Próximamente, llegará a término mi segundo período consecutivo como representante latino en el Concejo de la Alianza Waterkeeper, el que cumplí desde 2015. Ha sido toda una aventura, un aprendizaje intenso, sobre la marcha, pero, que se ha hecho sinceramente. He intentado poder representarles en buena ley asumiendo el desafío y responsabilidad que ha implicado todo este proceso, a la confianza depositada en mi persona, y siempre esperanzado en que debemos mantener nuestra base de incidencia desde nuestro territorio y alianza.
Personalmente, un poco golpeado al observar o darme cuenta, en este tránsito, que la gran causa que debemos enfrentar y que abusa, afecta o impacta directamente nuestra naturaleza, al agua, a nuestros ríos, bosques, etc., de manera transversal, termina siendo el abuso, la corrupción instalada y, por ello, es que se han impulsado y se han hecho acciones conjuntas con nuestros programas hermanos miembros de la alianza, sobre el acuerdo de Escazú, su urgencia e importancia. Lamentando, por cierto, ausencia y renuencia de Chile por suscribirlo recordando que junto a Costa Rica fue uno de sus impulsores.
Y
este abuso legalizado (mas no legítimo), instaurado en oscuros términos,
consolidado por una mala clase política envanecida y deslegitimada por una
ciudadanía que habita, agotada, un país perverso de colusiones, desfalcos,
robos al erario nacional, financiamientos ilegales para cúpulas económico-políticas que lo han permitido, otorgandole a sus delitos penas de clases de ética como modelo de conducta y coronario de una burla sistémica que
recluye e ignora, de manera morbosa y descarada, a los vulnerables, a los olvidados, en pro de quienes
controlan, se benefician y reditúan de este reloj suizo de sistema cimentado en las AFP y los recursos naturales del país. Perfecto desde la óptica de su privilegio.
Ni siquiera sé si, a estas alturas, será válido preguntarse que es, cuál es el alma, la esencia del ser, de un trabajador con vocación de servicio público.
Después
de varios años nuestra organización ha tenido yerros y aciertos. Triunfos ciudadanos
que perduraran por siempre. Pero, también fracasos, frustraciones y derrotas de
las cuales debemos aprender, y hemos aprendido, a recargarnos, reconstruyéndonos para recomenzar,
conviniendo, que cualquier reto e intento en mejorar nuestras formas de vida
valdrá la pena el intento. La perseverancia es una buena aliada para fortalecer y consolidar
valores que contribuyan a buscar y aceptar buenas y mejores formas de vivir,
principalmente, por la responsabilidad de entregar lugares habitables para las
futuras generaciones. Pensar en justicia, implica pensar en ello. Simple y complejo. Paradójico.
Defensores
de los derechos de sus barrios, dirigentes sociales en sus pueblos o ciudades hoy debemos ser cautos, resguardarnos
entre nosotros, ante la insanidad de ser amedrentados, amenazados, o eliminados; evidenciando
la trama oscura que debemos enfrentar cuando se defienden derechos, muchas veces, de quienes no tienen voz o medios para hacerlo y terminan siendo subyugados o abusados.
En
eso, Waterkeeper ha sido y es vital; fundamental en la definición de lo que realmente es e implica una alianza
global, y las maneras en que hemos colaborado, en la búsqueda de posicionar
presencia y prestigio de nuestra red como organizaciones y personas
dispuestas y convencidas de que la justicia social, ambiental y/o climática es
un deber en su defensa y, un anhelo, en su derecho.
Mi país, Chile, vive un proceso inédito sin precedentes. Aun, y a pesar de que la pandemia ha sido un salvavidas para un gobierno que desde octubre de 2019 solo ha contribuido a su deblacle, subyace incólume la esperanza cuando un pueblo, no sus gobernantes, han impulsado el reescribir y legitimar nuestra propia constitución. La piedra angular, el consenso, en ese proceso de cambio en el que podremos redactar una carta magna de plataforma ambiental y/o ecológica donde podamos pensar en los derechos humanos y los de la naturaleza.
Justicia
Ambiental y Climática. Cumbre Waterkeeper América Latina
Recientemente, a mediados de abril, terminamos nuestra Segunda Cumbre (la primera fue en Cartagena en 2019), reunión o encuentro de organizaciones latinoamericanas miembros de Waterkeeper Alliance en donde confluimos compañeros y compañeras desde Estados Unidos, México, Colombia; Costa Rica; Perú; Ecuador, Dominicana; Brasil; Chile. Impactados de como la pandemia nos ha golpeado a todos y también esperanzados en poder seguir accionando y trabajando una mirada conjunta en donde nuestra principal fortaleza es el que ya participamos de una red y un movimiento consolidado.
Uno de los conferencistas de nuestra reunión fue Jeff Tahler, abogado, quien se refirió a la Justicia Ambiental y Climática. Jeff, nos enseña cual es la definición de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de Justicia Ambiental como “el trato justo y la participación significativa de todas las personas sin importar su raza, color, origen nacional o ingresos con respecto del desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales. Este objetivo se logrará cuando todos gocen del mismo grado de protección contra los peligros ambientales y de salud, y el mismo acceso al proceso de toma de decisiones a fin de tener un entorno saludable en el vivir, aprender y trabajar”. Añadiendo también que la Justicia Ambiental “exige el derecho a un uso ético, equilibrado y responsable de la tierra y los recursos renovables a favor de un planeta sostenible para los seres humanos y otros seres vivos”.
La
Justicia Ambiental “exige el cese de la producción de todas las
toxinas, desechos peligrosos y materiales radiactivos y que todos los
productores pasados y actuales sean expresamente responsables ante la gente por
la desintoxicación y la contención en el punto de producción”.
La
Justicia Ambiental “exige el derecho a participar como socios
igualitarios en todos los niveles de la toma de decisiones, incluidos en la
evaluación de necesidades, la planificación, la aplicación, el cumplimiento y
la evaluación”.
En
relación a la definición para Justicia Climática, se refiere, a “el
cambio climático que afecta con más fuerza a los hogares, comunidades y
sociedades más vulnerables ecológicamente y que también carecen de la capacidad
político-económica para hacerles frente y adaptarse al mismo”.
La
Justicia Climática “insiste en una transición desde el discurso sobres
los gases de efecto invernadero (GEI) y el derretimiento de los casquetes polares a
un movimiento de derechos civiles con las personas y comunidades más
vulnerables a los impactos del cambio climático que las aquejan…”.
El Caso Urgenda (Países Bajos) es emblemático. En el Artículo 2 de la Convención Europea de Derechos
Humanos (European Convention on Human Rights, ECHR) “protege el derecho a la vida”
y significa que una nación tiene la “obligación positiva de tomar todas las
medidas adecuadas para salvaguardar la vida de quienes se encuentran dentro de
su jurisdicción”.
El
Artículo 8 “protege el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, que
incluye la “obligación positiva de una nación de tomar medidas razonables y
apropiadas para proteger a las personas contra daños graves a su medioambiente”.
La
ciencia del cambio climático, en palabras del Tribunal, obliga a la conclusión
de que existe una “amenaza genuina de un cambio climático peligroso” y que “la
vida y el bienestar de los residentes Holandeses podrían verse seriamente
comprometidos”.
Además,
“existe un alto grado de consenso internacional” sobre la necesidad de lograr
al menos una reducción del 25% de las emisiones de GEI para 2020 a fin de
prevenir un cambio climático peligroso. El gobierno violó sus deberes según
ECHR con un objetivo a corto plazo menos ambicioso, sostuvo el tribunal.
Waterkeeper, debe ser un escudo protector para sus miembros y de cualquiera que persiga mismos principios u objetivos, en pro de esa Justicia, de manera transversal y eso, ese proceso, se ha ido consolidando y se agradece. En nuestra región la situación es brava y necesitamos abordarlo de manera conjunta, estratégicamente, evitando sobreexponernos, o que nos amedrenten, nos amenacen y/o nos sigan matando.
Termino
pensando en mi experiencia como keeper, en estos más de diez años, en la
representación regional ante el concejo y en nuestro trabajo que va desde el
activismo, la defensa, pudiendo incluso confrontar y debatir visiones a través de
la organización local, civil o ciudadana. Buscando siempre la convergencia, potenciando, en lo más posible, nuestro rol como Waterkeeper y la responsabilidad que implica, desde lo local, como
un individuo parte de mi comunidad, hasta las alianzas nacionales e internacionales, como la
nuestra. Eso se construye, a través del empoderamiento, de la educación e información abierta, que contriubya a la cohesión del tejido
social, desde y junto a las bases.
Agradezco
en trabajo de todos y todas. Lo mejor para mi compañero y amigo
Patricio Chambers, como miembro del Concejo, quien ha sido un aporte en el
ordenamiento, planificación y proyección en todo este proceso.
