Buscar este blog

lunes, 1 de mayo de 2017

Viral sintetiza los “goles” que pretende pasar el gobierno en reforma al Código de Aguas

  • La próxima semana se iniciará la votación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que ha sido presionada fuertemente por sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, para desmantelar el proyecto que busca garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
  • Propuesta del Ejecutivo ha concitado rechazo entre organizaciones de la sociedad civil, además de parlamentarios del propio oficialismo y la oposición.
Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
La ofensiva audiovisual, ue solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad.
Con el títuloPeligro de gol a la reforma del Código de Aguas, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.
Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, oncepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de derecho de aprovechamiento. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad el Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.
Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.
Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.
A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.
Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.
Reacciones
Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno.  Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.
Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también criticó la propuesta: Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados. Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.
El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
Revisa el video acá:
Facebook: https://www.facebook.com/chilesustentable/videos/1386815904689782/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-6xL33LaYI

sábado, 29 de abril de 2017

Exposición Fotográfica "Mar Muerto" | Una Mirada para No Olvidar

En el mes del Mar, y en su primera presentación, les dejamos cordialmente invitad@s a visitar la exposición de 15 fotografías de amplio formato del fotográfo y activista ambiental Daniel Casado Bissone que representan una mirada para no olvidar de un desastre que hasta el día de hoy afecta a las comunidades de Chiloé y que también ha impactado fuertemente nuestro medio ambiente y ecosistemas marinos.

BIO | Daniel Casado Bissone | Expositor 
Daniel es fotógrafo y videógrafo medioambiental con experiencia en el área documental y de comunicaciones.
Dentro de las instituciones con las que ha colaborado se encuentran: Fundación MERI (Patagonia norte), Parque Etnobotánico OMORA (Patagonia sur), y ONGs en los EE.UU. entre ellos Chewonki Foundation, Maine Woods Forever, y Maine Farmland Trust.
Ha realizado proyectos audiovisuales en Sudamérica y Estados Unidos y actualmente se desempeña como Director de DC Photo y como fotógrafo y productor de Seedlight Pictures  (http://www.seedlightpictures.com).
Daniel es miembro activo de la Unión de Fotoreporteros de Chile y activista de causas ambientales.

CHILOE, Desastre Presente
En mayo de 2016 de suscitó uno de los desastres más graves del último tiempo impactando directamente a los trabajadores de la pesca artesanal y poniendo en jaque a la industria pesquera de gran escala. 
La crisis del salmón, derivada de una mortandad masiva de salmones de centros de cultivos en distintos puntos del archipiélago Patagonia y su posterior traslado por empresas pesqueras industriales provocó el depósito de miles de toneladas de salmones muertos en el océano Pacifico por una floración de algas nocivas (FAN), y hasta el día de hoy, ha ocasionado un profundo impacto en la economía, tradición y medioambiente del sur de Chile.

AMENAZA, EN Ñuble y Biobío
Desde fines de 2015 comienza una ofensiva de la industria pesquera de alta intensidad de expandir sus centros de cultivos a aguas apropiadas para la acuicultura en mar abierto en la provincia (futura región) de Ñuble y región del Biobío. Básicamente, por la presión y deterioro constante a los que ha sido sometido el fondo marino en zonas concesionadas desde el estado a privados por procesos derivados de la industria. Al no poder reiniciar los ciclos productivos del salmón, por la incapacidad del ecosistema acuático de recuperarse; por la falta de oxigeno producto de la eutrofización del fondo marino, las concesiones marítimas no pueden ser reutilizadas aunque permanezcan vigentes y, por ende, podrían ser revocadas.
La amenaza entonces proyecta, a través de varias de decenas de proyectos, la instalación de pesquerías industriales de alta intensidad en Mar de Ñuble, punta de lanza y abrelatas para la imposición de un modelo de negocio de lucro privado que afecta directamente la calidad de las aguas, cultura local y vocación natural del territorio.
Identificada la amenaza surge un movimiento ciudadano obligado a reaccionar, a organizarse, exigiendo respeto y defenderse. Todos Somos Cobquecura es la representación de los que consideran la zona y sus ventajas desde una perspectiva distinta donde se valoren las condiciones y virtudes del territorio, construyendo identidad en el proceso y entendiendo la preservación como un factor de inversión a largo plazo.
Junto a Daniel Casado y Todos Somos Cobquecura les damos la bienvenida a “Mar Muerto”. Para que no se repita la historia.

lunes, 17 de abril de 2017

Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”

Sara Larraín - Congreso Nacional
  • Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
  • “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedaddefinieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.
Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado
Los cambios
Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.
Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.
Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.
Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.
Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.
La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración indicó Larraín.