Buscar este blog

miércoles, 5 de septiembre de 2018

El potente mensaje de Quintero y Puchuncaví a la reforma del SEIA

Fuente: Diario Clever - Por Fernando Salinas Manfredini - #opinion

¿Reaccionará el gobierno respecto de su proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a la luz de la crisis en Quintero y Puchuncaví?

La grave situación que está viviendo esa zona es la “crónica de una muerte anunciada”, producto de una legislación tardía, insuficiente e incompleta, y que hoy el gobierno quiere modificar. Uno podría decir ¡qué bueno!, por fin vamos a poner al medioambiente y a la salud de las personas por sobre los intereses económicos de las corporaciones. Pero lamentablemente no es así, el proceso de calificación será aún más frágil de lo que tenemos actualmente.
Hay muchas razones que explican el desmejoramiento en que quedaría el SEIA con el nuevo proyecto, pero me basta mencionar una de ellas para mostrar las nefastas consecuencias medioambientales y sanitarias que tendría. La he elegido por la importancia que tendría en el resultado de las calificaciones ambientales y porque me parece evidente su carácter extemporáneo. Me refiero al reemplazo de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional que opera en cada región de nuestro país, por tres Comisiones Macrozonales: Norte (Antofagasta), Centro (Santiago) y Sur (Valdivia). Con ello se elimina la focalización regional de la evaluación. Por ejemplo, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Cauquenes se gestionará en la Comisión Macrozonal Centro, ubicada en Santiago. Ello no sólo es contradictorio con la anhelada y legítima mayor autonomía de las regiones –supuestamente celebrada por todos los sectores, toda vez que en un tiempo más se elegirán los Gobernadores Regionales-, sino que se cercena la capacidad técnica-profesional ambiental que se ha ido desarrollando en las regiones a través de los años. Por lo tanto, la consecuencia directa de esta medida es quitarle a las regiones el control de los problemas ambientales locales que, finalmente, afectan a sus ciudadanos. Obviamente, ello se traduce en un traspaso de poder decisional regional al gobierno central que controla la gestión de las macrozonas, sin la afectación política que la ciudadanía tendría a través de las autoridades regionales elegidas por votación popular. Dicho de otra manera, las personas no tendrán la posibilidad concreta de exigir a esas autoridades que se cumpla “en forma y espíritu” la legislación ambiental.
La crisis de Quintero y Puchuncaví nos está enviando un mensaje muy potente: una correcta evaluación ambiental no puede estar supeditada a las decisiones de las empresas y a la supremacía de los gobiernos centrales. Son las regiones, con sus autoridades locales, sus científicos, sus técnicos, los que, junto a la ciudadanía, están en condiciones de hacer la mejor evaluación ambiental. Ello no significa que se prescinda del gobierno central, sobre todo en proyectos que impactan más allá de la región, pero debe ser en coordinación con ella.
No  es difícil deducir cuál es el verdadero objetivo del gobierno al enviar el proyecto de modificación del SEIA, ya que fue manifestado públicamente el lunes 14 de mayo de 2018 por el Presidente Sebastián Piñera acompañado por el Ministro de Hacienda Felipe Larraín y el Ministro de Economía José Ramón Valente. Este sería “destrabar” los proyectos de inversión que están siendo calificados ambientalmente y que no han tenido luz verde para su realización y, por otra parte, incentivar la inversión en futuros proyectos. Sí, es indudable que al relajar el dominio del SEIA y minimizar la presión social en las regiones se va a producir más inversión, pero al costo de repetir lo que estamos viviendo ahora en Quintero y Puchuncaví.
Lo que está sucediendo en esta zona de sacrificio nos está “gritando muy fuerte” y si el gobierno no es capaz de percibirlo y se empecina con ese incongruente y sesgado proyecto de ley del SEIA las consecuencias serán enormes.

Chile: Un Estado Fallido

Por Hernán Ramirez | Investigador Asociado Fundación Terram
Según la literatura especializada, un Estado fallido es aquel que ha sido incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Para Jean Marie Grose, existen distintas clasificaciones para las fallas de una institución soberana como la mencionada, siendo nuestra realidad la de contar con una institucionalidad y autoridad ausentes e ineficaces frente a los poderes del mercado, los que, en la práctica, han administrado los territorios transgrediendo derechos humanos básicos, como el de un ambiente libre de contaminación.
Probablemente, es difícil para la mayoría de nuestros compatriotas aceptar que Chile es un “Estado Fallido” cuando las faltas han sido invisibles a sus ojos; pero al analizar en forma objetiva la situación de abandono ambiental a la que han sido sometidos los habitantes de Quintero y Puchuncaví, es posible que compartan nuestra opinión: Chile es un ejemplo de “Estado Fallido”.    
Entre otros factores, un Estado es Fallido al ser incapaz de garantizar efectivamente los derechos fundamentales consagrados en su propia Constitución, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a su ciudadanía. Chile no posee un cuerpo normativo que garantice un aire seguro a sus ciudadanos, además, tiene una autoridad incapaz de conocer y controlar las emanaciones que las industrias emiten a la atmósfera, al suelo y al mar, endosando la responsabilidad de la medición de los niveles de contaminantes respirables a las mismas empresas que los producen. Esto es lo que ocurre con las estaciones de monitoreo de calidad del aire en Quintero y Puchuncaví, realidad que violenta los derechos fundamentales de las personas.  
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger sus bienes de uso público, evitando derrames y varamientos  de carbón, como es lo que ocurre en la Bahía de Quintero, donde se han registrado unos seis episodios de derrame de hidrocarburos en sus costas desde el 2014 y más de 300 incidentes de varamientos de carbón desde el 2008, los cuales ocurren  semanalmente en Caleta Ventanas sin contar con dictación alguna que ordene medidas concretas para evitar su recurrencia.
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger a sus niños y asegurar que no correrán riesgos de intoxicación al asistir a clases, como ha ocurrido en las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde durante la última década se han registrado, al menos, 12 eventos de intoxicaciones resultando más de 500 infantes afectados en sus colegios.
Este Estado es Fallido cuando sus servicios públicos no cumplen lo ordenado por la Contraloría General de la República, que durante 2017 instruyó la limpieza en todos los colegios de la comuna de Puchuncaví de residuos de metales pesados alojados al interior de las salas de clases, así como hacer un seguimiento epidemiológico a los niños que han sido expuestos a estos contaminantes, lo que a la fecha no se ha concretado.
El Estado es Fallido al ser incapaz de hacer respetar su soberanía nacional, permitiendo que presiones extranjeras incidan en decisiones que vulneran su Estado de Derecho. Esta falta se reflejó en la construcción de la termoeléctrica Campiche -de propiedad de la empresa norteamericana AES Gener- en Ventanas sobre un área verde, durante el primer Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando aceptó la imposición del Gobierno de Washington modificando la “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, para dar una salida “legal” a la construcción de esta termoeléctrica, a pesar que los fallos emitidos por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema habían sentenciado su ilegalidad.
Este Estado Fallido es el que ha permitido la existencia de zonas en donde sus ciudadanos son sometidos permanentemente a condiciones de  sacrificio, como lo son quienes viven en las comunas de Mejillones, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal, Huasco, Coronel, Tierra Amarilla-Copiapó, Til-Til, entre otras.
Desde Fundación Terram nos preguntamos si los habitantes de Chile y de esas comunidades específicas se merecen esta realidad; nos preguntamos por qué los gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 ó 50 años  han permitido que se consoliden Zonas de Sacrificio ¿A quién o a qué intereses responde esta inacción e ineficacia por parte de las instituciones del Estado?; y nos preguntamos si, con estos antecedentes, ¿Chile está realmente a la altura de un país OCDE?

Investigación en la "Zona de Sacrificio" Puchuncaví y Quintero

@WaterkeeperCL @vigilantecosta #reporte #bitacora
Durante varias semanas, entre marzo y abril, participamos en la coordinación, desde nuestra organización Vigilante Costero y como miembros chilenos de la internacional alianza Waterkeeper e integrantes del Equipo Internacional en temáticas de Carbón (International Coal Team); en un trabajo conjunto, junto a comunidades locales e investigadores de la Fundación Terram Chile.
Playa Ventanas

INVESTIGACION

En el mes de mayo, pudimos llevar a terreno un proyecto de investigación para la toma de muestra de agua en distintos puntos, para su posterior análisis y medición de parámetros en agua (pozos, río y marina) y sedimentos en las comunas de Puchuncaví y Quintero. Proceso similar se realizó, con posterioridad, en la ciudad y comuna de Coronel, provincia de Concepción; en la región del Biobío.
En las últimas semanas, tristemente, hemos debido presenciar una serie de situaciones derivadas de intoxicaciones masivas de personas, muchos de ellos niños y mujeres en gestación, que se relacionan, directa o indirectamente, con emisiones y gases tóxicos de los procesos industriales asentados por décadas, convertidos en pasivos ambientales que las comunidades locales han sido obligados a tolerar.
Bahia Quintero desde Caleta Ventanas
Donna Lisenby - Muestreo Ventanas
Coincidentemente, en medio de crisis ambiental, el sábado 24 de agosto, pudimos exponer, junto a las organizaciones locales participantes en esta investigación, los resultados de análisis preliminares realizados por nuestro equipo, liderado por Donna Lisenby (Clean and Safe Energy Campaign Manager, Waterkeeper Alliance), experta en monitoreo y muestreo en problemáticas relacionadas con el agua, su composición-afectación; en distintos escenarios y contextos a nivel mundial, en este caso, relacionado con empresas que usan el carbón como combustible en la 
Parque Industrial Puchuncaví-Quintero
Cabe mencionar que el "parque industrial" que existe en la zona, de larga data, se compone de cerca de una quincena de empresas estatales y privadas relacionadas con minería, energía, construcción, productos químicos, gas, entre otros. Lo que convierte la zona en uno de los lugares de mayor concentración de empresas contaminantes del país. 
Análisis de las muestras capturadas se realizaron en laboratorios certificados internacionalmente en Chile y Estados Unidos. Metodología, siguió los más altos estándares, cadenas de custodia y registros respectivos y, al mismo tiempo, se aprovecho el plan de muestreo investigativo para desarrollar un entrenamiento o capacitación a miembros de la comunidad y organizaciones locales participantes, en este tipo de monitoreo; relevando la importancia del monitoreo ciudadano e independiente basado en fundamentos éticos y objetivos.
Taller-Entrenamiento: Sindicato Pescadores Ventanas
Muestreo Playa Ventanas

REPORTES

Los reportes se harán públicos próximamente y permanecemos a la espera de la segunda parte correspondiente a Coronel, en la región del Biobío. Preliminarmente, se ha informado que al menos los 2 pozos muestreados en Caleta Ventanas y los análisis de sedimentación realizados en la playa evidencian de manera clara la existencia de metales pesados. Los pozos de agua en Ventanas Bajo presentan parámetros sobre la Norma EPA de los Estados Unidos para Aluminio (Al), Plomo (Pb) y Arsénico (As). La recomendación es no usar los pozos por la alta concentración de metales que son bioacumlables y cancerigenos. 

En relación a intoxicaciones recientes, creemos que es vital poder hacer análisis exhaustivos de sangre de todos los intoxicados y, extensivamente, a la comunidad en general, para identificar con exactitud los orígenes de la contaminación, responsabilidades punibles y sancionarlos como corresponde en derecho.
Es una muy mala señal, la forma errática de las autoridades competentes y sorprende la incapacidad e inacción para operar la emergencia; como así también, de sus dubitativos informes respecto a la deficiente forma, protocolos, uso y competencias de los equipos de medición. También, llama la atención, la incomodidad a las que son obligados a desarrollar sus funciones los profesionales de la salud en las instalaciones hospitalarias cercanas a la última emergencia. Ha quedado en evidencia que tienen que trabajar a ciegas al no tener datos duros conducentes a un mejor diagnóstico inmediato. 
Por último, es imperioso poder regir una norma de calidad de aire que se homologue a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. No es lo mismo, una normativa que mida emisiones en particular, cuando la suma de las mismas es, obviamente, exponencialmente mayor, en una zona o parque industrial declarado en saturación.
Toma Muestra de Sedimentos en Playa Ventanas

martes, 4 de septiembre de 2018

The Seikongen Connection: Protección militar, dinero público y corrupción en el vertido de salmones tóxicos en Chile

El barco “Seikongen”, cargado con basura salmonera, se ha convertido en una versión neoliberal del “Caleuche”, barco fantasma de la mitología Chilota, condenado a vagar por los mares del sur de Chile con su cargamento de muerte y sin ningún puerto que lo reciba.
Seis comunas costeras entre las regiones de Los Lagos y Bío Bío han interpuesto recursos de protección para impedir su arribo. El Seikongen transporta una carga de 100 toneladas de lo que fueron salmones que se iban a exportar a Estados Unidos, Europa, Japón, Brasil o Argentina, pero que finalmente ahora son una masa tóxica, una basura química que ninguna ciudad puerto quiere recibir.
Los alcaldes de Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Talcahuano y Paillaco, han rechazado al barco salmonero y a su carga de salmones muertos.
El Seikongen se hundió frente a la costas de Chonchi, en Chiloé central, en octubre de 2017 mientras transportaba salmones de la compañía Camanchaca, para ser fileteados y exportados desde Puerto Montt a los mercados internacionales.
Luego de 9 meses, en Julio de 2018, fue reflotado y las empresas involucradas, junto a la Armada, anunciaron que el barco de basura salmonera recalaría en Talcahuano. Sin embargo, todo se complicó…

Región de Los Lagos: El vertedero de residuos tóxicos de la industria salmonera

Las operaciones de reflotamiento del Seikongen, las faenas de sacar la basura tóxica de su interior, y luego su traslado a algún puerto para su reparación es un caso en que han estado involucradas diversas empresas, la armada y funcionarios de gobierno. La Empresa CTP Marítima S.A., –dueña de esta embarcación-, la transnacional holandesa Ardent, contratada para reflotar la nave, y la compañía Camanchaca, dueña de los salmones, están en el lado empresarial. Y todas intentan, otra vez, transferir al Estado de Chile y al medio ambiente regional los costos financieros y ambientales de este nuevo desastre sanitario-ambiental.
Para ello, están implementando el mismo modus operandi del anterior vertido de casi 9.000 toneladas de mortalidad de salmones descompuestos en las aguas adyacentes a Chiloé, que se efectuó con una masiva oposición ciudadana en Mayo del 2016, cuando se generaron las masivas protestas en Chiloé.

La responsabilidad del Estado en la destrucción del mar de Chiloé

Durante más 10 meses la carga tóxica en las bodegas del Seikongen permaneció hundida en la bahía de Pilpilehue, comuna de Chonchi, sin que las autoridades de pesca, salud y medio ambiente, se alarmaran o tomaran cartas en el asunto. Así, han privilegiado los intereses corporativos, mientras las empresas responsables se desligaban de toda responsabilidad.
Según las normas del Sernapesca, las 200 toneladas de salmones que transportaba el barco siniestrado, debieron comenzar a ser retirados en 48 horas. Sin embargo, éstos han permanecidos descomponiéndose dentro del well-boat por casi un año, sin que exista investigación alguna sobre las responsabilidades por éste no cumplimiento de la normativa vigente y los plazos legales.

La Armada de Chile: ¿Guardián de nuestro mar o de los intereses salmoneros?

Es llamativo que la Armada de Chile continúe manteniendo en secreto los planes para el traslado y descarga final de los desechos salmoneros tóxicos. Tanto es así, que el Sernapesca señaló haberse enterado a última hora de las maniobras de traslado desde Chiloé a Puerto Montt, mientras la Secretaría regional de salud del Bio-Bio afirmó que no registraba permiso alguno en la eventualidad que el well-boat intentara atracar en el puerto de Talcahuano, y el vertimiento de su carga orgánica contaminante.
Mientras el Seikongen navegaba entre la bahía de Quetalmahue, en Ancud, hasta Puerto Montt, con una protección dada por la patrullera “SG Chiloé”, la Armada de Chile entregó un sui generis comunicado en el cual repite el mantra de que “la nave no reviste peligrosidad hacia el medio ambiente y las personas”.
De paso, advierte, que “se hace presente a la comunidad que la autoridad marítima mantendrá una constante vigilancia y control durante la permanencia de la nave en el punto de fondeo asignado al sur de la Isla Tenglo, mientras la empresa evalúa las alternativas para la descarga y disposición final de los residuos que se encuentran a bordo (sic)”

Seikongen: Resultado del desregulado negocio de los well-boats salmoneros en Chile

Evidenciando las deficientes condiciones de seguridad en las que se desarrolla el billonario negocio del transporte marino de la industria salmonera, en los últimos cinco años se han hundido en las costas de Chiloé, Aysén y Magallanes tres mega well boats (“Seikongen”, “Amadeo” y “Orca.-Yagan”), junto a la barcaza “Valentina”, quienes transportaban toneladas de salmones, petróleo y pellets para alimentar peces.
También existe un grave problema de concentración económica que impide la libre competencia en aguas australes, situación evidenciada en la medida prejudicial interpuesta por la naviera Solvtrans Chile contra la asociación gremial Armasur, que fue acogida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.   
Esto anticipa que los problemas se agudizarán, ya que compañías trasnacionales como Johnson Marine están invirtiendo en nuevos y mas grandes well-boats para expandir sus operaciones en Chile, al igual que la compañía Grip Ship, la que actualmente opera dos well-boat en Puerto Montt, dando servicios a las transnacionales salmoneras Cermaq/ Mitsubishi (Japón) y Marine Harvest (Noruega).

Seikongen : Un caso que el parlamento debe investigar

Antes de zarpar el Seikongen hacia Chile proveniente de un astillero en Hong Kong, República Popular China, presentaba deficiencias en aspectos de navegación, eléctricos y de las puertas contra el fuego.
A pesar de ésta situación irregular, obtuvo la aprobación de las autoridades marítimas chilenas para navegar con pabellón nacional, arribando el 7 de diciembre del 2016. Una semana después realizó su primer viaje comercial. Sin embargo, debió ser retirado por problemas de en la seguridad, siendo revisado por personal chino en el astillero de Oxxean en Puerto Montt, región de Los Lagos.
En su segundo viaje, transportando salmones por encargo de la empresa Camanchaca, se hundió frente a las costas de Chonchi, Chiloé, desconociéndose hasta el momento las causas y responsabilidades administrativas en esta oscura situación de transporte marítimo. 
Dirigentes pesqueros: Negociando la complicidad y el silencio con el Estado y la industria salmonera
El resistido vertimiento final de los residuos tóxicos del Seikongen se ha transformado en una oportunidad de negocio para algunos dirigentes pesqueros regionales. Según fuentes locales, se habría presionado para que el wellboat fuese enviado desde Ancud hacia Puerto Montt, con el fin de negociar con las empresas involucradas, su arribo y descarga local, sin que existiese oposición social y de los pescadores.
Con ello, se estarían anticipando a un acuerdo similar entre salmoneros y dirigentes pesqueros de la región del Bio Bio, ante la posibilidad que el Seikongen tuviese que descargar en la bahía de Talcahuano.
Lo llamativo de ésta impresentable negociación, es que en el caso de Puerto Montt, la Fundación Chinquihue operaría como “garante sanitario y ambiental” del posible desembarque del cargamento tóxico del Seikongen y su posterior vertimiento e incineración .
Cabe preguntarse, ¿Qué expertise o atribución legal tiene esta fundación privada que opera con fondos públicos para asumir un papel que constitucionalmente le corresponde a los ministerios de salud y medio ambiente?
Más llamativo aún, es el hecho que el directorio de la Fundación Chinquihue, está presidido por el actual Intendente de la región de Los Lagos, y cuenta como directores al director regional de Sernapesca, los Seremis de desarrollo social y economía, así como representantes de los mitilicultores y de las tres confederaciones de la pesca artesanal.
La “Seikongen Connection”, después del reciente escape de 900.000 salmones al medio marino y la masiva contaminación con pintura tóxica del río Trainel y lago Huillinco en los últimos dos meses, dejan en evidencia la impunidad y desregulación con que opera la actual fase de expansión salmonera industrial, así como el hecho que el medio ambiente marino-costero, la salud pública y los derechos de las comunidades costeras del sur de Chile, son quienes finalmente asumen los costos del modelo neoliberal exportador chileno.
Frente a la complicidad y corrupción de las autoridades gubernamentales y el empresariado pesquero y acuícola industrial, las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, comunidades costeras e indígenas están llamando a nivel nacional e internacional a boicotear el consumo de salmón químico industrial, de manera de impedir su expansión en las regiones de Ñuble, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y en la Patagonia chilena, para impedir que el mar siga siendo utilizado como el vertedero de la industria salmonera de exportación.
Por Juan Carlos Cárdenas N.

Médico Veterinario y Director Ejecutivo de Centro Ecocéanos