La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, dijo este lunes que no hay que esperar una ley específica para asegurar el cierre gradual de las termoeléctricas a carbón, tecnologías cuyas emisiones agravan el calentamiento global, sino que se puede incluir aquello en la propia Ley Marco de Cambio Climático. La dirigenta ecologista hizo este planeamiento durante un webinar abierto en que ella junto al ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena y el jefe de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, comentaron el estudio “Identificación de reformas legales para alcanzar la meta decarbono neutralidad en Chile al 2050”.
El informe fue desarrollado por el Observatorio Ley de Cambio Climático, iniciativa del (CR)2 de la Universidad de Chile. El encuentro virtual, en tanto, fue organizado en conjunto con el Centro de Derecho Ambiental, también de la Universidad de Chile y la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
“Tú puedes incluir en el texto (de la Ley Marco de Cambio Climático) un parafraseo donde diga que se terminará o se irá reduciendo gradualmente la generación mediante tecnologías en base a combustibles fósiles, empezando con el más sucio, que es el carbón” indicó Larraín durante su exposición. En su visión, incluso es posible incorporar en los artículos transitorios un cronograma del cierre o reconversión para las 17 centrales a carbón que aún no tienen fecha de clausura, en coherencia con el cronograma de las 10 plantas cuyo término ya fue comprometido por la industria (8 anunciadas en julio pasado y 2 durante la COP25 en Madrid en diciembre).
Sobre las 17 centrales aún sin fecha de cierre la autoridad ha informado que deberían dejar de operar al año 2040, es decir en un horizonte de 20 años. Dejarlo en la ley permitiría coherencia con la política climática del Estado para la carbono neutralidad al 2050, dejando así de estar sujeta a la voluntad de las empresas y los gobiernos de turno .
Actualmente la Ley de Cambio Climático se encuentra en tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en período de audiencias públicas y “es clave incluir el cierre de carboneras en ese proceso. Si esperamos una reforma de la Ley Eléctrica puede ser demasiado tarde” afirmó la dirigenta. Agregó que “no afecta derechos constitucionales, como dicen algunos juristas, pues la Constitución reconoce, por un lado, la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, por otro, la función social de la propiedad”, que se refiere esto último a condiciones sociales y ambientales del emprendimiento
Explicó Larraín que otra acción relevante para reducir las emisiones de CO2, además de la corrección y el incremento del impuesto verde a las emisiones, es aprovechar ahora el proceso de actualización de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (Decreto13), proceso que fuera ordenado en febrero de este año por la Contraloría. La idea es incluir en la norma una regulación de emisiones máximas de CO2, contaminante atmosférico que ya está gravado por el impuesto verde.
Explicó que la actualización del Decreto 13 debe mejorar el estándar, al menos incorporando los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, e idealmente alcanzar exigidos en la Unión Europea. Además, regular las emisiones de metales pesados como vanadio, plomo y mercurio, como estaba incluido en el expediente original (año 2010) de la norma de emisión para termoeléctricas .
“Esto implicaría el aumento en el costo de la generación a carbón y eso es tremendamente importante, pues el costo social de las emisiones de CO2 es de 32 dólares y no los 5 que consigna el impuesto verde. Ello ayudaría a develar los verdaderos costos sociales de esta tecnología y los co-beneficios en salud si apuramos la transición energética. Esto es clave, para terminar con la zonas de sacrificio” indicó Sara Larraín. De esta forma, al sincerarse cuanto cuesta la generación a carbón el Coordinador Eléctrico Nacional, luego de despachar centrales solares, eólicas e hidroeléctricas, que son las más económicas, podría autorizar para su ingreso al Sistema Eléctrico alternativas limpias como la solar con almacenamiento y geotermia.
A su turno, Marcelo Mena coincidió en la necesidad de incorporar el CO2 en la norma y los planes de descontaminación, sin embargo explicó que esto tiene dificultades al ser el calentamiento global un fenómeno que no se considera incide directamente en la salud a nivel local, por lo cual se requieren cambios normativos más profundos. “Establecer cuáles son los valores de saturación es algo muy interesante. Pero con el marco regulatorio vigente, con un Tribunal Ambiental, un Tribunal Constitucional y una Contraloría, un plan de descontaminación o una zona saturada es vulnerable legalmente, y por tanto aunque se nos ocurrió hacerlo en su momento, sabíamos que esto podía terminar rápidamente fuera por estar regulando algo que quizás no es un contaminante directo que afecte la salud” puntualizó.
Hallazgos del estudio
Durante el encuentro las investigadoras del CR(2) Pilar Moraga y Dominique Hervé expusieron los principales resultados del informe. Entre ellos que la mitigación debe ser entendida más allá de la acción humana (mitigación sectorial); la meta de carbono neutralidad requiere reformar diversos cuerpos legales y dictar nuevas normas; las reformas legales de cada cuerpo normativo identificado impactan diversos sectores productivos; las reformas dicen relación con las normas de diversa jerarquía normativa (constitucional, legal y administrativa); y son posible de agrupar en tipologías regulatorias (prohibiciones, incentivos).
