde su promulgación el año 1974. 
“No puedo aventurar si este proyecto se va a ganar o perder desde la perspectiva del gobierno, lo único que podemos hacer es acumular fuerzas sociales para que nos den respaldo. Queremos que haya mayor conocimiento de lo que se está haciendo, por eso esta conferencia de prensa y por eso invitamos a las comunidades. Vamos a seguir trabajando en esa línea e insistir en tener presencia en los medios de comunicación”, señaló el senador Ruiz-Esquide. 
Por su parte, los representantes de las organizaciones manifestaron la necesidad de generar un nuevo proyecto que acoja las indicaciones y observaciones que han sido sistemáticamente rechazadas. Aseguran que hoy no existe una institucionalidad forestal en Chile que asegure un fomento forestal, porque se encuentra pendiente la discusión del proyecto que transforma a la CONAF en organismo público; y no se ha cumplido con una adecuada consulta indígena conforme al espíritu y letra del Convenio 169 de la OIT, lo cual ha sido confirmado por múltiples expositores.
“Tenemos el Convenio 169 que aquí no se ha dado y no se ha respetado, porque en el artículo 6 y 7 dice que cualquier norma, ley administrativa que atañe directamente a los pueblos originarios debe ser consultado y a nosotros nadie nos ha consultado. Lo único que hubo, por parte de la CONAF fueron unos talleres de información y están usando como que esos hubieran sido una consulta”, destacó Geovanna Tafilu, representante de la Comunidad Mapuche para la Salud Ancestral ÑukeMapuNewen. 
En ese sentido, recalcaron, es recomendable una prórroga por dos años de la ley que estuvo vigente hasta diciembre del 2012, para que exista una discusión amplia, participativa y con un enfoque de fomento forestal acorde al siglo XXI.
Sector forestal
El sector forestal es el segundo sector exportador con más de US$ 6 millones de exportaciones en el 2012. Los beneficiarios han sido grandes empresas y la industria forestal, que a través de la producción de celulosa alcanza el 49% de la participación por rubro dentro del total de las exportaciones. Actualmente, las grandes compañías forestales invierten en Brasil, Uruguay y Argentina, y la superficie de plantaciones forestales exóticas es de 2,7 millones de hectáreas, donde el Pinus radiata y especies del género Eucalyptus cubren más del 90% de esta superficie. Éste sector consolidado a nivel industrial forestal ha dejado una enorme cantidad de pasivos ambientales y sociales largamente documentados, como la alta concentración de la propiedad e industria, eliminación de un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas forestales, manejo interno de precios de madera no elaborada, impacto en desarrollo social de comunidades campesinas e indígenas, degradación y pérdida de ecosistemas, biodiversidad y suelos, y menor disponibilidad de agua asociada al alto consumo que tienen estos monocultivos, afectando napas freáticas y cuencas.
Gran parte de lo que hoy sucede en este sector se debe al Decreto Ley de Fomento Forestal Nº 701 de 1974, que nació bajo los lineamientos del actual modelo económico donde se eliminaron barreras arancelarias e impuestos, situación que permitió a unos pocos concentrar las utilidades que genera esta actividad. Es importante subrayar que el mencionado decreto que rigió hasta el año 1994, fue reemplazado por el Artículo 1° del Decreto Ley Nº2.565, de 1979 y modificado por el D.L. Nº2.691, de 1979. Antes del inicio del segundo período del Decreto Ley N° 701, entre 1998 y 2010, la discusión parlamentaria tomo tres años. Es así como el año 2010 se decidió su prórroga por dos años hasta que expira el 31 de Diciembre de 2012. Lamentablemente, en este período, el Ejecutivo no logró generar un proyecto en un margen de tiempo que brindara garantías de una amplia participación ciudadana, situación que tiene al Congreso Nacional discutiendo un proyecto de ley con numerosas observaciones y cuestionamientos desde los distintos sectores.
El Proyecto de Ley que modifica y extiende por 20 años el fomento forestal en Chile (boletín N° 8603-01), ingresó el 02 de octubre de 2012 a la Cámara de Diputados y el 13 de mayo se voto a favor de la idea de legislar en la Comisión de Agricultura, donde será visto ahora por la Comisión de Hacienda.

domingo, 10 de marzo de 2013

CARTA ABIERTA A DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA Y EXTIENDE EN 20 AÑOS EL D.L. N° 701

Honorable Diputada(o)
Cámara de Diputados
República de Chile
Presente

De nuestra mayor consideración:

Junto con saludarla(lo), y por intermedio de la presente carta, representantes de comunidades rurales y pueblos originarios, organizaciones gremiales, ambientales y académicos abajo firmantes, nos dirigimos a usted para solicitar respetuosamente que rechace la idea de legislar sobre el Proyecto de Ley que modifica y extiende por 20 años el D.L. N° 701 de 1974, que fue ingresado al Honorable Congreso Nacional el 02 de octubre de 2012, boletín N° 8603-01.

Consideramos que el proyecto no ha tenido la debida participación ciudadana que permita formular una Ley de Fomento Forestal acorde al siglo XXI. El gobierno insiste en convencer a los honorables parlamentarios en promulgar un proyecto que mantiene las actuales desigualdades en los beneficiarios, la centralización de los recursos económicos en unas pocas empresas y la disminución de los índices de desarrollo humano en las localidades y comunas más pobres donde la industria forestal ha logrado desarrollarse desde 1974. De mantenerse esta ley tal como está, se seguirá impulsando el establecimiento de monocultivos forestales exóticos y la industria forestal, porque el proyecto permite que terceros puedan cofinanciar al beneficiario (art. 12°) y que el beneficiario de las bonificaciones contempladas en la ley pueda transferirse a terceros mediante instrumento público o privado autorizado ante notario (art. 15°). Además, se continuará con el impacto negativo en la cantidad y calidad de las aguas, en la pérdida de fertilidad del suelo, biodiversidad, y la cultura y el territorio de las comunidades rurales y pueblos originarios que actualmente viven rodeados de plantaciones, trayendo consigo problemas para el abastecimiento de agua para sus actividades productivas y consumo humano. Este proyecto no acoge en la ley normas de protección ambiental, no realiza un cambio sustancial a la gestión o modernización de los planes de manejo, no establece una asistencia directa y permanente a pequeños propietarios forestales y no tiene relación con los principios y fundamentos del mensaje presidencial del proyecto respecto a disminuir la desertificación, regular la disponibilidad de recursos hídricos protegiendo las cuencas y cauces, y aportando a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al mismo tiempo, organizaciones de pueblos originarios insisten en que no han sido consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional, señalando que no existió consulta previa y que no hay balance socio-ambiental, ni restitución se sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena. Por otro lado, representantes de comunidades rurales e indígenas han declarado que los futuros incentivos al manejo de bosque nativo y plantaciones forestales deben ser exclusivos y directos para pequeños y medianos propietarios forestales a fin de potenciar y diversificar la economía rural local, con énfasis en las especies nativas; y no a través de fondos concursables, instrumento utilizado en la ley de bosque nativo con un bajísimo impacto.

Finalmente, el proyecto depende de la promulgación del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (CONAF pública), debido a que el Tribunal Constitucional (con fecha 2 de Julio del 2008), exhorta al Presidente de la República a que “regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del decreto supremo a que se refiere el artículo 19 de la ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado”.

Por lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra solicitud de no legislar sobre el actual proyecto, y promover el espacio de reflexión con tal de generar un instrumento que represente verdaderamente los intereses de los pequeños y medianos propietarios forestales, con especial énfasis en la recuperación y protección del suelo y el agua. Contribuiremos así a recuperar la salud ambiental y el equilibrio social que han sido impactados por el despoblamiento y migración de vastos sectores rurales y la sustitución y degradación del bosque nativo, cultura, actividades agrícolas, turísticas, pequeña actividad maderera y otras.

Esperando una buena acogida, se despiden muy atentamente,


LISTA DE COMUNIDADES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE SUSCRIBEN:
1. AGRÍCOLA ANKA MAPU Ltda.
2. AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO – AIFBN.
3. AGRUPACIÓN ECOLÓGICA EDUCATIVA Y CULTURAL RUKARELMU.
4. AGRUPACIÓN NOCTAMBULA, LANCO.
5. AGRUPACIÓN SALVEMOS EL RÍO SAN PEDRO, LOS LAGOS.
6. AGRUPACIÓN SOCIAL ARTE CREA, LA UNIÓN.
7. ASOCIACIÓN COMUNAL MAPUCHE DE LONCOCHE.
8. ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES INDÍGENAS.
9. ASOCIACIÓN GREMIAL BOSQUE NATIVO ÑUBLE.
10. ASOCIACIÓN GREMIAL DE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS
PRIVADAS Y TERRITORIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
11. ASOCIACIÓN INDÍGENA KALFULIKAN, LANCO.
12. CENTRO CULTURAL KURAF WERKEN.
13. CENTRO CULTURAL RAYEN WEKECHE DE VALLE DE ELICURA.
14. CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA FORESTAL, UNIVERSIDAD DE CHILE.
15. CHILE AMBIENTE.
16. CHILE SUSTENTABLE.
17. COMISIÓN AGUA VIDA – VICARIATO APOSTÓLICO DE AYSÉN.
18. COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA – CODEFF.
19. COMUNIDAD INDÍGENA DE CURACO, LA UNIÓN.
20. COMUNIDAD INDÍGENA DE HUENCHUPAN, LA UNIÓN.
21. COMUNIDAD INDÍGENA DE HUENUE, LA UNIÓN.
22. COMUNIDAD INDÍGENA DE HUILLINCO, LA UNIÓN.
23. COMUNIDAD INDÍGENA DE LLANCACURA ALTO, LA UNIÓN.
24. COMUNIDAD INDÍGENA DE LLAQUITO, LA UNIÓN.
25. COMUNIDAD INDÍGENA DE MASHUE, LA UNIÓN.
26. COMUNIDAD INDÍGENA DE PILPILCAHUIN, LA UNIÓN.
27. COMUNIDAD INDÍGENA DE SILBERIO NAIPALLN DE CUNCO MUCUN, LA UNION.
28. COMUNIDAD INDÍGENA GALLARDO TRANAMIL RULO, COMUNA NUEVA
IMPERIAL, IX REGIÓN.
29. COMUNIDAD INDÍGENA NEHUENTUE, LA UNIÓN.
30. COMUNIDAD INDÍGENA QUEMCHUE. COMUNA DE LANCO.
31. CONSERVACIÓN PATAGÓNICA
32. CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN.
33. DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL DEL OBISPADO DE TEMUCO – DAS.
34. DIARIO ELECTRÓNICO UNIÓN DEL RANCO, LA UNIÓN.
35. ECOSISTEMAS.
36. ÉTICA EN LOS BOSQUES.
37. FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE LA SERENA - FEULS.
38. FUNDACIÓN AHUENCO DE CHILOÉ.
39. FUNDACIÓN CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS FORECOS.
40. FUNDACIÓN PUMALÍN.
41. FUNDACIÓN SENDA DARWIN.
42. FUNDACIÓN SOCIEDADES SUSTENTABLES.
43. FUNDACIÓN TERRAM.
44. FUNDACIÓN YENDEGAIA.
45. GRUPO ECOLOGICO ALTUE.
46. LOF CHOSDOY, LANCO.
47. NAHUELBUTA NATURAL.
48. OBSERVATORIO CIUDADANO PARLAMENTARIO.
49. OBSERVATORIO CIUDADANO.
50. ORGANIZACIÓN MAPUCHE LAKUTUN.
51. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO.
52. RADIO COMUNITARIA MALALHUE, LANCO.
53. RADIO COMUNITARIA QUIMCHE MAPU, LANCO.
54. RED AGRA.
55. RED DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA ARAUCANÍA.
56. UNIÓN COMUNAL DE COMITÉS MADEREROS LOS MUERMOS.
57. VIGILANTE COSTERO MAULE ITATA.
58. WWF Chile.

LISTA DE PERSONAS NATURALES QUE SUSCRIBEN:
1. Augusto Nahuelpan, Ñizol Longko del Pikunwijimapu, Región de los Ríos.
2. Bernardo Zentilli van Kilsdonk, Ingeniero Forestal.
3. Cesar Marcelo Ancalaf Tragolaf , Poeta.
4. Cornelio Compayante, Encargado Asuntos Indígenas de Lanco.
5. Daniel Maribur, dirigente mapuche valle de Elicura.
6. Francisco Bascur Tapia, Director Radio FM Pulso, Lanco.
7. José Aravena, Concejal Paillaco.
8. Juan Huanquil, Encargado Unidad de Medio Ambiente, Lanco.
9. Juan Rocha, Concejal Lanco.
10. Juan Santana, Concejal Lanco.
11. Julián Moraga Riquelme, Sociólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile.
12. Luis Infanti De la Mora, Obispo de Aysén.
13.Manuel Maribur, dirigente mapuche valle de Elicura.
14. María Luisa Vargas, Concejala Lanco.
15. Miguel Márquez, Economista.
16. Piergiorgio Di Giminiani, Antropólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile.
17. Ramiro Plaza Greene, Agrícola Anka Mapu Ltda.