Un Estado que garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de la población

Declaración frente a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental

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El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.

Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios.

Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad.

En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto.

Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos a facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe.

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Firman:

1. Agrupación Aisén Reserva de Vida
2. AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
3. Antuko Resiste, Movimiento Socioambiental Antuco
4. Alerta Isla Riesco
5. Asamblea Ciudadana Última Esperanza
6. Asociación gremial de hostales y afines Natales
7. Bestias del Sur Salvaje
8. Catemu en Movimiento
9. Centro Cultural Arrayán
10. Centro Ecológico Cultural de Longavi
11. Centro Ecosocial Latinoamericano
12. ChaoPescao
13. Chile Sustentable
14. Ciudadanos y Clima
15. Codeff
16. Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén
17. Comité Ambiental Algarrobo
18. Comité Unión Diguillín
19. Comisión de Sustentabilidad y Medioambiente del PPD
20. Comunidades de Lo Barnechea-Colina
21. Consejo de Defensa de Los Queñes
22. Coordinadora Cerro Vida y Resistencia
23. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
24. Corporación de Defensa del Río Mapocho
25. Corporación El Canelo
26. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
27. Corporación Vecinos Camino a Farellones
28. Cverde
29. Defendamos la Ciudad
30. Defensoría Ambiental
31. Ecosistemas
32. Ética en los Bosques
33. Fundación Derecho y Defensa Animal
34. Fundación Glaciares Chilenos
35. Fundación Mar y Ciencia
36. Fundación Plantae
37. Fundación Relaves
38. Fundación Tantí
39. Fundación Terram
40. Greenpeace Chile
41. Llay Llay Nativo
42. Malen Leubü
43. MODATIMA Colina
44. Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble
45. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
46. Ocoa Nativa
47. ONG Aula de Mar
48. ONG Cárcava
49. ONG CEUS Chile
50. ONG Defensa Ambiental
51. ONG ECOMAR
52. ONG FIMA
53. ONG Ríos To Rivers
54. ONG Vigilante Costero
55. ONG Vinculación Territorial
56. Papudo Nativo
57. Patagonia Limpia
58. Puchuncaví Nativo
59. Real Chile
60. Red por Los Ríos Libres
61. SCAC Magallanes
62. Somos Biobío, agrupación medioambiental de Santa Bárbara
63. Territorios Colectivos
64. Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Fase 2: Proyecto Yaku Yanapaki | (Defensores del Agua)

@vigilantecosta

Junto a la Municipalidad de Pelluhue, Conaf, organizaciones locales y comunidad, entramos a segunda fase del proyecto donde invitamos a todas y todos a participar como guardadores o guardianes de árboles, invitando abiertamente a la comunidad a apadrinar los nuevos árboles que como punto de partida se plantarán en el Bosque Paiva de Curanipe y en su primera etapa requieren de cariño y cuidado.

La idea del proyecto surge en la primera reunión latinoamericana de los programas u organizaciones miembros de la Alianza Waterkeeper. Ésta se realizó en abril de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia. En esa oportunidad, participantes firmaron un convenio de trabajo con un enfoque en la restauración de ecosistemas, que se bautizó como “Yaku Yanapaki” (Defensores del Agua en quechua), que conecta distintas problemáticas y realidades bajo un mismo concepto que unifica la conservación, como mecanismo de inversión de largo plazo; siendo la capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas junto a una planificación integral un desafío apasionante y permanente.

Como organización chilena Waterkeeper nuestro enfoque se centra en nuestra zona Maule Itata y el punto de inicio es Curanipe y Pelluhue comenzando plantación de Quillayes, con el aporte de Conaf, en el sector del Bosque Paiva. Principalmente, en el sector que fue afectado por el Tsunami de 2010 y, desde ahí, comenzaremos a plantar núcleos o parches para ir repoblando el lugar de manera urgente ante la debilidad de los árboles adultos existentes y que, por diferentes razones, están llegando paulatinamente a una fase de termino.

¿Por qué comenzar con el Bosque Paiva de Curanipe?

Curanipe siempre se ha caracterizado por ser una playa y zona de vientos intensos. Los terrenos donde se funda fueron donados por la familia Paiva a la comunidad de Curanipe y actualmente es propiedad de Bienes Nacionales y administrado por Conaf (Excepto sector de camping municipal). Los terrenos donde se estableció el bosque son, principalmente, dunas de arena y su función principal es evitar la erosión eólico y avance de éstas hacia el poblado de Curanipe.

Este proyecto busca destacar el principio y función ecológica del lugar, como así también, la memoria de sus fundadores y donde las nuevas generaciones asumen el compromiso para que su historia prevalezca, el lugar trascienda como origen y principio para el cual fue creado.

Todxs Invitadxs!

Una reactivación económica que proteja la vida (Declaración SCAC ante acuerdo COVID celebrado por el gobierno y algunos partidos de la oposición)

Declaración Sociedad Civil por La Acción Climática

Chile requiere con urgencia una economía compatible con los sistemas que sostienen la vida para permitir la sostenibilidad del futuro y de nuestro propio desarrollo. Urge construir una sociedad resiliente ante los riesgos que nos ha expuesto y agudizado esta pandemia. Para ello se requiere un sistema político, social y económico, que sitúe en la base de la toma de decisión política la salud humana y ecosistémica.

La reactivación económica propuesta por el gobierno y tres partidos de la oposición, habla de un impulso fiscal a la reactivación que incluye un “énfasis verde”, pero que olvida avanzar en materias indispensables en esta área como son: la transición energética, el reacondicionamiento de viviendas de familias de menores ingresos, la tecnificación del riego para los pequeños productores agrícolas y la restauración de ecosistemas, entre otros.

Rechazamos todo intento de disminuir los estándares ambientales en relación con la tramitación de proyectos de inversión. Es claro que la pandemia actual y otras emergencias sanitarias, se relacionan directamente con un mal manejo y el abuso de la intervención humana en los ecosistemas.

Exigimos que todo beneficio tributario o crediticio a grandes empresas, sea condicionado al cumplimiento de requisitos específicos medioambientales y de justicia social. Vemos con desconfianza el deseo de agilizar concesiones de nuestros bienes comunes naturales, ya que tal como se ha producido hasta ahora, estas concesiones han resultado en la degradación de tierra, ríos, mar y borde costero.

En Chile aún faltan normas de calidad y se requiere contar con legislación que realmente proteja los bienes comunes. En este sentido urge contar con un Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aprobar una ley de protección de glaciares y una ley de delitos ambientales, que son proyectos que se han visto entrampados en el Congreso. Por esto también es urgente rechazar el proyecto Pro-Inversión del Ejecutivo, que tiene una lógica de la degradación de la naturaleza.

Las medidas económicas deben estar al servicio de sostener la vida. Hoy existen territorios en Chile donde las personas enfrentan esta emergencia sanitaria en graves condiciones de injusticia ambiental, como comunidades completas que ni siquiera tienen acceso al agua para lavarse las manos en la pandemia o quienes viven en las denominadas “Zonas de Sacrificio”, y deben enfrentar el coronavirus con sus sistemas respiratorios deprimidos y altos índices de contaminación, aumentando letalidad del virus

El COVID 19, el estallido social y la crisis económica, hacen evidente que el modelo en el que vivimos hasta ahora, fracasó. Es urgente una propuesta de país que nos permita reconstruirnos para el futuro, aprendiendo de todo lo que por décadas hemos hecho mal. La normalidad económica y social de Chile se quebró en octubre, y hoy requerimos construir un modelo diferente, en donde exista justicia social y ambiental.

Declaración Pública Organizaciones Ambientalistas y de Salud

La pandemia que durante estos últimos meses ha vivido la humanidad en su conjunto nos ha obligado a replantear y poner en discusión varios de los aspectos más elementales que implica la vida en comunidad: la solidaridad con las y los demás, lo importante que es el trabajo en equipo y lo mucho que podemos lograr cuando ciencia y política trabajan de la mano.

Aprendimos que ningún país, por poderoso que sea, puede lograr salir adelante si su política no es poner las vidas de sus ciudadanos por sobre todo lo demás. Aprendimos que, como bien han dicho nuestros pueblos originarios, debemos respetar la naturaleza porque somos parte de ella y alterarla trae consecuencias como ésta. También aprendimos que solxs no superaremos esta crisis y que únicamente trabajando en equipo e incluyendo en la conversación a todos los actores, los países y sus gobiernos podrán superar esta pandemia.

Hoy, organizaciones del área de la salud, la academia, las comunidades indígenas y movimientos ambientales nos unimos bajo un lema común: la ciudadanía debe ser parte de la conversación, y para eso, los gobiernos deben dejar de ocultarnos la información.

Cuando se debe enfrentar una amenaza a la salud pública que pone en riesgo la vida de las personas, tenemos derecho a saber qué está pasando exactamente y cómo podemos ayudar a detenerla.

Esta premisa, que para muchos parece tan obvia, queda consagrada expresamente en el Acuerdo de Escazú¹, un inédito tratado internacional de América Latina y el Caribe que obliga a los gobiernos de la región a ser transparentes e incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan.

Inexplicablemente, y a pesar de haber sido su promotor, Chile ha optado por no suscribir el Acuerdo, situación que ha implicado la continuación de dinámicas problemáticas, tales como la poca transparencia en torno a los datos de contaminación en territorios críticos como Quintero y Puchuncaví² o, como también, en la gestión de esta crisis sanitaria, entregando cifras con un nivel de desagregación y periodicidad que impide hacer análisis más profundos de los efectos y proyecciones de la pandemia³ y, en muchos de los casos, excluyendo de las discusiones a organizaciones del área de la salud, las que sin lugar a dudas hubieran sido un aporte con recomendaciones expertas que podrían haber salvado vidas. La situación que estamos viviendo hoy es un claro ejemplo de como la transparencia de la información permite que más actores estén regulando el actuar del gobierno, y cómo la falta de datos o información puede repercutir directamente en salvar vidas.

Este mismo caso lo vemos en el mundo académico, donde mientras las y los expertos han intentado dar con algunas soluciones para esta crisis, su trabajo ha sido dificultado por la falta de información y transparencia en torno a la crisis, al tener como respuesta por parte de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que "hoy no es el momento para exigir ese tipo de información"⁴. Estamos ante una crisis, y debemos tratar todas las crisis con seriedad. Las organizaciones ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar con seriedad los riesgos aparejados a la crisis climática y ecológica de la misma forma que las organizaciones de la salud llevábamos años advirtiendo sobre la precariedad de nuestro sistema de salud. ¿Nuevamente vamos a esperar otra gran crisis para actuar? No volvamos a repetir los mismos errores que hemos tenido con el Coronavirus, con la crisis climática e hídrica. Aún estamos a tiempo de actuar, pero no solxs ni a puertas cerradas: debemos actuar coordinados política, ciencia y ciudadanía.
De esta crisis, y de las que vienen, sólo saldremos con unidad, dialogando y actuando. No permitiremos que nos sigan dejando fuera de la discusión, hagamos del diálogo y de la transparencia elementos indispensables para nuestra democracia. Las organizaciones aquí firmantes, en unidad, emplazamos al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú ahora, a dejarse de excusas y a actuar escuchando a sus ciudadanos.

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1. Específicamente en su Artículo 6, párrafo 5, donde se señala que ante una amenaza inminente a la salud pública , la autoridad debe liberar toda la información relevante que se encuentre en su pode r y que le permita a la ciudadanía tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.
2. Y que ha quedado en evidencia en la sentencia de la Corte Suprema referida a la situación de dicha zona, donde se expresa que existe una vulneración a los DDHH y hay una falta de transparencia relativa a los datos.
3. Fuente en los estudios de Espacio Público sobre la “Evolución del contagio de COVID-19: Chile y resto del mundo en fechas comparables”.

Otras organizaciones:

• SCAC Magallanes
• ONG CEUS
• Instituto de Ecología Política
• Fundación Relaves
• Patrimonio vivo costa
• Centro Ecológico Cultural de Logaví
• Fundación Ingeniería Sin Fronteras
• junta de vecino población ultima hora Huechuraba La Pincoya
• Organización de Estudiantes por el Reciclaje y Sustentabilidad de la Universidad Alberto Hurtado

Ver nota de la Tercera aquí