En esta segunda parte, Juan Carlos Cárdenas, director del centro Ecocéanos, aborda la afabilidad de la institucionalidad ambiental con la industria salmonera y la colonización de este mercado sobre un sistema político corrupto que opera cómplice y silente ante los desastres ecológicos derivados de la industria.
"La industria del salmón tiene
relación con la ultraderecha. Gran parte de los directorios de empresas
pesqueras de harina de pescado son ex miembros de Patria y Libertad".
Por Juan Carlos Cardenas
"La industria del salmón en Chile
sostiene gran parte de su negocio sobre la figura de las “concesiones
acuícolas”, que sella vínculos de propiedad y uso del borde costero.
La industria monopoliza gran parte del borde costero del Archipiélago de
Chiloé, en su vertiente oriental, lo que genera conflictos con pescadores
artesanales, comunidades indígenas y operadores turísticos".
- Así es. La industria genera una situación de desposesión a otros
usuarios del borde costero mediante las concesiones acuícolas. En Chile,
6 compañías controlan más del 50% de las concesiones salmoneras en Chile.
Y del total de las concesiones otorgadas, sólo están utilizando el 30%. ¿Qué
pasa con el otro 70%? Están guardadas para especular. Cuando haya más
demandas de otros actores, ellos especularán con estos recursos. La
presidenta Bachelet, en el primer gobierno, semanas antes de
irse, firmó un decreto que le entrega, en propiedad, las concesiones
costeras a las empresas salmoneras. Ya son parte de su patrimonio ahora. Conforme
a eso, las dueñas de concesiones pueden transarlas, venderlas,
arrendarlas, heredarlas. Pueden hacer todo lo que se puede hacer
con un bien privado. Ha habido un proceso de expropiación silenciosa de bienes
nacionales de uso público, y en este caso, todo lo que es borde costero.
Entonces, hay una alta concentración de la propiedad en las concesiones
acuícolas, y las que no se utilizan, son para dos cosas: una para la especulación;
y la otra función es que están entregadas
como concesión por créditos que se han solicitado al sistema financiero,
nacional e internacional. Ha habido concesiones que no
se han utilizado más de 5 o 6 años. La ley dice que, si una concesión no se
utiliza durante una temporada, se señala eso y luego pasa a ser parte del
Estado, para que este pueda ofertar la concesión disponible a nuevos
capitales. Hay concesiones que llevan 6 años y nunca se le ha aplicado
a ley, pues esas concesiones están prendadas con bancos, y ahí aparecen
todos los funcionarios de SUBPESCA y del Servicio Nacional de Pesca para mover
sus engranajes para violar la ley. El anterior director de SERNAPESCA inventó
un concepto: “No es que las concesiones no estén siendo utilizadas,
sino que están en reposo productivo”. O sea, él dice que están
produciendo, pero en descanso, por lo que no se les aplica la ley.
¿Entiendes como estos tipos interpretan la ley a su favor?
Podría hacer referencia al pago de patentes
salmoneras, que, por una parte, deberían pagarse en los territorios donde la
industria se emplaza. Por otra parte, entiendo que las patentes las pagan por
centímetros cuadrados, o por hectárea marina, y no en centímetros cúbicos, como
debería ser, dado que se utiliza toda la “columna de agua” y el fondo
marino en el proceso de cultivo del salmón.
- Un ciudadano común y
corriente, como tú y como yo, pagamos por metro cúbico de agua, los que se ve
reflejado en la cuenta a final de mes. Mientras tanto, la industria
salmonera paga por hectárea, que es una unidad de superficie marina. Y todo lo
que está abajo, en la columna de agua, es gratis para las salmoneras. Hace
poco, aumentaron el pago de las patentes por hectárea de agua, que son 70
dólares la hectárea, que es una cifra irrisoria para todas las
utilidades que percibe la industria. La ocupación del maritorio es casi gratis
para las grandes compañías salmoneras. Hay compañías como Marine Harvest, que
tiene centros de cultivo en Estados Unidos, en Canadá, en Escocia, en Islas
Feroe, pero el 26% de las ganancias netas las obtienen de Chile. Chile
es como la gran vaca lechera para este empresariado.
Otro tema es que gran parte de las patentes ni siquiera se
pagan en las comunas con producción salmonera, sino que en las casas matrices
que están en Santiago. Y por ello, los municipios tienen una escasa capacidad
de absorber los beneficios de que en su comuna se instalen centros de cultivo y
plantas de procesamientos de salmones.
- Efectivamente. Se ha peleado para
que las patentes se paguen en las municipalidades, pero eso va asociado a
un elemento nuevo, que es la corrupción: la industria
del salmón tiene una alta capacidad de influencia en los gobiernos locales:
alcaldes, intendentes, diputados y senadores. Eso es vox populi. En el último tiempo, los empresarios salmoneros
se han dado cuenta de la mala relación que tienen con las comunidades locales.
Ante esto, y con la nueva presidencia de SalmónChile, es la organización
gremial de la industria salmonera, se está colocando dinero, pero no mucho, en
las comunidades locales: campesinos, indígenas, juntas de vecinos, centros de
madres, clubes deportivos.
Para poder legitimarse socialmente, sobre todo
pensando en que el vínculo entre las empresas con las comunidades ha estado
bien descompuesto por las crisis económicas de la industria y las crisis
ambientales que ha generado, como el vertimiento de salmones podridos en las
costas de Chiloé el 2016.
- Así es. Esa legitimación social
la realizan mediante donaciones de dinero. En Magallanes, por ejemplo, algunas
empresas dan becas a estudiantes en las comunidades donde ellos están operando.
Lo que, además, funciona como un mecanismo de contención de
posibles movilizaciones sociales
- Totalmente. Entonces, corrupción política y vínculo asistencialista con las
comunidades son modus operandi habituales
en la industria salmonera. La industria salmonera opera como un
ejército de ocupación, con la complicidad de las autoridades locales y
nacionales. Así funciona todo ejército de ocupación: territorio,
control, presión, disciplinamiento social.
Redes de poder y tráficos de influencia dentro de la industria del
salmón
Hablemos de las redes de
poder y los tráficos de influencia dentro de la industria. Qué actores
han sido esenciales en su promoción, quiénes se benefician de este negociado,
etc.
- Como mencioné anteriormente (ver
Parte 1), la salmonicultura en Chile se instaló en dictadura, donde se
le proporcionó todo lo que necesitó para su crecimiento y expansión. Luego
vienen los gobiernos de la Concertación, en los cuales se establece un fuerte
vínculo con la industria. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han sido los verdaderos padres benefactores de la industria
salmonera. Durante sus gobiernos, se modificaron todos
los reglamentos y las regulaciones ambientales, con miras a garantizar su
expansión libre. El presidente Ricardo Lagos señaló en una ocasión, que se
retiraba orgulloso de su gobierno, pues 1 de cada 3 salmones que se comía en el
mundo provenía de Chile. Su gobierno se jactaba de que pudo coordinar al
capital internacional, la tecnología y trabajo nacional.
- Resultado de todo esto: la
industria salmonera es esencial en el ordenamiento de los territorios como
Chiloé, y ahora Aysén y Magallanes. La industria define
cómo utilizar el agua dulce, cómo utilizar los recursos pesqueros para
alimentar salmones, qué mano de obra local requerirá, qué vocación tendrá el
territorio, sin soberanía de las comunidades mismas. La salmonicultura
es una industria poderosísima, junto con la industria minera y forestal, por
las relaciones de poder que posee. Los vínculos son variados.
- En primer lugar, en
el Senado y Cámara de Diputados, existe una suerte de “bancada
salmonera”. Si tú me preguntas, ¿Quiénes son? Tienes que
ver qué tipos están acusados de corrupción por la Ley de Pesca. Todos los
diputados y senadores de las regiones salmoneras son ultra funcionales a las
demandas gremiales de la industria. Otra área de tráfico de
influencias de la industria del salmón es la Marina de Chile. La Marina
controla el territorio marino, y por ello, la industria del salmón, en sus
centros de cultivos y transporte de salmón, está sujeta a ella. Gran parte de
los altos funcionarios de la Marina, luego son parte de los directorios de las
empresas salmoneras y pesqueras, por lo que ahí se da toda una relación de
administración y control costero. De todos los accidentes que les han ocurrido
a los buzos y de todos los hundimientos de wellboats, hay cero investigaciones.
El Seikongen es un ejemplo. La Marina lo que ha hecho
es evitar que ocurran investigaciones y dilucidar responsabilidades. En
tercer lugar, la industria tiene relación con la ultraderecha. Gran
parte de los directorios de empresas pesqueras de harina de pescado, que luego
se han transformado en empresas salmoneras, son ex miembros de Patria y
Libertad. Destaca ahí Roberto Izquierdo Menéndez. Es un tipo muy activo que
está involucrado en Salmón Chile, en la Sociedad Nacional de Pesca, y también
se involucra con grupos ultraconservadores en la región sur-austral.
- Yo considero que, en
esta red política, hay que meter también a las universidades. Las
empresas salmoneras se han encargado de financiar a las universidades
regionales, y también a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, para
estudiar áreas del conocimiento afines a sus intereses de productividad. Han
financiado programas, capacitaciones, etc. También financian a muchos grupos de
investigadores.
Esto se hizo patente durante la crisis
socioambiental de Chiloé en el año 2016, donde el establishment científico
fue bastante deslegitimado por exculpar de responsabilidad a la industria del
salmón y el vertimiento de salmones podridos que esta realizó con SERNAPESCA en
los mares de Ancud.
- De todas maneras. Cuando ocurre el tema del
florecimiento algar en Chiloé en el año 2016, la primera declaración fue la
del Colegio de Biólogos de Chile, que inmediatamente cerró filas
con la industria, al decir que “estas son condiciones naturales, vinculadas al cambio
climático, y la industria del salmón no tiene nada que ver”. Luego viene la Asociación
de Ciencias del Mar, en donde hay muchos científicos de gran nivel. Ellos
sacan una declaración, que era como redactada por la industria. También está
el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que también se
cuadró con la idea de exculpar de responsabilidad a la industria salmonera.
El Estado, más tarde, nombra una comisión de
científicos “independientes”. ¿Cómo van a haber científicos
independientes, si todos dependen del financiamiento ya sea del Estado o de la
industria salmonera-pesquera? Esta comisión investigadora, obviamente
ratificó todo lo que habían dicho sus colegas. De esta manera, podríamos
decir que otro de los muertos tras las crisis cíclicas de la industria
salmonera, es la credibilidad de la comunidad científica, que
está alineado con la gran industria salmonera. Y aquí, las voces
disonantes son mínimas y están silenciadas.
Institucionalidad ambiental
Hablemos sobre la institucionalidad ambiental que
permite la insustentabilidad de la industria del salmón, rubro que dista
bastante en materias de regulación, con las normas de Noruega, el primer
productor mundial. Aunque, por otro lado, los empresarios que desarrollan la
salmonicultura en Chile se adaptan a nuestras permisivas reglas del juego.
- Es interesante el caso de los noruegos, pues vienen de una
sociedad igualitaria, con valores de protección ambiental, y una de las pocas
sociedades de “feminismo real” (risas). Yo trabajé ahí
y a algunas personas les decía esto: ustedes tienen los dos espíritus
fundamentales de Noruega. Por un lado, tiene un progresismo
civilizado, amable, con valores ambientales, pues hay un fuerte control social
sobre ustedes. Y luego, llegan a Chile, miran a los lados y se dan
cuenta de que no hay control de ninguna cuestión, que llegan con mucho dinero,
en una situación de ocupación empresarial. Al cabo de un tiempo,
cambian su comportamiento, y se transforman en unos energúmenos, en donde sólo
les importa la rentabilidad económica y el producir cada vez más salmones, a
costa del medio ambiente y las comunidades. Y, ¿por qué
pasa eso en Chile? Por la institucionalidad ambiental, la que está hecha a la
medida de algo muy claro: permitir la inversión en megaproyectos productivos. Y
todo esto en función de recursos naturales, pues el 80% de la economía de este
país depende de recursos con bajo valor agregado. ¿Cuánto es la “nueva
economía del conocimiento”? Con suerte 5%.
Seguimos siendo un enclave colonial exportador de
materias primas.
- Así es. Es urgente cambiar los marcos políticos y jurídicos
que nos rigen. El sistema chileno está hecho para aprobar las inversiones,
mayoritariamente. Si deseas ver esto gráficamente, anda a Magallanes. El
Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) es una especie de tubo engrasado en que
tu metes un proyecto, y sale aprobado rápidamente. Y todo esto realizado
con independencia de las oposiciones de las comunidades locales. Hoy
por hoy, el presidente Sebastián Piñera quiere eliminar el Concejo
de Ministros por la Sustentabilidad. ¿Qué hace ese Concejo? Es
una burla kafkiana, pues está conformado por los principales ministerios
extractivistas: economía, hacienda, obras públicas, minería y agricultura.
Este es el único concejo que está por sobre ministerios. ¿Qué sucede
con este Concejo? Cualquier decisión importante tenía que estar
aprobada por este organismo, pero ya estaba previamente la orden de aprobar
proyectos, casi de manera estalinista. Faltaba que el presidente de los
servicios de evaluación ambiental dijera: “levanten la mano los que se oponen”. Esto no
es para nada democrático, y las comunidades y la sociedad civil no tienen
ninguna oportunidad de entrar en este sistema de toma de decisiones. Ahora
están intentando eliminar este Concejo de Ministros por la Sustentabilidad,
para delegar las decisiones a las regiones. ¿Cuál es el problema de
esto? Que, en las regiones, es mucho más cercano el vínculo
entre las autoridades regionales y los funcionarios con las empresas
extractivas. Además, hay que considerar un nuevo
elemento. El Estado le va a pedir a los inversionistas o empresarios que, antes
de presentarle los proyectos a las autoridades regionales, estos ya hayan sido
negociados (léase “coimeados”) con las comunidades locales donde ellos van
a instalar el proyecto. Es decir, que ya hayan conversado,
acordado compensaciones, lo que significa dividir a las comunidades. El Estado,
en el fondo, les pide a las empresas que sus proyectos ya hayan sido
negociados con los posibles opositores, para que el mismo Estado y los
sistemas de evaluación no se tengan que hacer cargo del proceso y de los
conflictos.
