Coronavirus, sequía, contaminación y zonas de sacrificio

Por Ezio Costa Cordella - Director FIMA - Publicado en El Mostrador

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.

La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.

Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.

Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.

Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.

Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.

En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.

Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.

Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.

Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.

Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.

Declaración Pública del Grupo Patagonia Mar y Tierra sobre las Resoluciones de Subpesca que declaran como no disposnibles las áreas aptas para la acuicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén

Respecto a las resoluciones exentas N° 902 y 903 emitidas el recién pasado 31 de marzo por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y publicadas en el Diario Oficial el 6 de abril, en la cual se declara que dentro de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) de las regiones de Los Lagos y Aysén no hay espacios disponibles para nuevas solicitudes de concesiones de acuicultura, como organizaciones que conforman el grupo de trabajo Patagonia Mar y Tierra declaramos lo siguiente:

• Consideramos positivo que a través de estas resoluciones de no disponibilidad (N° 902 y 903 de Subpesca) se impida el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones de salmónidos en las regiones mencionadas, tomando en consideración la enorme cantidad de concesiones ya otorgadas: 537 en Los Lagos y 724 en Aysén.
• Sin embargo, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante los vacíos que estas resoluciones dejan, particularmente, respecto al futuro de las solicitudes de concesiones en trámite que en ambas regiones habían quedado suspendidas con la declaración de la moratoria el año 2010; especialmente, respecto a las 55 solicitudes que quedaron pendientes de tramitación en la Región de Aysén y que, de acuerdo a la misma Subpesca, con el levantamiento de la moratoria el pasado 8 de abril, podrán ser tramitadas y otorgadas si cumplen con la normativa vigente, situación que a todas luces podría traer un impacto muy negativo en la región que ya posee una enorme carga de salmoneras en sus ecosistemas, con conocidas externalidades ambientales.
• Precisamente, la moratoria legal que acaba de caducar, tenía este efecto adicional, pues además de no admitir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones acuícolas también impedía otorgar las concesiones que habían quedado en tramitación en ambas regiones. Por la salud de los ecosistemas de la Patagonia y para seguir construyendo sobre un esfuerzo regulatorio que ya lleva 13 años desde la tragedia del virus ISA, como grupo insistimos en el llamado a prorrogar la vigencia de la misma medida.
• Por otro lado, estimamos que estas resoluciones no responden ni pretenden resolver un sinnúmero de problemáticas relacionadas, por ejemplo, a un adecuado ordenamiento ambiental y sanitario de la industria salmonera y del espacio marino basado en un Enfoque Ecosistémico a la Acuicultura (EEA), considerando no sólo aspectos sanitarios sino también ecológicos y sociales.
• Enfatizamos, además, que es necesario culminar las zonificaciones costeras pendientes y realizar estudios de capacidad de carga en los sectores potencialmente afectados por el desarrollo de esta actividad. En particular, nos preocupa la problemática situación de emplazamiento de un gran número de concesiones salmoneras en las porciones marinas de las áreas protegidas de las regiones patagónicas (Los Lagos, Aysén y Magallanes). Por todo lo anterior, como organizaciones que conforman el grupo Patagonia Mar y Tierra, vemos aún con preocupación la situación de la expansión salmonera en la regiones de Los Lagos y Aysén y, por lo mismo, consideramos necesario que las autoridades aseguren de manera definitiva el no otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras mediante el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de Ley que extienda la moratoria en ambas regiones australes y a la par se avance con las macro zonificaciones del borde costero y estudios de capacidad carga de dichas regiones.

GRUPO PATAGONIA MAR Y TIERRA

Presentación NDC de Chile: Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) critica falta de ambición y medidas para su implementación aunque reconoce que nuestro país no evada sus compromisos

Sociedad Civil por la Acción Climática

En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 50% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile.

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Contacto de Prensa:

Constanza Dougnac: +56999378564 - cdougnac@fima.cl

Javiera Ortiz: +56 9 9083 8255

Chile Sustentable propone incorporar cierre de termoeléctricas a Ley Marco de Cambio Climático

Sara Larraín durante webinar sobre reformas para avanzar hacia la carbono neutralidad.

• En el encuentro virtual, organizado por el Observatorio Ley de Cambio Climático del (CR)2 y Centro de Derecho Ambiental, ambas instituciones de la Universidad de Chile.
• Larraín puntualizó que incluso se podría incorporar en los artículos transitorios el número y cronograma del cierre o reconversión programado de las 27 centrales existentes hoy.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, dijo este lunes que no hay que esperar una ley específica para asegurar el cierre gradual de las termoeléctricas a carbón, tecnologías cuyas emisiones agravan  el calentamiento global, sino que se puede incluir  aquello en la propia Ley Marco de Cambio Climático. La dirigenta ecologista hizo este planeamiento durante un webinar abierto en que ella junto al ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena y el jefe de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, comentaron el estudio “Identificación de reformas legales para alcanzar la meta decarbono neutralidad en Chile al 2050”.

El informe fue desarrollado por el Observatorio Ley de Cambio Climático, iniciativa del (CR)2 de la Universidad de Chile. El encuentro virtual, en tanto, fue organizado en conjunto con el Centro de Derecho Ambiental, también de la Universidad de Chile y la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

“Tú puedes incluir  en el texto (de la Ley Marco de Cambio Climático) un parafraseo donde diga que se terminará o se irá reduciendo gradualmente la generación mediante tecnologías en base a combustibles fósiles, empezando con el  más sucio, que es el carbón” indicó Larraín durante su exposición. En su visión, incluso es posible incorporar en los artículos transitorios un cronograma del cierre o reconversión para las 17 centrales a carbón que aún no tienen fecha de clausura, en coherencia con el cronograma de las 10 plantas cuyo término ya fue comprometido por la industria (8 anunciadas en julio pasado y 2 durante la COP25 en Madrid en diciembre). 

Sobre las 17 centrales aún sin fecha de cierre la autoridad ha informado que deberían dejar de operar al año 2040, es decir en un horizonte de 20 años.  Dejarlo en la ley permitiría coherencia con la política climática del Estado para la carbono neutralidad al 2050, dejando así de estar sujeta a la voluntad de las empresas y los gobiernos de turno .

Actualmente la Ley de Cambio Climático se encuentra en tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en período de audiencias públicas y “es clave incluir el cierre de carboneras en ese proceso. Si esperamos una reforma de la Ley Eléctrica puede ser demasiado tarde” afirmó la dirigenta. Agregó que “no afecta derechos constitucionales, como dicen algunos juristas, pues la Constitución reconoce, por un lado, la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación  y, por otro, la función social de la propiedad”, que se refiere esto último a condiciones sociales y ambientales del emprendimiento

Explicó Larraín que otra acción relevante para reducir las emisiones de CO2, además de la corrección y el incremento del impuesto verde a las emisiones, es aprovechar ahora el proceso de actualización de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (Decreto13), proceso que fuera ordenado en febrero de este año por la Contraloría. La idea es incluir en la norma una regulación de emisiones máximas de CO2, contaminante atmosférico que ya está gravado por el impuesto verde.  

Explicó que la actualización del Decreto 13 debe mejorar el estándar, al menos incorporando los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, e idealmente alcanzar exigidos en la Unión Europea. Además, regular las emisiones de metales pesados como vanadio, plomo y mercurio, como estaba incluido en el expediente original (año 2010) de la norma de emisión para termoeléctricas .  

“Esto implicaría el aumento en el costo de la generación a carbón y eso es tremendamente importante, pues el costo social de las emisiones de CO2 es de 32 dólares y no los 5 que consigna el impuesto verde. Ello ayudaría a develar los verdaderos costos sociales de esta tecnología y los co-beneficios en salud  si apuramos la transición energética. Esto es clave, para terminar con la zonas de sacrificio” indicó Sara Larraín. De esta forma, al sincerarse cuanto cuesta la generación a carbón el Coordinador Eléctrico Nacional, luego de despachar centrales solares, eólicas e hidroeléctricas, que son las más económicas, podría autorizar para su ingreso al Sistema Eléctrico alternativas limpias como la solar con almacenamiento y  geotermia.  

A su turno, Marcelo Mena coincidió en la necesidad de incorporar el CO2 en la norma y los planes de descontaminación, sin embargo explicó que esto tiene dificultades al ser el calentamiento global un fenómeno que no se considera incide directamente en la salud a nivel local, por lo cual se requieren cambios normativos más profundos. “Establecer cuáles son los valores de saturación es algo muy interesante. Pero con el marco regulatorio vigente, con un Tribunal Ambiental, un Tribunal Constitucional y una Contraloría, un plan de descontaminación o una zona saturada es vulnerable legalmente, y por tanto aunque se nos ocurrió hacerlo en su momento, sabíamos que esto podía terminar rápidamente fuera por estar regulando algo que quizás no es un contaminante directo que afecte la salud” puntualizó.

Hallazgos del estudio

Durante el encuentro las investigadoras del CR(2) Pilar Moraga y Dominique Hervé expusieron los principales resultados del informe. Entre ellos que la mitigación debe ser entendida más allá de la acción humana (mitigación sectorial); la meta de carbono neutralidad requiere reformar diversos cuerpos legales y dictar nuevas normas; las reformas legales de cada cuerpo normativo identificado impactan diversos sectores productivos; las reformas dicen relación con las normas de diversa jerarquía normativa (constitucional, legal y administrativa); y son posible de agrupar en tipologías regulatorias (prohibiciones, incentivos).