Declaración Pública del Grupo Patagonia Mar y Tierra sobre las Resoluciones de Subpesca que declaran como no disposnibles las áreas aptas para la acuicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén

Respecto a las resoluciones exentas N° 902 y 903 emitidas el recién pasado 31 de marzo por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y publicadas en el Diario Oficial el 6 de abril, en la cual se declara que dentro de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) de las regiones de Los Lagos y Aysén no hay espacios disponibles para nuevas solicitudes de concesiones de acuicultura, como organizaciones que conforman el grupo de trabajo Patagonia Mar y Tierra declaramos lo siguiente:

• Consideramos positivo que a través de estas resoluciones de no disponibilidad (N° 902 y 903 de Subpesca) se impida el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones de salmónidos en las regiones mencionadas, tomando en consideración la enorme cantidad de concesiones ya otorgadas: 537 en Los Lagos y 724 en Aysén.
• Sin embargo, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante los vacíos que estas resoluciones dejan, particularmente, respecto al futuro de las solicitudes de concesiones en trámite que en ambas regiones habían quedado suspendidas con la declaración de la moratoria el año 2010; especialmente, respecto a las 55 solicitudes que quedaron pendientes de tramitación en la Región de Aysén y que, de acuerdo a la misma Subpesca, con el levantamiento de la moratoria el pasado 8 de abril, podrán ser tramitadas y otorgadas si cumplen con la normativa vigente, situación que a todas luces podría traer un impacto muy negativo en la región que ya posee una enorme carga de salmoneras en sus ecosistemas, con conocidas externalidades ambientales.
• Precisamente, la moratoria legal que acaba de caducar, tenía este efecto adicional, pues además de no admitir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones acuícolas también impedía otorgar las concesiones que habían quedado en tramitación en ambas regiones. Por la salud de los ecosistemas de la Patagonia y para seguir construyendo sobre un esfuerzo regulatorio que ya lleva 13 años desde la tragedia del virus ISA, como grupo insistimos en el llamado a prorrogar la vigencia de la misma medida.
• Por otro lado, estimamos que estas resoluciones no responden ni pretenden resolver un sinnúmero de problemáticas relacionadas, por ejemplo, a un adecuado ordenamiento ambiental y sanitario de la industria salmonera y del espacio marino basado en un Enfoque Ecosistémico a la Acuicultura (EEA), considerando no sólo aspectos sanitarios sino también ecológicos y sociales.
• Enfatizamos, además, que es necesario culminar las zonificaciones costeras pendientes y realizar estudios de capacidad de carga en los sectores potencialmente afectados por el desarrollo de esta actividad. En particular, nos preocupa la problemática situación de emplazamiento de un gran número de concesiones salmoneras en las porciones marinas de las áreas protegidas de las regiones patagónicas (Los Lagos, Aysén y Magallanes). Por todo lo anterior, como organizaciones que conforman el grupo Patagonia Mar y Tierra, vemos aún con preocupación la situación de la expansión salmonera en la regiones de Los Lagos y Aysén y, por lo mismo, consideramos necesario que las autoridades aseguren de manera definitiva el no otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras mediante el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de Ley que extienda la moratoria en ambas regiones australes y a la par se avance con las macro zonificaciones del borde costero y estudios de capacidad carga de dichas regiones.

GRUPO PATAGONIA MAR Y TIERRA

Presentación NDC de Chile: Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) critica falta de ambición y medidas para su implementación aunque reconoce que nuestro país no evada sus compromisos

Sociedad Civil por la Acción Climática

En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 50% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile.

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Contacto de Prensa:

Constanza Dougnac: +56999378564 - cdougnac@fima.cl

Javiera Ortiz: +56 9 9083 8255

Chile Sustentable propone incorporar cierre de termoeléctricas a Ley Marco de Cambio Climático

Sara Larraín durante webinar sobre reformas para avanzar hacia la carbono neutralidad.

• En el encuentro virtual, organizado por el Observatorio Ley de Cambio Climático del (CR)2 y Centro de Derecho Ambiental, ambas instituciones de la Universidad de Chile.
• Larraín puntualizó que incluso se podría incorporar en los artículos transitorios el número y cronograma del cierre o reconversión programado de las 27 centrales existentes hoy.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, dijo este lunes que no hay que esperar una ley específica para asegurar el cierre gradual de las termoeléctricas a carbón, tecnologías cuyas emisiones agravan  el calentamiento global, sino que se puede incluir  aquello en la propia Ley Marco de Cambio Climático. La dirigenta ecologista hizo este planeamiento durante un webinar abierto en que ella junto al ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena y el jefe de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, comentaron el estudio “Identificación de reformas legales para alcanzar la meta decarbono neutralidad en Chile al 2050”.

El informe fue desarrollado por el Observatorio Ley de Cambio Climático, iniciativa del (CR)2 de la Universidad de Chile. El encuentro virtual, en tanto, fue organizado en conjunto con el Centro de Derecho Ambiental, también de la Universidad de Chile y la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

“Tú puedes incluir  en el texto (de la Ley Marco de Cambio Climático) un parafraseo donde diga que se terminará o se irá reduciendo gradualmente la generación mediante tecnologías en base a combustibles fósiles, empezando con el  más sucio, que es el carbón” indicó Larraín durante su exposición. En su visión, incluso es posible incorporar en los artículos transitorios un cronograma del cierre o reconversión para las 17 centrales a carbón que aún no tienen fecha de clausura, en coherencia con el cronograma de las 10 plantas cuyo término ya fue comprometido por la industria (8 anunciadas en julio pasado y 2 durante la COP25 en Madrid en diciembre). 

Sobre las 17 centrales aún sin fecha de cierre la autoridad ha informado que deberían dejar de operar al año 2040, es decir en un horizonte de 20 años.  Dejarlo en la ley permitiría coherencia con la política climática del Estado para la carbono neutralidad al 2050, dejando así de estar sujeta a la voluntad de las empresas y los gobiernos de turno .

Actualmente la Ley de Cambio Climático se encuentra en tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en período de audiencias públicas y “es clave incluir el cierre de carboneras en ese proceso. Si esperamos una reforma de la Ley Eléctrica puede ser demasiado tarde” afirmó la dirigenta. Agregó que “no afecta derechos constitucionales, como dicen algunos juristas, pues la Constitución reconoce, por un lado, la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación  y, por otro, la función social de la propiedad”, que se refiere esto último a condiciones sociales y ambientales del emprendimiento

Explicó Larraín que otra acción relevante para reducir las emisiones de CO2, además de la corrección y el incremento del impuesto verde a las emisiones, es aprovechar ahora el proceso de actualización de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (Decreto13), proceso que fuera ordenado en febrero de este año por la Contraloría. La idea es incluir en la norma una regulación de emisiones máximas de CO2, contaminante atmosférico que ya está gravado por el impuesto verde.  

Explicó que la actualización del Decreto 13 debe mejorar el estándar, al menos incorporando los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, e idealmente alcanzar exigidos en la Unión Europea. Además, regular las emisiones de metales pesados como vanadio, plomo y mercurio, como estaba incluido en el expediente original (año 2010) de la norma de emisión para termoeléctricas .  

“Esto implicaría el aumento en el costo de la generación a carbón y eso es tremendamente importante, pues el costo social de las emisiones de CO2 es de 32 dólares y no los 5 que consigna el impuesto verde. Ello ayudaría a develar los verdaderos costos sociales de esta tecnología y los co-beneficios en salud  si apuramos la transición energética. Esto es clave, para terminar con la zonas de sacrificio” indicó Sara Larraín. De esta forma, al sincerarse cuanto cuesta la generación a carbón el Coordinador Eléctrico Nacional, luego de despachar centrales solares, eólicas e hidroeléctricas, que son las más económicas, podría autorizar para su ingreso al Sistema Eléctrico alternativas limpias como la solar con almacenamiento y  geotermia.  

A su turno, Marcelo Mena coincidió en la necesidad de incorporar el CO2 en la norma y los planes de descontaminación, sin embargo explicó que esto tiene dificultades al ser el calentamiento global un fenómeno que no se considera incide directamente en la salud a nivel local, por lo cual se requieren cambios normativos más profundos. “Establecer cuáles son los valores de saturación es algo muy interesante. Pero con el marco regulatorio vigente, con un Tribunal Ambiental, un Tribunal Constitucional y una Contraloría, un plan de descontaminación o una zona saturada es vulnerable legalmente, y por tanto aunque se nos ocurrió hacerlo en su momento, sabíamos que esto podía terminar rápidamente fuera por estar regulando algo que quizás no es un contaminante directo que afecte la salud” puntualizó.

Hallazgos del estudio

Durante el encuentro las investigadoras del CR(2) Pilar Moraga y Dominique Hervé expusieron los principales resultados del informe. Entre ellos que la mitigación debe ser entendida más allá de la acción humana (mitigación sectorial); la meta de carbono neutralidad requiere reformar diversos cuerpos legales y dictar nuevas normas; las reformas legales de cada cuerpo normativo identificado impactan diversos sectores productivos; las reformas dicen relación con las normas de diversa jerarquía normativa (constitucional, legal y administrativa); y son posible de agrupar en tipologías regulatorias (prohibiciones, incentivos).

Pandemia y crisis climática, desafíos para un nuevo pacto social #SCAC

Declaración de SCAC ante postergación de la COP 26 

A causa de la pandemia Covid-19 se ha anunciado la postergación de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que debía ocurrir en noviembre de este año. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) apoyamos esta decisión y consideramos que está a la altura de la crisis sanitaria que enfrentamos. Pero ¿Estaremos a la altura para enfrentar la crisis climática y ecológica?

Esta postergación, no es sinónimo de que los Estados puedan dejar de lado sus compromisos climáticos ni ambientales. La vulnerabilidad frente al cambio climático y la contaminación atmosférica nos hace más sensibles a este tipo de emergencias: Comunidades sin agua, como La Ligua y Petorca, no pueden cumplir con los mínimos de higiene necesarios y las personas que viven en zonas de sacrificio ambiental, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Ventanas, por mencionar solo algunas, se verán afectadas más gravemente al ser más susceptibles a padecer problemas respiratorios.

Esta crisis sanitaria está relacionada con la destrucción de la naturaleza y la pérdida de hábitats naturales de las otras especies; con la forma en la que nos alimentamos y conseguimos ese alimento y también en cómo nos entendemos como sociedad. Es por eso que hay que abordarla desde todos esos lugares.

Así mismo, las medidas de reactivación económica que pensemos, deben reconocer la oportunidad para acelerar la transición económica hacia un modelo centrado en el cuidado de las personas, la preservación de la vida y la una relación armónica entre la sociedad y el medio ambiente, avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por ello que el proceso que enfrentamos no puede sacrificar los compromisos climáticos ni vulnerar los derechos humanos, debe enraizarse en ellos y utilizarlos como punto de partida.

Sería una enorme contradicción, en medio de esta crisis sanitaria así como en un futuro escenario de reactivación económica, que el Estado rescate empresas contaminantes, que dañen el medioambiente o vulneren derechos. Los recursos estatales se deben invertir en apoyar emprendimientos limpios, generar empleos en sectores compatibles con la salud y compromisos climáticos, en fomentar la investigación aplicada sobre los efectos antrópicos en nuestro territorio, con transferencia educativa hacia nuestras comunidades.

Este año no habrá COP 26, pero es el momento para que las naciones del mundo se replanteen sus compromisos y tal vez el mecanismo que se está utilizando para alcanzarlo, ya que en 26 años de negociaciones, seguimos estando muy atrás en lo que se requiere para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. Esta crisis marcará un nuevo comienzo, en el que tenemos la oportunidad de acelerar las medidas para la preservación ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las personas, lo cual será clave para seguir escribiendo la historia de la humanidad. 

Por la Accion Climatica - Sociedad Civil por la Acción Climpatica (SCAC)

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