Por daño a la imagen, una inmobiliaria demandó a un defensor ambiental que se oponía a un loteo al lado del santuario Arcos de Calán. Pero sin presentar pruebas acreditarán el daño, los titulares retiraron la demanda. Abogados acusan que se usó la acción judicial para intimidar al activista.
En 2020, una empresa inmobiliaria compró un terreno al lado del humedal costero y hoy Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, para crear un condominio de 48 parcelas. Un defensor que se opuso al proyecto fue demandado por la empresa por $200 millones.
Luego de que la empresa retirara la demanda, tras la tramitación casi completa del juicio y sin haber presentado pruebas sobre los daños aludidos, el Juzgado de Garantías de Chanco condenó a la inmobiliaria a pagar los costos del proceso judicial.
“La conducta de Costa Calán de desistimiento, luego de la tramitación casi completa de un juicio de responsabilidad extracontractual da cuenta de la instrumentalización de la acción con el objetivo de amedrentar al defensor de derechos humanos ambientales”, indica Tamara Navia, abogada de ONG FIMA, organización de derecho ambiental que representó al defensor.
La empresa inmobiliaria Costa Calán habría demandado al representante de la ONG Vigilante Costero por daño a la imagen y daño económico, luego de que el activista manifestara cuestionamientos al proyecto en medios de comunicación.
“Este desistimiento de la inmobiliaria da cuenta del uso instrumental de la acción judicial con el único fin de intimidar a un defensor ambiental y disuadir el ejercicio de su libertad de expresión y de defensa territorial”, comentan desde FIMA.
Esta práctica tiene un nombre en el mundo jurídico: Demanda Estratégica contra la Participación Pública (o SLAPP por sus siglas en inglés), y se trata de demandas que se disfrazan de litigios ordinarios, pero que en vez de tener como objetivo ganar, buscan restringir la discusión y debilitar el trabajo de quienes defienden un interés público.
Para el caso del defensor en cuestión, desde FIMA afirman que el proceso tuvo consecuencias en su salud mental y física, así como en su vida familiar y profesional, además de desalentar su labor como defensor ambiental.
Además, abogados y abogadas de la organización han identificado al menos otros cuatro casos donde grandes empresas demandan a defensores y defensoras ambientales que se manifestaron en contra de sus proyectos.
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