La ruta de los incendios: Planes y propuestas retrógradas

Fernanda Salinas Urzúa

Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución / Investigadora Asociada – ONG FIMA

Los incendios tienen larga data en Chile. Entre 1870 y 1910, los colonos europeos, replicando las prácticas del viejo continente, arrasaron los bosques nativos entre Talca y Concepción y los del valle central entre el río Malleco y el Bío Bío, con incendios intencionales para ‘limpiar’ el territorio y así poder practicar la agricultura y la ganadería. Consecuencia de estas prácticas, provincias enteras, como la de Malleco, quedaron erosionadas. Años más tarde, Pablo Neruda, conmovido por la transformación de su tierra natal, escribió la Oda a la Erosión de la Provincia de Malleco: “Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado (…). Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria (…)”. Ciertamente, si no fuera por la capacidad de regeneración natural de la vegetación de nuestros bosques, nuestro país tendría un paisaje completamente desolador. Muchas especies nativas arbóreas, arbustivas, trepadoras y herbáceas son capaces de rebrotar desde las raíces después de los incendios, mientras las semillas de otras especies pueden encontrar un suelo con humedad, sombra y nutrientes alrededor de los troncos y ramas que han caído. Los troncos de los árboles quemados que permanecen en pie, y los restos que quedan dispersos en el suelo, además de otorgar sombra y protección del viento y la desecación a las plantas que se regeneran, sustentan la compleja vida del suelo que permite el reciclaje de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, retienen humedad, proveen de hábitat, refugio y alimento a aves, anfibios, reptiles, insectos y pequeños mamíferos del bosque. A pesar de la importancia que representan los restos de material leñoso para la regeneración de la vegetación después de los incendios, una práctica común en Chile y en el mundo es cosechar este material para usarlo como leña. Sin embargo, crecientes investigaciones han documentado las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de esta práctica, entre los que se cuentan la erosión del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes, la pérdida de hábitat para fauna y la colonización de especies exóticas invasoras. No obstante los antecedentes científicos disponibles, el año 2015 CONAF abrió una licitación para remover el material leñoso en el área incendiada el año 2002 en la Reserva Nacional Malleco de una superficie de más de 780 hectáreas, sin considerar la abundante colonización de especies invasoras en sectores previamente licitados en la Reserva (Salinas & Armesto, datos no publicados). A raíz de esa licitación, se cuestionó a CONAF el incentivo perverso que representaba esa licitación a incendios deliberados que podrían ser replicados en otras áreas protegidas del país, y el desincentivo a las medidas de control de incendios accidentales en las mismas. No hubo postulantes a esta licitación y se declaró desierta. A mediados de Enero del 2017 se desataron en Chile central los incendios más grandes de su historia. Las cifras oficiales de CONAF registran entre Valparaíso y Bío Bío una superficie incendiada de 594.783 hectáreas, de las cuales un 57,2% correspondería a plantaciones forestales, un 21,8% a matorrales, 18,3% a bosques nativos, 2,5 a suelos con uso agrícola y 0,2% a suelos con uso industrial o ciudades. La simultaneidad de 120 incendios activos al 26 de enero, facilitó la propagación a gran velocidad e intensidad, alcanzando una extensión, que lo transformó en un incendio de sexta generación, la más alta definida en la escala de la Unión Europea, y nunca antes registrada en el mundo.

Sin embargo, las advertencias respecto a las características de los incendios venideros habían sido previstas. El 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.

De acuerdo a la información proporcionada por la ONEMI, ya desde el 17 de Enero 2017 la tasa de superficie afectada por incendios comenzó su ascenso. El 18 de Enero la ONEMI declaró alerta roja en un total de 14 comunas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, que ascienden a 16 comunas y la provincia de Colchagua al 19 de enero. El 20 de Enero, la región de O’Higgins y 17 comunas entre la región de Valparaíso y el Maule son decretadas con Alerta Roja. Recién el 21 de Enero se decreta Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe y Zona de Catástrofe para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en O’Higgins y las comunas de Vichuquén y Cauquenes en Maule. Actualmente, el Ministerio Público lleva a cabo un proceso de investigación, donde se ha considerado la responsabilidad penal de funcionarios de la Compañía General de Electricidad de la Sexta Región por no cumplir con el mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos con tendido eléctrico. Así mismo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora de incendios, donde se evalúa el rol de CONAF, la Intendencia y los Consejeros Regionales en la prevención de los incendios y en evitar su propagación mediante cortafuegos. Mientras tanto, la ONG Red por la Defensa de los Territorios señala que es fundamental investigar la correlación entre las plantaciones infectadas por Sirex Noctilio, avispa taladora de pino, detectada en Chile desde el 2001 que seca los bosques y se expande muy rápidamente y la intencionalidad de los incendios forestales con el fin de sanitizar el suelo de manera económica. Antes de los incendios, este insecto afectaba decenas de predios forestales desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, que estaban con orden de raleo o tala. De acuerdo a la Ley 20.326, las pérdidas de la forestación frente a un siniestro climático o de un incendio serían subsidiadas por CONAF. Además, el Ministerio Público y la PDI en el mes de Febrero realizaron incautaciones, tanto en CONAF como en ONEMI, para revisar los contratos de prestación de servicios en combate de incendios con las empresas españolas acusadas de sobornos, tráfico de influencias y cohecho internacional en España. A lo anterior se suma que el 29 de Enero la Presidenta Michelle Bachelet informó de 43 personas detenidas por su eventual responsabilidad en 38 incendios forestales, con 27 formalizados en distintas Fiscalías. A raíz de los incendios, numerosos académicos e investigadores reflexionaron de manera pública respecto a la oportunidad generada por este catastrófico escenario, de replantear el modelo forestal imperante en el país, indicando la importancia del diseño de paisajes heterogéneos y diversificados; resilientes frente al cambio climático global, la situación de escasez hídrica a la que están sujetas las comunidades aledañas a las plantaciones forestales, como a los mismos incendios forestales. Sólo el Ministerio del Medio Ambiente acusó recibo de la desusada participación de la comunidad científica en el debate y constituyó el Comité Nacional de Restauración Ecológica, al cual, en la reunión realizada en marzo, se sumaron representantes del mundo privado, como el presidente de la CORMA y delegados de CMPC y Arauco. Mientras tanto, con una velocidad asombrosa, el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Política Forestal, presentó en marzo 2017 una Propuesta de Restauración Ecológica y Recuperación del Patrimonio Forestal Productivo, en la que se indica como acción prioritaria la ‘limpieza’ de los sitios incendiados, indicando apoyo técnico y económico para la remoción del material leñoso “de tal forma que se minimice el impacto en los suelos” con el fin de ser utilizado como leña. El documento continúa, diciendo que “el aprovechamiento de maderas debe realizarse lo antes posible a fin de evitar un mayor deterioro de las mismas”. Además, los Ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y Medio Ambiente, presentaron en el mismo mes, un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo afectado por los incendios de 2017, sin distinguir propietarios de bosques nativos y plantaciones, donde “se fomentará la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios.” Tanto el informe de la OCDE 2016, como el Informe País 2016, y el Informe del Estado del Medio Ambiente, reconocen la contaminación atmosférica como el principal riesgo para la salud de la población y calidad de vida. En las principales ciudades del sur de Chile, entre abril y agosto principalmente, la principal razón de los altos niveles de superación frecuente de los valores límites de las normas diarias de material particulado es el consumo de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, el MMA ha declarado numerosas comunas del sur como zonas saturadas por material particulado respirable y ha establecido Planes de Descontaminación Atmosférica. A la luz de los hechos, se esperaría que las investigaciones en relación a las causas de los incendios forestales recientes y la claridad respecto a las responsabilidades llegaran a fin antes de eliminar posibles evidencias mediante, por ejemplo, la remoción del material leñoso de los sectores quemados. Deseable sería, además, después de la catástrofe, contar con una planificación territorial en el que la infraestructura ecológica fuera considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades, sin embargo, como las del siglo XIX, incentivan y financian la práctica de la ‘limpieza’ de los territorios, en desmedro de la erosión de los suelos y fomentan la calefacción con leña en las ciudades saturadas en el sur de Chile.

Fuente: FIMA

Municipio de Cerrillos y Sociedad Civil por la Acción Climática llegan a acuerdo para realizar COP25 Paralela

Fuente: SCAC
En diciembre de este año, el Parque Bicentenario y el Centro Cultural Tío Lalo Parra de Cerrillos se convertirán en el epicentro mundial de la discusión climática y las propuestas para enfrentar la crisis climática

No solo la próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU (COP25) se realizará en Cerrillos, sino que también la comuna albergará la cumbre paralela, la cual es levantada por organizaciones gremiales, sectores, académicas y científicas agrupadas en la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), las cuales durante diciembre se congregarán en el Centro Cultural Tío Lalo Parra.

Así quedó acordado en una reunión entre el alcalde Arturo Aguirre y los representantes de las organizaciones que componen la plataforma ciudadana. “Cerrillos se abre a la cumbre climática y a todos los Estados que nos visitarán, entre ellos también a las organizaciones de la sociedad civil de Chile y del mundo. Por eso hemos llegado a un buen acuerdo, para que en nuestra comuna se realice esta cumbre ciudadana, actividad que tomará varios días. Nuestra comuna abrirá sus brazos generosos para que toda la humanidad hable, analice y reflexione sobre qué medidas debemos adoptar para que el planeta sea un planeta como se merecen nuestras futuras generaciones”, señaló el edil.

El compromiso del municipio es brindar un recinto amplio y cercano al lugar donde se realizará la COP25, en este caso se ha propuesto el Centro Cultural Tío Lalo Parra, el cual tiene amplias dependencias y está junto a la Biblioteca Pública Municipal, donde los representantes de la SCAC proyectan realizar distintas actividades para todo tipo de público, sobre todo para aquellos que quieran ser parte de este movimiento, ser parte de las soluciones y manifestar su preocupación por el planeta.

Por su parte, el director Ejecutivo de ONG FIMA y representante de la SCAC, Ezio Costa, señaló que “Esta reunión dice relación con la Cumbre Paralela a la COP25 que va a ser una COP Ciudadana donde las organizaciones de la sociedad civil y las personas de Cerrillos que quieran participar, vamos a estar discutiendo temáticas medioambientales relacionadas tanto con el cambio climático, como también con las emergencias ecológicas que estamos viviendo hoy y de cómo nuestro estilo de vida debe cambiar para efectivamente poder dejarles a nuestros hijos un planeta en un estado de funcionamiento adecuado”. Costa agregó que “uno de los objetivos de esta cumbre es realizar una declaración- que por ahora se llama Carta de Santiago -que establezca mínimos éticos y principios respecto de los cuales la sociedad civil, las personas, pensamos que tienen que abordarse a la hora de solucionar la crisis climática. Documento que posteriormente será entregado a los Gobiernos, quienes esperamos tomen decisiones basadas no solamente en intereses económicos, sino también en el interés de las personas que tenemos por proteger el medio ambiente y proteger la vida de las generaciones actuales y las generaciones que vendrán”.

Al término de la reunión, el alcalde Aguirre también sostuvo que este acuerdo no se agota en ofrecer dependencias para que se reúnan, sino que se suman una serie de actividades como charlas, seminarios y capacitaciones en las escuelas, barrios, juntas de vecinos y la comunidad en general. “Queremos que Cerrillos, entre los meses de agosto y diciembre sea un lugar de mucha reflexión,  debate,  preocupación y conocimiento para poder hacer de nuestra comuna, una gran comuna desde el punto  de vista ambiental”. “Un privilegio,  un honor  y un agrado para nosotros, ya que desde acá queremos transmitir conocimiento  y formar liderazgos y así hacer una comuna mejor como se lo merecen todos ustedes”, finalizó la autoridad comunal.

Organizaciones de la sociedad civil exigen que gobierno y autoridades declaren Emergencia Climática y Ecológica en Chile

A cinco meses de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y a 11 años de percibir los peores escenarios del cambio climático -según lo advertido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)- las organizaciones que integran la “Sociedad civil por la acción climática” hacen un llamado a la ciudadanía para que exija a las autoridades que nuestro país se declare en Emergencia Climática y Ecológica. 

Apelando al compromiso que Chile adquirió al firmar voluntariamente el Acuerdo de París junto a otras 194 naciones, que convino mantener el calentamiento global estrictamente bajo los 2º centígrados o idealmente bajo los 1,5º C, es que la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) hizo un directo llamado desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  al gobierno y a las autoridades para exigirles que declaren estado de Emergencia Climática en Chile.

Las organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas que componen esta instancia, se han unido para alertar sobre la importancia de que la ciudadanía tome un rol activo frente a la crisis climática que el planeta enfrenta, y que las autoridades de gobierno tomen medidas efectivas como la declaración de estado de Emergencia Climática, la elaboración y promulgación de una Ley de Cambio Climático y a que cierren todas las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030.

“Los cambios que se están produciendo a nivel mundial y los efectos de aquello por la acción humana y de las empresas no sólo nos tienen que llamar a actuar sobre los desafíos del cambio climático, sino también cómo esto afecta de manera local a algunos países de manera más radical que otros, como Chile. El Estado debe asumir los efectos que esto puede tener no solo para las condiciones actuales y futuras del país. El desafío de la transición justa, donde tenemos que avanzar hacia un desarrollo sustentable y sostenible con energías limpias, pero que también resguarde los derechos de las y los trabajadores” agrega la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. 

La urgencia de la plataforma SCAC se basa en el informe “1,5°C Global Warming” publicado en 2018 por el IPCC, el cual advirtió cuáles serían las diferencias entre limitar el aumento de la T° a 1,5°C en lugar de los 2°C que establece el Acuerdo de París. El informe recomienda limitar a 1,5°C el aumento de la temperatura global, ya que solo así lograremos conservar las características del planeta tal y como lo conocemos hoy. Para lograrlo, el mundo entero deberá disminuir sus emisiones de carbono (CO2) en un 45% al 2030, en solo 11 años más, y la neutralidad de carbono al 2050. 

Respecto a la obligación de autoridades de tomar medidas efectivas considerando el contexto internacional, el representante de Extinction Rebellion Chile y vocero SCAC, Ariel Chiang, agregó que “El problema del cambio climático y la pérdida masiva de vida salvaje se ha agravado desde el Acuerdo de París. La comunidad científica ha reconocido que los fenómenos climáticos no lineales se han acelerado a tal punto que los comportamientos observados salen, una y otra vez, de las trayectorias esperadas y de los rangos de error en los modelos predictivos”. “Un Gobierno que dice basar sus políticas públicas y acciones en la evidencia científica, que afirma que la ciencia no es negociable y que liderará la COP25, sabe bien que el conocimiento científico no termina con el Acuerdo de París”, agregó Chiang.

Ante la evidencia científica de la destrucción de los ecosistemas, la degradación climática y gracias a la presión ciudadana, países como Inglaterra, Irlanda, Escocia, la ciudad de Zürich han declarado estado de Emergencia Climática. Mientras que países de América Latina como Perú, Honduras, Costa Rica y Colombia y otros europeos como Suecia y Noruega cuentan con Leyes de Cambio Climático que aceleran las medidas para combatir el calentamiento climático.

Desde Fridays for Future Chile, se suman al llamado “creemos que aún podemos reaccionar colectivamente frente a la crisis climática y demandar a los gobiernos que aumenten su ambición y acción frente a la crisis. Juntos podemos hacer que se cumpla el Acuerdo de París y que el aumento de la temperatura global no sobrepase 1.5 grados celsius”, expresó Ángela Valenzuela, vocera de la agrupación. “Hoy declaramos Emergencia Climática y esperamos que todos se unan. Declaremos emergencia climática desde nuestras casas, en nuestras escuelas, universidades, trabajos y las calles”, convocó la estudiante.

En este margen, las autoridades de diversos países señalaron que América Latina debe seguir el Reporte Especial del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el que establece que se necesita que las transiciones sean "rápidas y de gran alcance" para que las emisiones de carbono disminuyan realmente en un 45% al 2030. Sin embargo, los antecedentes son preocupantes para Chile, ya que de acuerdo a la primera Contribución Nacional Determinada (NDC) del país, en la que se compromete a implementar políticas y acciones climáticas, fue calificada de “altamente insuficiente” por Climate Action Tracker, hecho que debiese obligar a nuestras autoridades a trabajar en medidas más ambiciosas y satisfactorias que aborden los desafíos actuales en materia de calentamiento global y cambio climático.

Más información:

Contacto de prensa: Constanza Dougnac +56 9 9937 8564

Declaración Pública de Académicas, Académicos, Investigadores e Investigadoras sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA) de Chile

[English Version below]

Las académicas y académicos, investigadores e investigadoras abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación sobre el abordaje gubernamental al desafío de construir una institucionalidad ambiental pública, democrática, justa y descentralizada.
En nuestros ámbitos de desempeño, somos testigos de las relaciones conflictivas históricas entre comunidades y grandes proyectos de inversión. Estas conflictividades, lejos de reducirse, tienden a agudizarse ante la presión sostenida que ejercen los proyectos de inversión sobre los recursos disponibles en los territorios; presión que no está siendo contenida ni regulada por el Estado como entidad responsable de garantizar a todos los actores, no sólo a los proponentes de tales proyectos, a decidir sobre los usos y los derechos que caben a las personas sobre los bienes comunes.
En este escenario, la propuesta de reforma a la institucionalidad ambiental que nuevamente ingresó al congreso con urgencia suma no está a la altura del desafío que supone reducir las controversias y construir acuerdos comunes para la toma de decisiones sobre ecosistemas cada vez más estresados y agotados por la presión productivista. Sabemos que enfrentamos una crisis hídrica de proporciones en la zona norte y centro del país; sabemos que la pérdida de biodiversidad ha llegado a índices sin precedentes; sabemos que los impactos de la contaminación de suelos, aire y aguas por los megaproyectos mineros, agroindustriales y energéticos está costando la vida de las personas que habitan en los territorios donde estos proyectos se emplazan; y sabemos que los efectos del cambio climático, lejos de reducir, aumentarán la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes.
La perspectiva neoliberal supone que estos proyectos son necesarios para sostener el crecimiento económico. ¿Cuál es el costo de este crecimiento? ¿Podemos hablar de crecimiento cuando las ganancias que generan los proyectos generan costos en salud, en patrimonio y en acceso a medios de vida tanto o más altos que dichas ganancias? ¿Podemos seguir proyectando iniciativas en zonas saturadas, en hotspots de biodiversidad, en cuencas hídricas estresadas, en zonas de riqueza endémica y cultural ya amenazadas y violentadas?
Una política pública sin cuidado de sus ecosistemas ya es insostenible. No podemos seguir permitiéndonos asistir a licitaciones de proyectos con efectos depredadores pero aprobados medioambientalmente. Esto no se resuelve con una reforma que priorice la rapidez de la tramitación por encima de la calidad de las decisiones en base a las evaluaciones; que no respete la diversidad de los territorios; y que reduzca las voces de los actores afectados. Necesitamos una política pública en materia socioambiental que tenga una mirada estratégica y sistémica de los ecosistemas en toda su complejidad, reconociendo los impactos sinérgicos de las acciones humanas y evaluando estratégicamente (y no proyecto a proyecto) la pertinencia de dichas acciones, con una perspectiva de futuro. Sobre esta base es necesario diseñar un Sistema de Evaluación Ambiental que haga efectiva la aplicación de principios precautorios, evaluaciones ambientales estratégicas, la profundización de la participación ciudadana y las consultas indígenas.
Las metodologías otorgadas en las jornadas de participación ciudadana dentro del SEIA son importantes espacios de discusión acerca de proyectos específicos, pero completamente insuficientemente para dar cuenta de sentimientos de arraigo, especies nativas, formas de producir autóctonas, formas de vida milenarias, tradiciones orales, humanas, animales, vegetales y terrenales.  Por su parte, la ciudadanía ha dado muestras indiscutibles de su capacidad para desbordar procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya son comunes las imágenes que muestran a personas líderes de juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones funcionales, vecinas y vecinos, todas ellas dispuestas, no sólo a discutir sino a rechazar los beneficios prometidos por consultoras que promueven desarrollos comunitarios en condiciones asimétricas de poder y conocimientos. En este entendido, reconocemos la necesidad de entregar potestad a las personas habitantes profesionales, científicos, técnicos, sabedores de regiones para dirimir sobre la vocación de sus territorios. Aquí el SEIA no puede inmunizarse de lo político, entendiendo que la forma en que todos los actores, organizaciones públicas y privadas concernidas en las evaluaciones de determinados proyectos no pueden ser llamadas ex-post a estos, ni tampoco excluidas de su pronunciamiento en sectores productivos como el inmobiliario o en los planes frente a riesgos y desastres.
Asimismo, la producción ingente de informes de evaluación ambiental es otra fuente de lucro y desperdicio de capacidades de generación de conocimiento. ¿Dónde va a parar todo ese conocimiento?, ¿Para quiénes son esas líneas bases?, ¿qué ciencia ambiental está generando y preservando el país?, ¿cuáles son las condiciones que este Sistema posibilita para las y los profesionales e investigadoras/es jóvenes?
Finalmente, el aumento de las tramitaciones judiciales a tenor de las demandas y los recursos administrativos por mayor justicia ambiental es una muestra más de que las modificaciones al SEIA no deben centrarse en acelerar la tramitación de proyectos de inversión, sino en facilitar el aumento de la calidad de decisiones sobre beneficios socio-técnico-ambientales, a fin de no aumentar las causas en los tribunales ambientales.
Llamamos a ecologizar y no sólo modernizar el SEIA. Con ello hacemos una interpelación a las autoridades políticas a que sintonicen sus negociaciones con aquellas correspondientes a un país que será sede de la COP25. Esto porque nuestro rol como anfitriones de este evento de relevancia mundial, no puede circunscribirse a gestionar los impactos de modo eficiente, rápido y técnico, vía proyectos de inversión particulares. Es decir, no podemos reducir la mirada sin considerar la importancia del incremento insoslayable de impactos a nivel planetario e infraestructural. Para ello es de suma urgencia ampliar los espacios de discusión antes y después del SEIA para remediar y reparar a aquellas comunidades históricamente impactadas, promover creativamente más -y no menos- diálogos entre comunidades científicas, de sabidurías ancestrales, de experimentación tecnológica cercana y de sentido común, los cuales nos convoquen en torno a los desafíos de intervenir con prudencia, precaución y cuidado.
La historia del SEIA ha coexistido con múltiples y novedosas formas de resistencia frente a iniciativas de afectación frente a proyectos amenazantes e indeseados, así como también frente a crisis y desastres. Estas son fuentes de conocimientos ingente sobre lo que significa participar persistente y vitalmente en la defensa de lo público desde la sociedad civil. Asimismo, la producción de conocimiento científico, humanista, artístico, social, medioambiental debe dignificarse y valorizarse como bien público, de cara a la ecologización del SEIA, sus personas, las empresas y sus territorios y no como un producto al arbitrio de las decisiones de inversión actuales.
Por ello, solicitamos girar el foco del actual proyecto de reforma de ley sobre la Reforma del SEIA presentada en el Congreso con el fin de retomar la senda de discusiones ciudadanas en base a principios y éticas suscritos y ratificados por el Estado chileno ante Naciones Unidas; suscribir los acuerdos internacionales pendientes para la mejora de estos estándares, como el Tratado de Escazú; y avanzar en la democratización y sustentabilidad de las relaciones entre las personas y los territorios.

1. Gloria Baigorrotegui, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

2. María Paz Aedo, Socióloga, Mg. y Dra. en Educación, Centro de Análisis Socioambiental, CASA

3. Patricia Pallavicini, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

4. Constanza Osorio Reyes, Médico Veterinaria, Fundación Ecociencias

5. Colombina Schaeffer, socióloga, Doctora en Gobierno y Relaciones Internacionales y subdirectora de Ciudadanía Inteligente

6. Ezio Costa Cordella,Abogado, Msc. Regulación,  Investigador, Universidad de Chile.

7. Jorgelina Sannazzaro, Sociología, Universidad Alberto Hurtado

8. Ximena Zabala, Psicología, Universidad Alberto Hurtado

9. Nelson Soto, Antropólogo

10. Jorge Castillo, Psicología, Universidad de Santiago de Chile

11. Ana Pizarro,Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), USACH

12. Sebastián Ureta, Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado

13. Paloma Martínez, Universidad de Chile

14. Walter González, Corporación Nuevas Ideas

15. Cristina Garrido, Antropóloga

16. Rodrigo Vega, Ingeniería

17. Alvaro Ramis, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

18. Ronald Cancino, Universidad de la Frontera

19. Eduardo Devés, Instituto de Estudios Avanzados – USACH

20. Nathalie Joignant, MSc Gestion y Planificacion Ambiental. Universidad de Chile

21. Ángela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

22.Esteban Aguayo Sepúlveda, Arqueólogo U. de Chile, Máster en ciencias de las religiones, candidato a doctor por la facultad de filología, Universidad Complutense de Madrid

23. Gabriela Silva Garrido, Medico Veterinaria U. de Chile, SOSOET

24. Sarina Scalia, Universidad de Chile

25. René Garrido, Ingeniera Ambiental, USACH

26. Francisco Castaneda, Facultad de Administración y Economía, USACH

27. Patricia Peña, Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

28. Víctor Guerrero, Sociología, Universidad Arturo Prat

29. María Loreto Rebolledo Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

30. Rodrigo de la O. Director ONG VIgilante Costero

31. Ronald Mac-Ginty Comisión de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros

32. Nicolás Sanhueza Mag. Sociología PUC

33. Dra. Claudia Rodríguez Seeger, Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humano

34. Gabriela Silva Garrido, Médico Veterinaria U Chile, SOSOET, CESEP.s y Medio Ambiente

35. Macarena López OlivaArqueóloga, U. de Chile

36. José Gerstle, Ing Agrónomo, MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayn

37. Valentina Cortés, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

38. María José Brain, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

39. Bojana Kuzmicic, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

40. Patricio Bahamondes, Biólogo Marino, ONG Ayni

41. Francisca Bardi, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

42. Beatriz Brito, Médico Veterinaria, ONG Ayni

43. Camila Agurto, Médico Veterinaria, ONG Ayni

44. Cecilia Figueroa, Médico Veterinaria, ONG Ayni

45. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma PUC. Estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile.

46. Gabriela Bawarshi Abarzúa, Psicóloga, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

47. Camila Cifuentes Croquevielle, Bióloga Ambiental U. de Chile, MODATIMA

48. Claudia Montero Poblete Arqueóloga, Fundación Desierto de Atacama

49. Martin Arboleda, Sociología, Universidad Diego Portales

50. Felipe Raglianti, Sociologia, Universidad Alberto Hurtado

51.Lorena Valderrama, Periodismo, Universidad Alberto Hurtado

52. Cecilia Ibarra, CR2, Universidad de Chile

53. Juan Vergara, Sociologia, Universidad de Valparaíso

54. Martín Pérez-Comisso, Estudiante Doctoral, Universidad de

55. Daniela Zamorano, Instituto de Ecología Política

56. Ignacio Agüero, Instituto de la Comunicación y la Imágen – Universidad de Chile

57. Martin Sanzana Calvet, Director Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano

58. Mauricio Folchi, Historiador ambiental, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile

59. Daniela Cea Saez, Geografía, Universidad de Chile

60. Marcelo Guitérrez, Psicólogo U. de Chile, ONG Sur Maule

61. Alejandro Salas, Trabajador social, ONG Sur Maule

62. Ramiro Plaza, Ingeniero Civil Industrial, Fundación Tralkan

63. Antonio Morales, Sociólogo, Asociación Cultural y de las Artes de Teno

64. Claudio Broitman, Director Magíster Comunicación Pública, Universidad de Santiago de Chile

65. Andrés Gómez, Director Antropología, Universidad de Chile

66. Angela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

67. Víctor Farías, Fundación Mingako

68. Ignacio Riquelme Alvarez, Multiversos SPA

69. Paola Araneda Cid Bióloga, Msc. en Recursos Naturales, P. Universidad Católica de Chile, SOSOET

70. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma, estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Mención Subsistemas Acuáticos Continentales, U. de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile

71. Nelson Arellano Doctorado de Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)

72. Gabriela Cabaña Alvear, Socióloga, estudiante de Doctorado en Antropología de la London School of Economics and Political Science

73. Red por la defensa de la precordillera

74. Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecologia

75. Acción Eco Social Quintero

76. Colectivo Viento Sur

77. Fundación Mingako

78. Tomás Ariztía, Sociología, Universidad Diego Portales.

79. Francisca Foseca, Sociología, Universidad de la Frontera.

80. Gustavo Blanco, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile

81. Javiera Barandiarán, Universida de California

82. Camila López Allendes, Biología Ambiental,

83. Cristian Atala, Instituto de Biología PUCV

84. Alexander Vargas, Biología, Universidad de Chile

85. Ecosistemas ONG

86. Fundación Terram

87. Violeta Rabi, Investigadora, Espacio Público

88. Fernanda Salinas, Investigadora, FIMA

89. Alejandra Palafox, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile

90. Patricio Padilla,Sociología, Universidad de la Frontera

91. Marco Rosas Innovación, INACAP Osorno

92. Karla Palma Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

93. Colectivo Cultural Wenewen,Nacimiento 8va región.

94. Dr. Andrés Moreira-Muñoz, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

95. Maite Salazar, Millennium Institute for Integrative Biology, Pontificia Universidad Católica de Chile

96. Camila López, Biología, Universidad de Chile, Centro GEma Universidad Mayor

97. Juan José Berger Asociación de Investigadores de Posgrado ANIP

98. Corporación de Ecología Social y Política, CESEP

99. Felipe Ruz Carreño Ingeniero Civil Industrial, Fundación Mingako

100. Mauricio Martínez Marcich Ingeniero Eléctrico, Fundación Mingako

101. Camila Muñoz Tapia Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, Fundación Mingako

101. Daniela Contardo Ingeniera Civil Industrial, Fundación Mingako

102. Nicole Vergara Maragaño Licenciada en Kinesiología, Fundación Mingako

103. Robinson Torres Salinas Sociplogo, Académico U. de Concepción

104. Rocío Almuna Morales, Médico Veterinaria, SOSOET y Laboratorio ECOS (Ecología, Complejidad y Sociedad), Pontificia Universidad Católica

105. Silvia Lazzarino Bióloga y diseñadora Pontificia Universidad Católica, ilustradora científica de la U. de Washington

106. Andrea Hurtado Quiñones. Sociológa. Ms. Antropología social y política. USACH

107. Cristian Parker, Instituto de Estudios Avanzados, Usach

108. Andrea Sanhueza, Conveno Principio 10

109. Sara Larraín, Chile Sustentable

109. Cooperativa Minka

110. Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales

111. Sergio Donoso, Facultad de ciencias forestales y Conservación de la Naturaleza.  Universidad de Chile

112. Alejandra Donoso, Abogada, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales y Defensoría Ambiental

114. Diego Lillo, Abogado, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales

115. Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM

116. María Victoria Venegas Castillo, Profesora de Historia, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

117. Claudio Abif Araya Jure Psicólogo Comunitario, Centro Bienestar Psicosocial

118. María Ignacia Arriagada Hernández Socióloga U. Alberto Hurtado, Centro Bienestar Psicosocial

119. Danae Tapia Agurto Bióloga con Mención Recursos Naturales y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile.

120. Lorna Lares López, Diseñadora Industrial de la U. de Chile, Master of Arts – Design Futures, Goldsmith College, University of London

121.Carlos Osorio Jofré, Licenciado en Arqueología, Universidad de Chile

122. Julien Vanhurst, Sociología, Pontificia Universidad Católica del Maule

133. Bárbara Jerez, Dra. en Estudios Latinoamericanos

134. Andrés Tchernitchin Varlamov, Facultad de Medicina. Universidad de Chile

135. Fundación Decide

136. Ética en Los Bosques

137. Futuro Renovable

138. Adapt Chile

139. Rubén Carrillo Universidad de la Frontera

140. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

141. America Opazo Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica del Maule

142. Amarí Peliowski, Centro de Investigación en Artes y Humanidades, Universidad Mayor.

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Public Statement of Academics, Researchers, about the Draft Reform on The System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) Law

Academics and researchers who’ve undersigned this public statement, express our concern about the government’s approach to the challenge of building a public environmental institutionality that is democratic, just and decentralized.

In our fields we witness the historically conflictive relationships between communities and large investment projects. These conflicts, far from being reduced, tend to become more acute due to the sustained pressure exerted by investment projects on the resources available in the land; pressure that is not being contained or regulated by the state, the responsible entity to guarantee all actors — not only proponents of such projects — the right to decide about the uses and rights over common goods.

In this context, the proposal to reform the institutional framework for environmental assessment that entered again to the congress with extreme urgency, is not up to the challenge that is to reduce the controversies, and build common agreements on ever more stressed ecosystems, drained by the productivist pressure. We know that we face a large water crisis on the north and center of the country; we also know that the biodiversity loss has reached an unprecedented rate; we know that the impacts of soil, air, and water contamination due to mining, agroindustrial, and energy megaprojects is taking the lives of the people that live in lands where these projects are being implemented; and we know that the effects of climate change will increase the fragility and vulnerability of these land and its people.

The neoliberal perspective supposes that these projects are necessary to sustain economic growth. What is the cost of this growth? Can we speak of growth when the profits generated by these projects generally create costs on health, infrastructure, and on equal access to livelihoods that are much higher than said profits? Can we continue projecting initiatives in saturated areas, biodiversity hotspots, stressed watersheds, and in areas where endemic and cultural wealth is already being threatened and violated?

If public policy is not taking care of its ecosystems is already unsustainable. We cannot continue to allow projects with predatory effects on the environment. This cannot be resolved by a reform that prioritises the speed of processing over the quality of decisions. Decisions based on assessments that do not respect the diversity of the land; and that reduces the voices of the affected actors. We need a public policy with a socio environmental approach that has strategic and systemic look to the ecosystems in all their complexity, recognizing the synergic impacts of human actions and strategically assessing how appropriate said actions are looking into the future. Upon this principle, is necessary to design a System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) that makes effective the application of preventive principles, strategic environmental assessments, and the deepening of citizen participation and indigenous consultation.

The methodologies given in the rounds of citizen participation within the SEIA are important spaces for discussion about specific projects, but completely insufficient to account for feelings of attachment, native species, indigenous ways of production, other ancient lifestyles, oral traditions, humans, animals, vegetables, and land. Citizens have shown indisputable evidence of their ability to overwhelm processes of citizen participation in the environmental assessment system. It is already common to see images showing leaders of neighborhoods, worker unions, and functional associations, all of them willing to discuss and reject the benefits promised by consultants that promote community development in asymmetric conditions of power and knowledge. In this understanding, we recognize the necessity to reclaim ownership of the inhabitants professionals, scientists, technicians, and wise men and women, of the regions in dispute, to decide about the vocation of the communities. Here, the SEIA cannot be immune to the political, understanding that all of the actors, public or private, who are concerned on the assessment of specific projects, cannot be called ex-post to these, nor can they be excluded to the pronouncing in production sector such as the building sector or in the planning for risks and disasters.

In the same way, the production of report of environmental assessment is another source of profit and waste of capacity for knowledge generation, where will all that knowledge go? Who are these base lines for? What environmental science is being generated and preserving the country? What are the conditions that this system creates for young professionals and researchers?

Finally , the increase in the judicial procedures according to the demands and administrative resources for greater environmental justice is one more sign that the modifications to the SEIA should not focus on accelerating the processing of projects of investment, but in facilitating the increase in the quality of decisions about benefits socio-technical-environment, in order not to increase the causes in the environmental courts.

We call to ecologize and not only modernize the SEIA. With this we make an interpellation to the political authorities to tune in their negotiations with those corresponding to a country that will host the COP25. This is because our role as hosts of this event of global relevance, cannot be confined to manage impacts efficiently, quickly and technically, via investment projects. That is, we cannot reduce the look without considering the importance of unavoidable increase of planetary infrastructural impacts. For this, is that it is extremely urgent to broaden the spaces for discussion before and after the SEIA to remedy and repair those historically impacted communities, promote creatively more-and-not-less dialogues between scientific communities, ancestral wisdom, close technological experimentation, and common sense, which call us around the challenges of intervening with prudence caution and care.

The history of the SEIA has coexisted with multiple and innovative forms of resistance in front of initiatives of effect in the face of threatening undesired projects, or in the face of crisis and disasters. These are knowledge sources about what it means to persistently participate in the public sphere as a civil society. In the same way, the production of scientific knowledge, humanistic, artistic, social, and environmental  must be dignified and valued as a public good for the ecologization of the SEIA, its peoples, enterprises and lands and not like an arbitrary product of the decision of current investments.

Therefore, we request to turn the focus of the current law reform project on the reform of the SEIA presented at the congress, with the aim of reclaiming the path of citizen discussions based on ethical principles circumscribed and ratified by the Chilean state to the United Nations; subscription to pending international agreements for the betterment of these standards like the Escazu agreement, and to move forward on the democratization and sustainability of the relationships between people and land.

Translated by Felipe Fontecilla