Carta al Senado de Chile sobre la urgente necesidad de que Plantaciones Monocultivos Forestales ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

REF: Boletín N°11.696-12

Honorable Senador(a)

Senado de Chile

Presente

Honorable Senador(a),

En relación a la iniciativa de reforma legal tratada en el Boletín N°11.696-12, de modificar la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente para que los proyectos de desarrollo o explotación forestal industrial en cualquier tipo de suelo ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las Sociedades Científicas y Centros de Investigación Científica abajo firmantes queremos expresar lo siguiente:

En Chile, las plantaciones forestales cubren más de 3,1 millones de hectáreas. Más del 77% del total de esa superficie se concentra en las regiones de Biobío, La Araucanía y Maule, y más de la mitad del total de la superficie pertenece a dos grandes empresas forestales.

Los impactos y riesgos ambientales asociados a las plantaciones forestales industriales sobre la biodiversidad, disponibilidad de agua, suelo, paisaje y los incendios que afectan a las comunidades y a la sociedad en su conjunto, son ampliamente conocidos y están documentados por numerosos estudios científicos, tanto en Chile como en el mundo.

El cambio climático profundiza los efectos de las plantaciones forestales sobre la disponibilidad de agua, y las sequías y olas de calor las vuelven aún más susceptibles a incendios forestales. Por lo tanto, se hace aún más necesaria la evaluación de los riesgos e impactos ambientales asociados a la actividad forestal.

A pesar de sus impactos en diversos territorios, la actividad forestal industrial no ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que actualmente la ley precisa que las actividades sometidas al SEIA deben desarrollarse en suelos frágiles, en terrenos cubiertos por bosque nativo, y con dimensiones industriales. La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó eliminar la referencia a los suelos frágiles de la ley, lo que significa un gran avance en materia ambiental, y que apoyamos como Sociedades Científicas y Centros de Investigación.

El Decreto Nº40 del Ministerio del Medio Ambiente establece que las dimensiones industriales corresponden a superficies únicas o continuas de corta de cosecha final o corta de regeneración por tala rasa de 500 hectáreas anuales en las regiones de Chile con mayor actividad forestal. Sin embargo, hay regiones y países del mundo donde está prácticamente prohibida la tala rasa. En la mayoría de los casos, la tala rasa está limitada a superficies pequeñas (menos de 10 hectáreas), tamaños intermedios (10-20 hectáreas) y grandes (hasta 140 hectáreas). En California, por ejemplo, donde el pino es una especie nativa, las cosechas se restringen a un máximo de 8,1 hectáreas.

Las grandes empresas presentan planes de manejo a CONAF por superficies inferiores a 500 hectáreas, y con lo especificado en el Decreto Nº40, eluden su ingreso al SEIA. De esta manera, las explotaciones forestales industriales no someten sus proyectos de explotación forestal a evaluación ambiental. En consecuencia, no consideran medidas de mitigación, compensación y reparación de sus impactos ambientales ante la ciudadanía y los servicios del Estado. Tampoco sus actividades están sujetas al monitoreo y mediciones periódicas de variables de seguimiento como parte del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

La Comisión de Agricultura del Senado aprobó una indicación legislativa donde especifica que la cosecha final a tala rasa sería sometida a evaluación ambiental solo cuando se intervengan superficies únicas o continuas mayores a 250 hectáreas anuales. Esta parte de la indicación restringe la evaluación ambiental exclusivamente a la cosecha final a tala rasa, excluyendo de la evaluación otras actividades susceptibles de causar impacto ambiental, como la forestación. Por otra parte, esta indicación no genera el efecto deseado, y se mantendría la elusión del SEIA de las grandes empresas, que según cifras proporcionadas por CONAF, presentan en promedio planes de manejo de 143 hectáreas.

La indicación aprobada por la Comisión de Agricultura del Senado también remite la legislación ambiental a la legislación sectorial forestal. La indicación modifica lo establecido en el decreto ley N° 2.565 de 1979, del Ministerio de Agricultura, que sustituye el decreto ley N°701 de 1974, el cual somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala. En el artículo 2 del decreto ley N°2.565, de 1979, esta indicación busca agregar al artículo 11, que se refiere al reglamento para la aplicación del decreto de ley las normas relativas a la calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal, dos incisos, referidos a un reglamento de protección de suelos, cuerpos y cursos de agua, además de incluir normas relativas a incendios forestales, paisaje y funcionalidad ecológica.

Esta indicación remite los alcances de la evaluación ambiental del SEIA a criterios sectoriales exclusivos de CONAF. Sin embargo, por tratarse ésta de una Corporación de Derecho Privado, no puede contar con más competencias sectoriales, como lo señala el fallo del Tribunal Constitucional Rol 1024-2008. Es decir, la indicación no acata lo señalado por el Tribunal Constitucional.

Por las razones antes expuestas, como Sociedades Científicas y Centros de Investigación hacemos a Ud. un llamado a apoyar el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Medio Ambiente sin indicación alguna que pueda permitir que se mantenga la situación de elusión del SEIA de la actividad forestal industrial por parte de las grandes empresas. Este proyecto de ley es de gran trascendencia, y permitirá que el sector forestal cumpla con mejores estándares ambientales y de transparencia hacia la ciudadanía.

Agradeciendo su atención, reciba Ud. nuestros cordiales saludos,

Sociedad de Ecología de Chile Sociedad de Botánica de Chile

IALE- global- International Association for Landscape Ecology

IEB-Instituto de Ecología & Biodiversidad

CAPES-Center of Applied Ecology & Sustainability

FireSES-Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas

---

Enlace Original

Urge suspensión Total de Plazos del Sistema de Evaluación Ambiental

Ante la continuidad de la operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante la actual crisis sanitaria, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:

• Desde que se iniciara la pandemia del Covid-19, se han alzado diversas vocesciudadanas emplazando al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a suspender los plazos de tramitación de los proyectos de inversión. Esto, debido a la inequidad que se produce en tanto comunidades y afectados no están en igualdad de condiciones con el sector privado para participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• La respuesta del director del SEA ha sido que no se ha suspendido el trámite de los proyectos porque tanto las empresas como la ciudadanía pueden seguir su tramitación por vía electrónica. Lo anterior produce un tremendo desbalance, debido a que no todos y todas tienen acceso e información para ejercer virtualmente sus derechos.
• Más aún, hoy hemos sido testigos de cómo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso voto a favor de un proyecto de inversión que se emplaza en la comuna de Putaendo, correspondiente a sondajes de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Los Andes Coppers. Dicha aprobación, genera una tremenda angustia entre la población que se opone a la iniciativa, la que con justa razón solicita que se hagan gestiones que les permitan participar del proceso. Peor aún, al no obtener respuesta de las autoridades, no tienen otra alternativa que manifestarse en la defensa de sus territorios, exponiéndose al contagio en plena crisis sanitaria.
• Hoy, los plazos para reclamar administrativa y judicialmente sobre los distintos actos de la autoridad siguen corriendo, sin embargo, los abogados no pueden reunirse con sus representados para preparar las acciones, lo que afecta gravemente el acceso a la justicia ambiental que, según la ministra Carolina Schmidt, Chile ya tiene incorporada en su legislación. Tal es el motivo para no firmar el Acuerdo de Escazú.
• Hoy, declaramos que no se puede seguir exponiendo a la población. Así lo han entendido la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, que despachó la semana pasada un proyecto de ley que busca suspender los plazos del SEIA. A su vez, la Comisión de Medio Ambiente del Senado emplazó a Schmidt sobre el tema, quien indicó que los plazos del SEIA ya se encontraban suspendidos, sin especificar la medida.
• Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, parlamentarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, abajo firmantes, hacemos un llamado a las autoridades para que sean conscientes del problema y tomen las medidas administrativas que permitan suspender los plazos del SEIA, con el fin de dar la seguridad a la población y a los mismos trabajadores y trabajadoras ante el avance de la pandemia. Esto, con el fin de que no se expongan a contraer la enfermedad, así como también que se realice la correcta evaluación de los proyectos, con la participación, acceso, democracia y justicia ambiental que merece este tipo de procesos.

Firman:

Organizaciones de la Sociedad Civil

• Corporación Privada para el Desarrollo, Aysén.
• Fundación Chile Sustentable.
• Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), Magallanes.
• Organización Ciudadanos y Clima.
• Observatorio Ciudadano.
• Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama).
• Ecosistemas.
• Corporación La Caleta.
• Movimiento Movilizándonos por una cultura de Derechos de la Niñez.
• Grupo Opsal.
• Fundación Glaciares Chilenos.
• Centro Ecosocial Latinoamericano.
• Fundación Newenko
• Agrupación Socioambiental Putaendo Resiste.
• Fundación FIMA.
• Cverde.
• Fundación el Árbol.
• ONG CEUS Chile.
• Corporación El Canelo.
• Fundación Plantae.
• Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales (CIRN).
• Comisión Medioambiente y Sustentabilidad del Partido por la Democracia
• Vigilante Costero ONG, Waterkeeper Chile
• Andrea Sanhueza, Representante de la Sociedad civil para el Convenio de Escazú.

Senadoras y Senadores:

• Senadora Isabel Allende (PS)- Región de Valparaíso
• Senador Alfonso De Urresti (PS) – Región de Los Ríos
• Senadora Ximena Ordenes (I)- Región de Aysén.

Diputadas y Diputados:

• Diputada Catalina Pérez (RD) – Distrito 3 – Región de Antofagasta.
• Diputada Daniella Cicardini (PS)- Distrito 4- Región de Atacama.
• Diputada Carolina Marzán (PPD)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Diego Ibáñez (CS)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Pablo Vidal (RD) -Distrito 8 – Región Metropolitana.
• Diputada Cristina Girardi (PPD)- Distrito 9- Región Metropolitana.
• Diputado Amaro Labra (PC) – Distrito 12- Región Metropolitana.
• Diputada Loreto Carvajal (PPD)- Distrito 19- Región de Ñuble.
• Diputado Félix González (PEV)-Distrito 20- Región del Bio Bio.
• Diputado Ricardo Celis (PPD)- Distrito 23- Región de la Araucanía.

Declaración Pública de Académicas, Académicos, Investigadores e Investigadoras sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA) de Chile

[English Version below]

Las académicas y académicos, investigadores e investigadoras abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación sobre el abordaje gubernamental al desafío de construir una institucionalidad ambiental pública, democrática, justa y descentralizada.
En nuestros ámbitos de desempeño, somos testigos de las relaciones conflictivas históricas entre comunidades y grandes proyectos de inversión. Estas conflictividades, lejos de reducirse, tienden a agudizarse ante la presión sostenida que ejercen los proyectos de inversión sobre los recursos disponibles en los territorios; presión que no está siendo contenida ni regulada por el Estado como entidad responsable de garantizar a todos los actores, no sólo a los proponentes de tales proyectos, a decidir sobre los usos y los derechos que caben a las personas sobre los bienes comunes.
En este escenario, la propuesta de reforma a la institucionalidad ambiental que nuevamente ingresó al congreso con urgencia suma no está a la altura del desafío que supone reducir las controversias y construir acuerdos comunes para la toma de decisiones sobre ecosistemas cada vez más estresados y agotados por la presión productivista. Sabemos que enfrentamos una crisis hídrica de proporciones en la zona norte y centro del país; sabemos que la pérdida de biodiversidad ha llegado a índices sin precedentes; sabemos que los impactos de la contaminación de suelos, aire y aguas por los megaproyectos mineros, agroindustriales y energéticos está costando la vida de las personas que habitan en los territorios donde estos proyectos se emplazan; y sabemos que los efectos del cambio climático, lejos de reducir, aumentarán la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes.
La perspectiva neoliberal supone que estos proyectos son necesarios para sostener el crecimiento económico. ¿Cuál es el costo de este crecimiento? ¿Podemos hablar de crecimiento cuando las ganancias que generan los proyectos generan costos en salud, en patrimonio y en acceso a medios de vida tanto o más altos que dichas ganancias? ¿Podemos seguir proyectando iniciativas en zonas saturadas, en hotspots de biodiversidad, en cuencas hídricas estresadas, en zonas de riqueza endémica y cultural ya amenazadas y violentadas?
Una política pública sin cuidado de sus ecosistemas ya es insostenible. No podemos seguir permitiéndonos asistir a licitaciones de proyectos con efectos depredadores pero aprobados medioambientalmente. Esto no se resuelve con una reforma que priorice la rapidez de la tramitación por encima de la calidad de las decisiones en base a las evaluaciones; que no respete la diversidad de los territorios; y que reduzca las voces de los actores afectados. Necesitamos una política pública en materia socioambiental que tenga una mirada estratégica y sistémica de los ecosistemas en toda su complejidad, reconociendo los impactos sinérgicos de las acciones humanas y evaluando estratégicamente (y no proyecto a proyecto) la pertinencia de dichas acciones, con una perspectiva de futuro. Sobre esta base es necesario diseñar un Sistema de Evaluación Ambiental que haga efectiva la aplicación de principios precautorios, evaluaciones ambientales estratégicas, la profundización de la participación ciudadana y las consultas indígenas.
Las metodologías otorgadas en las jornadas de participación ciudadana dentro del SEIA son importantes espacios de discusión acerca de proyectos específicos, pero completamente insuficientemente para dar cuenta de sentimientos de arraigo, especies nativas, formas de producir autóctonas, formas de vida milenarias, tradiciones orales, humanas, animales, vegetales y terrenales.  Por su parte, la ciudadanía ha dado muestras indiscutibles de su capacidad para desbordar procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya son comunes las imágenes que muestran a personas líderes de juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones funcionales, vecinas y vecinos, todas ellas dispuestas, no sólo a discutir sino a rechazar los beneficios prometidos por consultoras que promueven desarrollos comunitarios en condiciones asimétricas de poder y conocimientos. En este entendido, reconocemos la necesidad de entregar potestad a las personas habitantes profesionales, científicos, técnicos, sabedores de regiones para dirimir sobre la vocación de sus territorios. Aquí el SEIA no puede inmunizarse de lo político, entendiendo que la forma en que todos los actores, organizaciones públicas y privadas concernidas en las evaluaciones de determinados proyectos no pueden ser llamadas ex-post a estos, ni tampoco excluidas de su pronunciamiento en sectores productivos como el inmobiliario o en los planes frente a riesgos y desastres.
Asimismo, la producción ingente de informes de evaluación ambiental es otra fuente de lucro y desperdicio de capacidades de generación de conocimiento. ¿Dónde va a parar todo ese conocimiento?, ¿Para quiénes son esas líneas bases?, ¿qué ciencia ambiental está generando y preservando el país?, ¿cuáles son las condiciones que este Sistema posibilita para las y los profesionales e investigadoras/es jóvenes?
Finalmente, el aumento de las tramitaciones judiciales a tenor de las demandas y los recursos administrativos por mayor justicia ambiental es una muestra más de que las modificaciones al SEIA no deben centrarse en acelerar la tramitación de proyectos de inversión, sino en facilitar el aumento de la calidad de decisiones sobre beneficios socio-técnico-ambientales, a fin de no aumentar las causas en los tribunales ambientales.
Llamamos a ecologizar y no sólo modernizar el SEIA. Con ello hacemos una interpelación a las autoridades políticas a que sintonicen sus negociaciones con aquellas correspondientes a un país que será sede de la COP25. Esto porque nuestro rol como anfitriones de este evento de relevancia mundial, no puede circunscribirse a gestionar los impactos de modo eficiente, rápido y técnico, vía proyectos de inversión particulares. Es decir, no podemos reducir la mirada sin considerar la importancia del incremento insoslayable de impactos a nivel planetario e infraestructural. Para ello es de suma urgencia ampliar los espacios de discusión antes y después del SEIA para remediar y reparar a aquellas comunidades históricamente impactadas, promover creativamente más -y no menos- diálogos entre comunidades científicas, de sabidurías ancestrales, de experimentación tecnológica cercana y de sentido común, los cuales nos convoquen en torno a los desafíos de intervenir con prudencia, precaución y cuidado.
La historia del SEIA ha coexistido con múltiples y novedosas formas de resistencia frente a iniciativas de afectación frente a proyectos amenazantes e indeseados, así como también frente a crisis y desastres. Estas son fuentes de conocimientos ingente sobre lo que significa participar persistente y vitalmente en la defensa de lo público desde la sociedad civil. Asimismo, la producción de conocimiento científico, humanista, artístico, social, medioambiental debe dignificarse y valorizarse como bien público, de cara a la ecologización del SEIA, sus personas, las empresas y sus territorios y no como un producto al arbitrio de las decisiones de inversión actuales.
Por ello, solicitamos girar el foco del actual proyecto de reforma de ley sobre la Reforma del SEIA presentada en el Congreso con el fin de retomar la senda de discusiones ciudadanas en base a principios y éticas suscritos y ratificados por el Estado chileno ante Naciones Unidas; suscribir los acuerdos internacionales pendientes para la mejora de estos estándares, como el Tratado de Escazú; y avanzar en la democratización y sustentabilidad de las relaciones entre las personas y los territorios.

1. Gloria Baigorrotegui, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

2. María Paz Aedo, Socióloga, Mg. y Dra. en Educación, Centro de Análisis Socioambiental, CASA

3. Patricia Pallavicini, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

4. Constanza Osorio Reyes, Médico Veterinaria, Fundación Ecociencias

5. Colombina Schaeffer, socióloga, Doctora en Gobierno y Relaciones Internacionales y subdirectora de Ciudadanía Inteligente

6. Ezio Costa Cordella,Abogado, Msc. Regulación,  Investigador, Universidad de Chile.

7. Jorgelina Sannazzaro, Sociología, Universidad Alberto Hurtado

8. Ximena Zabala, Psicología, Universidad Alberto Hurtado

9. Nelson Soto, Antropólogo

10. Jorge Castillo, Psicología, Universidad de Santiago de Chile

11. Ana Pizarro,Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), USACH

12. Sebastián Ureta, Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado

13. Paloma Martínez, Universidad de Chile

14. Walter González, Corporación Nuevas Ideas

15. Cristina Garrido, Antropóloga

16. Rodrigo Vega, Ingeniería

17. Alvaro Ramis, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

18. Ronald Cancino, Universidad de la Frontera

19. Eduardo Devés, Instituto de Estudios Avanzados – USACH

20. Nathalie Joignant, MSc Gestion y Planificacion Ambiental. Universidad de Chile

21. Ángela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

22.Esteban Aguayo Sepúlveda, Arqueólogo U. de Chile, Máster en ciencias de las religiones, candidato a doctor por la facultad de filología, Universidad Complutense de Madrid

23. Gabriela Silva Garrido, Medico Veterinaria U. de Chile, SOSOET

24. Sarina Scalia, Universidad de Chile

25. René Garrido, Ingeniera Ambiental, USACH

26. Francisco Castaneda, Facultad de Administración y Economía, USACH

27. Patricia Peña, Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

28. Víctor Guerrero, Sociología, Universidad Arturo Prat

29. María Loreto Rebolledo Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

30. Rodrigo de la O. Director ONG VIgilante Costero

31. Ronald Mac-Ginty Comisión de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros

32. Nicolás Sanhueza Mag. Sociología PUC

33. Dra. Claudia Rodríguez Seeger, Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humano

34. Gabriela Silva Garrido, Médico Veterinaria U Chile, SOSOET, CESEP.s y Medio Ambiente

35. Macarena López OlivaArqueóloga, U. de Chile

36. José Gerstle, Ing Agrónomo, MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayn

37. Valentina Cortés, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

38. María José Brain, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

39. Bojana Kuzmicic, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

40. Patricio Bahamondes, Biólogo Marino, ONG Ayni

41. Francisca Bardi, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

42. Beatriz Brito, Médico Veterinaria, ONG Ayni

43. Camila Agurto, Médico Veterinaria, ONG Ayni

44. Cecilia Figueroa, Médico Veterinaria, ONG Ayni

45. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma PUC. Estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile.

46. Gabriela Bawarshi Abarzúa, Psicóloga, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

47. Camila Cifuentes Croquevielle, Bióloga Ambiental U. de Chile, MODATIMA

48. Claudia Montero Poblete Arqueóloga, Fundación Desierto de Atacama

49. Martin Arboleda, Sociología, Universidad Diego Portales

50. Felipe Raglianti, Sociologia, Universidad Alberto Hurtado

51.Lorena Valderrama, Periodismo, Universidad Alberto Hurtado

52. Cecilia Ibarra, CR2, Universidad de Chile

53. Juan Vergara, Sociologia, Universidad de Valparaíso

54. Martín Pérez-Comisso, Estudiante Doctoral, Universidad de

55. Daniela Zamorano, Instituto de Ecología Política

56. Ignacio Agüero, Instituto de la Comunicación y la Imágen – Universidad de Chile

57. Martin Sanzana Calvet, Director Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano

58. Mauricio Folchi, Historiador ambiental, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile

59. Daniela Cea Saez, Geografía, Universidad de Chile

60. Marcelo Guitérrez, Psicólogo U. de Chile, ONG Sur Maule

61. Alejandro Salas, Trabajador social, ONG Sur Maule

62. Ramiro Plaza, Ingeniero Civil Industrial, Fundación Tralkan

63. Antonio Morales, Sociólogo, Asociación Cultural y de las Artes de Teno

64. Claudio Broitman, Director Magíster Comunicación Pública, Universidad de Santiago de Chile

65. Andrés Gómez, Director Antropología, Universidad de Chile

66. Angela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

67. Víctor Farías, Fundación Mingako

68. Ignacio Riquelme Alvarez, Multiversos SPA

69. Paola Araneda Cid Bióloga, Msc. en Recursos Naturales, P. Universidad Católica de Chile, SOSOET

70. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma, estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Mención Subsistemas Acuáticos Continentales, U. de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile

71. Nelson Arellano Doctorado de Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)

72. Gabriela Cabaña Alvear, Socióloga, estudiante de Doctorado en Antropología de la London School of Economics and Political Science

73. Red por la defensa de la precordillera

74. Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecologia

75. Acción Eco Social Quintero

76. Colectivo Viento Sur

77. Fundación Mingako

78. Tomás Ariztía, Sociología, Universidad Diego Portales.

79. Francisca Foseca, Sociología, Universidad de la Frontera.

80. Gustavo Blanco, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile

81. Javiera Barandiarán, Universida de California

82. Camila López Allendes, Biología Ambiental,

83. Cristian Atala, Instituto de Biología PUCV

84. Alexander Vargas, Biología, Universidad de Chile

85. Ecosistemas ONG

86. Fundación Terram

87. Violeta Rabi, Investigadora, Espacio Público

88. Fernanda Salinas, Investigadora, FIMA

89. Alejandra Palafox, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile

90. Patricio Padilla,Sociología, Universidad de la Frontera

91. Marco Rosas Innovación, INACAP Osorno

92. Karla Palma Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

93. Colectivo Cultural Wenewen,Nacimiento 8va región.

94. Dr. Andrés Moreira-Muñoz, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

95. Maite Salazar, Millennium Institute for Integrative Biology, Pontificia Universidad Católica de Chile

96. Camila López, Biología, Universidad de Chile, Centro GEma Universidad Mayor

97. Juan José Berger Asociación de Investigadores de Posgrado ANIP

98. Corporación de Ecología Social y Política, CESEP

99. Felipe Ruz Carreño Ingeniero Civil Industrial, Fundación Mingako

100. Mauricio Martínez Marcich Ingeniero Eléctrico, Fundación Mingako

101. Camila Muñoz Tapia Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, Fundación Mingako

101. Daniela Contardo Ingeniera Civil Industrial, Fundación Mingako

102. Nicole Vergara Maragaño Licenciada en Kinesiología, Fundación Mingako

103. Robinson Torres Salinas Sociplogo, Académico U. de Concepción

104. Rocío Almuna Morales, Médico Veterinaria, SOSOET y Laboratorio ECOS (Ecología, Complejidad y Sociedad), Pontificia Universidad Católica

105. Silvia Lazzarino Bióloga y diseñadora Pontificia Universidad Católica, ilustradora científica de la U. de Washington

106. Andrea Hurtado Quiñones. Sociológa. Ms. Antropología social y política. USACH

107. Cristian Parker, Instituto de Estudios Avanzados, Usach

108. Andrea Sanhueza, Conveno Principio 10

109. Sara Larraín, Chile Sustentable

109. Cooperativa Minka

110. Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales

111. Sergio Donoso, Facultad de ciencias forestales y Conservación de la Naturaleza.  Universidad de Chile

112. Alejandra Donoso, Abogada, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales y Defensoría Ambiental

114. Diego Lillo, Abogado, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales

115. Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM

116. María Victoria Venegas Castillo, Profesora de Historia, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

117. Claudio Abif Araya Jure Psicólogo Comunitario, Centro Bienestar Psicosocial

118. María Ignacia Arriagada Hernández Socióloga U. Alberto Hurtado, Centro Bienestar Psicosocial

119. Danae Tapia Agurto Bióloga con Mención Recursos Naturales y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile.

120. Lorna Lares López, Diseñadora Industrial de la U. de Chile, Master of Arts – Design Futures, Goldsmith College, University of London

121.Carlos Osorio Jofré, Licenciado en Arqueología, Universidad de Chile

122. Julien Vanhurst, Sociología, Pontificia Universidad Católica del Maule

133. Bárbara Jerez, Dra. en Estudios Latinoamericanos

134. Andrés Tchernitchin Varlamov, Facultad de Medicina. Universidad de Chile

135. Fundación Decide

136. Ética en Los Bosques

137. Futuro Renovable

138. Adapt Chile

139. Rubén Carrillo Universidad de la Frontera

140. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

141. America Opazo Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica del Maule

142. Amarí Peliowski, Centro de Investigación en Artes y Humanidades, Universidad Mayor.

—————————-

Public Statement of Academics, Researchers, about the Draft Reform on The System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) Law

Academics and researchers who’ve undersigned this public statement, express our concern about the government’s approach to the challenge of building a public environmental institutionality that is democratic, just and decentralized.

In our fields we witness the historically conflictive relationships between communities and large investment projects. These conflicts, far from being reduced, tend to become more acute due to the sustained pressure exerted by investment projects on the resources available in the land; pressure that is not being contained or regulated by the state, the responsible entity to guarantee all actors — not only proponents of such projects — the right to decide about the uses and rights over common goods.

In this context, the proposal to reform the institutional framework for environmental assessment that entered again to the congress with extreme urgency, is not up to the challenge that is to reduce the controversies, and build common agreements on ever more stressed ecosystems, drained by the productivist pressure. We know that we face a large water crisis on the north and center of the country; we also know that the biodiversity loss has reached an unprecedented rate; we know that the impacts of soil, air, and water contamination due to mining, agroindustrial, and energy megaprojects is taking the lives of the people that live in lands where these projects are being implemented; and we know that the effects of climate change will increase the fragility and vulnerability of these land and its people.

The neoliberal perspective supposes that these projects are necessary to sustain economic growth. What is the cost of this growth? Can we speak of growth when the profits generated by these projects generally create costs on health, infrastructure, and on equal access to livelihoods that are much higher than said profits? Can we continue projecting initiatives in saturated areas, biodiversity hotspots, stressed watersheds, and in areas where endemic and cultural wealth is already being threatened and violated?

If public policy is not taking care of its ecosystems is already unsustainable. We cannot continue to allow projects with predatory effects on the environment. This cannot be resolved by a reform that prioritises the speed of processing over the quality of decisions. Decisions based on assessments that do not respect the diversity of the land; and that reduces the voices of the affected actors. We need a public policy with a socio environmental approach that has strategic and systemic look to the ecosystems in all their complexity, recognizing the synergic impacts of human actions and strategically assessing how appropriate said actions are looking into the future. Upon this principle, is necessary to design a System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) that makes effective the application of preventive principles, strategic environmental assessments, and the deepening of citizen participation and indigenous consultation.

The methodologies given in the rounds of citizen participation within the SEIA are important spaces for discussion about specific projects, but completely insufficient to account for feelings of attachment, native species, indigenous ways of production, other ancient lifestyles, oral traditions, humans, animals, vegetables, and land. Citizens have shown indisputable evidence of their ability to overwhelm processes of citizen participation in the environmental assessment system. It is already common to see images showing leaders of neighborhoods, worker unions, and functional associations, all of them willing to discuss and reject the benefits promised by consultants that promote community development in asymmetric conditions of power and knowledge. In this understanding, we recognize the necessity to reclaim ownership of the inhabitants professionals, scientists, technicians, and wise men and women, of the regions in dispute, to decide about the vocation of the communities. Here, the SEIA cannot be immune to the political, understanding that all of the actors, public or private, who are concerned on the assessment of specific projects, cannot be called ex-post to these, nor can they be excluded to the pronouncing in production sector such as the building sector or in the planning for risks and disasters.

In the same way, the production of report of environmental assessment is another source of profit and waste of capacity for knowledge generation, where will all that knowledge go? Who are these base lines for? What environmental science is being generated and preserving the country? What are the conditions that this system creates for young professionals and researchers?

Finally , the increase in the judicial procedures according to the demands and administrative resources for greater environmental justice is one more sign that the modifications to the SEIA should not focus on accelerating the processing of projects of investment, but in facilitating the increase in the quality of decisions about benefits socio-technical-environment, in order not to increase the causes in the environmental courts.

We call to ecologize and not only modernize the SEIA. With this we make an interpellation to the political authorities to tune in their negotiations with those corresponding to a country that will host the COP25. This is because our role as hosts of this event of global relevance, cannot be confined to manage impacts efficiently, quickly and technically, via investment projects. That is, we cannot reduce the look without considering the importance of unavoidable increase of planetary infrastructural impacts. For this, is that it is extremely urgent to broaden the spaces for discussion before and after the SEIA to remedy and repair those historically impacted communities, promote creatively more-and-not-less dialogues between scientific communities, ancestral wisdom, close technological experimentation, and common sense, which call us around the challenges of intervening with prudence caution and care.

The history of the SEIA has coexisted with multiple and innovative forms of resistance in front of initiatives of effect in the face of threatening undesired projects, or in the face of crisis and disasters. These are knowledge sources about what it means to persistently participate in the public sphere as a civil society. In the same way, the production of scientific knowledge, humanistic, artistic, social, and environmental  must be dignified and valued as a public good for the ecologization of the SEIA, its peoples, enterprises and lands and not like an arbitrary product of the decision of current investments.

Therefore, we request to turn the focus of the current law reform project on the reform of the SEIA presented at the congress, with the aim of reclaiming the path of citizen discussions based on ethical principles circumscribed and ratified by the Chilean state to the United Nations; subscription to pending international agreements for the betterment of these standards like the Escazu agreement, and to move forward on the democratization and sustainability of the relationships between people and land.

Translated by Felipe Fontecilla

Servicio de Evaluación Ambiental Biobio extiende suspensión de plazo a empresa Pelicano

#reporte @vigilantecosta

Recientemente, la empresa pesquera Inversiones Pelicano S. A., solicitó extensión del plazo de suspensión (que se cumple el 31 de octubre del presente) al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA Biobío), para dar respuesta a las más de 3 mil observaciones realizadas por organizaciones y particulares al proyecto experimental en aguas oceánicas nacionales de "granjas marinas" para el cultivo intensivo de salmón, cojinoba y algas en distintos puntos de la región costera de Ñuble y Biobío. Plazo se extendería hasta 31 de Octubre de 2018.

Con fecha 6 de octubre del presente año, vía oficio, se resuelve:

1. // Extender la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental Centro de Cultivo. Suroeste de Punta Purema. Pert 211 081 061. La fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 31 de octubre de 2018.
2. Continuar con el procedimiento de evaluación de Declaración de Impacto Ambiental Centro de Cultivo. Suroeste de Punta Purema. Pert 211 081 061, una vez vencido el plazo de suspensión acordado a que se refiere el numeral anterior o una vez presentado el Adenda, según corresponda. // (*)

El 12 de Octubre se notifica vía plataforma SEIA oficial y publicamente extensión de suspensión. Ver Documento Aqui

* Extracto de Resolución exenta 286 de uno de los centros de cultivos que es reiterativo en casi todos los demás. A excepción, de los que no tienen cultivos de peces. Ver Documento: Aquí

Nota Relacionada:

Inversiones Pelicano solicita nuevo plazo a SEA Biobio para responder observaciones a proyecto de centros de cultivo en mar abierto