" Fernando Salinas Manfredini es un gran amigo, de larga trayectoria, luchas y victorias ciudadanas por la defensa ambiental de la región del Maule. Con una fuerte raíz familiar en el hermoso pueblo típico de Chanco en el Maule Sur es un candidato de gran nivel que tenemos la certeza será un aporte muy importante en la redacción de una nueva Constitución Política de nuestra República, que tenga en su base y plataforma el concepto ambiental y/o ecológico de manera transversal.
Porque no da lo mismo elegir Constituyentes, no podemos equivocar su elección debido a que es un proceso único, sin precedente y que plantea una propuesta participativa y representativa del Chile que queremos en los próximos 40 o más años. Les invitamos a conocer su programa:
[Rodrigo de la O - @vigilantecosta Director ONG] "
Esta Propuesta al País tiene como propósito transformar el Poder del Movimiento
Social en Poder Electoral Constituyente. Busca favorecer que sean elegidos como
convencionales constituyentes personas y representantes de organizaciones de la sociedad civil
que han venido impulsando la demanda por una nueva Constitución y han demostrado su
compromiso con las reivindicaciones y la causa del Pueblo.
Pensamos que se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los
derechos sociales, económicos y culturales y lidere, con colaboración privada en algunos casos,
la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión que ha enfrentado nuestro país desde
sus orígenes y que serán profundizados dramáticamente por el cambio climático y la revolución
científica tecnológica.
Llamamos a esta nueva institucionalidad Estado de Derecho Ambiental, Igualitario y
Participativo o Estado Constitucional Ambiental Igualitario y Participativo, se trata de un
nuevo modelo de Estado Constitucional.
Vocación Ambiental
Concebimos al ser humano como parte integral e indivisible de la naturaleza, en la que tiene su
ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en tanto ser dotado de conciencia, el respeto,
cuidado y preservación del equilibrio de los ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas
formas de vida en el planeta tierra.
Esta cosmovisión, fundamentada en un conocimiento científico y complementada con el saber
indígena ancestral, ha permitido una creciente comprensión de los fenómenos naturales y las
leyes universales que determinan el bien más preciado y escaso en el universo conocido, la vida.
De ella emana un nuevo concepto de la dignidad humana, llamado a reemplazar el paradigma de
la competencia egoísta por uno nuevo, basado en la colaboración solidaria entre las personas.
Vocación Igualitaria
Promovemos la igualdad de género, el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios como culturas esenciales de la sociedad chilena, así como la valoración de las
minorías y de los inmigrantes. Queremos colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva.
Promoveremos un estado plurinacional y la plena igualdad de hombres y mujeres, así como la
garantía de no discriminación respecto de la diversidad sexual y los extranjeros y extranjeras, y
todo grupo social que requiera de protección. Promovemos el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos y en general la autodeterminación sobre el propio cuerpo.
Vemos al ser humano como un ser integral, social, que con los otros construye relaciones y
estructuras que generan bienestar físico, material, social y espiritual. Nos parece absolutamente
necesario consagrar un Estado laico que al mismo tiempo respete las libertades de conciencia,
creencia, expresión, reunión y asociación, debiendo velarse por la separación de Religión-Estado.
Los deberes constitucionales
Los desafíos que enfrentamos obligan a precisar los deberes constitucionales que debemos
cumplir para que sea posible un nuevo tipo de constitucionalismo:
- El primero es el respeto por la diversidad, lo que implica el deber de tratar a los distintos como
legítimos otros.
- El deber de proteger a nuestras ancianas y ancianos, así como a toda minoría.
- El deber ineludible de respetar y proveer las condiciones para la recreación de las naciones y
pueblos indígenas que coexisten con la nación chilena.
- El deber de estudiar y trabajar con responsabilidad, asumiendo que estas actividades tienen un
profundo impacto social y no sólo un interés individual.
- El deber de proveer condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores y un salario justo que
habilite para llevar una vida digna y libre.
- El deber de formarse para la vida ciudadana y por consiguiente el de votar en las elecciones de
las autoridades locales y nacionales; de participar en los plebiscitos comunales y en los
presupuestos participativos comunales.
- El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los derechos de la
madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un medio ambiente sano.
- El deber de defender la integridad territorial del Estado y de contribuir a los gastos públicos.
- El deber de respetar cabalmente la nueva Constitución, así como las leyes que se vayan dictando
conforme a ella.
- El deber de respetar el régimen democrático, los derechos humanos y el orden público propio de
un régimen democrático y de un gobierno legítimo.
- Todo acto de corrupción que afecte al régimen político es una desviación moral que daña
gravemente el régimen democrático.
Vocación ParticipativaLas organizaciones sociales deben tener una participación protagónica en el ejercicio de los
gobiernos locales y regionales. Creemos que debe existir la posibilidad de convocatoria a
plebiscito comunal por iniciativa popular, así como también la iniciativa popular de ley; y deben
consagrarse mecanismos de control y de revocación de mandatos a las autoridades. A su vez, es
necesario fortalecer a las juntas de vecinos, las cooperativas y otras organizaciones sociales no
gubernamentales que puedan visibilizar las inquietudes de la ciudadanía e incrementar la
participación.
Los partidos políticos deben ser regulados constitucionalmente, exigiendo una organización
democrática y participativa con pleno respeto de la voluntad de sus militantes, poniendo fin a
todos los mecanismos que permiten a las cúpulas no acatar la voluntad de las bases
democráticamente manifestada.
Promoveremos que la nueva Constitución fortalezca el gobierno municipal y los canales de
participación de la comunidad de vecinos, ampliando el mecanismo plebiscitario y estableciendo
el carácter vinculante de sus resultados. Debe consagrarse constitucionalmente la figura del
presupuesto participativo plurianual vinculado a un plan de desarrollo comunal participativo.
Todo esto supone saldar una deuda histórica con los derechos políticos que tradicionalmente han
estado reservados a una elite patriarcal, ampliando su radio de acción de modo tal que permita a
la mayoría la construcción de una sociedad democrática, participativa e inclusiva.
Valoración de la democracia y la actividad política
Somos un movimiento pacifista con profunda vocación democrática, que considera fundamental
la actividad política como principal antídoto ante la corrupción que viene dañando la adhesión
de la población con el sistema democrático. Estamos convencidos que el fortalecimiento de la
participación política y el mejoramiento del sistema democrático contribuye de manera decisiva
a la libertad, la igualdad formal y material, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
Estamos conscientes de la profundidad de los cambios sociales, económicos, culturales,
científicos, tecnológicos y políticos que se han producido en Chile, por lo que consideramos que
es nuestro deber revisar y proponer estándares políticos y éticos que estén a la altura de estas
transformaciones, y que permitan alcanzar una sociedad cuyo imperativo ético debe ser la
dignidad del ser humano y de los seres vivos por sobre cualquier otro asunto.
Dadas las prácticas neoliberales que han impregnado las instituciones, propondremos una
revisión de los fines y objetivos del Banco Central, de manera tal que contribuya de modo
eficiente a la nueva economía que demanda el nuevo escenario.
Este movimiento nace en un país y un mundo que atraviesan fuertes crisis institucionales,
democráticas y valorativas. En esta perspectiva, la Nueva Constitución es el punto de partida para
forjar un nuevo pacto social que nos permita avanzar con unidad hacia el futuro. Necesitamos
una república inclusiva que resuelva los defectos de la discriminación por razón de género, de
ser inmigrantes o de ser pobres, avanzando hacia mecanismos positivos de inclusión.
Promoveremos una Nueva Constitución que resuelva los defectos de representatividad actuales,
como el denominado “clientelismo político”, bajo un sistema que otorgue mayores facultades al
Parlamento. Propondremos establecer un sistema unicameral, un régimen de Gobierno Semi
Presidencial o similar, con una regionalización efectiva y mecanismos de mayor participación
ciudadana y de la sociedad civil en la toma de decisiones, combinando la democracia
representativa con instrumentos de democracia directa.
Es necesario garantizar la independencia externa e interna del Poder Judicial, así como realizar
una revisión profunda de los mecanismos destinados a velar por el respeto de la Constitución, lo
que implica una nueva visión sobre el control de constitucionalidad que podría estar radicada en
una sala especializada de una nueva Corte Suprema en el contexto de una sociedad que promueve
la responsabilidad de todas las autoridades.
Asimismo, es necesario una república que supere las falencias del actual Estado unitario
centralizado y discriminador, bajo mecanismos que incorporen a las regiones y los pueblos
originarios. Esta tarea parte con un reconocimiento a nuestro defecto de ser un país racista y
clasista, característica social que debe ser combatida y superada.
Fortalecimiento de las regiones
Asimismo, tenemos una opción descentralizadora y regionalista. Promoveremos una revisión del
actual sistema de regionalización e impulsaremos la desconcentración del país. Nos parece que
deben explorarse las posibilidades de concebir una macrozona norte, centro y sur que supere la
actual organización regional y combine equilibradamente las potencialidades de los territorios y
fortalezca al mismo tiempo al Estado de Chile.
Estado y Mercado
Para enfrentar los desafíos del futuro no cabe la disyuntiva entre el mercado y el Estado, ambos
son pilares del desarrollo, sin embargo, el abuso de los oligopolios y monopolios, las penumbras
del mercado y la inexactitud de las leyes y teorías económicas que se sostienen sobre la base de
creencias inaceptables como el egoísmo humano y la mano invisible, nos indican que no se
justifica socialmente una defensa dogmática del mercado y la competencia. El mercado sólo debe
ser visto como uno más de los instrumentos que operan en la actividad económica.
Concebimos un modelo de desarrollo que supere las injusticias de la concentración del poder
económico y que aspire a superar el techo de crecimiento que nos impida avanzar en la generación
de valor agregado. Debemos aspirar a un real fortalecimiento de la productividad, mucho más
allá de la tradicional explotación de nuestros recursos naturales. Consideramos que la ciencia
económica debe enfocarse en determinar cómo avanzamos hacia un modelo económico que
supere la actual cuestión social y ponga en el centro al trabajo humano como el gran productor
de riqueza, y por ende como el primero en ser beneficiado: necesitamos de una nueva economía
y de una nueva ciencia económica.
Esta nueva economía debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución del impacto
negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la gravedad del cambio climático
y su impacto en la transformación del medio ambiente. Esta nueva economía social debe
anticiparse a las consecuencias negativas sobre el trabajo que ha traído la revolución tecnológica.
Ante la automatización y robótica de los procesos productivos, comerciales y financieros, se debe
comprometer con el cambio y adaptación cultural que comenzamos a experimentar las personas
ante la denominada “cuarta revolución industrial”.
El Estado y la sociedad debe asumir el desempleo que acarreará la sustitución de mano de obra
como consecuencia de estas transformaciones. También es necesario establecer apoyos eficientes
para pequeñas y medianas empresas que se desenvuelvan en mercados poco transparentes y en
que operen grandes oferentes. Desde el punto de vista empresarial daremos incentivos para la
formación y consolidación de las llamada empresas B por su compromiso con la transparencia y
el medio ambiente.
El silencio de los pobres y el drama de la pobreza
Promoveremos un Estado activo en el enfrentamiento de la pobreza, de modo tal que la misma
no sea invisibilizada por el enfrentamiento de otros problemas sociales.
La pobreza azota a millones de chilenas y chilenos, daña severamente las posibilidades de las
niñas y niños, de las jovencitas y de los jóvenes de alcanzar el pleno ejercicio de su libertad. La
desigualdad que los azota daña severamente su dignidad y por ende su autoestima, y los condena
a aceptar su condición de inferioridad como un hecho casi natural. Denunciamos como inhumana
toda forma de organización que, bajo el pretexto de enfrentar los cambios culturales, desplaza a
la lucha contra la pobreza a una tarea de segundo orden.
Estado integrado internacionalmente y Administración Pública virtuosa
Las relaciones internacionales de los gobiernos deben inspirarse en una concepción del Estado
de Chile como artífice y promotor de la paz regional, continental y mundial. Un Estado que
privilegia la diplomacia y fortalece la institucionalidad internacional democrática y protectora de
los derechos humanos. Un Estado abierto al mundo y al mismo tiempo protector de su derecho a
autodeterminación en materia económica y política en el contexto de una sociedad democrática.
Las Fuerzas Armadas deben contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y de derechos
humanos que deben inspiran toda la actividad estatal, lo que implica una profunda revisión de la
doctrina de la seguridad nacional por su carácter antidemocrático, y su reemplazo por una
concepción coherente con los valores que se promueven democráticamente en la sociedad civil.
Las fuerzas de Orden y Seguridad deben ser reorganizadas de forma tal que la sociedad civil las
reconozca como un legítimo brazo armado del Derecho y como respetuosas de los derechos
civiles y políticos de la población, así como instituciones eficaces y respetadas en el combate de
las nuevas formas de delincuencia que amenazan con destruir la familia, la propiedad fiscal y
privada, la paz y la seguridad de la vida cotidiana. El combate al narcotráfico y a la corrupción
deben ser prioridad, por el severo daño que provoca a las personas, familias, los colectivos y al
país en general.
Pensamos que el rol activo del Estado implica superar la visión del mismo como una estructura
burocrática capturada por los partidos políticos de turno en el Gobierno. Procuraremos que el
personal estatal sea elegido por concurso público, y que los funcionarios públicos sean entrenados
en la solución de los problemas que genera la actividad burocrática y se empapen de una nueva
cultura de gestión.
El Estado debe ser parte de la solución de los problemas, no uno de los problemas. Ello implica
una profunda transformación de la cultura del funcionario público. Un Estado activo y fuerte solo
es legítimo si la ciudadanía experimenta su actuación como una contribución eficiente y eficaz
al quehacer de la sociedad civil. Hay que superar la creencia de ser el Estado parte del botín de
los partidos políticos.
La normativa constitucional debe prohibir expresamente que la administración pública viole los
derechos de las trabajadoras y trabajadores del Estado, privándolos del derecho de sindicalización
y de los derechos propios de la relación jurídico-laboral al recurrir de manera usual a la fórmula
de la contratación a honorarios.
Sociedad y familia
Queremos consagrar en la nueva Constitución lo social y comunitario de manera tal que los
gobiernos diseñen políticas públicas que fortalezcan a las familias, respetando su amplia
diversidad, y resuelvan las falencias de protección de sus miembros.
Es imperativo que el Estado se ocupe activa y directamente del sistema de pensiones, natalidad,
educación, salud, vivienda, discapacidad, vejez.
El envejecimiento digno supone necesariamente una pensión digna. Aquí el rol del Estado y la
sociedad es central para alcanzar una justa solución. El derecho a una justa remuneración y el
fortalecimiento de la actividad sindical son componentes básicos de esta solución.
En términos de salud y bienestar, la salud pública y otros servicios relacionados deben generar
todas las condiciones que permitan una estrategia de atención digna, a tiempo y de calidad para
las enfermas y enfermos y en especial las personas mayores.
Necesitamos brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y estructurales
para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para hacer efectiva la
participación de los distintos tipos de familia en la crianza.
Debemos aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que enseñe a niños y niñas a
desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir plenamente.
Necesitamos ampliar la protección que reciben los sectores vulnerables, brindando más acceso a
viviendas dignas e integradas socialmente, haciendo universal el acceso gratuito a la educación
superior.
Educación, ciencia, humanidades y tecnología
La Educación Pública debe aspirar a ser la mejor del país en todos los niveles. La revolución
tecnológica tiene implicancias en nuestra vida cotidiana por ello consideramos urgente el acceso
universal a las nuevas tecnologías en todos los rincones de nuestro país. Creemos que el Estado
debe destinar al menos el 4% del PIB para investigación aplicada y ciencia básica, en favor de
todas las ciencias, y también de las artes y las humanidades.
-
Fuente:
https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/elecciones/guia_candidatos.asp#6018
https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D18_FERNANDO_SALINAS_MANFREDINI.pdf
-
