Las
académicas y académicos, investigadores e investigadoras abajo firmantes
manifestamos nuestra preocupación sobre el abordaje gubernamental al desafío de
construir una institucionalidad ambiental pública, democrática, justa y
descentralizada.
En nuestros ámbitos de desempeño, somos testigos de las relaciones conflictivas históricas entre comunidades y grandes proyectos de inversión. Estas conflictividades, lejos de reducirse, tienden a agudizarse ante la presión sostenida que ejercen los proyectos de inversión sobre los recursos disponibles en los territorios; presión que no está siendo contenida ni regulada por el Estado como entidad responsable de garantizar a todos los actores, no sólo a los proponentes de tales proyectos, a decidir sobre los usos y los derechos que caben a las personas sobre los bienes comunes.
En este escenario, la propuesta de reforma a la institucionalidad ambiental que nuevamente ingresó al congreso con urgencia suma no está a la altura del desafío que supone reducir las controversias y construir acuerdos comunes para la toma de decisiones sobre ecosistemas cada vez más estresados y agotados por la presión productivista. Sabemos que enfrentamos una crisis hídrica de proporciones en la zona norte y centro del país; sabemos que la pérdida de biodiversidad ha llegado a índices sin precedentes; sabemos que los impactos de la contaminación de suelos, aire y aguas por los megaproyectos mineros, agroindustriales y energéticos está costando la vida de las personas que habitan en los territorios donde estos proyectos se emplazan; y sabemos que los efectos del cambio climático, lejos de reducir, aumentarán la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes.
La perspectiva neoliberal supone que estos proyectos son necesarios para sostener el crecimiento económico. ¿Cuál es el costo de este crecimiento? ¿Podemos hablar de crecimiento cuando las ganancias que generan los proyectos generan costos en salud, en patrimonio y en acceso a medios de vida tanto o más altos que dichas ganancias? ¿Podemos seguir proyectando iniciativas en zonas saturadas, en hotspots de biodiversidad, en cuencas hídricas estresadas, en zonas de riqueza endémica y cultural ya amenazadas y violentadas?
Una política pública sin cuidado de sus ecosistemas ya es insostenible. No podemos seguir permitiéndonos asistir a licitaciones de proyectos con efectos depredadores pero aprobados medioambientalmente. Esto no se resuelve con una reforma que priorice la rapidez de la tramitación por encima de la calidad de las decisiones en base a las evaluaciones; que no respete la diversidad de los territorios; y que reduzca las voces de los actores afectados. Necesitamos una política pública en materia socioambiental que tenga una mirada estratégica y sistémica de los ecosistemas en toda su complejidad, reconociendo los impactos sinérgicos de las acciones humanas y evaluando estratégicamente (y no proyecto a proyecto) la pertinencia de dichas acciones, con una perspectiva de futuro. Sobre esta base es necesario diseñar un Sistema de Evaluación Ambiental que haga efectiva la aplicación de principios precautorios, evaluaciones ambientales estratégicas, la profundización de la participación ciudadana y las consultas indígenas.
Las metodologías otorgadas en las jornadas de participación ciudadana dentro del SEIA son importantes espacios de discusión acerca de proyectos específicos, pero completamente insuficientemente para dar cuenta de sentimientos de arraigo, especies nativas, formas de producir autóctonas, formas de vida milenarias, tradiciones orales, humanas, animales, vegetales y terrenales. Por su parte, la ciudadanía ha dado muestras indiscutibles de su capacidad para desbordar procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya son comunes las imágenes que muestran a personas líderes de juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones funcionales, vecinas y vecinos, todas ellas dispuestas, no sólo a discutir sino a rechazar los beneficios prometidos por consultoras que promueven desarrollos comunitarios en condiciones asimétricas de poder y conocimientos. En este entendido, reconocemos la necesidad de entregar potestad a las personas habitantes profesionales, científicos, técnicos, sabedores de regiones para dirimir sobre la vocación de sus territorios. Aquí el SEIA no puede inmunizarse de lo político, entendiendo que la forma en que todos los actores, organizaciones públicas y privadas concernidas en las evaluaciones de determinados proyectos no pueden ser llamadas ex-post a estos, ni tampoco excluidas de su pronunciamiento en sectores productivos como el inmobiliario o en los planes frente a riesgos y desastres.
Asimismo, la producción ingente de informes de evaluación ambiental es otra fuente de lucro y desperdicio de capacidades de generación de conocimiento. ¿Dónde va a parar todo ese conocimiento?, ¿Para quiénes son esas líneas bases?, ¿qué ciencia ambiental está generando y preservando el país?, ¿cuáles son las condiciones que este Sistema posibilita para las y los profesionales e investigadoras/es jóvenes?
Finalmente, el aumento de las tramitaciones judiciales a tenor de las demandas y los recursos administrativos por mayor justicia ambiental es una muestra más de que las modificaciones al SEIA no deben centrarse en acelerar la tramitación de proyectos de inversión, sino en facilitar el aumento de la calidad de decisiones sobre beneficios socio-técnico-ambientales, a fin de no aumentar las causas en los tribunales ambientales.
Llamamos a ecologizar y no sólo modernizar el SEIA. Con ello hacemos una interpelación a las autoridades políticas a que sintonicen sus negociaciones con aquellas correspondientes a un país que será sede de la COP25. Esto porque nuestro rol como anfitriones de este evento de relevancia mundial, no puede circunscribirse a gestionar los impactos de modo eficiente, rápido y técnico, vía proyectos de inversión particulares. Es decir, no podemos reducir la mirada sin considerar la importancia del incremento insoslayable de impactos a nivel planetario e infraestructural. Para ello es de suma urgencia ampliar los espacios de discusión antes y después del SEIA para remediar y reparar a aquellas comunidades históricamente impactadas, promover creativamente más -y no menos- diálogos entre comunidades científicas, de sabidurías ancestrales, de experimentación tecnológica cercana y de sentido común, los cuales nos convoquen en torno a los desafíos de intervenir con prudencia, precaución y cuidado.
La historia del SEIA ha coexistido con múltiples y novedosas formas de resistencia frente a iniciativas de afectación frente a proyectos amenazantes e indeseados, así como también frente a crisis y desastres. Estas son fuentes de conocimientos ingente sobre lo que significa participar persistente y vitalmente en la defensa de lo público desde la sociedad civil. Asimismo, la producción de conocimiento científico, humanista, artístico, social, medioambiental debe dignificarse y valorizarse como bien público, de cara a la ecologización del SEIA, sus personas, las empresas y sus territorios y no como un producto al arbitrio de las decisiones de inversión actuales.
Por ello, solicitamos girar el foco del actual proyecto de reforma de ley sobre la Reforma del SEIA presentada en el Congreso con el fin de retomar la senda de discusiones ciudadanas en base a principios y éticas suscritos y ratificados por el Estado chileno ante Naciones Unidas; suscribir los acuerdos internacionales pendientes para la mejora de estos estándares, como el Tratado de Escazú; y avanzar en la democratización y sustentabilidad de las relaciones entre las personas y los territorios.
En nuestros ámbitos de desempeño, somos testigos de las relaciones conflictivas históricas entre comunidades y grandes proyectos de inversión. Estas conflictividades, lejos de reducirse, tienden a agudizarse ante la presión sostenida que ejercen los proyectos de inversión sobre los recursos disponibles en los territorios; presión que no está siendo contenida ni regulada por el Estado como entidad responsable de garantizar a todos los actores, no sólo a los proponentes de tales proyectos, a decidir sobre los usos y los derechos que caben a las personas sobre los bienes comunes.
En este escenario, la propuesta de reforma a la institucionalidad ambiental que nuevamente ingresó al congreso con urgencia suma no está a la altura del desafío que supone reducir las controversias y construir acuerdos comunes para la toma de decisiones sobre ecosistemas cada vez más estresados y agotados por la presión productivista. Sabemos que enfrentamos una crisis hídrica de proporciones en la zona norte y centro del país; sabemos que la pérdida de biodiversidad ha llegado a índices sin precedentes; sabemos que los impactos de la contaminación de suelos, aire y aguas por los megaproyectos mineros, agroindustriales y energéticos está costando la vida de las personas que habitan en los territorios donde estos proyectos se emplazan; y sabemos que los efectos del cambio climático, lejos de reducir, aumentarán la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes.
La perspectiva neoliberal supone que estos proyectos son necesarios para sostener el crecimiento económico. ¿Cuál es el costo de este crecimiento? ¿Podemos hablar de crecimiento cuando las ganancias que generan los proyectos generan costos en salud, en patrimonio y en acceso a medios de vida tanto o más altos que dichas ganancias? ¿Podemos seguir proyectando iniciativas en zonas saturadas, en hotspots de biodiversidad, en cuencas hídricas estresadas, en zonas de riqueza endémica y cultural ya amenazadas y violentadas?
Una política pública sin cuidado de sus ecosistemas ya es insostenible. No podemos seguir permitiéndonos asistir a licitaciones de proyectos con efectos depredadores pero aprobados medioambientalmente. Esto no se resuelve con una reforma que priorice la rapidez de la tramitación por encima de la calidad de las decisiones en base a las evaluaciones; que no respete la diversidad de los territorios; y que reduzca las voces de los actores afectados. Necesitamos una política pública en materia socioambiental que tenga una mirada estratégica y sistémica de los ecosistemas en toda su complejidad, reconociendo los impactos sinérgicos de las acciones humanas y evaluando estratégicamente (y no proyecto a proyecto) la pertinencia de dichas acciones, con una perspectiva de futuro. Sobre esta base es necesario diseñar un Sistema de Evaluación Ambiental que haga efectiva la aplicación de principios precautorios, evaluaciones ambientales estratégicas, la profundización de la participación ciudadana y las consultas indígenas.
Las metodologías otorgadas en las jornadas de participación ciudadana dentro del SEIA son importantes espacios de discusión acerca de proyectos específicos, pero completamente insuficientemente para dar cuenta de sentimientos de arraigo, especies nativas, formas de producir autóctonas, formas de vida milenarias, tradiciones orales, humanas, animales, vegetales y terrenales. Por su parte, la ciudadanía ha dado muestras indiscutibles de su capacidad para desbordar procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya son comunes las imágenes que muestran a personas líderes de juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones funcionales, vecinas y vecinos, todas ellas dispuestas, no sólo a discutir sino a rechazar los beneficios prometidos por consultoras que promueven desarrollos comunitarios en condiciones asimétricas de poder y conocimientos. En este entendido, reconocemos la necesidad de entregar potestad a las personas habitantes profesionales, científicos, técnicos, sabedores de regiones para dirimir sobre la vocación de sus territorios. Aquí el SEIA no puede inmunizarse de lo político, entendiendo que la forma en que todos los actores, organizaciones públicas y privadas concernidas en las evaluaciones de determinados proyectos no pueden ser llamadas ex-post a estos, ni tampoco excluidas de su pronunciamiento en sectores productivos como el inmobiliario o en los planes frente a riesgos y desastres.
Asimismo, la producción ingente de informes de evaluación ambiental es otra fuente de lucro y desperdicio de capacidades de generación de conocimiento. ¿Dónde va a parar todo ese conocimiento?, ¿Para quiénes son esas líneas bases?, ¿qué ciencia ambiental está generando y preservando el país?, ¿cuáles son las condiciones que este Sistema posibilita para las y los profesionales e investigadoras/es jóvenes?
Finalmente, el aumento de las tramitaciones judiciales a tenor de las demandas y los recursos administrativos por mayor justicia ambiental es una muestra más de que las modificaciones al SEIA no deben centrarse en acelerar la tramitación de proyectos de inversión, sino en facilitar el aumento de la calidad de decisiones sobre beneficios socio-técnico-ambientales, a fin de no aumentar las causas en los tribunales ambientales.
Llamamos a ecologizar y no sólo modernizar el SEIA. Con ello hacemos una interpelación a las autoridades políticas a que sintonicen sus negociaciones con aquellas correspondientes a un país que será sede de la COP25. Esto porque nuestro rol como anfitriones de este evento de relevancia mundial, no puede circunscribirse a gestionar los impactos de modo eficiente, rápido y técnico, vía proyectos de inversión particulares. Es decir, no podemos reducir la mirada sin considerar la importancia del incremento insoslayable de impactos a nivel planetario e infraestructural. Para ello es de suma urgencia ampliar los espacios de discusión antes y después del SEIA para remediar y reparar a aquellas comunidades históricamente impactadas, promover creativamente más -y no menos- diálogos entre comunidades científicas, de sabidurías ancestrales, de experimentación tecnológica cercana y de sentido común, los cuales nos convoquen en torno a los desafíos de intervenir con prudencia, precaución y cuidado.
La historia del SEIA ha coexistido con múltiples y novedosas formas de resistencia frente a iniciativas de afectación frente a proyectos amenazantes e indeseados, así como también frente a crisis y desastres. Estas son fuentes de conocimientos ingente sobre lo que significa participar persistente y vitalmente en la defensa de lo público desde la sociedad civil. Asimismo, la producción de conocimiento científico, humanista, artístico, social, medioambiental debe dignificarse y valorizarse como bien público, de cara a la ecologización del SEIA, sus personas, las empresas y sus territorios y no como un producto al arbitrio de las decisiones de inversión actuales.
Por ello, solicitamos girar el foco del actual proyecto de reforma de ley sobre la Reforma del SEIA presentada en el Congreso con el fin de retomar la senda de discusiones ciudadanas en base a principios y éticas suscritos y ratificados por el Estado chileno ante Naciones Unidas; suscribir los acuerdos internacionales pendientes para la mejora de estos estándares, como el Tratado de Escazú; y avanzar en la democratización y sustentabilidad de las relaciones entre las personas y los territorios.
1. Gloria Baigorrotegui, Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA)-USACH
2. María Paz Aedo, Socióloga, Mg. y
Dra. en Educación, Centro de Análisis Socioambiental, CASA
3. Patricia Pallavicini, Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA)-USACH
4. Constanza Osorio Reyes, Médico
Veterinaria, Fundación Ecociencias
5. Colombina Schaeffer, socióloga,
Doctora en Gobierno y Relaciones Internacionales y subdirectora de Ciudadanía
Inteligente
6. Ezio Costa Cordella,Abogado, Msc.
Regulación, Investigador, Universidad de Chile.
7. Jorgelina Sannazzaro, Sociología,
Universidad Alberto Hurtado
8. Ximena Zabala, Psicología,
Universidad Alberto Hurtado
9. Nelson Soto, Antropólogo
10. Jorge Castillo, Psicología,
Universidad de Santiago de Chile
11. Ana Pizarro,Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA), USACH
12. Sebastián Ureta, Sociólogo,
Universidad Alberto Hurtado
13. Paloma Martínez, Universidad de
Chile
14. Walter González, Corporación
Nuevas Ideas
15. Cristina Garrido, Antropóloga
16. Rodrigo Vega, Ingeniería
17. Alvaro Ramis, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano
18. Ronald Cancino, Universidad de la
Frontera
19. Eduardo Devés, Instituto de
Estudios Avanzados – USACH
20. Nathalie Joignant, MSc Gestion y
Planificacion Ambiental. Universidad de Chile
21. Ángela Arroyo Navarro, Consejo
Ecológico Comunal de Molina
22.Esteban Aguayo Sepúlveda,
Arqueólogo U. de Chile, Máster en ciencias de las religiones, candidato a
doctor por la facultad de filología, Universidad Complutense de Madrid
23. Gabriela Silva Garrido, Medico
Veterinaria U. de Chile, SOSOET
24. Sarina Scalia, Universidad de
Chile
25. René Garrido, Ingeniera
Ambiental, USACH
26. Francisco Castaneda, Facultad de
Administración y Economía, USACH
27. Patricia Peña, Instituto de la
Comunicación e Imagen I Universidad de Chile
28. Víctor Guerrero, Sociología,
Universidad Arturo Prat
29. María Loreto Rebolledo Instituto
de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile
30. Rodrigo de la O. Director ONG
VIgilante Costero
31. Ronald Mac-Ginty Comisión de
Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros
32. Nicolás Sanhueza Mag. Sociología
PUC
33. Dra. Claudia Rodríguez Seeger,
Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humano
34. Gabriela Silva Garrido, Médico
Veterinaria U Chile, SOSOET, CESEP.s y Medio Ambiente
35. Macarena López OlivaArqueóloga,
U. de Chile
36. José Gerstle, Ing Agrónomo, MSC
en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayn
37. Valentina Cortés, Médico Veterinaria
MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni
38. María José Brain, Médico
Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni
39. Bojana Kuzmicic, Ingeniera en
recursos naturales, ONG Ayni
40. Patricio Bahamondes, Biólogo
Marino, ONG Ayni
41. Francisca Bardi, Ingeniera en
recursos naturales, ONG Ayni
42. Beatriz Brito, Médico
Veterinaria, ONG Ayni
43. Camila Agurto, Médico
Veterinaria, ONG Ayni
44. Cecilia Figueroa, Médico
Veterinaria, ONG Ayni
45. Camila Bañales Seguel, Ingeniera
Agrónoma PUC. Estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de
Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile.
46. Gabriela Bawarshi Abarzúa,
Psicóloga, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad
47. Camila Cifuentes Croquevielle,
Bióloga Ambiental U. de Chile, MODATIMA
48. Claudia Montero Poblete
Arqueóloga, Fundación Desierto de Atacama
49. Martin Arboleda, Sociología,
Universidad Diego Portales
50. Felipe Raglianti, Sociologia,
Universidad Alberto Hurtado
51.Lorena Valderrama, Periodismo,
Universidad Alberto Hurtado
52. Cecilia Ibarra, CR2, Universidad
de Chile
53. Juan Vergara, Sociologia,
Universidad de Valparaíso
54. Martín Pérez-Comisso, Estudiante
Doctoral, Universidad de
55. Daniela Zamorano, Instituto de
Ecología Política
56. Ignacio Agüero, Instituto de la
Comunicación y la Imágen – Universidad de Chile
57. Martin Sanzana Calvet, Director
Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano
58. Mauricio Folchi, Historiador
ambiental, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile
59. Daniela Cea Saez, Geografía,
Universidad de Chile
60. Marcelo Guitérrez, Psicólogo U.
de Chile, ONG Sur Maule
61. Alejandro Salas, Trabajador
social, ONG Sur Maule
62. Ramiro Plaza, Ingeniero Civil
Industrial, Fundación Tralkan
63. Antonio Morales, Sociólogo,
Asociación Cultural y de las Artes de Teno
64. Claudio Broitman, Director
Magíster Comunicación Pública, Universidad de Santiago de Chile
65. Andrés Gómez, Director
Antropología, Universidad de Chile
66. Angela Arroyo Navarro, Consejo
Ecológico Comunal de Molina
67. Víctor Farías, Fundación Mingako
68. Ignacio Riquelme Alvarez,
Multiversos SPA
69. Paola Araneda Cid Bióloga, Msc.
en Recursos Naturales, P. Universidad Católica de Chile, SOSOET
70. Camila Bañales Seguel, Ingeniera
Agrónoma, estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Mención Subsistemas
Acuáticos Continentales, U. de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile
71. Nelson Arellano Doctorado de
Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA) de la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano (UAHC)
72. Gabriela Cabaña Alvear,
Socióloga, estudiante de Doctorado en Antropología de la London School of
Economics and Political Science
73. Red por la defensa de la
precordillera
74. Sociedad Chilena de Socioecología
y Etnoecologia
75. Acción Eco Social Quintero
76. Colectivo Viento Sur
77. Fundación Mingako
78. Tomás Ariztía, Sociología,
Universidad Diego Portales.
79. Francisca Foseca, Sociología,
Universidad de la Frontera.
80. Gustavo Blanco, Instituto de
Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile
81. Javiera Barandiarán, Universida
de California
82. Camila López Allendes, Biología
Ambiental,
83. Cristian Atala, Instituto de
Biología PUCV
84. Alexander Vargas, Biología,
Universidad de Chile
85. Ecosistemas ONG
86. Fundación Terram
87. Violeta Rabi, Investigadora,
Espacio Público
88. Fernanda Salinas, Investigadora,
FIMA
89. Alejandra Palafox, Instituto de
Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile
90. Patricio Padilla,Sociología,
Universidad de la Frontera
91. Marco Rosas Innovación, INACAP
Osorno
92. Karla Palma Instituto de la
Comunicación e Imagen I Universidad de Chile
93. Colectivo Cultural
Wenewen,Nacimiento 8va región.
94. Dr. Andrés Moreira-Muñoz,
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
95. Maite Salazar, Millennium
Institute for Integrative Biology, Pontificia Universidad Católica de Chile
96. Camila López, Biología,
Universidad de Chile, Centro GEma Universidad Mayor
97. Juan José Berger Asociación de
Investigadores de Posgrado ANIP
98. Corporación de Ecología Social y
Política, CESEP
99. Felipe Ruz Carreño Ingeniero
Civil Industrial, Fundación Mingako
100. Mauricio Martínez Marcich
Ingeniero Eléctrico, Fundación Mingako
101. Camila Muñoz Tapia Licenciada en
Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, Fundación Mingako
101. Daniela Contardo Ingeniera Civil
Industrial, Fundación Mingako
102. Nicole Vergara Maragaño
Licenciada en Kinesiología, Fundación Mingako
103. Robinson Torres Salinas
Sociplogo, Académico U. de Concepción
104. Rocío Almuna Morales, Médico
Veterinaria, SOSOET y Laboratorio ECOS (Ecología, Complejidad y Sociedad),
Pontificia Universidad Católica
105. Silvia Lazzarino Bióloga y
diseñadora Pontificia Universidad Católica, ilustradora científica de la U. de
Washington
106. Andrea Hurtado Quiñones.
Sociológa. Ms. Antropología social y política. USACH
107. Cristian Parker, Instituto de
Estudios Avanzados, Usach
108. Andrea Sanhueza, Conveno
Principio 10
109. Sara Larraín, Chile Sustentable
109. Cooperativa Minka
110. Colegio de Ingenieros en
Recursos Naturales
111. Sergio Donoso, Facultad de
ciencias forestales y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile
112. Alejandra Donoso, Abogada,
Clínica Jurídica Universidad Diego Portales y Defensoría Ambiental
114. Diego Lillo, Abogado, Clínica
Jurídica Universidad Diego Portales
115. Corporación para el Desarrollo
de las Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM
116. María Victoria Venegas Castillo,
Profesora de Historia, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad
117. Claudio Abif Araya Jure
Psicólogo Comunitario, Centro Bienestar Psicosocial
118. María Ignacia Arriagada
Hernández Socióloga U. Alberto Hurtado, Centro Bienestar Psicosocial
119. Danae Tapia Agurto Bióloga con
Mención Recursos Naturales y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
120. Lorna Lares López, Diseñadora
Industrial de la U. de Chile, Master of Arts – Design Futures, Goldsmith
College, University of London
121.Carlos Osorio Jofré, Licenciado
en Arqueología, Universidad de Chile
122. Julien Vanhurst, Sociología,
Pontificia Universidad Católica del Maule
133. Bárbara Jerez, Dra. en Estudios
Latinoamericanos
134. Andrés Tchernitchin Varlamov,
Facultad de Medicina. Universidad de Chile
135. Fundación Decide
136. Ética en Los Bosques
137. Futuro Renovable
138. Adapt Chile
139. Rubén Carrillo Universidad de la
Frontera
140. Agrupación de Ingenieros
Forestales por el Bosque Nativo
141. America Opazo Trabajo Social,
Pontificia Universidad Católica del Maule
142. Amarí Peliowski, Centro de
Investigación en Artes y Humanidades, Universidad Mayor.
—————————-
Public Statement of Academics, Researchers, about
the Draft Reform on The System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) Law
Academics and researchers
who’ve undersigned this public statement, express our concern about the
government’s approach to the challenge of building a public environmental
institutionality that is democratic, just and decentralized.
In our fields we witness
the historically conflictive relationships between communities and large
investment projects. These conflicts, far from being reduced, tend to become
more acute due to the sustained pressure exerted by investment projects on the
resources available in the land; pressure that is not being contained or
regulated by the state, the responsible entity to guarantee all actors — not only
proponents of such projects — the right to decide about the uses and rights
over common goods.
In this context, the
proposal to reform the institutional framework for environmental assessment
that entered again to the congress with extreme urgency, is not up to the
challenge that is to reduce the controversies, and build common agreements on
ever more stressed ecosystems, drained by the productivist pressure. We know
that we face a large water crisis on the north and center of the country; we
also know that the biodiversity loss has reached an unprecedented rate; we know
that the impacts of soil, air, and water contamination due to mining,
agroindustrial, and energy megaprojects is taking the lives of the people that
live in lands where these projects are being implemented; and we know that the
effects of climate change will increase the fragility and vulnerability of
these land and its people.
The neoliberal perspective
supposes that these projects are necessary to sustain economic growth. What is
the cost of this growth? Can we speak of growth when the profits generated by
these projects generally create costs on health, infrastructure, and on equal
access to livelihoods that are much higher than said profits? Can we continue
projecting initiatives in saturated areas, biodiversity hotspots, stressed
watersheds, and in areas where endemic and cultural wealth is already being
threatened and violated?
If public policy is not
taking care of its ecosystems is already unsustainable. We cannot continue to
allow projects with predatory effects on the environment. This cannot be
resolved by a reform that prioritises the speed of processing over the quality
of decisions. Decisions based on assessments that do not respect the diversity
of the land; and that reduces the voices of the affected actors. We need a
public policy with a socio environmental approach that has strategic and
systemic look to the ecosystems in all their complexity, recognizing the
synergic impacts of human actions and strategically assessing how appropriate
said actions are looking into the future. Upon this principle, is necessary to
design a System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) that makes effective
the application of preventive principles, strategic environmental assessments,
and the deepening of citizen participation and indigenous consultation.
The methodologies given in
the rounds of citizen participation within the SEIA are important spaces for
discussion about specific projects, but completely insufficient to account for
feelings of attachment, native species, indigenous ways of production, other
ancient lifestyles, oral traditions, humans, animals, vegetables, and land.
Citizens have shown indisputable evidence of their ability to overwhelm
processes of citizen participation in the environmental assessment system. It
is already common to see images showing leaders of neighborhoods, worker
unions, and functional associations, all of them willing to discuss and reject
the benefits promised by consultants that promote community development in
asymmetric conditions of power and knowledge. In this understanding, we
recognize the necessity to reclaim ownership of the inhabitants professionals,
scientists, technicians, and wise men and women, of the regions in dispute, to
decide about the vocation of the communities. Here, the SEIA cannot be immune to
the political, understanding that all of the actors, public or private, who are
concerned on the assessment of specific projects, cannot be called ex-post to
these, nor can they be excluded to the pronouncing in production sector such as
the building sector or in the planning for risks and disasters.
In the same way, the
production of report of environmental assessment is another source of profit
and waste of capacity for knowledge generation, where will all that knowledge
go? Who are these base lines for? What environmental science is being generated
and preserving the country? What are the conditions that this system creates
for young professionals and researchers?
Finally , the increase in
the judicial procedures according to the demands and administrative resources
for greater environmental justice is one more sign that the modifications to
the SEIA should not focus on accelerating the processing of projects of
investment, but in facilitating the increase in the quality of decisions about
benefits socio-technical-environment, in order not to increase the causes in
the environmental courts.
We call to ecologize and
not only modernize the SEIA. With this we make an interpellation to the
political authorities to tune in their negotiations with those corresponding to
a country that will host the COP25. This is because our role as hosts of this
event of global relevance, cannot be confined to manage impacts efficiently,
quickly and technically, via investment projects. That is, we cannot reduce the
look without considering the importance of unavoidable increase of planetary
infrastructural impacts. For this, is that it is extremely urgent to broaden
the spaces for discussion before and after the SEIA to remedy and repair those
historically impacted communities, promote creatively more-and-not-less
dialogues between scientific communities, ancestral wisdom, close technological
experimentation, and common sense, which call us around the challenges of
intervening with prudence caution and care.
The history of the SEIA has
coexisted with multiple and innovative forms of resistance in front of
initiatives of effect in the face of threatening undesired projects, or in the
face of crisis and disasters. These are knowledge sources about what it means
to persistently participate in the public sphere as a civil society. In the
same way, the production of scientific knowledge, humanistic, artistic, social,
and environmental must be dignified and valued as a public good for the
ecologization of the SEIA, its peoples, enterprises and lands and not like an
arbitrary product of the decision of current investments.
Therefore, we request to
turn the focus of the current law reform project on the reform of the SEIA
presented at the congress, with the aim of reclaiming the path of citizen
discussions based on ethical principles circumscribed and ratified by the
Chilean state to the United Nations; subscription to pending international
agreements for the betterment of these standards like the Escazu agreement, and
to move forward on the democratization and sustainability of the relationships
between people and land.
Translated by Felipe Fontecilla
