LO MEJOR
1.- INSTITUCIONALIDAD
a) Puesta en vigencia de la Ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental (enero 2010) Aunque no mejoró la participación ciudadana, la reforma eleva la institucionalidad ambiental a nivel ministerial y le entrega atribuciones para dictar políticas, coordinar las evaluaciones ambientales y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
b) Declaración de tres nuevas Áreas Protegidas: el cerro San Lorenzo en Campos de Hielo y las islas Salas y Gómez en el Pacifico y los géiser del Tatio en la Región de Antofagasta; ello permite dar estatus de protección a áreas de glaciares; acercar la meta de protección marina en el caso del Archipiélago Salas y Gómez; y resguardar el patrimonio turístico y natural amenazado en el caso del Tatio, protegiéndolo de potenciales amenazas de proyectos mineros o energéticos.
b) Aprobación de los Tribunales Ambientales por parte del Congreso Nacional; lo cual permite especializar y mejorar la justicia ambiental. Actualmente este proyecto se encuentra finalizando su segundo trámite legislativo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y debiera publicarse en enero.
2.- ENERGÍA
a) Rechazo de la termoeléctrica Barrancones: aunque el procedimiento de rechazo se concretó al margen de los procedimientos administrativos vigentes, rescatamos su resultado que logró evitar la construcción de una termoeléctrica cerca de la reserva natural Pingüino de Humboldt en la Región de Coquimbo.
b) Retiro del Congreso Nacional del Proyecto de Ley “Tokman” que pretendía legalizar el pago directo a municipios por realización de proyectos eléctricos. Esta medida previene la legalización de la “compra de voluntades” a través de compensaciones a los municipios para que los alcaldes acepten y promuevan la aprobación de proyectos de energía con alto impacto ambiental.
c) Propuesta de Ley impulsada por senadores de la Alianza y la Concertación. Esta aumenta de 10% a 20% la meta obligatoria de Energías Renovables No Convencionales al año 2020. Esta ley es una clara señal al mercado y sector privado para limpiar y diversificar la matriz eléctrica ya que permite el ingreso de otros actores al mercado eléctrico, reduciendo el actual monopolio, la dependencia de combustibles fósiles importados y -en el mediano plazo- reducir los costos de la energía.
3.- BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS ESTATUS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL
Rechazo del Consejo Regional CORE al proyecto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que buscaba desafectar alrededor de 10.000 hectáreas de suelo agrícola de la periferia de Santiago para convertirlos en suelos inmobiliarios. Esta medida resguarda el patrimonio agrícola y evita una mayor expansión de Santiago, con la consiguiente contaminación y mayor centralización del país.
LO PEOR
1.- AGUA
a) Anuncio de gobierno en marzo y aprobación en diciembre de la privatización del saldo de las Sanitarias. En dirección contraria a la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas dada a conocer el 28 de julio de 2010 y que estableció el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humano. En este contexto, el Gobierno aprobó -sin participación del Congreso Nacional- la venta del saldo de propiedad pública de las empresas de servicios sanitarios, cerrando la puerta a la recuperación de activos que son propiedad de todos los chilenos.
b) Retiro del patrocinio gubernamental a la Reforma Constitucional que establece para el agua y los glaciares el estatus de “Bienes nacionales de uso público”. Enviada por el gobierno Bachelet al Congreso, esta reforma fue aprobada por la Comisión de Agricultura y la Comisión de Constitución. Luego debía pasar a la Sala de la Cámara de Diputados, pero el gobierno de Piñera abortó su tramitación, evidenciando su falta de voluntad política para avanzar hacia la gestión equitativa y ambientalmente sustentable del agua en Chile.
c) Aprobación de la Resolución 1800 de la Dirección General de Aguas, que entrega nuevos derechos de agua para el proyecto HidroAysén en la Patagonia, a pesar de que el Código de Aguas vigente impide entregar derechos de agua en puntos de captación que se sobrepongan a derechos de terceros.
d) Aprobación de la expansión minera de Soquimich y sobreexplotación de recursos hídricos en la Región de Tarapacá, lo cual afectará el Acuífero de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, el Salar de Llamara y la Quebrada Amarga, única fuente que provee agua limpia al río Loa. Adicionalmente, esto último impactará la ribera sur del Loa y el escaso abastecimiento del Oasis de Quillagua en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
e) Ocultamiento de la emergencia por sequía: A pesar del decreto de sequía que afecta a las regiones de Valparaíso y Coquimbo, y ante las demandas de las comunidades y regantes para que el Gobierno intervenga en la reasignación de recursos hídricos, este último se ha concentrado en desinformar a la población sobre la emergencia en la materia. Además de su incidencia en los medios de comunicación, el Gobierno ha contratado a una empresa de relaciones públicas para ocultar la realidad y manipular la información.
2.- INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
a) Instructivo de la Ministra Benítez que suspendió la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, obligación que estaba vigente desde la publicación de la nueva Ley Ambiental en enero de 2010. Este es un derecho reconocido e incluido por los parlamentarios en la nueva ley ambiental, pero no reconocido por la nueva autoridad. Adicionalmente, la actual Ministra del Medio Ambiente retiró de Contraloría los decretos del gobierno de Bachelet para implementar la nueva institucionalidad ambiental, lo que retrasó su instalación.
b) Relajo de la norma para emisiones de las centrales termoeléctricas. El Consejo de Ministros propuso aumentar las emisiones de azufre y óxidos de nitrógeno con respecto a la propuesta de norma publicada en el Diario Oficial por el gobierno Bachelet, lo cual es un grave retroceso para la salud y el ambiente. Adicionalmente, los ministros de Piñera eliminaron el normar las emisiones de metales pesados como Vanadio y Níquel y propusieron retrasar la aplicación de la norma de 3 a 5 años.
c) Paralización del proceso sancionatorio a Pascua Lama. Desde enero y abril, existían procesos sancionatorios para la empresa minera Barrick, debido a la destrucción de glaciares, interrupción de quebradas y extracción ilegal de aguas, entre otros impactos. Pese a esto, el Gobierno Regional de Atacama y la Dirección General de Aguas mantienen parado el expediente sancionatorio contra la empresa, lo cual constituye un escándalo y una violación flagrante a la ley vigente.
3.- ENERGÍA
a) Envío al Congreso de una propuesta de Ley para facilitar y acelerar la aprobación de las concesiones eléctricas, favoreciendo a las empresas energéticas a costa de los derechos de las comunidades locales, propietarios de predios y áreas protegidas. Este proyecto hoy en trámite en el Senado, es un traje a la medida para facilitar las concesiones que requiere el tendido eléctrico de HidroAysen, empresa que requiere negociar con 3.000 propietarios la instalación de sus torres y líneas de trasmisión entre Aysén y Santiago.
b) Acuerdo del Gobierno Piñera con Argentina y Francia para generar las bases de un programa de energía nuclear para Chile. Este hecho, contradice las declaraciones y promesas de Piñera en su campaña, e implica desviar fondos públicos para el desarrollo nuclear, lo que rechazó en su propuesta de gobierno. El presidente miente en este ámbito de la política pública.
c) Debilitamiento del Plan de Acción y del Programa de Eficiencia Energética (hoy Agencia) y reducción de su presupuesto: Además del despido de la mayoría de los profesionales a cargo de las áreas y Plan de Acción, el Gobierno paralizó el desarrollo e implementación del Plan de Acción. A consecuencia de esto, Chile no tiene metas de eficiencia y se encuentra a la deriva en esta estratégica área del desarrollo energético.
4.- BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS y TIERRAS CON OTROS ESTATUS DE PROTECCIÓN
a) Anuncio del presidente Piñera de desafectación del Parque Nacional Lauca para autorizar la explotación minera en parte de su territorio. Con este anuncio, el presidente viola las normas vigentes sobre el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y los compromisos internacionales de ley establecidos en la Convención de Washington, la Convención de Biodiversidad y los Convenios sobre Reservas de la Biosfera del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas.
b) Aprobación ambiental del proyecto hidroeléctrico en la cuenca alta del río Achibueno, en el corazón del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad en la Región del Maule. Este hecho va en contra de los intereses y estrategias de desarrollo de las comunidades locales, en contra de la voluntad de las autoridades locales de la comuna de Linares así como en oposición a los senadores Ximena Rincón y Hernán Larrain. Lo expresado anteriormente, constituye una contradicción con las prioridades del desarrollo local y la estrategia regional de Biodiversidad.
c) El gobierno Piñera ha perpetuado el mal desempeño socio ambiental y el desconocimiento del deber de protección de los pueblos y territorios indígenas mantenido desde los gobiernos concertacionistas. El Gobierno ha priorizado la indiferencia y la violencia frente a las legítimas demandas de las comunidades indígenas Mapuche, Rapanui y Diaguitas –Huascoaltinas, mediante una política opresiva y poco inclusiva. Además ha bajando el perfil público a este tema de alto interés para la gobernabilidad democrática.
LO PENDIENTE
a) Respuesta a damnificados: Falta de eficiencia post terremoto en cuanto a la remoción de escombros y construcción de viviendas para sectores vulnerables a nivel nacional. La reconstrucción e instalación de viviendas de emergencia prácticamente se concesionó a una sola entidad, la cual funciona bajo el sistema de voluntariado, y que claramente no ha dado abasto con la tarea que se le encomendó.
b) Participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental: A pesar de estar vigente la obligación de incorporar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, el Gobierno no lo ha implementado, así como tampoco ha publicado el reglamento para la mejora de los procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación Ambiental, a pesar de haberse comprometido con un texto para octubre de 2010.
c) Restauración de fondo de incentivo a proyectos de Energías Renovables. A pesar de que el gobierno pasado había asignado un fondo de 400 millones de dólares para apoyar a nuevos desarrolladores de proyectos energéticos en base a fuentes renovables, dicho fondo se esfumó y no estuvo disponible para el desarrollo de este sector a pesar del anuncio del presidente Piñera el 21 de mayo en orden a implementar 20% de energías renovables no convencionales al año 2020.
d) Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y ambigüedad en su estatus normativo. A pesar de constituir una Convención internacional ratificada por Chile y de rango constitucional, el Gobierno mantiene una posición ambigua frente a las responsabilidades que establece dicha convención y más bien, ha tratado de evitar o reducir su ámbito de aplicación a través de diversas interpretaciones jurídicas.
e) Presentación de una ley general de residuos sólidos: A pesar de constituir un proceso avanzado por gobiernos pasados, esta iniciativa con participación ciudadana vinculante e integración de las organizaciones de recicladores nacionales, está detenida.
f) Comunicación Nacional a la Convención de Cambio Climático: El gobierno no cumplió con el cronograma de envío de esta comunicación a Naciones Unidas, como tampoco con la actualización del Plan de Acción de Chile frente al Cambio Climático, a ser desarrollado durante el presente gobierno.
