Parlamentarios aprueban deber del Estado de priorizarusos del agua para subsistencia y preservación ecosistémica.
Los días lunes y
miércoles se votaron indicaciones de diputados de la Nueva Mayoría, logrando
acuerdos fundamentales para reconocer el agua como bien público.
Interés público por sobre el lucro y un Estado garante del agua
como elemento para la subsistencia y la preservación ecosistémica fueron dos de
los principales acuerdos a los se llegó esta semana en la Comisión de Recursos
Hídricos, Sequía y Desertificación de la Cámara de Diputados. Las indicaciones, presentadas por los
diputados Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Daniel Núñez (PC) y
Matías Walker (DC), fueron aprobadas unánimemente por los parlamentarios
presentes, dando cuenta de la dificultad que han tenido la UDI y RN para
detener las reformas que buscan terminar con la mercantilización de la gestión
del agua en Chile, instituida en el Código de Aguas desde 1981.
Tanto la sesión del lunes en Santiago como la del miércoles en
Valparaíso tuvieron un lento avance dadas las constantes precisiones que
solicitaron los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma (en reemplazo de Andrea
Molina) y Sergio Gahona, a quienes en varias ocasiones se les acusó de querer
dilatar las votaciones. El director de
la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez, debió explicar conceptos como “subsistencia” y “preservación ecosistémica”, que generaron preocupación en los
congresistas de la UDI.
A pesar de esto, se aprobaron los artículos e indicaciónes que reconocen
legalmente las diversas funciones del
agua: subsistencia, preservación ecológica y productiva, y que mandatan un orden de prioridades para consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia, para el
otorgamiento y/o limitación de su aprovechamiento. Se estableció además que cuando
se conceda agua para consumo humano y saneamiento, esta no se podrá utilizar
para otros fines.
Adicionalmente se estableció y aprobó una obligación a la autoridad (en este caso la DGA) quien
deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la
disponibilidad efectiva del agua y la situación de cada cuenca junto con “velar siempre por la armonía y
equilibrio entre la función de
preservación ecológica y las funciones
productivas”.
Dentro de las nuevas atribuciones del Estado se aprobó la
constitución de reservas de agua para
las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, incluidos los
derechos de agua expirados o caducados. Y, en el caso de que el consumo
humano esté en riesgo y tal servicio no sea estatal, excepcionalmente y en
forma temporal se podrá entregar reservas
de agua a empresas de agua potable y saneamiento exclusivamente en zonas
declaradas en escasez hídrica, no pudiendo los privados incorporar esas aguas en el proceso de fijación de tarifas. Esto último fue propuesto por los diputados Girardi (PPD),
Provoste (DC), Núñez (PC) e Insunza (PPD) y aprobabo unánimemente también por
la UDI y RN.
Reacciones
Para la diputada Cristina
Girardi la votación de estas reformas al Código de Aguas
permiten "ir dejando atrás la actual
visión eminentemente mercantil del agua para avanzar hacia una gestión más integral, en base a los derechos humanos,
la subsistencia y la protección de las cuencas; y con un Estado que debe velar
por la compatibilidad entre el uso productivo con la preservación ecosistémica”.
Para Jorge Insunza la
votación que establece la priorización del uso doméstico de subsistencia “es un paso muy importante y es coherente con
el derecho humano al agua que aprobamos unánimemente la semana pasada”
Una discusión de fondo se dio durante la votación que posibilita
otorgar excepcionalmente, y bajo decretos de emergencia hídrica, caudales de
reserva a empresas sanitarias para
asegurar el consumo humano. “Entendemos que esto sea supeditado solo
cuando no existan otras opciones, que
tal acción solo sea temporal y que no pueda ser incluida para el cálculo de las
tarifas, lo cual debiera redundar en rebaja del costo al usuario dado que el
recurso seguiría siendo del Estado” puntualizó Yasna Provoste.
“En esta reforma, se están dando pasos históricos, la semana pasada se estableció
legalmente el derecho humano al agua y
la indivisibilidad de tierras y aguas en territorios indígenas. Hoy, se aprobó la función de subsistencia, la
preservación ecológica, y la obligación del estado de priorizar esas funciones
y usos esenciales, lo cual cambia en 180 grados el enfoque propietarista y
mercantil del Código de Aguas vigente”, señalo Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, quien junto a otras
organizaciones sigue in situ el proceso de tramitación de esta reforma. El
proyecto va bien encaminado, concluyo”.
Uno de los temas fundamentales que queda aún pendiente por votar durante
las próximas semanas es la naturaleza y estatus de los derechos de aprovechamiento de agua. La reforma busca transformar los derechos de propiedad perpetuos en
concesiones temporales a partir de
la reforma; varios parlamentarios
señalan que esto debe ser aplicado a todos los derechos y otros congresistas desean que continúe el statu
quo. Estos temas, además de las “aguas
del minero” y el aseguramiento de las
aguas para los sistemas de agua potable rural, quedaron para ser votados en las
últimas sesiones de este periodo legislativo que concluye el 23 de enero.
