Presentación NDC de Chile: Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) critica falta de ambición y medidas para su implementación aunque reconoce que nuestro país no evada sus compromisos

Sociedad Civil por la Acción Climática

En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 50% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile.

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Contacto de Prensa:

Constanza Dougnac: +56999378564 - cdougnac@fima.cl

Javiera Ortiz: +56 9 9083 8255

Pandemia y crisis climática, desafíos para un nuevo pacto social #SCAC

Declaración de SCAC ante postergación de la COP 26 

A causa de la pandemia Covid-19 se ha anunciado la postergación de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que debía ocurrir en noviembre de este año. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) apoyamos esta decisión y consideramos que está a la altura de la crisis sanitaria que enfrentamos. Pero ¿Estaremos a la altura para enfrentar la crisis climática y ecológica?

Esta postergación, no es sinónimo de que los Estados puedan dejar de lado sus compromisos climáticos ni ambientales. La vulnerabilidad frente al cambio climático y la contaminación atmosférica nos hace más sensibles a este tipo de emergencias: Comunidades sin agua, como La Ligua y Petorca, no pueden cumplir con los mínimos de higiene necesarios y las personas que viven en zonas de sacrificio ambiental, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Ventanas, por mencionar solo algunas, se verán afectadas más gravemente al ser más susceptibles a padecer problemas respiratorios.

Esta crisis sanitaria está relacionada con la destrucción de la naturaleza y la pérdida de hábitats naturales de las otras especies; con la forma en la que nos alimentamos y conseguimos ese alimento y también en cómo nos entendemos como sociedad. Es por eso que hay que abordarla desde todos esos lugares.

Así mismo, las medidas de reactivación económica que pensemos, deben reconocer la oportunidad para acelerar la transición económica hacia un modelo centrado en el cuidado de las personas, la preservación de la vida y la una relación armónica entre la sociedad y el medio ambiente, avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por ello que el proceso que enfrentamos no puede sacrificar los compromisos climáticos ni vulnerar los derechos humanos, debe enraizarse en ellos y utilizarlos como punto de partida.

Sería una enorme contradicción, en medio de esta crisis sanitaria así como en un futuro escenario de reactivación económica, que el Estado rescate empresas contaminantes, que dañen el medioambiente o vulneren derechos. Los recursos estatales se deben invertir en apoyar emprendimientos limpios, generar empleos en sectores compatibles con la salud y compromisos climáticos, en fomentar la investigación aplicada sobre los efectos antrópicos en nuestro territorio, con transferencia educativa hacia nuestras comunidades.

Este año no habrá COP 26, pero es el momento para que las naciones del mundo se replanteen sus compromisos y tal vez el mecanismo que se está utilizando para alcanzarlo, ya que en 26 años de negociaciones, seguimos estando muy atrás en lo que se requiere para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. Esta crisis marcará un nuevo comienzo, en el que tenemos la oportunidad de acelerar las medidas para la preservación ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las personas, lo cual será clave para seguir escribiendo la historia de la humanidad. 

Por la Accion Climatica - Sociedad Civil por la Acción Climpatica (SCAC)

Descargar declaración AQUÏ

DECLARACIÓN PÚBLICA RESULTADOS COP25: Perdimos el tiempo de actuar.

Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y sus organizaciones abajo firmantes, vemos con máxima preocupación los escasos resultados de la COP25, existiendo avances poco significativos para responder a la grave crisis climática que vivimos.

A pesar de la abrumadora evidencia científica y el clamor popular, el poder constituido de los Estados miembros no ha comprometido rápidas y urgentes respuestas que permitan disminuir considerablemente las emisiones. Tras 25 Conferencias de las Partes, COPs, las emisiones no han dejado de incrementarse. Con los actuales compromisos climáticos globales y el nivel total de emisiones, se espera que tengamos un aumento de la temperatura por sobre los 3°C, con la consecuencia de una degradación masiva de los ecosistemas y la

vida en la Tierra.

Los objetivos de la COP25 no se cumplieron y la decisión final apenas realiza un débil llamado a los países con mayor responsabilidad a realizar esfuerzos más ambiciosos en sus planes nacionales o NDCs en 2020. Mientras, se aplazó la decisión sobre el detalle de implementación del artículo 6 del Acuerdo de París referido a los mecanismos de mercados de carbono, ante la imposibilidad de consensuar un texto que incorporara sólidas salvaguardas sociales y ambientales, que prohibiera la doble contabilidad y el respeto de los derechos humanos.

Las autoridades, una vez más, han mostrado mezquindad, siendo los países que más emiten, y que son, por lo tanto, más responsables por la crisis climática y ecológica, quienes con mayor fuerza han bloqueado los intentos por solucionar el desastre que están causando. Todo esto demuestra que la COP está secuestrada por las dinámicas que nos han llevado a la crisis climática, incluyendo la priorización de los intereses empresariales por sobre la vida. Rechazamos la idea de que la obtención de riquezas a través de la quema de combustibles fósiles permitirá salvaguarse de los efectos del cambio climático.

La presidencia ejercida por Chile, país que es extremadamente vulnerable a los efectos nocivos del calentamiento global, no está a la altura del liderazgo que se requiere y ha demostrado estar más comprometida con la continuidad de prácticas contaminantes, que con el futuro de las personas. Existe una enorme brecha entre lo negociado en la COP25 y lo demandado en el Manifiesto Latinoaméricano por el Clima, instrumento deliberativo elaborado por la sociedad civil en paralelo a la COP25.

Nos preocupa la falta de conexión del gobierno con las demandas sociales mínimas y que este insista en no firmar ni ratificar el Acuerdo de Escazú para asegurar más participación de la ciudadanía en la acción climática. Esto es lo que la gente ha estado pidiendo durante todo el año desde las calles e incluso dentro de la COP donde las voces de la sociedad civil una vez más se ignoraron y reprimieron.

Ni las cuestiones nacionales mínimas, como la solución a las zonas de sacrificio y la recuperación del agua, ni los compromisos internacionales básicos, han sido priorizados por la Ministra Carolina Schmidt ni el Subsecretario Felipe Riesco, existiendo una gestión insuficiente y preocupante a nivel nacional e internacional. Vemos con preocupación que además, se han debilitado las estructuras institucionales en materia ambiental, interviniendo la Superintendencia del Medio Ambiente y permitiendo que el Ministerio de Economía se superponga a las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA.

Por lo mismo, creemos que es un paso ético mínimo la renuncia de la Ministra Carolina Schmidt y de el Subsecretario Felipe Riesco. Exigimos que se retome un rumbo que permita un trato adecuado a las demandas socioambientales en las negociaciones climáticas y en la política ambiental nacional hacia los caminos de solución que permitan entregar la presidencia el 2020 con mayores logros en materia de ambición.

Como Sociedad Civil por la Acción Climática, hacemos un llamado a no dejar de movilizarnos, a articularnos para que la sociedad civil latinoamericana completa se articule, organice y siga demandando ambición climática y un nuevo modelo, que nos permita terminar con la crisis social y ambiental que atraviesa el mundo y que hoy nos duele más que nunca en Chile. Las esperanzas por superar la crisis social, climática y ecológica sigue estando del lado de la sociedad civil organizada, de las personas en las calles y de los movimientos juveniles. Nuestra unión y empuje debe seguir con más fuerza que nunca, hasta lograr la justicia ambiental, climática y ecológica.

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Firman esta declaración:

• Agrupación Aisen Reserva de Vida
• Fundación Basura
• Amerindia Chile
• Fundación Decide
• Centro Ecosocial Latinoamericano
• Fundación Glaciares Chileno
• CERES
• Fundación Newenko
• CEUS Chile
• Greenpeace Chile
• Ciudadanía Inteligente
• Ingeniería Sin Fronteras
• Ciudadanos y Clima
• Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales
• Equipo provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, MisionerosClaretianos
• Instituto de Ecología Política
• Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
• Microflora
• Codeff
• Modatima
• Comisión de Medioambiente y Sustentabilidad del Partido por la Democracia
• Observatorio Ciudadano
• Cooperativa Minka
• ONG Defensoría Ambiental
• Coordinadora Ciudadano No Alto Maipo
• ONG Ecosistemas
• Corporación LA CALETA
• ONG Semillas de Cambio
• Ética en los Bosques
• Sur Corporación
• Fridays for Future Santiago
• ONG FIMA
• Vigilante Costero ONG

Ver publicación en:

https://www.porlaaccionclimatica.cl/declaracion-publica-scac-ante-resultados-cop-25-perdimos-el-tiempo-de-actuar/

Manifiesto Latinoamericano por el Clima

www.porlaaccionclimatica.cl

A propósito de la realización de vigésimo quinta versión de la Conferencia de las Partes, desde la Cumbre Social por la Acción Climática estimamos que la mayoría de los Estados Parte, así como el gobierno de Chile en su calidad de presidencia de la actual COP 25, no han manifestado una voluntad real de escuchar y considerar las voces de la sociedad civil en la agenda climática global. Es más, la indiferencia de los tomadores de decisiones ante las urgentes demandas socioambientales y climáticas ha tenido como respuesta masivas movilizaciones alrededor del mundo exigiendo profundas reformas sociales, entre las cuales las demandas por justicia ambiental ha tomado gran protagonismo, en razón de su directa relación con la necesidad de un cambio radical en modelo de desarrollo imperante.

Como Sociedad Civil por la Acción Climática, plataforma de organizaciones de una región que históricamente ha sido vulnerada por políticas extractivistas occidentales, manifestamos que no será posible pensar una política climática ambiciosa y transformadora mientras no se integren en su creación y ejecución las voces de todas y todos aquellos quienes habitamos este planeta, con especial atención respecto de aquellos afectados cotidianamente en sus territorios por las consecuencias de la crisis climática; de los pueblos originarios, indígenas, tribales y afrodescendientes, que cargan en su historia valiosos saberes y; de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deberán cargar con las decisiones de los agentes políticos del presente, muchos de los cuales aún se niegan a escuchar a la ciencia, y que no han sido capaces de tomar las medidas que ha exigido en reiteradas ocasiones el panel de expertos de la ONU de Cambio Climático (IPCC).

La decisión unilateral del Gobierno de Chile de suspender la COP 25 y trasladarla a España, es solo un ejemplo más de la actitud displicente con que los tomadores de decisiones se han aproximado a la sociedad civil durante las últimas décadas, lógica que hemos visto repetida a lo largo de América Latina y el Caribe en la aprobación de políticas y proyectos que amenazan el futuro de nuestros ecosistemas y territorios. Ahora, la COP que prometía ser una nueva oportunidad para poner el énfasis en las urgentes demandas climáticas de nuestra región, corre el riesgo de perder su espíritu latinoamericano y de ver alteradas sus negociaciones, priorizando la comodidad de los principales contribuyentes al aumento global de las temperaturas.

Casos como los incendios forestales en Amazonia y Chiquitania; la extracción desmedida de litio en territorios de Bolivia y Chile; el creciente fracking en Argentina; la precarización y vulneración transversal de los derechos de soberanía de nuestros pueblos originarios; y la progresiva privatización de nuestros bienes comunes, la muerte de cientos de defensores y defensoras de la Madre Tierra de la mano de compañías criminales; son casos que, si bien aquejan a nuestra región desde hace años, el sistema imperante ha consolidado y legitimado a niveles simplemente insostenibles.

Porque estamos seguros de que las decisiones se deben tomar en los territorios y no en los escritorios, decimos fuerte y claro: nunca más sin nosotros. Como sociedad civil de América Latina tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones frente a temas que conciernen nuestra capacidad de tener una vida digna, incluso si las instancias institucionales de deliberación son trasladadas fuera de nuestro continente. En un momento de alta efervescencia social para nuestra región, manifestamos en este documento ciertos temas que, desde la Cumbre Social por la Acción Climática, creemos deben orientar el espíritu de las negociaciones, y recalcamos la necesidad de una acción climática organizada desde los territorios del Sur Global frente a la crisis climática y ecológica.

1. Agua

El agua es el componente fundamental para cualquier forma de vida en el planeta, ya sea animal, vegetal, microbiana o ecosistémica. En un contexto de crisis climática global y escasez hídrica regional, es imperativo y urgente priorizar el uso del agua hacia la protección de la vida y los ecosistemas, así como el consumo humano con especial énfasis en el uso de comunidades campesinas, por sobre cualquier otro tipo de actividad económica. Junto con esto, se debe priorizar una distribución bajo criterios democráticos y asegurar que la calidad de las aguas sea optima de acuerdo con su uso. De igual modo, el cuidado y recuperación de los suelos y bosques devastados por la sobreexplotación y desertificación es una condición necesaria para asegurar la provisión de alimentos, la circulación del agua y la reducción de gases de efecto invernadero.

Casos paradigmáticos como el de Chile, en el cual a través de un dictadura militar se instauró un mercado del agua, desconocen la importancia de este vital elemento para los ecosistemas, y la importancia de su acceso como un derecho humano. Esta y otras situaciones de comodificación de bienes comunes requieren de cambios profundos y estructurales en las regulaciones constitucionales y legales, además del fortalecimiento de la participación efectiva de las comunidades, pueblos y territorios en la gestión de la distribución y saneamiento de este elemento. De la misma manera es urgente que nuestros gobiernos garanticen la protección inmediata a todas las reservas agua dulce incluyendo acuíferos, glaciares y humedales.

2. Naturaleza

Todo sistema vivo requiere de un intercambio esencial y dinámico con el medio que habita y las partes que lo componen. Estas relaciones ecosistémicas dependen de dimensiones incomprensibles en su totalidad por la humanidad, sin embargo, hemos logrado afectar de forma significativa los procesos biofísicos a escala planetaria, que hoy amenazan la mantención de las condiciones mínimas que permiten la vida en la Tierra. El desafío que nos impone la crisis climática no puede restringirse exclusivamente a reducir nuestras emisiones, sino que debe involucrar la construcción de un nuevo relacionamiento con la Madre Tierra, que ponga en el centro el respeto íntegro de toda la vida como un principio fundante de nuestros pueblos, culturas y territorios.

La descolonización de nuestra relación con la Pachamama comienza por comprender que la biodiversidad de nuestro planeta, incluyéndonos, requiere de la protección de elementos que no hemos considerado hasta ahora vivos, pero que son esenciales para el desarrollo la vida, entendiendo que lo trascendental de su protección debe ir por sobre su eventual utilidad para la humanidad. En ese sentido, es necesario que los Estados, en particular los de Latinoamérica y el Caribe, definan marcos regulatorios para la protección de los ecosistemas, por sobre los intereses mercantiles del capitalismo global, sobre todo aquellos considerados de relevancia internacional como Amazonas, Sistema Altoandino y Criosfera.

3. Transición energética

El bienestar de la Madre Tierra y de sus bienes comunes están puestos en entredicho, producto de un modelo de generación energética basado en combustibles fósiles, impuesto por Europa desde la Revolución Industrial. Dicho modelo trajo consigo una contaminación sistemática de nuestros territorios, y es la causa principal del aumento de la temperatura global que hoy pone en riesgo la mantención de los ecosistemas. Como pueblos Latinoamericanos somos herederos de una larga historia de explotación, que en materia energética se expresa en un sistema de generación y distribución mercantil, antidemocrático y destructivo.

Es imperante cambiar nuestro paradigma energético actual por uno que reconozca el valor de nuestros territorios como reservorio de vida planetaria. Ante esto, es necesario que los actores públicos y privados responsables de la crisis climática (cuyos protagonistas provienen del Norte Global) comiencen cuanto antes un proceso de transformación de su matriz energética, junto a un profundo cambio cultural de sus hábitos de consumo y producción de energía, asegurando una transición justa desde una perspectiva ambiental, social y económica. Para lograr la libre determinación de nuestros pueblos y su autonomía energética, demandamos el cierre de plantas de energía en base a combustibles fósiles para el 2030, el congelamiento inmediato de las emisiones GEI y la inversión en el desarrollo de ERNC, con base descentralizada y prioridad en la eficiencia energética.

4. Nuevo modelo de desarrollo

La profundidad de la crisis climática provocada por el modelo de desarrollo impuesto violentamente por el capitalismo global, nos obliga a cuestionar sus fundamentos. La búsqueda del crecimiento económico sostenido nos tiene al límite de las posibilidades de mantención de la vida, y provoca desigualdades sociales insostenibles. El desarrollo de los países del Norte Global se ha consolidado a través de un proceso de industrialización avasallador, basado en la colonización y el extractivismo en los territorios de Latinoamérica y el Caribe. En consecuencia, se nos impuso un modelo neoliberal que permite la acumulación de capital por parte de unos pocos a través del abuso, usurpación y explotación de los ecosistemas, territorios y personas.

Para asegurar la vida digna de todos los seres vivos, es necesario redefinir las estructuras económicas y sus marcos legales institucionales, que limitan las transformaciones radicales que requiere el sostenimiento de la vida en el planeta, y que combinen de una vez por todas la justicia social con la integridad ecológica. En concreto urge transformar nuestros patrones de producción y consumo, y reconfigurar la economía hacia espacios solidarios, locales y diversos. Con este objetivo, exigimos que los poderes económicos globales, incluyendo instituciones como el FMI y el Banco Mundial, se comprometan a eliminar inmediatamente la subvención de empresas y proyectos contaminantes, la desmercantilización por parte de todos los Estados de los bienes comunes, y la redistribución de recursos y reestructuración del sistema financiero por uno que priorice el resguardo los ecosistemas y la protección de la vida.

5. Mujeres

El patriarcado capitalista está asentado no sólo en la explotación de la naturaleza, sino también en una estructura heteronormativa que históricamente ha generado violencias y desventajas estructurales contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales. La crisis ecológica y climática acentúa las brechas económicas, sociales y políticas derivadas de este modelo. Frente a estas brechas y violencias, las mujeres organizadas a lo largo de nuestra región han ejercido un rol activo y movilizador en el resguardo y la defensa de los cuerpos, las comunidades y los territorios, interpelando el modelo de desarrollo vigente e implementando sistemas alternativos que combinen el desarrollo comunitario con la protección medioambiental.

Abordar la crisis climática desde una perspectiva de género no sólo precisa la adopción de medidas que se hagan cargo de los impactos diferenciados del modelo vigente sobre mujeres, hombres y disidencias sexuales. Desde una perspectiva feminista y latinoamericana, es urgente transitar hacia la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y disidentes sexuales; la reducción de las brechas económicas, sociales y políticas vinculadas al modelo patriarcal; la promoción de nuevas masculinidades; la visibilización y valoración de las tareas reproductivas y de cuidado como labores que competen a todos los miembros de la sociedad; y la visibilización de la actoría política y social que ejercen las mujeres tanto en la promoción de alternativas al modelo vigente, como en la defensa de sus territorios.

6. Pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes.

Los pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes son parte fundamental de la identidad cultural mestiza que compartimos como Latinoamérica, además de ser defensores ambientales de nuestros territorios desde la llegada del extractivismo a nuestro continente. Estos pueblos han debido soportar durante siglos desigualdades que los han excluido de las gobernanzas que administran los territorios y los bienes comunes. Estos pueblos continúan siendo uno de los grupos socio-políticos más empobrecidos, injustamente criminalizados y sistemáticamente vulnerados desde la colonización. Hoy la crisis climática ha devenido en una confirmación y profundización de estas injusticias. A pesar de que estos pueblos han demostrado una resistencia ejemplar frente a la dinámica de violencia y extractivismo, son uno de los grupos que más resienten los efectos negativos del cambio climático. Además, la actitud de los gobiernos Latinoamericanos los someten a incrementados niveles de conflictividad socio-ambiental, solo por el hecho de habitar en regiones geográficas altamente requeridas por proyectos de inversión extractiva.

Para acabar con la exclusión política y social que perpetúa la sistemática vulneración de su estado de derecho; reconocer su derecho a la autonomía, la consulta vinculante y al consentimiento previo, libre e informado; es necesario avanzar a una plurinacionalidad centrada en la multiculturalidad, acompañada de un reconocimiento en las legislaciones nacionales e internacionales, junto con una integración definitiva en la gobernanza climática, los sistemas de producción del conocimiento y en las decisiones de gestión y cuidado de ecosistemas y territorios. Por otro lado, es necesario que los Estados Parte terminen con sus políticas negligentes y el grave abandono frente al saqueo y destrucción de territorios, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la Amazonía y Chiquitania. 

Finalmente es necesario crear marcos legales que permitan responsabilizar a los actores perpetradores de dicha destrucción ya sea con acciones políticas y/o judiciales. 

7. Derechos humanos y cambio climático

El preámbulo del Acuerdo de París recuerda a los Estados Parte el deber de tomar en consideración sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos a la hora de implementar acciones o medidas para enfrentar el cambio climático. Esto implica abordar los impactos que el extractivismo han causado en nuestras comunidades y territorios, vulnerando nuestros derechos fundamentales y llevándonos a un estado de crisis climática. Los impactos de esta crisis se profundizan particularmente en América Latina y el Caribe, en razón de las brutales desigualdades que soportan los grupos más vulnerados de nuestra región, tales como, pueblos indígenas; comunidades locales; migrantes; mujeres; NNAA; personas en situación de discapacidad y; habitantes de las “fronteras climáticas”.

Los marcos jurídicos internacionales y así como los compromisos adoptados por los gobiernos nacionales, han demostrado ser insuficientes para solventar esta situación.

Con el fin de asegurar el respeto pleno a los derechos humanos, exigimos a la comunidad internacional la necesidad de reconocer expresamente las vulneraciones a los derechos fundamentales producto de la agudización de la crisis climática en las instancias y documentos formales de negociación; demandamos que los Estados Parte de dichas negociaciones tomen medidas urgentes para limitar las vulneraciones provocadas por la crisis, tales como el desplazamiento forzado de personas y la falta de seguridad hídrica y alimentaria que sufren los territorios de nuestro continente. 

Por último, exigimos la firma y reconocimiento en las legislaciones nacionales del Acuerdo de Escazú, con el fin de asegurar que las medidas y planes para resistir los efectos del cambio climático sean inclusivos y participativos, y no generen nuevas afectaciones a los derechos humanos de los grupos más vulnerados.

8. Justicia climática

La justicia climática implica el ampliar el concepto clásico de justicia ambiental hacia el reconocimiento y correcta distribución de las responsabilidades históricas diferenciadas del calentamiento global; la reparación de pérdidas y daños ocasionados por fenómenos asociados al cambio climático; y la distribución justa y equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre los territorios de forma intergeneracional; junto con sostener mecanismos de participación efectiva para las comunidades que han sufrido de discriminación diferencial en la toma de decisiones sobre sus territorios. La integración de este concepto en todas las políticas climáticas nacionales e internacionales es una condición necesaria para la efectiva mitigación, la correcta adaptación de los pueblos de la región latinoamericana, y en definitiva la garantización de una vida digna y un desarrollo sostenible para todos los territorios de América Latina.

Esta justicia solo podrá ser tal en cuanto los costos de su implementación sean financiamiento por parte de los Estados que se han enriquecido precisamente a través del abuso y empobrecimiento del Sur Global. Por otro lado, será necesario integrar las múltiples visiones y culturas de nuestros pueblos, así como sus diversas formas de afectación, lo que debe ser asegurado mediante mecanismos efectivos y vinculantes de participación ciudadana, que incluya a las juventudes, y que considere la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios e indígenas. Para ello, se requiere impulsar agendas políticas que pongan énfasis en la educación ambiental y en la formación cívica, lo que en definitiva permitirá a las comunidades robustecer sus organizaciones y afiatar el tejido social en el que se desenvuelven, para poder así avanzar hacia un cambio de paradigma en la escala de valores y los estilos de vida dominantes.

9. Gobernanza climática

En el contexto actual de nuestros gobiernos regionales, los cuales no han tenido la voluntad de establecer condiciones y regulaciones mínimas para asegurar el respeto de la Madre Tierra, los derechos humanos, y en particular, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, se hace imperativo avanzar en una Gobernanza Climática inclusiva y participativa, entendiendo que los efectos de la crisis van más allá de los aspectos técnicos y/o científicos que se puedan preveer y analizar. Por ello, es necesario construir una mayor democracia ambiental para la definición, legítima y descentralizada, de metas y estrategias que permitan afrontar con mayor resiliencia la crisis climática.

En el entendido de que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política, exigimos a los gobiernos y los organismos internacionales garantías inmediatas para asegurar el acceso a la información, que pueda resultar en la participación de múltiples actores, permitiendo así la transformación colectiva de la sociedad en su conjunto. Solo mediante un proceso participativo amplio, efectivo y vinculante, en el cual las políticas climáticas sean generadas de forma conjunta y colaborativa entre los territorios y las instituciones, se podrá lograr integrar un enfoque preventivo y precautorio en la aprobación de proyectos que generen impactos o riesgos climáticos, así como un financiamiento adecuado y transparente para el logro de los planes y compromisos de mitigación y adaptación.

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SCAC DENUNCIA INTENTO DE ENGIE DE ELUDIR SUS COMPROMISOS EN CHILE

Madrid, 4 de Diciembre de 2019. La delegación de la Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC denunció hoy en la COP25 en Madrid que la generadora, de capitales franceses, ENGIE, está usando la actual crisis-socioambiental en Chile para poner en tela de juicio sus compromisos de descarbonización de las zonas de sacrificio. 

La empresa ya cerró dos de sus centrales más contaminantes en Tocopilla en Junio pasado y se comprometió con el cierre de las dos restantes al 2022, no obstante, hoy el medio nacional El Mercurio informó que basado en la crisis socioambiental en Chile, desde la empresa no están seguros de poder concretar dichos planes, ni menos de adelantarlos como ha sido el llamado desde la presidencia de la COP25. La firma, es la misma que pese a que cerró dos centrales en 2019 por una 170MW de capacidad, entró en operación una nueva central llamada Infraestructura Energética Mejillones en mayo de 2019, la más grande central termoeléctrica jamás construida en Chile con 375MW de capacidad la que aumenta las emisiones del país. Por otro lado, Engie además tiene otra unidad aprobada ambientalmente con una capacidad por 375MW también en Mejillones. Actualmente no se sabe el futuro de dicho proyecto. Engie, después de AES GENER, es la segunda responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía.

“Con eso se  constata la fragilidad de los compromisos asumidos en el plan de descarbonización y que éstos estén en manos de los accionistas de Engie. La ambición climática de Chile debería estar asegurada en una ley, a lo menos, y no estar sujeta a las decisiones de las empresas”, dijo Samuel Leiva, líder de la Delegación de SCAC en Madrid.

Desde el SCAC solicitan que Engie renuncie a la construcción de su segunda central aprobada en Mejillones ante la autoridad ambiental y demostrar su compromiso ambiental global de una vez por todas. Hernán Ramírez de Fundación Terram agregó que “El fantasma de la recesión económica en Chile no puede ser usado para postergar los compromisos de descarbonización al mismo tiempo que se sigue sacrificando a las comunidades en las zonas dónde operan sus centrales a carbón”.

Finalmente, desde la delegación de SCAC en Madrid, pidieron que el ministerio de Energía tome un rol activo y no de mero observador del compromiso de descarbonización, al garantizar su cumplimiento a través del desarrollo políticas públicas que empujen su aceleración al año 2030.

Declaración Pública de la Sociedad Civil por la Acción Climática sobre la no realización de COP 25

(English below)

Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática rechazamos la decisión del Presidente Sebastián Piñera de no realizar la COP 25 en Chile. Esta importantísima cumbre sobre cambio climático constituía una gran oportunidad para relevar los problemas socioambientales que afectan a muchísimos habitantes y zonas del territorio nacional, así como para levantar algo del liderazgo perdido internacionalmente al restarse de importantes y necesarios acuerdos como la firma del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio. Desde nuestra plataforma siempre hicimos un llamado a que la COP 25 se llevara a cabo en un contexto de democracia plena, con condiciones para el diálogo democrático y una participación ciudadana real, por eso todavía estamos comprometidos con esta instancia y aunque la autoridad nacional mantenga su conducta errática, nosotros mantendremos los esfuerzos que hemos puesto para levantar la Cumbre Social por la Acción Climática, instancia ciudadana que actuará de forma paralela a la COP 25, independiente del país en el que esta se realice.

Estamos convencidos y convencidas, y seguiremos trabajando para hacer ver al gobierno, de que la crisis social también es también una crisis ecológica. Chile lleva demasiados años “creciendo” a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar con el peso del mal llamado desarrollo. Las zonas de sacrificio, las comunidades que no tienen agua para consumo humano ni la producción de sus terrenos, salmoneras que afectan el desarrollo de la pesca artesanal y contaminan los océanos, amenazas y asesinatos a defensores ambientales, son solo algunos de los casos que profundizan esta crisis.

Nos preocupa que el gobierno al cancelar esta instancia internacional, esté renunciando a dar respuesta a las legítimas demandas sociales que se han manifestado en las últimas semanas, y que exigen soluciones de nivel estructural, como es la creación de una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución elaborada en dictadura, por una en la que la ciudadanía se sienta representada.

Por otra parte, es necesario recordar, que pese a esta lamentable decisión, Chile sigue siendo la presidencia entrante de la COP, así que como país continuamos teniendo la responsabilidad de que esta institución cumpla con sus objetivos. Aumentar la ambición climática y transformar radicalmente nuestra forma de vida, para mantener el aumento de la temperatura mundial bajo los 1,5°C, sigue siendo una prioridad. Es de suma urgencia entender que los procesos que se vienen gestionando a través de las COP, va más allá de la relación con la realidad local, sino con el futuro de la humanidad completa.

Esta decisión unilateral por parte del presidente, no puede retrasar las negociaciones globales para proteger la vida y los ecosistemas. Las consecuencias de la crisis Climática las estamos enfrentando en este momento, y quienes las sufren son quienes padecen todas las injusticias del modelo actual, y por esto es sumamente urgente tomar medidas acordes con el tamaño de la catástrofe.

Hacemos un llamado al gobierno a adoptar soluciones que nos lleven a superar el momento que vivimos como país, necesitamos reformas estructurales que al menos terminen con el modelo extractivista, hagan del agua un derecho humano asegurando su uso prioritario para consumo y mantención de los ecosistemas, se ponga fin a las zonas de sacrificio y se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú.

Sociedad Civil por la Acción Climática

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DESCARGAR COMUNICADO SCAC SOBRE LA NO REALIZACIÓN DE COP25-2

// english //

PUBLIC DECLARATION OF THE CIVIL SOCIETY FOR CLIMATE ACTION ON THE NON-PERFORMANCE OF COP 25

From the Civil Society for Climate Action we reject the decision of President Sebastián Piñera not to carry out COP 25 in Chile. This important summit on climate change was a great opportunity to relieve the social and environmental problems that affect many inhabitants and areas of the national territory, and to lift some of the leadership lost internationally by subtracting from relevant and necessary agreements such as the signing of the Escazú Agreement and the Migration Pact.

From our platform we always called for COP 25 to be carried out in a context of full democracy, with conditions for democratic dialogue and real citizen participation, that is why we are still committed to this instance and although the national authority maintains its erratic behavior, we will maintain the efforts we have put to raise the Climate Action Social Summit, a citizen instance that will act in parallel to COP 25, independent of the country in which it is carried out.

We are convinced, and we will continue working to make our government see that the social crisis is also an ecological crisis. Chile has been «growing» for many years at the expense of the most vulnerable people and the environment, forcing entire communities to bear the burden of the badly called development. The sacrificel zones, the communities that do not have water for human consumption or the production of their land, the salmon farms that affect the development of artisanal fisheries and pollute the oceans, the threats and murders of environmental defenders, are just some of the cases that deepen this crisis.

We are concerned that when the government cancels this international instance, it is renouncing to respond to the legitimate social demands that have been expressed in recent weeks, and that require structural level solutions, such as the creation of a constituent assembly to change the current constitution elaborated in dictatorship, by one in which citizens feel represented.

On the other hand, it is necessary to remember that, despite this unfortunate decision, Chile remains as the incoming presidency of the COP, so as country we continue to have the responsibility for this institution to meet its objectives. Increasing climate ambition and radically transforming our way of life, to keep the global temperature rise below 1.5 ° C, remains a priority. It is of utmost urgency to understand that the processes that are being managed through the COP, goes beyond the relationship with the local reality, but with the future of the whole humanity.

This unilateral decision by the president cannot delay global negotiations to protect life and ecosystems. We are already facing the consequences of the climate crisis, and those who endure them are those who suffer all the injustices of the current model, and therefore it is extremely urgent to take measures according to the size of the catastrophe.

We call on the government to adopt solutions that will lead us to overcome the moment we live as a country, we need structural reforms that at least end with the extractivist model, make water a human right ensuring its priority use for consumption and maintenance of ecosystems, put an end to the Sacrifice Zones, and the Escazu Agreement signed and ratified.

Civil Society for Climate Action

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PUBLIC DECLARATION OF THE CIVIL SOCIETY FOR CLIMATE ACTION ON THE NON

Organizaciones de la SCAC llaman a respetar los Derechos Humanos y exigen que la COP25 se haga en contexto de democracia plena

Organizaciones ciudadanas de la SCAC:
Las 150 organizaciones que conforman la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) rechazan invitación del gobierno mientras este no dé soluciones inmediatas a las demandas ciudadanas vinculadas al fin de las Zonas de Sacrificio, modificación al Código de Aguas, firma del Acuerdo de Escazú y proyectos de inversión que no resguardan el medio ambiente.
El pasado viernes, tres organizaciones de la SCAC recibieron una invitación por parte de la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para participar en una reunión a realizarse ayer lunes en Cepal, sin embargo esta no sería coordinada por el estamento internacional, sino solo por el Ministerio de Medio Ambiente.
Si bien la invitación llegó directamente a Chile Sustentable, Greenpeace y ONG FIMA, todas organizaciones que forman parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, estas decidieron someter la participación a la decisión de las 150 entidades del mundo social y ambiental que integran la red, quienes determinaron que, mientras no existan garantías para que la sociedad civil exprese sus demandas en un ambiente democrático y de respeto, a la vez que se clarifiquen las responsabilidades en cada una de las violaciones de derechos humanos ocurridos durante las semanas recién pasadas, pero también a la que son sometidas constantemente las comunidades que viven en las denominadas zonas de sacrificio, no estarán dadas las condiciones para conversar.
«Hemos sido claros durante esta crisis social. Nosotros estamos para hablar, pero cuando veamos disposición del gobierno en avanzar con los conflictos medioambientales donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados y asegure acciones en incorporar estas demandas en la agenda antes de que comience la COP 25. Esto, además de garantizar los derechos de quienes nos manifestamos pacíficamente y no ser reprimidos ni antes, durante o después de esta conferencia” , afirma Matías Asún, director de Greenpeace Chile.
Por otra parte, las organizaciones recordaron que desde el comienzo de la organización de la COP 25 han estado disponibles para plantear sus argumentos y aportes al gobierno, el cual optó por dialogar solo con algunas. Por esto mismo, las organizaciones decidieron unirse en la realización de Cumbre Social por la Acción Climática, instancia paralela e independiente del gobierno, que busca generar el necesario espacio de reflexión que esta instancia necesita.
«Para nosotros es claro que esta crisis social también es ecológica, y por lo mismo, si nos llaman a dialogar, esperamos que sea con el propósito de presentar propuestas con soluciones reales y sistémicas y no una nueva evaluación de un problema que está más que claro» señala Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA
Ante el llamado que, en el contexto de demandas sociales, diversas voces han levantado para cuestionar la realización de la COP 25 en nuestro país, desde la SCAC apelan a que se mantenga la decisión de realizarla en Chile, siempre que esto sea en un contexto de paz y democracia, que permita tener un diálogo participativo y en el que sean escuchadas las propuestas ciudadanas.
«Nosotros hemos apoyado que la COP se haga en Chile y hemos aportado para poner fin al uso del carbón, terminar con las zonas de sacrificio y mejorar políticas para resolver la crisis hídrica. Es clave que el gobierno de señales concretas para resolver estas injusticias ambientales que también son los mayores desafíos en mitigación y adaptación», destaca Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable.
Es así como las organizaciones civiles, plantean como condición mínima el avance y compromiso del gobierno en los siguientes temas:

• Fin a las zonas de sacrificio en forma inmediata con el cierre de las carboneras que operan vulnerando los derechos humanos obsoletas y cierre de las demás al 2030
• Enfrentar la crisis hídrica con reformas al Código de Aguas, la protección de glaciares y el acceso al agua como derecho humano y bien público.
• Firma y ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
• Retiro del Congreso de las iniciativas legales que priorizan la inversión a costa del medioambiente.

Finalmente, desde la ciudadanía destacaron que la crisis social también es ecológica y que resolverla requiere un proceso de Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución.
Sociedad Civil por la Acción Climática - SCAC

Declaración Pública: Sociedad Civil por la Acción Climática

SCAC y 45 miembros firman Declaración Pública tras amenazas a defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

La Sociedad Civil por la Acción Climática y sus miembros firmantes de esta carta, declaramos públicamente nuestra preocupación por las amenazas que la semana pasada recibieron Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), de Quintero-Puchuncaví y Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Estas amenazas se suman a un clima creciente de violencia en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente, el que ha sido alimentado por las expresiones irresponsables y la apología al odio de sectores extremos de la sociedad, las que lamentablemente no han sido controladas adecuadamente por las instituciones democráticas, legitimando la agresión y la discriminación como maneras de hacer política.

La violencia que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente requiere de la atención de los Estados, pues se multiplican los asesinatos y la violencia en su contra. Defensores y defensoras son miembros imprescindibles de una sociedad democrática, como actores que velan por la justicia social e intergeneracional, llevando un mensaje que es esencialmente pacífico y que busca la armonía entre las personas y su entorno.

Vemos con preocupación la inacción en la materia por parte del Gobierno de Chile, la inexistencia de políticas públicas en la materia, la negativa injustificada del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú -único acuerdo internacional que se refiere a la materia- y las irresponsables declaraciones de algunos personeros del gobierno, por ejemplo, llamando “terroristas” a quienes se manifiestan por el agua.

Solicitamos al Gobierno de Chile que, junto con las querellas correspondientes, se solicite al Ministerio Público la designación de un Fiscal con Dedicación Exclusiva para estos casos, en la Región de Valparaíso, que se suman a los de Verónica Vilches (Modatima) y Patrick Rojas (Quintero), siendo que en esta última se acusa que las amenazas provendrían de funcionarios de Carabineros.

Exigimos, asimismo, la firma del Acuerdo de Escazú, la creación de una política pública de protección de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y, en defensa de la democracia y la paz social, combatir decididamente la apología al odio.

Reconocemos el trabajo de defensores y defensoras del medio ambiente, como la primera línea de defensa de la sociedad contra la destrucción de nuestro entorno y llamamos a todos los miembros de la sociedad a protegerlos y unirse en torno a ellos.

• Alerta Isla Riesco
• Amnistía Internacional Chile
• Asamblea Ciudadana Poniente de Santiago
• Asociación de Consumidores Sustentables
• Asociación de usuarios defensores del agua de Maipú
• Asociación interamericana para la defensa del ambiente
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile
• Centro Ecosocial Latinoamericano
• CEUS Chile
• Ciudadanía Inteligente
• Chao Pescao
• Chile Sustentable
• Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
• Corporación para el desarrollo de Aysén Codesa
• Comisión de Medioambiente y sustentabilidad del PPD
• Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena del Pueblo Likan Antay ante Conadi
• Corporación El Canelo de Nos
• Corporación Humanas
• Corporación Nuevas Ideas
• C Verde
• Defensoría Ambiental
• Ecosistemas
• Espacio Público
• Extinction Rebellion Chile
• FENAPRU Chile
• FES Chile
• Fundación Decide
• Fundación Friedrich Ebert
• Fundación Glaciares chilenos
• Fundación Ingenieros Sin Fronteras Chile
• Fundación Milarepa Chile
• Fundación Newenko
• Fundación Pensamiento Verde
• Fundación Tantí
• Greenpeace
• Grupo de Estudios de Religión y Política
• Instituto de Ecología Política
• Instituto Igualdad
• Ladera Sur
• Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia
• Observatorio Ciudadano
• Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll
• ONG FIMA
• Red de Organizaciones Voluntarios de Chile
• Regeneration International
• Relaves
• Sociedad Civil por la Acción Climática Chile
• Vigilante Costero ONG

Organizaciones instan al Gobierno a firmar Acuerdo de Escazú en próxima asamblea de la ONU

La mañana del viernes 13 de septiembre, diversas organizaciones sociales, tanto de defensa del medio ambiente como de los derechos humanos, llevaron a cabo una intervención urbana en plena explanada de la Plaza Baquedano, para exigir que Chile, en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a realizarse a fines de este mes, ratifique definitivamente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, o mejor conocido como ‘Acuerdo de Escazú.

Luego de cuatro años de negociaciones a través de una delegación co-presidida por Costa Rica y Chile, el Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 y hasta el momento lo han firmado 17 países de Latinoamérica y el Caribe, no obstante, nuestro país se restó de su firma el año pasado, lo que inmediatamente generó el rechazo de cientos de organizaciones que no veían lógica alguna entre ser anfitriones de la mayor cumbre por el cambio climático y desentenderse de la firma del tratado.

Son más de 150 organizaciones las que han unido esfuerzos para hacer el llamado a que el presidente Sebastián Piñera firme el tratado en la próxima asamblea general de las Naciones Unidas, la que se celebrará el próximo 26 de septiembre en Nueva York, la cual tendrá una ceremonia oficial especialmente dedicada a la firma del Acuerdo de Escazú, el cual ha sido destacado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como uno de los tratados ambientales que contribuyen a la promoción de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible.

Más información en el siguiente enlace.

Municipio de Cerrillos y Sociedad Civil por la Acción Climática llegan a acuerdo para realizar COP25 Paralela

Fuente: SCAC
En diciembre de este año, el Parque Bicentenario y el Centro Cultural Tío Lalo Parra de Cerrillos se convertirán en el epicentro mundial de la discusión climática y las propuestas para enfrentar la crisis climática

No solo la próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU (COP25) se realizará en Cerrillos, sino que también la comuna albergará la cumbre paralela, la cual es levantada por organizaciones gremiales, sectores, académicas y científicas agrupadas en la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), las cuales durante diciembre se congregarán en el Centro Cultural Tío Lalo Parra.

Así quedó acordado en una reunión entre el alcalde Arturo Aguirre y los representantes de las organizaciones que componen la plataforma ciudadana. “Cerrillos se abre a la cumbre climática y a todos los Estados que nos visitarán, entre ellos también a las organizaciones de la sociedad civil de Chile y del mundo. Por eso hemos llegado a un buen acuerdo, para que en nuestra comuna se realice esta cumbre ciudadana, actividad que tomará varios días. Nuestra comuna abrirá sus brazos generosos para que toda la humanidad hable, analice y reflexione sobre qué medidas debemos adoptar para que el planeta sea un planeta como se merecen nuestras futuras generaciones”, señaló el edil.

El compromiso del municipio es brindar un recinto amplio y cercano al lugar donde se realizará la COP25, en este caso se ha propuesto el Centro Cultural Tío Lalo Parra, el cual tiene amplias dependencias y está junto a la Biblioteca Pública Municipal, donde los representantes de la SCAC proyectan realizar distintas actividades para todo tipo de público, sobre todo para aquellos que quieran ser parte de este movimiento, ser parte de las soluciones y manifestar su preocupación por el planeta.

Por su parte, el director Ejecutivo de ONG FIMA y representante de la SCAC, Ezio Costa, señaló que “Esta reunión dice relación con la Cumbre Paralela a la COP25 que va a ser una COP Ciudadana donde las organizaciones de la sociedad civil y las personas de Cerrillos que quieran participar, vamos a estar discutiendo temáticas medioambientales relacionadas tanto con el cambio climático, como también con las emergencias ecológicas que estamos viviendo hoy y de cómo nuestro estilo de vida debe cambiar para efectivamente poder dejarles a nuestros hijos un planeta en un estado de funcionamiento adecuado”. Costa agregó que “uno de los objetivos de esta cumbre es realizar una declaración- que por ahora se llama Carta de Santiago -que establezca mínimos éticos y principios respecto de los cuales la sociedad civil, las personas, pensamos que tienen que abordarse a la hora de solucionar la crisis climática. Documento que posteriormente será entregado a los Gobiernos, quienes esperamos tomen decisiones basadas no solamente en intereses económicos, sino también en el interés de las personas que tenemos por proteger el medio ambiente y proteger la vida de las generaciones actuales y las generaciones que vendrán”.

Al término de la reunión, el alcalde Aguirre también sostuvo que este acuerdo no se agota en ofrecer dependencias para que se reúnan, sino que se suman una serie de actividades como charlas, seminarios y capacitaciones en las escuelas, barrios, juntas de vecinos y la comunidad en general. “Queremos que Cerrillos, entre los meses de agosto y diciembre sea un lugar de mucha reflexión,  debate,  preocupación y conocimiento para poder hacer de nuestra comuna, una gran comuna desde el punto  de vista ambiental”. “Un privilegio,  un honor  y un agrado para nosotros, ya que desde acá queremos transmitir conocimiento  y formar liderazgos y así hacer una comuna mejor como se lo merecen todos ustedes”, finalizó la autoridad comunal.

Organizaciones de la sociedad civil exigen que gobierno y autoridades declaren Emergencia Climática y Ecológica en Chile

A cinco meses de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y a 11 años de percibir los peores escenarios del cambio climático -según lo advertido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)- las organizaciones que integran la “Sociedad civil por la acción climática” hacen un llamado a la ciudadanía para que exija a las autoridades que nuestro país se declare en Emergencia Climática y Ecológica. 

Apelando al compromiso que Chile adquirió al firmar voluntariamente el Acuerdo de París junto a otras 194 naciones, que convino mantener el calentamiento global estrictamente bajo los 2º centígrados o idealmente bajo los 1,5º C, es que la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) hizo un directo llamado desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  al gobierno y a las autoridades para exigirles que declaren estado de Emergencia Climática en Chile.

Las organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas que componen esta instancia, se han unido para alertar sobre la importancia de que la ciudadanía tome un rol activo frente a la crisis climática que el planeta enfrenta, y que las autoridades de gobierno tomen medidas efectivas como la declaración de estado de Emergencia Climática, la elaboración y promulgación de una Ley de Cambio Climático y a que cierren todas las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030.

“Los cambios que se están produciendo a nivel mundial y los efectos de aquello por la acción humana y de las empresas no sólo nos tienen que llamar a actuar sobre los desafíos del cambio climático, sino también cómo esto afecta de manera local a algunos países de manera más radical que otros, como Chile. El Estado debe asumir los efectos que esto puede tener no solo para las condiciones actuales y futuras del país. El desafío de la transición justa, donde tenemos que avanzar hacia un desarrollo sustentable y sostenible con energías limpias, pero que también resguarde los derechos de las y los trabajadores” agrega la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. 

La urgencia de la plataforma SCAC se basa en el informe “1,5°C Global Warming” publicado en 2018 por el IPCC, el cual advirtió cuáles serían las diferencias entre limitar el aumento de la T° a 1,5°C en lugar de los 2°C que establece el Acuerdo de París. El informe recomienda limitar a 1,5°C el aumento de la temperatura global, ya que solo así lograremos conservar las características del planeta tal y como lo conocemos hoy. Para lograrlo, el mundo entero deberá disminuir sus emisiones de carbono (CO2) en un 45% al 2030, en solo 11 años más, y la neutralidad de carbono al 2050. 

Respecto a la obligación de autoridades de tomar medidas efectivas considerando el contexto internacional, el representante de Extinction Rebellion Chile y vocero SCAC, Ariel Chiang, agregó que “El problema del cambio climático y la pérdida masiva de vida salvaje se ha agravado desde el Acuerdo de París. La comunidad científica ha reconocido que los fenómenos climáticos no lineales se han acelerado a tal punto que los comportamientos observados salen, una y otra vez, de las trayectorias esperadas y de los rangos de error en los modelos predictivos”. “Un Gobierno que dice basar sus políticas públicas y acciones en la evidencia científica, que afirma que la ciencia no es negociable y que liderará la COP25, sabe bien que el conocimiento científico no termina con el Acuerdo de París”, agregó Chiang.

Ante la evidencia científica de la destrucción de los ecosistemas, la degradación climática y gracias a la presión ciudadana, países como Inglaterra, Irlanda, Escocia, la ciudad de Zürich han declarado estado de Emergencia Climática. Mientras que países de América Latina como Perú, Honduras, Costa Rica y Colombia y otros europeos como Suecia y Noruega cuentan con Leyes de Cambio Climático que aceleran las medidas para combatir el calentamiento climático.

Desde Fridays for Future Chile, se suman al llamado “creemos que aún podemos reaccionar colectivamente frente a la crisis climática y demandar a los gobiernos que aumenten su ambición y acción frente a la crisis. Juntos podemos hacer que se cumpla el Acuerdo de París y que el aumento de la temperatura global no sobrepase 1.5 grados celsius”, expresó Ángela Valenzuela, vocera de la agrupación. “Hoy declaramos Emergencia Climática y esperamos que todos se unan. Declaremos emergencia climática desde nuestras casas, en nuestras escuelas, universidades, trabajos y las calles”, convocó la estudiante.

En este margen, las autoridades de diversos países señalaron que América Latina debe seguir el Reporte Especial del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el que establece que se necesita que las transiciones sean "rápidas y de gran alcance" para que las emisiones de carbono disminuyan realmente en un 45% al 2030. Sin embargo, los antecedentes son preocupantes para Chile, ya que de acuerdo a la primera Contribución Nacional Determinada (NDC) del país, en la que se compromete a implementar políticas y acciones climáticas, fue calificada de “altamente insuficiente” por Climate Action Tracker, hecho que debiese obligar a nuestras autoridades a trabajar en medidas más ambiciosas y satisfactorias que aborden los desafíos actuales en materia de calentamiento global y cambio climático.

Más información:

Contacto de prensa: Constanza Dougnac +56 9 9937 8564