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sábado, 4 de agosto de 2018

Todos Somos Cobquecura se prepara para la batalla decisiva y convoca a todas la fuerzas vivas del movimiento ciudadano

@vigilantecosta
Las fuerzas vivas del movimiento ciudadano organizado por la defensa de sus territorios, sus aguas y su gente, Todos Somos Cobquecura (FB); se mantiene en estado de alerta y se dispone a marcar presencia en todas las instancias posibles para evitar la imposición e instalación que implica el intento de una empresa pesquera (Inversiones Pelicano S. A.) de gran escala en las costa de la nueva región de Ñuble y Biobío (En región del Maule existen solicitudes de concesiones marítimas).
Muchas localidades se han ido sumando para enfrentar la expansión e intento de la industria de acuicultura intensiva de instalar “granjas marinas” ó “cultivos de salmón” (a pesar del negro prontuario de la industria en el extremo sur del país), en bienes públicos, estableciendo una clara amenaza para el desarrollo económico local y la propia visión o vocación natural de los territorios.

Contexto

A fines del año 2015, inversiones Pelicano S.A., ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental Biobío, vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ocho proyectos (sumando 3 más al sur del río Itata, once en total. Hoy existen 17 proyectos presentados: 15 en evaluación y 2 en admisión en Ñuble y Biobio). Este fraccionamiento le permite, amparado por la ley, baipasear un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dado que resulta obvio que es un solo gran proyecto, en una misma área territorial y cuya presentación, prácticamente, se da al mismo tiempo bajo un mismo titular;  convirtiéndose en el “abrelatas” o “punta de lanza” de la industria, lo que les permitiría su expansión en espacios marinos abiertos (offshore) e inexplorados debido, principalmente, a que el impacto producido en el sur por la carga de la industria (Seno de Reloncaví, Patagonia, Chiloé, Los Lagos, Aysén, Magallanes) por la sobreexplotación de las concesiones marítimas (propiedad, decisión y responsabilidad del estado de Chile en su otorgamiento) les impide poder seguir explotandolas, debido a la incapacidad del medio acuático de recuperarse naturalmente por el exceso y sobrecarga del negocio (nutrientes, alimento, fecas, antibióticos, pesticidas, vacunas, etc.). Esto ha obligado a la industria a buscar nuevas formas y lugares y, de manera experimental, pretenden instalarse en mar abierto lo que, a todas luces, es un contrasentido. Sobre todo si pensamos que las costas de Ñuble son en extremo bravías y existen antecedentes recientes de fugas masivas de salmónidos en el mar debido a condiciones climáticas adversas (Desastre en Isla Huar).
*ver notas relacionadas al pie de publicación 
Caminata por el Mar - TSC - Cobquecura
El segundo plazo de extensión (primero se dió en octubre de 2017), solicitado por la empresa, se cumple a fines de octubre del presente año. En esa fecha Inversiones Pelicano S. A. debe dar respuesta a las observaciones presentadas por distintas organizaciones y esperamos se defina su inviabilidad.
Ante este escenario la comunidad se ha mantenido en estado de alerta permanente y convocando activamente a las comunidades cercanas, como así también, haciendo un llamado a todo Chile y organizaciones internacionales, denunciando lo que implicaría esta imposición y amenaza de beneficio (lucro) privado. Desde esa perspectiva, y en el tiempo que resta, las organizaciones locales; comités de defensa del borde costero; municipios y parlamentarios; vecinos y vecinas, amigos y simpatizantes al movimiento Todos Somos Cobquecura, levantan la voz una vez más y comenzarán diversas formas de movilización para manifestar su rotundo rechazo a este negocio que atenta con la propia y legítima visión que los residentes locales tienen de su zona y territorio. Es por ello, que decimos fuerte y claro "Fuera empresas salmoneras. Por nuestro futuro y quienes nos siguen los pasos".
A las autoridades se les exige que velen por la salud de nuestra gente y medio ambiente, conviniendo, que son ellos los responsables de aprobar este tipo de proyectos y, ante todo, se deben a las comunidades más vulnerables que representan. Basta de lucrar en bienes públicos y dejar las externalidades de su negocio en lugares que no se le necesita y cuyo daño es incuantificable.
(*ver notas relacionadas al final de publicación)
Notas Relacionadas:
LUNES, 18 DE ENERO DE 2016 | Porque Todos Somos Cobquecura.
MARTES, 26 DE ENERO DE 2016 | Cobquecura Defiende su Mar
MIÉRCOLES, 27 DE ENERO DE 2016 | Nuestra patética y frágil realidad!
VIERNES, 19 DE FEBRERO DE 2016 |  Actividades Resumen - Todos Somos Cobquecura #TSC
DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2016 | Conflicto ambiental en Cobquecura
MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016 | Héctor Kol - Noviembre 2016
SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  Salmoneros con piel de oveja al asalto de Magallanes
MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2018 |  "Mar de Cobquecura" | #Oda #SinSalmoneras
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viernes, 3 de agosto de 2018

Derechos humanos y termoeléctricas a carbón: El aire que respiran las comunidades en las zonas de sacrificio en Chile


Por: Fernanda Miranda, geógrafa, y Hernán Ramírez, investigador asociado a Fundación Terram. Fuente: CodexVerde 
Esta columna está basada en el Informe “Termoelectricidad a carbón y las precarias normativas de emisión y calidad del aire en Chile” que hemos enviado al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU 2018 como organización de la sociedad civil propositiva, donde recomendamos al Estado de Chile actualizar las Normas de Calidad según lo exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales en Chile no incluyen medidas para metales pesados y revisar las restricciones a termoeléctricas, de modo que igualen los estándares exigidos en Estados Unidos y la Unión Europea.
La delicada situación ambiental de las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel-Hualpén generada, en gran medida, por el funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón y petcoke (carbón de petróleo), son casos paradigmáticos de injusticia ambiental y de violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile y de las empresas instaladas en esos territorios.
En los últimos años, reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como el Informe del año 2014 y la actualización del Mapa de Conflictos Ambientales del año 2015, han  constatado la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado de Chile en estas comunas, producto de la contaminación sistemática a la que han sido sometidas, definiéndolas como “Zonas de Sacrificio”. Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), en su informe del año 2012, dedica un capítulo completo a la situación ambiental de las comunas de Quintero-Puchuncaví, señalando que el Estado ha incumplido sus obligaciones en cuanto a tutelar el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Es necesario especificar que las 27 unidades de generación termoeléctrica a carbón y petcoke que existen en el país, fueron emplazadas en estas comunas a corta distancia de las áreas residenciales, emitiendo a la atmósfera contaminantes como material particulado (MP), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), y metales pesados como el mercurio (Hg), los cuales han producido efectos nocivos para la salud de la población que se encuentra en su radio de influencia, que van desde dolores de cabeza al aumento de la frecuencia de diferentes tipos de cáncer.
Gran parte de estos territorios han sido declarados como zonas latentes o saturadas (solo Mejillones no cuenta con un decreto de este tipo, a pesar de poseer un complejo industrial de enormes proporciones), dictándose Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en algunos casos. No obstante, los precarios e insuficientes estándares que las autoridades chilenas han adoptado tanto para la Norma de Emisión de Centrales Termoeléctricas, como para las Normas de Calidad Primaria del Aire, exponen a los habitantes a altos riesgos de salud frente a la presencia de contaminantes atmosféricos, por estar muy lejos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por sobre lo permisible en países como EEUU, China o la Unión Europea (UE).
Al comparar la Norma de emisión para centrales termoeléctricas (D.S. Nº13/2011), -que regula las emisiones de MP, SO2, NOx y Hg- con las normativas de emisión de China, Estados Unidos y la UE, se comprueba lo precaria y obsoleta de la norma nacional, cuyos estándares están muy por debajo de lo que es considerado permisible en dichos países. Por otro lado, a pesar que esta norma ya ha cumplido más de 5 años desde su publicación, a la fecha el Estado no ha iniciado su proceso de revisión, como lo establece el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión (D.S. N°93 de 1995).
Respecto a las Normas de Calidad Primaria del Aire (NCP), vemos que la norma de Material Particulado Respirable MP10 (D.S. N°59 de 1998), no ha tenido mejoras en sus estándares desde 1998. En 2014 se inició su proceso de revisión, sin embargo, no se contemplaron mejoras a sus estándares, los que sobrepasan al máximo recomendado por la OMS y al máximo permitido en Estados Unidos y la Unión Europea. Es necesario señalar que el Material Particulado es el contaminante que más significativamente ha sido asociado a eventos de mortalidad y morbilidad en la población.
La situación es igual al analizar comparativamente las NCP para Material Particulado Fino Respirable MP2.5, (DS 12/2011), Dióxido de Azufre (SO2) (D.S. N°113/2012), y Dióxido de Nitrógeno (NO2) (D.S. 114/2003). Observamos, además, que en Chile no hay NCP para arsénico (As), Benceno, Tolueno, Xileno, Mercurio, Cadmio, Vanadio y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
Desde Fundación Terram, creemos que el Estado de Chile no ha adoptado medidas adecuadas para evitar violentar los derechos humanos de los habitantes de estas Zonas de Sacrificio, al exponerlos a excesivas concentraciones de contaminantes que superan niveles seguros y recomendados por la OMS. Por esta razón, como actor de la sociedad civil, hemos presentado para el próximo “Examen Periódico Universal” (EPU) de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), un informe con recomendaciones donde solicitamos al Estado: a) Actualizar las Normas de Calidad Primaria igualando los estándares a las recomendaciones de la Guía de Calidad de la OMS; b) Crear Normas de Calidad Primaria para: Arsénico, Mercurio, Cadmio, y otros contaminantes sin normativa, empleando valores contemplados en la Guía de Calidad OMS; c) Iniciar el proceso de revisión de la Norma de Emisión de Termoeléctricas, incluyendo dentro de los contaminantes normados el Vanadio, Níquel, Compuestos Orgánicos Persistente (COP); y que se igualen los niveles de emisiones a lo establecido en la Normativa de la UE; d)Implementar a la brevedad un efectivo Plan de Descontaminación y Prevención  para las comunas de Quintero-Puchuncaví; e) Realizar mediciones confiables de concentración MP, SO2 y NO2 para determinar el estado de latencia o saturación en la comuna de Mejillones; y f) Legislar a la brevedad el cierre de centrales termoeléctricas a carbón y petcoke en Chile.
De acuerdo al calendario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Estado chileno le correspondería rendir el Examen Periódico Universal el día 22 de enero del 2019 desde las 9.00 a 12:30 horas, en Ginebra-Suiza. Esperamos que el Estado comience a avanzar en esta materia a la brevedad, con el fin de saldar su gran deuda ambiental con los habitantes de las Zonas de Sacrificio.
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Nuevo Varamiento de carbón en Playa Ventanas #Denuncia

Hoy viernes 3 agosto un nuevo masivo varamiento de carbón en la playa de Ventanas que se suma a los más de los 300 contabilizados desde el año 2008.
El varamiento de hoy tiene una extensión de casi un kilómetro desde un costado de la termoeléctricas de AES Gener y el Puerto de Ventanas hasta la Caleta de Pescadores de Ventanas.
Hay que recordar que el mes pasado La Autoridad Marítima dictó sentencia por los reiterados  varamientos. Estableciendo una multa a las termoeléctricas a carbón y a la fecha no se ha pronunciado respecto a la responsabilidad del Puerto de Ventanas ni ha establecido nuevas medidas preventivas para evitar que estas infracciones sigan repitiéndose.
Creemos que la Comisión Investigadora Cámara Diputado que se está conformando para investigar la situación del plan de descontaminación rechazado por Contraloría para Puchuncavi. Quintero y Concón  incluyan dentro de su investigación la situaciones los varamiento de carbón que se siguen repitiendo en Caleta Ventanas.
Info/Fotos:
Hernán Ramírez - Dunas de Ritoque
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miércoles, 1 de agosto de 2018

Escape masivo de salmones: naturalizando el abuso sanitario-ambiental en nuestro mar

Escrito por Juan Carlos Cardenas | Director Centro Ecoceanos | Fuente: El Mostrador
Lo que está ocurriendo en Chile con el escape de 690 mil ejemplares de salmón Atlántico de la empresa Marine Harvest contrasta con lo que sucedió en los Estados Unidos, donde frente al escape de 300 mil ejemplares de salmón del Atlántico desde un centro de cultivo de la transnacional canadiense Cooke Aquaculture, en el área de Puget Sound, el Congreso de Washington decidió en marzo de 2018 prohibir las operaciones de los centros de cultivo industrial de salmón en aguas estatales, por considerar “insoportables” sus impactos ambientales y sanitarios sobre las poblaciones de peces silvestres.

El escape de 690 mil ejemplares de salmón Atlántico (Salmo salar) desde el centro de cultivo de Punta Redonda, Comuna de Calbuco, de propiedad de la transnacional noruega Marine Harvest, evidencia los destructivos impactos que genera esta industria exportadora en el medio ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades costeras del sur de Chile.
A casi un mes del gran escape, Marine Harvest solo ha recuperado el 5,7% de estos voraces carnívoros. Con ello evidencia la inefectividad del plan de contingencia del centro de cultivo. Los 652 mil salmones restantes se encuentran generando un triple efecto combinado sobre los ecosistemas y la biodiversidad acuática regional: depredación, transmisión de enfermedades, y competencia por espacio y fuentes de alimentación.
Entre las principales especies afectadas están el endémico puye (Galaxia maculatus), y los ejemplares juveniles de merluza, sardina y/o pejerreyes, todos de gran importancia para la cadena trófica, la alimentación local, y la economía de las comunidades costeras, pueblos originarios y pescadores artesanales.
Se estima que 1 millón de salmones y truchas de cultivo se fugan anualmente hacia los ríos, lagos y áreas marino-costeras del sur de Chile.  El escape del centro de cultivo de Punta Redonda supera ampliamente los 165 mil salmones fugados durante la temporada 2017.
Para Marine Harvest estas situaciones no son una excepción, ya que en su memoria anual mundial reconoce que tuvieron 15 incidentes de escapes el 2017, con 23.223 peces fugados, duplicando los escapes del 2016, con 12.790 salmones fugados.

“Durante los últimos ocho años –según el Ministerio de Economía– más de 2 millones de salmones han escapado desde los centros de cultivos de la transnacional noruega Marine Harvest. Estos peces carnívoros, introducidos en aguas chilenas, están contaminando y depredando la biodiversidad acuática, bajo el amparo de una legislación permisiva y la complicidad de altos funcionarios estatales”.


El “cáncer de las costas” chilenas

En el sur de Chile existen 1.021 centros de cultivo intensivos de salmónidos en agua de mar, los que constituyen la principal amenaza para la biota acuática y los derechos de las comunidades costeras. El Ministerio de Economía informó que durante los últimos ocho años han escapado más de 2 millones de peces desde los diversos centros de cultivo de Marine Harvest. Solo un pequeño porcentaje fue recuperado.
Como plaga invasora, el salmón Atlántico tiene la capacidad de remontar los estuarios de ríos, pudiendo desarrollar procesos de adaptación y naturalización, tal como ya ha ocurrido con el salmón Chinook, Coho y la trucha café.
Lo catastrófico de esta situación es que en los ríos y lagos chilenos existen 45 especies de peces nativos, de los cuales un 80% son endémicos (especies cuya distribución es exclusiva de un área geográfica), encontrándose la mayoría en la categoría de “especies amenazadas”.
Además, la industria salmonera ha introducido durante las últimas décadas más de 20 enfermedades virales, bacterianas y parasitarias en los ecosistemas acuáticos de Chile.

La Republiketa salmonera de Chile

Marine Harvest tiene hasta el 5 de agosto para recuperar al menos el 10% de los 690 mil salmones escapados. De lo contrario, Sernapesca presumirá que existe un daño ambiental, arriesgándose la empresa a multas de hasta 3 mil UTM y la posibilidad de perder su concesión salmonera de Punta Redonda.
La recuperación del 10% de los peces escapados es tan solo una cifra testimonial, no proporcional a la gravedad de este nuevo desastre sanitario-ambiental. Esto demuestra que las regulaciones de acuicultura están hechas a la medida de los intereses corporativos y que para el Estado chileno no son prioritarios los graves daños acumulativos que provienen de la expansión salmonera.
El Estado chileno ha sido reactivo frente a este nuevo escape, dejado la iniciativa en manos de Marine Harvest, teniendo en cuenta que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la concesión de Punta Redonda no contempla medidas de reparación, compensación y/o mitigación de los diversos impactos que deriven de la fuga de salmones Atlántico.

Salmoneras en Chile: un mensaje desde USA

Lo que está ocurriendo en Chile contrasta con lo que sucedió en los Estados Unidos, donde frente al escape de 300 mil ejemplares de salmón del Atlántico desde un centro de cultivo de la transnacional canadiense Cooke Aquaculture, en el área de Puget Sound, el Congreso de Washington decidió en marzo de 2018 prohibir las operaciones de los centros de cultivo industrial de salmón en aguas estatales, por considerar “insoportables” sus impactos ambientales y sanitarios sobre las poblaciones de peces silvestres.
La decisión del Congreso de Washington constituye una poderosa señal internacional, de incalculables implicancias políticas y comerciales para el Estado chileno y la subestándar industria salmonera exportadora del sur del país. También constituye un precedente que fortalecerá las exigencias del movimiento de ciudadanos(as) y comunidades costeras que luchan contra la expansión de esta industria exportadora que espera producir en aguas chilenas 1,2 millones de toneladas anuales para el 2030.

Una industria adicta a los antibióticos

Extraña la falta de acciones de las autoridades del Ministerio de Salud frente a los riesgos que implica la comercialización y el consumo de una cantidad desconocida de salmones escapados medicados con florfenicol por lo tanto, no   aptos para la alimentación humana, especialmente niños y embarazadas. A pesar de que el ministro de Salud, Emilio Santelices, señaló que “no se ha establecido si los niveles de antibióticos en los salmones puedan ser de riesgo para la población” (sic),  la industria del “salmón químico chileno” es la que emplea más antibióticos por tonelada de salmón producido a nivel global (700 veces más que las producciones noruegas).
Tan solo el 2017 se utilizaron 394 mil kg de antibióticos, los que en un 95% fueron administrados preventivamente a los peces en la fase de agua de mar. Se estima que entre un 40% a 90% de los antimicrobianos suministrados no son absorbidos por los peces, siendo liberados al medio acuático a través de la orina y las fecas, generando condiciones para la creación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos de uso común, tanto en seres humanos, salmones, como en los ecosistemas terrestres y acuáticos.
A lo anterior se debe agregar que la alimentación intensiva de salmónidos se basa en el empleo de harina de pescado de origen industrial, los que presentan contaminantes orgánicos persistentes, tan tóxicos como dioxinas y bifenilos policlorado.

Los malos antecedentes sanitarios del centro Punta Redonda

La aprobación de la solicitud de Marine Harvest para obtener la concesión del centro Punta Redonda en isla Guar, la efectuó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través de una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), asumiendo que no generaría daños ambientales relevantes. Por ello, mediante otra RCA se autorizó el 2011 aumentar cinco veces  su producción, pasando de 1.020 tons a 6.500 toneladas de salmones por ciclo productivo. El 2016, el centro de cultivo de Punta Redonda fue sancionado por el Sernapesca por no cumplir con el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA).
El costo real para Marine Harvest de este desastroso evento es tan solo de imagen corporativa, pues la empresa cuenta con seguros comprometidos contra los escapes masivos de peces. Por lo tanto, los únicos afectados serán los maltratados ecosistemas y la biodiversidad acuática, así como la salud pública y las comunidades locales de la Región de Los Lagos.
Es evidente que Marine Harvest aplica una política de “dobles estándares” en Chile, ya que su irresponsable comportamiento sanitario y ambiental no sería permitido en Noruega o en los Estados Unidos.

La ciudadanía y comunidades interpelan al Estado chileno

Las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y comunidades de pueblos originales exigen:
  1. Caducar la concesión del centro de cultivo de Punta Redonda por reiteradas violaciones a las regulaciones de acuicultura y grave daño ambiental y a la salud pública.
  2. Establecer un plan de monitoreo y fiscalización del área de escape y de los ríos y estuarios adyacentes, de al menos 3 años.
  3. Crear una pesquería artesanal de salmón escapado, categorizándolos como una plaga invasora que pone en riesgo a los ecosistemas acuáticos.
  4. Prohibir el empleo profiláctico de antibióticos en salmones sanos por parte de la industria salmonera, por constituir una práctica aberrante y de alto riesgo sanitario.
  5. Implementar un programa de vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana en las regiones productoras de salmónidos de cultivo.
  6. Cumplir los compromisos del Estado chileno con la campaña internacional “Una Salud”, de la Organización Mundial de la Salud, para el control del empleo abusivo de los antimicrobianos y la resistencia bacteriana.
  7. Establecer una moratoria indefinida a la expansión de la industria salmonera en Chile.
La campaña ciudadana www.salmonquimicochileno.cl, llama a no consumir salmón de cultivo por su riesgo para la salud y el  medio ambiente, y a los chefs, restaurantes y sushi-bares a excluir el salmón industrial de sus menús.
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