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martes, 27 de diciembre de 2011

Diputada Muñoz exige que Gobierno ponga urgencia a proyecto de nacionalización del agua

Fuente: Camara
La legisladora explicó que hoy los derechos de agua se otorgan, con mínimas exigencias, en forma gratuita y perpetua y "esta falta de rigor en la entrega de derechos de agua ha generado la sobreexplotación de muchos caudales y eso hay que revisarlo en forma urgente".

En el marco del Tercer Encuentro con la Ruralidad, realizado por INDAP en La Serena, la diputada Adriana Muñoz (PPD) exigió que el Gobierno del Presidente Piñera reponga y le dé urgencia al proyecto que nacionaliza el agua como bien de uso público, que fue presentado al Parlamento por la ex Presidenta Michelle Bachelet y retirado por el actual Gobierno.
La parlamentaria afirmó que "el agua pasó a ser un bien de mercado, que se adquiere y se vende, sin necesidad de ocuparlo".
Además la legisladora explicó que hoy los derechos de agua se otorgan, con mínimas exigencias, en forma gratuita y perpetua. "esta falta de rigor en la entrega de derechos de agua ha generado la sobreexplotación de muchos caudales y eso hay que revisarlo en forma urgente", señaló.
Asimismo la diputada Muñoz indicó que "Chile es el único país del mundo donde se otorgan derechos de agua sin proyecto que lo justifique. El agua se considera más bien una fuente energética que un bien indispensable para la vida humana y la agricultura".
Agregó que “tal situación se origina en una discrepancia normativa, que por un lado consagra el agua como bien de dominio público y, por otro, el uso privado del agua. Esta aberración legislativa, sumada a la separación de la propiedad del agua del dominio de la tierra establecida en el Código de Aguas ha originado la vergonzosa concentración de la propiedad de este recurso que existe en Chile, donde hay mucha agua para pocos y poca agua para muchos”

domingo, 25 de diciembre de 2011

Energía Nuclear en Chile de la Mano de la Expansión Minera Transnacional

Por Lucio Cuenca Berger Director, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Un estudio publicado en Diciembre del 2009, encargado por el gobierno de Michelle Bachelet a Tironi y Asociados (1), agencia de comunicación estratégica favorita de los gobiernos de la concertación y de las transnacionales extractivistas, arrojó que una clara mayoría ciudadana en Chile considera que la energía nuclear es muy cara (83%) y ambientalmente dañina (69%). Ya en el comienzo señala “la imagen de la energía nuclear movilizada por los participantes es sistemáticamente negativa, por sobre cualquier diferencia socioeconómica, de género o edad. “Muerte”, “destrucción”, “bomba”, “Chernobyl”, “sucia” y “guerra” fueron algunos de los conceptos que aparecieron con mayor frecuencia en los discursos.”

Estos estudios no fueron difundidos, pues su objetivo no era dar insumos a la opinión pública para debatir seriamente un negocio que desde el 2005 se viene amasando entre las principales fortunas nacionales, el lobby minero y las autoridades de turno. Más bien, todo parece indicar que la idea era tener claridad de qué terreno se pisa en la materia para definir qué estrategias comunicacionales implementar para cambiar la percepción ciudadana e imponer la impronta de una energía limpia y barata.
De hecho, luego del desastre de Fukushima, a menos de una semana de la tragedia, el gobierno de Piñera suscribió con Estados Unidos acuerdos de cooperación nuclear un día antes de la visita de Barak Obama a Santiago, visita que se manejó como si el mandatario fuera un artista de Hollywood, con una cobertura escandalosamente superficial, que imposibilitó que la ciudadanía se enterara de los verdaderos propósitos de la cita.
Este mismo desenfado para abordar la energía nuclear, caracterizó a Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, militante del partido socialista y concertacionista, que había hecho un compromiso de campaña expreso de "no incluir la opción nuclear en la política energética nacional" (2), pero que paradójicamente contrató estudios para dar los primeros pasos en una normativa chilena sobre la energía nuclear (siguiendo lo que había comenzado el también socialista Ricardo Lagos) y creó el “Grupo de Trabajo para una primera evaluación la opción Núcleo‐Eléctrica en Chile”. El grupo fue prolífico, desde el 2008 fue evacuando los informes ‘Rol del Estado y los privados’ (2008), ‘Adecuación de normativas’ (2009), ‘Impactos y riesgos’ (2009), ‘Programa de comunicaciones’ (2009), y ‘Localización de plantas’ (2011). Por supuesto que una vez más estos informes no fueron difundidos entre la ciudadanía, pero sí dieron insumos, por ejemplo, para que en las plantas nucleares de Japón, semanas antes del desastre, el ministro de Energía chileno firmara acuerdos de cooperación con Francia para investigación y capacitación, y creara un Consejo empresarial de colaboración en energía nuclear, encabezado por Guillermo Luksic del grupo Quiñenco y el presidente del grupo energético franco-belga GDF Suez, Gérard Mestrallet (1 “Asesoría técnica en la elaboración de un programa de comunicaciones para avanzar a una toma de decisión informada y participativa sobre el desarrollo de infraestructura nuclear”. Diciembre 2009 (2)). Es decir, con el apoyo transversal de la clase política, y la oposición documentada de la sociedad civil, en la última década se vienen desarrollando todos los instrumentos y acuerdos para la instalación de una alternativa energética en retirada de los países que antaño fueron sus férreos partidarios. 
¿Cómo pueden avanzar en rutas tan opuestas las gestiones de los representantes y las voluntades de los representados?
El principal argumento de los gobiernos para desviar recursos en una tecnología que solo los empresarios con intereses en el negocio quieren, es el de la inminente crisis energética; avalan sus gestiones en que Chile, para seguir en la senda del crecimiento económico, debe crecer y duplicar la generación eléctrica en los próximos 10 años. Pero esto es una falacia perversa, que no solo perpetúa la imposición de un modelo de crecimiento ad infinitum, fuertemente cuestionado hoy por la población, prueba de ello son las multitudinarias movilizaciones estudiantiles, sino que además intenta posicionar en el sentido común que las fuentes tradicionales no son suficientes y las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) no son permanentes ni seguras para abastecer la creciente demanda. Claramente esto no es cierto, el problema energético de fondo en nuestro país no tiene que ver con el futuro, sino con el pasado reciente y el presente.
Desde que en la dictadura de Pinochet la política energética fue entregada al mercado y a las empresas privadas, se ha ido sofisticando y profundizando un sistema que no incentiva el ahorro, la eficiencia, ni la diversificación de la matriz energética, y que por el contrario, depreda el medio ambiente, entrega beneficios exorbitantes a las actividades económicas no sustentables y exige el subsidio de los usuarios. Por ejemplo, desde que se promulgó la “Ley Corta II” de 2005, se incorporó un mecanismo acelerado de traspasar a precios los crecientes costos de generación. Desde que entró en vigencia dicha ley los precios de la electricidad han acumulado un incremento espectacular de un 57,7%. Chile tiene hoy la electricidad más cara de América Latina, no sólo en cuanto a los precios de generación, sino también en las cuentas que pagan las personas mes a mes.
Según un estudio comparativo elaborado por la consultora argentina Montamat & Asociados y que fuera dado a conocer en 2009, los hogares chilenos pagan por la electricidad una tarifa media regulada de US$119,3 por un consumo de 150 kw. Por igual demanda, en Brasil y Perú sus habitantes cancelan un tercio de esa suma, en Colombia casi un cuarto y en Argentina gastan apenas US$10,1.  
Por otro lado, la necesidad futura de energía eléctrica de las mineras y otras grandes industrias, ha abierto un proceso vertiginoso de nuevas inversiones, todas ellas sobre energías tradicionales. Si a la demanda se le añade otro factor, por el lado de la oferta, que es la búsqueda de la mayor rentabilidad por parte de las generadoras sobre la base de los menores costos, lo que tenemos es una matriz no sólo tradicional, sino también más contaminante. A falta de gas natural, las empresas han decidido invertir en grandes centrales termoeléctricas de carbón. Sólo el proyecto Castilla, que se construirá en la Región de Atacama con una inversión de 4.400 millones de dólares, prevé generar 2.300 MW. Junto a esta megacentral, hay una serie de otros proyectos aprobados, los que suman en conjunto unos cinco mil MW. 
Actualmente la potencia instalada en el SING y SIC es de 15.309 MW (que representa el 99,71 % de la capacidad instalada del país), y el total de electricidad generada en 2010, fue de 58.257 GWh. La composición de la potencia instalada en el SING es 99,6% termoeléctrica y 0,4% hidro ERNC (menor a 20 MW). En el SIC, en tanto, la estructura es 44% hidroeléctrica, 52% termoeléctrica, y 4% ERNC (3).
Además de este retroceso a las fuentes tradicionales de generación, nos encontramos con un mercado de generación concentrado en tres empresas extranjeras que generan y comercializan el 84 % de la energía en el Sistema Interconectado Central (SIC)4 que cubre el 69% de la capacidad del país y el 94% de la participación en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) (5) que cubre el 30,7% de la capacidad.
En este escenario, parece evidente que las decisiones políticas para la matriz energética del país tendrán más que ver con utilidades que con el bien común, por eso antes de procurar un debate ciudadano se constituyen consejos asesores empresariales, pues se asume que los empresarios tienen más que decir que los usuarios que ven cómo cada día se empeora su calidad de vida y aumentan los costos de la energía.
Nada nuevo bajo el sol
Este modo de operar no tiene nada nuevo en Chile, la megaminería química, que como ya dijimos es la principal responsable del aumento de la demanda energética del país (consume más del 30% de la energía, el 37% de la electricidad y genera menos del 1% del empleo) se impuso de la misma manera que ahora intenta imponerse la energía nuclear, invisibilizando los riesgos, creando primero el soporte legal y técnico a contracorriente de la voluntad ciudadana y en completo beneficio de las empresas transnacionales. De hecho, cuando en 1971 se nacionalizó el cobre, mediante la única ley, a parte de la declaración de independencia que ha tenido la aprobación unánime del parlamento, nada hacía presagiar que mecanismos comunicacionales, represivos y jurídicos podrían en 40 años hacer que gran parte de la sociedad civil, la misma que daba su vida por el cobre, se resignara a que toda la riqueza subterránea perteneciera otra vez a las transnacionales. Esta política que ha procurado asegurar una institucionalidad que estatice los costos y privatice los beneficios es la que permite que hoy los holdings mineros tengan a su haber todos los medios de comunicación, financien gran parte de los mega eventos culturales que se desarrollan en el país, estén presentes en la mayoría de las campañas políticas, y sean miradas como un mal necesario, porque claro, externalizando los costos ambientales y sociales sus márgenes de utilidad son inimaginables: para producir una onza de oro en Chile se invierten 50 dólares aproximadamente, onza que es tranzada en el mercado mundial a 1800 dólares.
Sin duda que el lobby empresarial minero detrás de la energía nuclear apunta a que sea esta misma matriz ideológica la que impere en las decisiones nucleares.
No menos del 70% del crecimiento de la demanda eléctrica se debe a la voracidad de la minería (6) y las inversiones proyectadas para los próximos 6 años son unos US$70 mil millones, lo que aumentaría en un 50% la producción de cobre en ese periodo (7). La expansión minera transnacional constituye en el principal factor de impulso de la Nucleoelectricidad.
En este sentido resulta sintomática la incorporación de Guillermo Luksic, familia minera, la más acaudalada del país, al consejo empresario asesor de la energía nuclear, no es que el hombre tenga méritos académicos en la materia, dejó a medias la carrera de derecho y desde entonces solo se ha dedicado a los negocios ¿qué sentido tiene este perfil en el Consejo, si no es fortalecer el lobby para que la energía para la minería llegue de fuentes que ellos mismos puedan controlar? Al final, la energía nuclear y la termoeléctrica son las únicas que requieren de minería para operar, claro que la segunda el país ya la conoce y sus impactos se hacen evidentes en todas las regiones en que ha operado, por lo que sería absurdo plantearlo como una energía de futuro… la nuclear aún no se sufre en carne propia.
Sin embargo, lo que resulta interesante ahora es que, aunque se opera con el mismo sigilo y los mismos eufemismos mediáticos que invisibilizan las decisiones estructurales del país, como fue durante la dictadura de Pinochet y los gobiernos de la “Concertación por la Democracia”; Chile está cambiando, poco a poco va recuperando su capacidad de movilizarse y articularse, prueba clara son las movilizaciones contra el proyecto HidroAysén en la Patagonia, las Termoeléctricas a Carbón y en especial movilización  estudiantil, resultado de años de aprendizaje y de caminar entre la intuición autonómica y horizontal y la cultura jerárquica y partidaria. En este contexto social, es altamente probable, o al menos esa es nuestra esperanza, que la pretendida imposición de la energía nuclear, se transforme más que en una nueva condena al empobrecimiento, en una posibilidad de apostar colectiva y ciudadanamente por energías alternativas como la eólica y la solar, en escala local.
NOTAS
(1) “Asesoría técnica en la elaboración de un programa de comunicaciones para avanzar a una toma de decisión informada y participativa sobre el desarrollo de infraestructura nuclear”.Diciembre 2009 
(2) Acuerdo de Chagüal, Campaña presidencial Chile – 2005 
(3) Ministro de Energía, presentación Ministro Raineri 01/09/2010 
(4) Endesa, Colbún y Gener 
(5) E-CL, Gener y Gas Atacama 
(6) Seso, mentiras y termoeléctricas Miguel Marquez , experto en energía, Febrero 2001, http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/02/28/seso-mentiras-y-termoelectricas/ 
(7) Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) El Mercurio 18 de Octubre 2011, http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=89607,.


sábado, 24 de diciembre de 2011

Llamado: Es Urgente parar HidroAysén



Este lunes 26  de diciembre, durante toda la mañana, desde las 8:30 se realizarán los alegatos, para defender los siete recursos de protección que la Corte de Puerto Montt rechazó al Consejo de Defensa de la Patagonia, también está el gobierno a través del SEA e HidroAysén que se hizo parte.
Esperamos su apoyo y que esten presente este lunes desde las 9:00 en los tribunales, además de la presencia se necesitan opiniones, columnas, cartas, etc., para mejorar la conciencia de la población.
Como se alega en la Sala 3 y esta junto a Bandera, puede ser mejor sitio para marcar presencia en horarios claves.
El Movimiento Aquì la Gente prepara algo para este lunes y todos debemos sumarnos.(LLEVAR OLLAS )
El rechazo a HidroAysén, debe volver con movilizaciones.
¡¡VAMOS QUE SE PUEDE!!
Patricio Rodrigo (CDP)
ERnesto Medina A. (Aquí la Gente)
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MOVIMIENTO CIUDADANO AQUÍ LA GENTE-CHILE-
¡¡A transformar la opinión de la gente en acción!!
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miércoles, 21 de diciembre de 2011

Ministro de Energía pide nuevo plazo para revisar la indicación sustitutiva acordada por los senadores y el Panel Técnico sobre el Proyecto de Ley 2020

El Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, asistió a la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, pidiendo un nuevo plazo para revisar las indicaciones al Proyecto de Ley que Amplía la Matriz Eléctrica Mediante Fuentes No Renovables, demorando nuevamente la aprobación del Proyecto de Ley que permitiría que al año 2020, la matriz energética cuente con un 20% de ERNC
En la sesión, que contó con la sorpresiva presencia del Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez y del Subsecretario de la misma cartera, Sergio del Campo, se pretendía rechazar las indicaciones que tenía el Proyecto de Ley, debido a que se había aprobado una nueva indicación sustitutiva, la que contaba con el consenso del panel de asesores de los senadores, la sesión del día 30 de noviembre de 2011, como explicó el Presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Carlos Cantero.
En términos formales, señaló el Senador Orpis, correspondería retirar las indicaciones formuladas por los senadores Orpis, Gómez, Horvath y Bianchi, debido a que se había acordado una nueva indicación sustitutiva al Proyecto de Ley, lo que fue apoyado por la senadora Allende, quien además agregó que hace un par de semanas se habían enviado unos oficios al Ejecutivo, de los cuales esperaba una respuesta.
El senador Cantero, afirmó que se entendía que la elaboración de un texto sustitutivo consensuado implicaba implícitamente el retiro de las indicaciones, o el rechazo de las mismas en el caso de senadores que no son de la Comisión. Sin embargo, el senador Gómez señaló que sólo se retirarían las indicaciones, si es que el Ejecutivo patrocinaba la indicación sustitutiva, ya que habían materias de su exclusividad.
Ante las dos preguntas de los senadores, el Ministro explicó que había asistido a la Comisión para dar una perspectiva más amplia de la tramitación del Proyecto de Ley, afirmando que en Enero se realizará una propuesta en materia energética a partir de los informes que se han entregado, teniendo plazos hacia el 2030 y 2050, incluyendo temas como eficiencia energética, precios, distribución, generación, transmisión e incluso una revisión sobre el rol del Estado, así que por ello, señaló que el Ejecutivo está abierto a trabajar en una estrategia Nacional de Energía Eléctrica, en conjunto con la otra Comisión, pero sobre todo con la Comisión de Minería y Energía del Senado, comprometiendo que esto buscaba apoyar y acelerar la introducción de las ERNC en el país, así como una expansión del aporte del Estado, por lo que pidió a la Comisión un nuevo plazo para revisar la indicación sustitutiva, ya que incluso sus autores habían señalado que habían partes de la misma que estaban inconclusas en la medida que existen vacíos en la indicación sustitutiva, se deben a que se necesita el patrocinio del Ejecutivo.
El senador Orpis, señaló que el Ejecutivo tiene dos opciones, hacer indicaciones a la indicación aprobada en la sesión anterior, o hacer nuevamente, una indicación sustitutiva al mismo.
El Ministro señaló que se entiende el gran trabajo que ha hecho la Comisión de Minería y Energía para acordar un texto, y que si bien sería mucho más fácil hacer una indicación sustitutiva, la visión del Ejecutivo es que se debe mejorar a través de indicaciones específicas al articulado ya aprobado, y que para ello, se está trabajando en una propuesta en el Ministerio, la que se espera sea revisada en conjunto con los asesores de los parlamentarios hasta la primera semana de enero 2012.
El senador Cantero señaló que no tiene cuestionamiento sobre aplazar esto hasta enero, pero que su meta es que en el primero mes de 2012 este Proyecto de Ley vaya a la Sala para su despacho a la Cámara de Diputados.
El senador Gómez, agregó que se alegra de ver un verdadero Ministro de Energía porque los anteriores no habían hecho mucho por la materia.
El Ministro, agregó como segundo punto, que la empresa SmartGreen había enviado preguntas referidas al Mercado Eléctrico, demasiado complejas para responder mediante mail privado, así que enviaría la información al Congreso de manera que se fortaleciera la transparencia, de manera que todos pudieran acceder a dicha información.
La senadora Allende dijo que entonces, no se debían quitar las indicaciones, ya que estas se verían en Enero, lo cual fue apoyado por la Comisión, acordando la propuesta del Ejecutivo y recordando que se tiene plazo hasta enero para despachar el Proyecto de Ley.
De esta forma, y con la presencia de los senadores José Antonio Gómez (PRSD), Isabel Allende (PS), Jaime Orpis (UDI), y el Presidente de la Comisión, Carlos Cantero (RN) finalizó la Sesión.