Declaración de SCAC ante postergación de la COP 26
A causa de la pandemia Covid-19 se ha anunciado la postergación de la Conferencia
de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que debía
ocurrir en noviembre de este año. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática
(SCAC) apoyamos esta decisión y consideramos que está a la altura de la crisis
sanitaria que enfrentamos. Pero ¿Estaremos a la altura para enfrentar la crisis
climática y ecológica?
Esta postergación, no es sinónimo de que los Estados puedan dejar de lado sus
compromisos climáticos ni ambientales. La vulnerabilidad frente al cambio climático y la
contaminación atmosférica nos hace más sensibles a este tipo de emergencias:
Comunidades sin agua, como La Ligua y Petorca, no pueden cumplir con los mínimos de
higiene necesarios y las personas que viven en zonas de sacrificio ambiental, como
Coronel, Quintero, Puchuncaví y Ventanas, por mencionar solo algunas, se verán afectadas
más gravemente al ser más susceptibles a padecer problemas respiratorios.
Esta crisis sanitaria está relacionada con la destrucción de la naturaleza y la pérdida de
hábitats naturales de las otras especies; con la forma en la que nos alimentamos y
conseguimos ese alimento y también en cómo nos entendemos como sociedad. Es por eso
que hay que abordarla desde todos esos lugares.
Así mismo, las medidas de reactivación económica que pensemos, deben reconocer la
oportunidad para acelerar la transición económica hacia un modelo centrado en el cuidado
de las personas, la preservación de la vida y la una relación armónica entre la sociedad y
el medio ambiente, avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por ello que
el proceso que enfrentamos no puede sacrificar los compromisos climáticos ni vulnerar los
derechos humanos, debe enraizarse en ellos y utilizarlos como punto de partida.
Sería una enorme contradicción, en medio de esta crisis sanitaria así como en un futuro
escenario de reactivación económica, que el Estado rescate empresas contaminantes, que
dañen el medioambiente o vulneren derechos. Los recursos estatales se deben invertir en
apoyar emprendimientos limpios, generar empleos en sectores compatibles con la salud y
compromisos climáticos, en fomentar la investigación aplicada sobre los efectos antrópicos
en nuestro territorio, con transferencia educativa hacia nuestras comunidades.
Este año no habrá COP 26, pero es el momento para que las naciones del mundo se
replanteen sus compromisos y tal vez el mecanismo que se está utilizando para alcanzarlo,
ya que en 26 años de negociaciones, seguimos estando muy atrás en lo que se requiere
para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC.
Esta crisis marcará un nuevo comienzo, en el que tenemos la oportunidad de acelerar las
medidas para la preservación ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las personas, lo
cual será clave para seguir escribiendo la historia de la humanidad.
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