Desde julio, la opinión pública ha sido bombardeada
por una campaña lanzada a través de los principales medios de prensa del país,
destinada a difundir los resultados de un estudio realizado para la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC) por un grupo “trasversal” de expertos. Al respecto, no sólo resulta
discutible la transversalidad del grupo, sino también las bases en que se
asienta el análisis realizado y las conclusiones que de él derivan.
Un elemento central de su argumentación es que “la
operación eficiente del sistema requiere de grandes centrales generadoras que
lo abastezcan en forma continua y a bajo costo”. Dicha premisa contiene algunas
falacias o insuficiencias conceptuales destinadas a perpetuar un modelo que ha
demostrado sus limitaciones, conduciendo a un sistema eléctrico vulnerable,
dependiente del mercado internacional, sucio, carbonizado y de precios
elevados.
Los autores del informe ignoran la necesidad de
reducir la vulnerabilidad y mala calidad del servicio eléctrico derivada de los
megaproyectos y la urgencia de definir una estrategia de generación
distribuida-- donde unidades generadoras más pequeñas, normalmente en base a
energías renovables, se asocian directamente a los requerimientos locales:
residenciales, de servicios y productivos. Esto circunscribe el efecto de
eventuales fallas a la zona de influencia de la central, reduce las pérdidas de
transmisión y distribución, disminuyendo la actual congestión de las líneas de
transmisión.
Por otra parte, se confunde operación eficiente con
el ingreso de centrales de menor costo de operación, ignorando las
externalidades – sociales y ambientales - que presentan las centrales térmicas,
particularmente las de carbón, estimadas, en este último caso en US$60/MWh. Por
último, y vinculado a lo anterior, se suele confundir a la opinión
pública asimilando costos medios con precios, estos últimos determinados
por la significativa presencia de unidades generadoras que consumen petróleo
diesel (lo que explica los elevados precios actuales). Adicionalmente, se asume una visión
estática de los costos de las distintas opciones energéticas, desconociendo que
los costos de la generación basada en combustibles fósiles tienen una clara
tendencia al alza, mientras que los basados en energías renovables, tienen una
propensión significativa a la baja. De hecho, hoy muchas centrales ERNC son
competitivas en Chile, ofreciendo precios inferiores a los resultantes de las
últimas licitaciones de abastecimiento a las distribuidoras eléctricas o
fijados como precios techo para las licitaciones llamadas recientemente
(definido en US$ 130/MWh).
Se afirma en el informe que debido al retardo en la
aprobación de los proyectos, el sistema enfrentará períodos de estrechez en que
se deberá recurrir a opciones ineficientes y de costo elevado, sin reconocer
que hace años que el país está viviendo esta situación. Al respecto se anuncia
que, de mantenerse la situación actual, en el 2018 el precio de la energía
alcanzará 130 US$/MWh comparándolo con un precio actual, no consistente con la
realidad, de US$90/MWh, evaluando en US$ 2.000 millones lo que perderán los
consumidores debido al mayor costo de la energía. Este argumento falaz pretende lanzar a
los consumidores contra las organizaciones ciudadanas.
Al referirse al retraso y judicialización de los
proyectos, se omite comentar las limitaciones de la institucionalidad
ambiental, brevemente: i) línea base definida por consultores contratados por
la empresa responsable del proyecto, ii) reducidos recursos destinados a
desarrollar la línea base, iii) falta de canales efectivos de participación
informada y vinculante, desde las primeras etapas del proyecto, iv)
institucionalidad pasada a llevar por la autoridad, v) no respeto del convenio
169 de la OIT y
vi) la desprotección de las áreas silvestres protegidas.
Parte de sus propuestas, además, se basan en la
eventualidad de disponer de gas natural de bajo precio, lo que supone adquirir shale gas desde Estados Unidos, sin tener en cuenta que no es evidente
que ese país exporte dicho gas y/o que los precios se fijen en función de los
costos de producción, situación
que no corresponde con la conducta del mercado mundial de combustibles.
En relación a las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC), el informe les concede una participación de 10% en el
año 2020, olvidando que entre enero y mayo de 2013, el total de los retiros de
ERNC de los generadores llegó al 7,1% superando el cumplimiento de los
contratos de suministro establecido por la Ley 20.257 en más de 2% (Es más, el 16 de junio,
dicho aporte alcanzó a 7,95%) Los
expertos contratados por la CPC
cuestionan una mayor proporción de ERNC, ya que según ellos habría que disponer
de una mayor capacidad en centrales de base (térmicas y de embalse) y un
desarrollo importante de la transmisión para respaldar el carácter intermitente
y el bajo factor de planta de las ERNC. Ello supone desconocer, por una parte,
que las redes de transmisión ya están congestionadas, explicando los mayores
precios de la electricidad en ciertas zonas, y por la otra, la capacidad de
manejo de los Centros de Despacho Económico de Carga en casos de intermitencia
pronunciada y, finalmente, las opciones técnicas de almacenamiento.
Este sesgo anti-ERNC lleva a los autores a no
incorporar a estas fuentes en las futuras licitaciones destinadas a abastecer
las empresas distribuidoras. Por el contrario demandan que se contemple la
participación, en dicho proceso, de centrales existentes que hoy operan con
petróleo diésel. Dada la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles,
se sugiere que las licitaciones se indexen al precio spot, de manera de
eliminar los riesgos para las empresas, transmitiéndolos a los usuarios.
Ante esta arremetida por perpetuar el modelo,
existe una respuesta sustentable a los problemas que aquejan al sistema
eléctrico chileno. Se trata de la propuesta “Chile necesita una gran reforma
energética” realizada por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP),
que apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso
a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones
del Estado para orientar el desarrollo eléctrico: incluyendo condiciones de
transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos,
diversificación y competencia, ya que el futuro energético de Chile no puede
ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, en detrimento del
interés común, del medioambiente y de la ciudadanía.
