Urge suspensión Total de Plazos del Sistema de Evaluación Ambiental

Ante la continuidad de la operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante la actual crisis sanitaria, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:

• Desde que se iniciara la pandemia del Covid-19, se han alzado diversas vocesciudadanas emplazando al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a suspender los plazos de tramitación de los proyectos de inversión. Esto, debido a la inequidad que se produce en tanto comunidades y afectados no están en igualdad de condiciones con el sector privado para participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• La respuesta del director del SEA ha sido que no se ha suspendido el trámite de los proyectos porque tanto las empresas como la ciudadanía pueden seguir su tramitación por vía electrónica. Lo anterior produce un tremendo desbalance, debido a que no todos y todas tienen acceso e información para ejercer virtualmente sus derechos.
• Más aún, hoy hemos sido testigos de cómo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso voto a favor de un proyecto de inversión que se emplaza en la comuna de Putaendo, correspondiente a sondajes de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Los Andes Coppers. Dicha aprobación, genera una tremenda angustia entre la población que se opone a la iniciativa, la que con justa razón solicita que se hagan gestiones que les permitan participar del proceso. Peor aún, al no obtener respuesta de las autoridades, no tienen otra alternativa que manifestarse en la defensa de sus territorios, exponiéndose al contagio en plena crisis sanitaria.
• Hoy, los plazos para reclamar administrativa y judicialmente sobre los distintos actos de la autoridad siguen corriendo, sin embargo, los abogados no pueden reunirse con sus representados para preparar las acciones, lo que afecta gravemente el acceso a la justicia ambiental que, según la ministra Carolina Schmidt, Chile ya tiene incorporada en su legislación. Tal es el motivo para no firmar el Acuerdo de Escazú.
• Hoy, declaramos que no se puede seguir exponiendo a la población. Así lo han entendido la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, que despachó la semana pasada un proyecto de ley que busca suspender los plazos del SEIA. A su vez, la Comisión de Medio Ambiente del Senado emplazó a Schmidt sobre el tema, quien indicó que los plazos del SEIA ya se encontraban suspendidos, sin especificar la medida.
• Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, parlamentarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, abajo firmantes, hacemos un llamado a las autoridades para que sean conscientes del problema y tomen las medidas administrativas que permitan suspender los plazos del SEIA, con el fin de dar la seguridad a la población y a los mismos trabajadores y trabajadoras ante el avance de la pandemia. Esto, con el fin de que no se expongan a contraer la enfermedad, así como también que se realice la correcta evaluación de los proyectos, con la participación, acceso, democracia y justicia ambiental que merece este tipo de procesos.

Firman:

Organizaciones de la Sociedad Civil

• Corporación Privada para el Desarrollo, Aysén.
• Fundación Chile Sustentable.
• Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), Magallanes.
• Organización Ciudadanos y Clima.
• Observatorio Ciudadano.
• Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama).
• Ecosistemas.
• Corporación La Caleta.
• Movimiento Movilizándonos por una cultura de Derechos de la Niñez.
• Grupo Opsal.
• Fundación Glaciares Chilenos.
• Centro Ecosocial Latinoamericano.
• Fundación Newenko
• Agrupación Socioambiental Putaendo Resiste.
• Fundación FIMA.
• Cverde.
• Fundación el Árbol.
• ONG CEUS Chile.
• Corporación El Canelo.
• Fundación Plantae.
• Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales (CIRN).
• Comisión Medioambiente y Sustentabilidad del Partido por la Democracia
• Vigilante Costero ONG, Waterkeeper Chile
• Andrea Sanhueza, Representante de la Sociedad civil para el Convenio de Escazú.

Senadoras y Senadores:

• Senadora Isabel Allende (PS)- Región de Valparaíso
• Senador Alfonso De Urresti (PS) – Región de Los Ríos
• Senadora Ximena Ordenes (I)- Región de Aysén.

Diputadas y Diputados:

• Diputada Catalina Pérez (RD) – Distrito 3 – Región de Antofagasta.
• Diputada Daniella Cicardini (PS)- Distrito 4- Región de Atacama.
• Diputada Carolina Marzán (PPD)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Diego Ibáñez (CS)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Pablo Vidal (RD) -Distrito 8 – Región Metropolitana.
• Diputada Cristina Girardi (PPD)- Distrito 9- Región Metropolitana.
• Diputado Amaro Labra (PC) – Distrito 12- Región Metropolitana.
• Diputada Loreto Carvajal (PPD)- Distrito 19- Región de Ñuble.
• Diputado Félix González (PEV)-Distrito 20- Región del Bio Bio.
• Diputado Ricardo Celis (PPD)- Distrito 23- Región de la Araucanía.

Coronavirus, sequía, contaminación y zonas de sacrificio

Por Ezio Costa Cordella - Director FIMA - Publicado en El Mostrador

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.

La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.

Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.

Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.

Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.

Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.

En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.

Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.

Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.

Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.

Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.

Declaración Pública del Grupo Patagonia Mar y Tierra sobre las Resoluciones de Subpesca que declaran como no disposnibles las áreas aptas para la acuicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén

Respecto a las resoluciones exentas N° 902 y 903 emitidas el recién pasado 31 de marzo por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y publicadas en el Diario Oficial el 6 de abril, en la cual se declara que dentro de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) de las regiones de Los Lagos y Aysén no hay espacios disponibles para nuevas solicitudes de concesiones de acuicultura, como organizaciones que conforman el grupo de trabajo Patagonia Mar y Tierra declaramos lo siguiente:

• Consideramos positivo que a través de estas resoluciones de no disponibilidad (N° 902 y 903 de Subpesca) se impida el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones de salmónidos en las regiones mencionadas, tomando en consideración la enorme cantidad de concesiones ya otorgadas: 537 en Los Lagos y 724 en Aysén.
• Sin embargo, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante los vacíos que estas resoluciones dejan, particularmente, respecto al futuro de las solicitudes de concesiones en trámite que en ambas regiones habían quedado suspendidas con la declaración de la moratoria el año 2010; especialmente, respecto a las 55 solicitudes que quedaron pendientes de tramitación en la Región de Aysén y que, de acuerdo a la misma Subpesca, con el levantamiento de la moratoria el pasado 8 de abril, podrán ser tramitadas y otorgadas si cumplen con la normativa vigente, situación que a todas luces podría traer un impacto muy negativo en la región que ya posee una enorme carga de salmoneras en sus ecosistemas, con conocidas externalidades ambientales.
• Precisamente, la moratoria legal que acaba de caducar, tenía este efecto adicional, pues además de no admitir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones acuícolas también impedía otorgar las concesiones que habían quedado en tramitación en ambas regiones. Por la salud de los ecosistemas de la Patagonia y para seguir construyendo sobre un esfuerzo regulatorio que ya lleva 13 años desde la tragedia del virus ISA, como grupo insistimos en el llamado a prorrogar la vigencia de la misma medida.
• Por otro lado, estimamos que estas resoluciones no responden ni pretenden resolver un sinnúmero de problemáticas relacionadas, por ejemplo, a un adecuado ordenamiento ambiental y sanitario de la industria salmonera y del espacio marino basado en un Enfoque Ecosistémico a la Acuicultura (EEA), considerando no sólo aspectos sanitarios sino también ecológicos y sociales.
• Enfatizamos, además, que es necesario culminar las zonificaciones costeras pendientes y realizar estudios de capacidad de carga en los sectores potencialmente afectados por el desarrollo de esta actividad. En particular, nos preocupa la problemática situación de emplazamiento de un gran número de concesiones salmoneras en las porciones marinas de las áreas protegidas de las regiones patagónicas (Los Lagos, Aysén y Magallanes). Por todo lo anterior, como organizaciones que conforman el grupo Patagonia Mar y Tierra, vemos aún con preocupación la situación de la expansión salmonera en la regiones de Los Lagos y Aysén y, por lo mismo, consideramos necesario que las autoridades aseguren de manera definitiva el no otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras mediante el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de Ley que extienda la moratoria en ambas regiones australes y a la par se avance con las macro zonificaciones del borde costero y estudios de capacidad carga de dichas regiones.

GRUPO PATAGONIA MAR Y TIERRA

Presentación NDC de Chile: Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) critica falta de ambición y medidas para su implementación aunque reconoce que nuestro país no evada sus compromisos

Sociedad Civil por la Acción Climática

En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 50% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile.

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Contacto de Prensa:

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