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lunes, 12 de agosto de 2013

Convocatoria a firmar contra ley forestal

No a la Ley de Fomento Forestal
Actualmente se encuentra en el Senado la Ley de Fomento Forestal. Se trata de una adecuación al decreto 701 que desde 1974 (con modificaciones durante la Concertación) subsidia las plantaciones de monocultivos forestales exógenos (pino y eucalipto). Se pretende prorrogarlo por 20 años más, con el objetivo de seguir incorporando medianos y pequeños propietarios rurales al negocio de las plantaciones forestales para la producción de celulosa y productos madereros por parte de las grandes compañías Arauco y CMPC, cuyas filiales Forestal Arauco y Forestal Mininco son dueñas de casi 2 millones de hectáreas en Chile, la mayoría ubicadas en el territorio ancestral mapuche.
El proyecto de ley se está llevando a cabo sin una consulta indígena adecuada, como debiera hacerse en virtud del Convenio 169 de la OIT, para toda norma que afecte a los pueblos indígenas y su territorio. En su informe del proceso de consulta, Conaf da cuenta de cómo en la Región del BíoBío el 76% de las organizaciones indígenas no participaron del proceso. En la Región de La Araucanía se restaron las organizaciones de Nueva Imperial, Padre Las Casas, Chol Chol, Los Sauces y Lumaco, planteando que no participarían en ningún proceso de consulta mientras no se derogue el Decreto 124, que es el mecanismo actual para conducir las consultas. En la Región de Los Ríos se restaron todas las organizaciones y por tanto en el informe ni siquiera se registran comentarios, y en la Región de Los Lagos la Gobernación decidió no realizar proceso de consulta sino solamente de difusión sobre el proyecto.
El proyecto además se está llevando adelante en el parlamento sin una evaluación ambiental, social, y cultural de 40 años de aplicación del fomento a las plantaciones de monocultivos exógenos.
Existe un amplio rechazo de las comunidades indígenas a la plantación de pino y eucalipto, pero por otro lado las mismas familias y comunidades se ven  tensionadas porque se trata de una fuente de ingresos muy rentable, aún a sabiendas del grave daño ambiental que se produce eliminando la biodiversidad en la que la cultura mapuche tiene sustento. En definitiva, son muchos los que se sienten forzados por la pobreza y la falta de fomento a otros modos de utilización del territorio, a plantarlo de pino y eucalipto.
Tras 40 años de aplicación del fomento forestal como modelo de desarrollo para el territorio mapuche, las comunas con mayor porcentaje de su territorio plantado con pino y eucalipto son las más pobres (debido al poco empleo que se requiere), las con mayor emigración, y las con mayor índice de conflictividad ligada a la demanda territorial mapuche.
Es por esto que queremos pedir al parlamento que no se apruebe un fomento económico a las plantaciones de pino y eucalipto mientras:
- No exista un procedimiento de consulta aceptado por las comunidades mapuche y acorde a las directrices que dio al Gobierno de Chile el Relator ONU James Anaya.
- No se haya realizado un estudio acabado de las consecuencias ambientales, sociales y culturales del fomento forestal en los últimos 40 años. Tal estudio debe realizarse por un organismo independiente que dé confianza a las organizaciones mapuche.

jueves, 8 de agosto de 2013

CCTP denuncia “campaña del terror” de generadoras eléctricas para perpetuar actual modelo energético

*Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y megaproyectos hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que podrían entregar las energías renovables no convencionales.
*Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico para los próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el gobierno para imponer su agenda energética en el Congreso. 
La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) rechazó públicamente la “campaña del terror” que se ha iniciado desde el sector eléctrico generador, tomando como base el  reciente informe elaborado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), denominado “Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el SIC”. 
En opinión del organismo dicho informe, realizado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman, desconoce las deficiencias del modelo del desarrollo eléctrico implantado en el país a partir del año 1982 y culpa de los altos costos y de la limitada confiabilidad del sistema a la judicialización de los proyectos energéticos, resultante de la masiva oposición de las comunidades y los movimientos ciudadanos a dichos emprendimientos.
La CCTP cuestionó estos argumentos, esgrimidos por profesionales que han sido tanto gestores como partícipes del modelo eléctrico vigente, porque no reconocen que el alto precio de la electricidad que pagan tanto empresas como clientes residenciales se debe a un mercado eléctrico concentrado en  tres grandes empresas, un modelo marginalista que privilegia las energía más caras, y que además está sustentado en combustibles fósiles importados y contaminantes. 
Esta situación ya fue evidenciada en 2011 por un conjunto de 40 líderes sociales, técnicos, académicos y del ámbito legislativo, quienes formaron la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para la Matriz y el Desarrollo Eléctrico, en el contexto de las grandes protestas sociales ocurridas en Chile luego de la aprobación de proyectos de generación eléctrica de alto impacto, y como respuesta a la consolidación de un sistema eléctrico caro, contaminante, concentrado, vulnerable y dependiente de factores externos. 
STATU QUO VERSUS PROPUESTA CCTP 
El informe de la Confederación de la Producción y el Comercio presupone un escenario de estrechez energética que pondría en riesgo el desarrollo y crecimiento del país, criticando una supuesta dificultad para echar a andar proyectos ya aprobados, debido a judicialización y oposición ciudadana. 
El informe considera el período 2013-2020, pidiendo --a raíz de la licitación de bloques de energía por parte de las empresas distribuidoras que se efectuará a fines de este año-- que se establezcan condiciones para que puedan participar en dicho proceso centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel, manifestándose a favor de los megaproyectos hidroeléctricos, por su bajo costo operacional. 
A juicio de la CCTP este informe desconoce el aporte real y creciente de las ERNC y la eficiencia energética (EE), pasando por alto los impactos ambientales de las mega-represas. Sin mencionar además que aunque la hidroenergía se obtiene a bajo costo porque su principal insumo se obtiene  gratis (gracias a los derechos de agua otorgados en los años 80-90), el recurso hídrico se paga a precio diesel debido al sistema marginalista imperante. 
Por ende, no es cierto que proyectos como HidroAysén bajarían los precios finales de dicha electricidad. 
En esa misma senda, en el estudio no existe ningún juicio crítico al sistema eléctrico actual sino que solamente “prepara la cancha” para una licitación eléctrica de 11 años, en vez de los 4 regulares, empleando lo que la CCTP califica como “argumentos del terror”: la falacia de un apagón inminente por la falta de proyectos, que impactaría el crecimiento de país junto con supuestos altos costos  e inseguridad de suministro de las ERNC. 
Tampoco considera la posibilidad de una interconexión SIC-SING --que permitiría usar los excedentes energéticos del norte grande hacia las regiones II y IV sin necesidad de construir nuevos proyectos --ni se hace cargo de las externalidades ambientales y sociales negativas de los combustibles fósiles tradicionales. 
En cambio, la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico; incluyendo condiciones de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia. 
Hasta la fecha, los evidentes problemas del funcionamiento del sistema eléctrico han sido enfrentados por la autoridad mediante las llamadas leyes cortas que aportan paliativos parciales e insuficientes a un modelo de desarrollo que requiere de  cambios estructurales. 
A juicio de los integrantes de la CCTP, Chile necesita una política activa del Estado, respaldada por una participación ciudadana informada y vinculante, y orientada al bienestar de la población, el cuidado del territorio y la sustentabilidad del desarrollo. El futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, su lobby, y sectores políticos que en el Parlamento favorecen a las empresas, por sobre el interés común y la ciudadanía. 
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.energiaciudadana.cl

CELCO-ARAUCO: La empresa modelo del descalabro ambiental en Chile

Se espera que la justicia caiga sobre los responsables y en la eventualidad que la empresa apele a este dictamen, toda acción simplemente ratifique las medidas señaladas por el tribunal, condenándolos a reparar materialmente la tragedia ambiental generada y el daño económico causado a la región.
Esa es la conclusión que nos inunda al leer los detalles de la investigación que dio lugar al fallo del Primer Juzgado Civil de Valdivia en este emblemático caso.
Esta industria obtuvo la aprobación para su proyecto (EIA) en 1998 (RCA Nº 279/98), por 550 mil ton/año de celulosa kraft, se ubica a tan sólo 500 metros del río Cruces, en cuyo cauce se encuentra el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter (Humedal del Río Cruces – protegido por el DS Nº 2734/1981).
En la época esto fue objetado duramente, con informes técnicos y una oposición ciudadana que, en conocimiento del impacto que ya había producido la industria de la celulosa en otras zonas del país, hacían impensada su aprobación original ya que eran insostenibles los argumentos que respaldaban su funcionamiento inofensivo.
No obstante, en enero del ‘96 el Comité Técnico declaró el proyecto ambientalmente inviable y lo rechazólo que luego fue aplacado, moderado y por último invisibilizado, luego que en marzo de ese mismo año, el Presidente Frei visitó los terrenos de la planta y apoyó públicamente su construcción.
Con el respaldo político de turno y las promesas de una industria modelo para la región, de tecnología única en Latinoamérica, se creó la tormenta perfecta destinada a bypassear la frágil institucionalidad ambiental de nuestro país. Así, se escribió uno de los capítulos más oscuros de la herencia socio ambiental de los gobiernos de la Concertación en complicidad con el poder industrial de nuestro país.
Y es este mismo poder el que hasta hoy mantiene una lucha sin cuartel con los pescadores y comunidades que se oponen a la disposición de los desechos de esta industria en las costas y áreas de pesca de la región.
Del fallo, con fecha 27 de julio de 2013, se desprende que la empresa contradiciendo su autorización de funcionamiento, proceso 668 mil/ton/año de celulosa, vertió residuos industriales líquidos al río Cruces en composición y cantidad superior a lo autorizado, provocando aumento de la temperatura, presencias de ácidos y metales pesados que, entre otros elementos, desencadenaron procesos químicos, físicos y la consecuente “destrucción ilegal y deliberada del humedal”.
Esta situación afectó la cadena de vida y supervivencia del ecosistema que ha albergado a centenares de especies, entre mamíferos, reptiles, anfibios e insectos y aves, siendo las mas representativas -e indicador biológico que mayor impacto publico genero en esta tragedia- los cisnes de cuello negro. Estas aves literalmente se desplomaron sobre las cabezas de la población en las comunas de San José de la Mariquina y Valdivia.
De igual modo se espera que la justicia caiga sobre los responsables de este caso y en la eventualidad que la empresa apele a este dictamen, toda acción simplemente ratifique las medidas señaladas por el tribunal, condenando a la empresa a reparar materialmente la tragedia ambiental generada y el daño económico causado a la región.

miércoles, 7 de agosto de 2013

Misión "Pintana - Pirque"

por @rodrigodelao
Con la presencia del alcalde de la comuna de Pelluhue, Don Nelson Leal, miembros del Concejo, funcionarios del municipio, profesionales y representantes de la comunidad se realizó una visita a la Dirección de Gestión Ambiental (DiGA) de la Municipalidad de La Pintana y a la Escuela Agroecológica de Pirque.

Gracias a la gestión de profesionales de Servicio País se realizó esta misión la que permitió conocer procesos de eficiencia donde la comuna de La Pintana tiene cerca de veinte años de experiencia en la separación de residuos en origen, tratamiento y reutilización de desechos orgánicos como material de cobertura vegetal para la reconstrucción y mejoramiento de suelos, como así también, aceites comestibles y su conversión a biocombustibles. También se pudo conocer los distintos procesos de separación y reducción sumados a huertos orgánicos en espacios reducidos.

La Pintana posee una población de 200 mil habitantes en 3.030 hectareas y ya cumplen con el Sello de Excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) convirtiéndose en un modelo a seguir para la comuna de Pelluhue. Apuntando a un Modelo de Desarrollo Sustentable y una Estrategia de Cambio Global el Municipio capitalino se enfoca en que "a problemas globales” deben existir “soluciones locales” en distintas áreas: Operaciones Ambientales, Áreas Verdes, Salud Ambiental y Educación Ambiental.
Manuel Valencia, Director DiGA, señalo que es importante poder sensibilizar a la comunidad con una campaña sistemática de inclusión (Puerta a Puerta) que pueda explicar de manera clara y simple los beneficios de la “separación en origen”.
Escuela Agroecologica de Pirque
Con posterioridad a la visita en la comuna de La Pintana la delegación pelluhuana se dirigió a la Escuela Agroecológica de Pirque donde los mismos alumnos hicieron de guías para mostrar los distintos procesos agro productivos con una base orgánica y natural de respeto por el medio ambiente. En un entorno de gran belleza campestre se pudo apreciar el interesante concepto de asociar al sistema educacional con las competencias técnicas que impulsen estrategias de cuidado en la elaboración de alimentos orgánicos sin productos artificiales en su proceso.
En síntesis, la visita resulto muy provechosa en lo relativo a poder conocer experiencias que han ido desarrollando una estrategia de mitigación y preservación en los procesos. En la Pintana surge la conciencia y necesidad de reducir los desechos como así también poder considerar los residuos como un recurso que puede, en si mismo, poder ser aprovechado nuevamente y significar un ahorro y un nuevo aporte. Por otro lado la Escuela Agroecológica de Pirque brinda un concepto de enseñanza practico ideal avanzado que combina el trabajo teórico con a aplicación práctica en el terreno mismo donde se producen los cultivos orgánicos. Esta relación y entendimiento con nuestro entorno es lo que nos permite poder avanzar hacia un desarrollo sostenible que nos demuestra que es posible replicar y adaptar estrategias, conceptos a la realidad local y que se seguirá trabajando hacia el futuro.
Como ONG nos pone muy contentos de ver como se plantean nuevos desafíos. Seguiremos trabajando y colaborando para fortalecer estrategias y seguir avanzando y aprendiendo que existen mejores conductas para un mejor vivir.

martes, 30 de julio de 2013

Celulosa-Arauco y el desastre del Río Cruces: ¡culpable!

Celco-Arauco no sólo no informó tales descargas a las autoridades, ocultando datos, sino que, en su afán de negar su responsabilidad, se abstuvo de tomar medidas de mitigación a las que la propia RCA la obligaba. Por su parte, los informes periciales solicitados por el tribunal concluyeron que se trata de un desastre ecológico excepcionalmente agudo: en solo tres meses las descargas tóxicas colapsaron el humedal de 6 mil hectáreas, legalmente protegido por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar.
Hemos conocido el fallo de primera instancia que condena a Celco-Arauco por el daño ambiental causado desde comienzos del 2004 al Santuario del Río Cruces en Valdivia. Han sido 8 largos años de investigación a cargo de la jueza Gloria Hidalgo, del Primer Juzgado Civil de Valdivia. Las pruebas aportadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que interpuso la demanda en abril del 2005 en representación de los afectados, lograron demostrar la culpabilidad de la planta de celulosa Valdivia en el desastre, a la vez que permitieron refutar cada una de las hipótesis exculpatorias sostenidas por la empresa, las que apuntaron a causas naturales.
El principal argumento del CDE fue demostrar que los drásticos cambios ecológicos ocurridos en el Santuario se correlacionan con las descargas de compuestos que excedieron de forma sistemática lo permitido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o que, más grave aún, nunca fueron autorizados. En particular, el CDE resaltó el efecto provocado por compuestos ilegalmente descargados y reconocidamente biotóxicos, como el clorato, que en el caso del Río Cruces tiene como única fuente la industria de Celco-Arauco. Estas ilegalidades dieron origen a 17 procesos sancionatorios en contra de Celco-Arauco, varios ya ratificados por la Corte Suprema. El CDE sostuvo que, como agravante, estas persistentes ilegalidades dan cuenta de un comportamiento intencionado, toda vez que la empresa, por su vasto conocimiento del proceso industrial de la celulosa, debió anticipar los efectos de sus descargas. Pero Celco-Arauco no sólo no informó tales descargas a las autoridades, ocultando datos, sino que, en su afán de negar su responsabilidad, se abstuvo de tomar medidas de mitigación a las que la propia RCA la obligaba. Por su parte, los informes periciales solicitados por el tribunal concluyeron que se trata de un desastre ecológico excepcionalmente agudo: en solo tres meses las descargas tóxicas colapsaron el humedal de 6 mil hectáreas, legalmente protegido por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar.
Aunque es probable que ambas partes apelen, prolongando el proceso judicial, este es un fallo histórico en este emblemático caso de la historia ambiental de Chile. En primer lugar, porque establece por primera vez de manera oficial la responsabilidad de Celco-Arauco, poniendo fin a una extensa y extenuante etapa en que la empresa hizo todo lo posible por desacreditar los informes que la culpaban, alimentando la confusión y la incertidumbre. La falta de un pronunciamiento oficial ha impedido que, en todos estos años, se tomen acciones concretas para reparar y proteger el ecosistema dañado, mientras la planta de Celco-Arauco ha seguido funcionando. A su vez, ello ha interferido negativamente en el diseño de medidas como la Norma de Calidad Secundaria del Río Cruces, que se encuentra en etapa final de aprobación. De haber existido a tiempo un reconocimiento oficial de la responsabilidad de CELCO-ARAUCO esta norma podría haber regulado de modo más estricto los compuestos que hoy se confirma provocaron el desastre, contribuyendo de modo efectivo a recuperar la calidad histórica de las aguas de este ecosistema.
En segundo lugar, el fallo pone en cuestión los criterios que en su momento las autoridades ambientales exigieron a fin de reconocer la responsabilidad de Celco-Arauco. Aunque muchas de las pruebas aportadas en el juicio han estado hace años en manos de los servicios públicos, ellas fueron consideradas insuficientes. Estos servicios tampoco hicieron lo necesario para generar las pruebas adicionales que confirmaran o descartaran la responsabilidad de Celco-Arauco. Así, todos estos años, las instituciones han operado en la ambigüedad, reconociendo tácitamente que Celco-Arauco es culpable pero argumentando a la vez que no es posible hacer nada mientras ello no esté ‘demostrado’. Esto ha producido decisiones contradictorias, permitiendo la continuidad del daño. En particular, cabe recordar que, teniendo en sus manos el informe de la Universidad Austral de Chile (UACh) que en abril de 2005 concluyó la existencia de una relación directa entre las descargas de Celco-Arauco y el colapso del Santuario, la COREMA le entregó a la empresa un permiso administrativo, al margen de los requerimientos legales, para continuar vertiendo los mismos compuestos no autorizados que la UACh identificó como causantes del desastre. Las autoridades esperaban de la ciencia una demostración irrefutable de las causas del desastre –es decir, probada experimentalmente. Algo imposible debido a la complejidad de las variables involucradas.
Se escudaron entonces en la falta de convicción científica para abstenerse de tomar medidas que detuvieran el desastre. En contraste, el fallo sostiene que el tribunal arribó a la convicción plena sobre tal causalidad por medio de un enfoque criminalístico (inductivo), basado en la correlación espacial y temporal de las descargas tóxicas y sus efectos ecológicos. Si el país pretende avanzar seriamente en el fortalecimiento de sus instituciones ambientales, resulta crítico hacernos cargo de las lecciones que se derivan de este caso en relación al papel de la ciencia. En particular es necesario fortalecer los mecanismos precautorios que la nueva legislación contempla, para que las autoridades no se escuden en la falta de pruebas científicas cuando deban tomar medidas preventivas requeridas con urgencia. A la vez, es necesario que los nuevos Tribunales Ambientales desarrollen protocolos probatorios para llegar a conclusiones oportunas en casos científicamente complejos.
En tercer lugar, el fallo da inicio, por fin, a la fase de recuperación del Santuario y de reparación de los daños derivados del desastre por la que los ciudadanos de Valdivia se movilizaron tan intensamente. Y aquí radica su principal debilidad: las medidas reparatorias con las que el fallo condena a Celco-Arauco son generales y apuntan a actividades de investigación y monitoreo sin considerar acciones concretas de recuperación del humedal o de reparación de los daños, que no son solo ecológicos, sino también sociales, culturales y económicos, como el propio fallo señala. ¿Cuáles serán la imagen objetivo y las metas de recuperación del Santuario?, ¿qué daños serán considerados?, ¿se tomarán en cuenta los efectos del desastre en las comunidades humanas?, ¿cuál será la entidad encargada de implementar las medidas financiadas por la empresa?, ¿quiénes participarán en estas decisiones e instancias? El fallo no se hace cargo de estos temas, dejando en manos de los actores involucrados la tarea de diseñar en detalle e implementar las medidas generales que ordena. Ello supone asumir grandes temas pendientes, comenzando por dar inicio a un debate público sobre cómo abordar la fase de restauración que se inicia. Tarea que es crítica, más aún considerando que en Valdivia existen visiones diversas sobre cuál es el Santuario que se quiere recuperar, cuáles son las medidas para lograrlo y quiénes debieran participar en el proceso.
A casi una década del inicio del desastre del Santuario del Río Cruces, el fallo conocido da inicio a una nueva etapa que nos enfrenta a nuevos desafíos. Las autoridades regionales, la comunidad académica local y los actores sociales tienen la valiosa oportunidad de emprender en conjunto un proceso de recuperación del humedal y de reparación de los daños causados que sea, a la vez, técnicamente riguroso, ampliamente participativo y socialmente legítimo. Los valdivianos, cuya movilización ha sido determinante para que esta nueva etapa sea hoy posible, nos merecemos este esfuerzo colectivo. El desastre del Río Cruces remeció nuestra relación con el entorno donde vivimos y producto de ello la visión que esta región ha definido sobre su desarrollo enfatiza como nunca antes la protección responsable de nuestro patrimonio natural. Para que ello sea posible, es necesario que nos pongamos a la altura del desafío que comienza. Es momento de demostrar que ya no somos los mismos.
CLAUDIA SEPÚLVEDA
Socióloga, Magíster en Medio Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, PhD (c) en Geografía Humana

lunes, 29 de julio de 2013

Carretera Hídrica: ¿solución para la escasez del agua en Chile?

¿Se imagina casi 2000 kilómetros de tubería subterránea que transporte agua del sur al norte de Chile? Una idea del sector privado que el gobierno decidió estudiar, que los ambientalistas cuestionan y que Red Mi Voz te lo cuenta.
El 5 de noviembre se conocerá si la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile o MdeA Consultores Limitada se adjudica la licitación pública para realizar el“Estudio Básico Diagnostico Demanda Potencial Hídrica en el Norte de chile”, que presentó la Comisión Nacional de Riego, CNR, con el propósito de determinar la demanda del vital recurso comprendidas entre las regiones de Arica y Parinacota y Valparaiso, zonas principalmente afectadas por la sequía.
De acuerdo a los antecedentes descritos en la licitación por la CNR, prácticamente todas las actividades económicas ligadas a recursos naturales utilizan el agua como un insumo fundamental en sus procesos productivos (agricultura, minería y generación de energía, entre otros). Sin embargo la alta heterogeneidad temporal y espacial de la disponibilidad hídrica en Chile y la creciente demanda, ha justificado que el análisis de su gestión se realice desde la perspectiva de un bien escaso.
Sumado al cambio climático que afectará la disponibilidad del recurso producto de la disminución de las precipitaciones las que se estiman que disminuirá un 30% al año 2070, y que el 84% del agua se vierte al mar, siendo sólo 4% de ella acumulada, el proyecto “Carretera Hídrica” cobra importancia, agrega la Comisión, el que consiste en una tubería subterránea submarina desde las desembocaduras de ríos del centro-sur para el abastecimiento de agua a la zona norte que tienen favorables condiciones de accesibilidad, disponibilidad de energía renovable como la radiación solar y eólica, potencialidades turísticas y condiciones climáticas privilegiadas para el desarrollo de la agricultura de exportación de alta rentabilidad, sin embargo, está limitada por la disponibilidad de recurso hídrico.
La iniciativa básicamente utiliza el agua que no fue aprovechada en la cuenca la cual drena hacia el mar, es decir se evita su perdida y poder trasladarla hacia el norte de tuberías oceánicas.
Según Felipe Martín, secretario ejecutivo de la CNR, este estudio de 35 millones de pesos, busca establecer “qué demanda tendría este tipo de infraestructura y con esa información ver quien podría pagar la inversión de este tipo. Estamos buscando apoyo de todas las instituciones para desarrollarlo en el más breve plazo posible”.
El personero de gobierno explicó a Red Mi Voz, que para materializar la Carretera Hídrica -tecnología utilizada por ejemplo en la canalización de más de 5 mil kilómetros en California, Estados Unidos o en la conducción de alrededor de mil 500 kilómetros en Australia-  se busca “aunar esfuerzo entre quienes demandan” el vital recurso, por lo tanto, en esta iniciativa pueden participar empresas sanitarias, mineras, el sector agrícola y las comunidades de agua.
Idea de privados
Aunque el concejal de Copiapó, Christian Guzmán (ex DC) recordó que la idea de Carretera Hídrica era un proyecto del gobierno de la Unidad Popular, la iniciativa tomó forma con tras la presentación del proyecto denominado Acquaatacama, de la empresa Vía Marina, filial del grupo francés Vinci -propietario de la mitad de las carreteras concesionadas de Francia y que ha participado en la construcción de túneles y carreteras en Chile-, que junto al patrocinio de la Fundación Chile que han decidido abordar la escasez de agua del norte del país, entregando una alternativa viable y económica a las industrias de la zona, sobre todo a la minería, como consigna la Sociedad Nacional de Mineria, Sonami, a través del Boletín Minero publicado en noviembre del 2010.
En ese mismo año, en la búsqueda de la viabilidad del proyecto y financiamiento del mismo, Vinci-Vía Marina y Fundación Chile, según reportó La Tercera, tomaron contacto con empresas mineras como BHP Billiton y Collahuasi, y con gremios como el Consejo Minero y la Sonami, además con el gobierno.
Y precisamente durante octubre del 2012 Vía Marina hizo entrega de los estudios preliminares del proyecto al Ministro del Obras Públicas Laurence Golborne, actividad que contó con la participación de los máximos representantes de la empresa y de Fundación Chile, y del embajador de Francia, Marc Giacomini, pues el gobierno galo aportó aportó 576 mil euros para dicho informe.  
Al recibir la propuesta, Golborne se refirió a los usos del agua en Chile y los desafíos que enfrenta el país para preservar el recurso a través de un uso eficiente y sustentable. “Parece muy interesante pensar que Chile tiene una distribución de agua tan disímil. En el sur de Chile tenemos abundancia, en el norte de Chile tenemos escasez. Si nosotros encontráramos un medio económico y técnicamente factible que nos permita transportar esta agua desde la zona sur al norte, podríamos llegar a transformarnos en un vergel, podríamos disponer de agua para las comunidades, para el desarrollo de las industrias necesarias en la zona”, explicó el ministro. En este sentido destacó que “es perfectamente posible continuar trabajando, a medida que la tecnología se desarrolle y se pueda llegar en el futuro a costos adecuados”.
¿Para quién es el agua?
Sin embargo, Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), calificó que la Carretera Hídrica no es más que una solución de la expansión minera. “Es una falsa solución” pues “la expansión minera está superando todos los límites naturales para el uso de los ecosistemas”, aseguró. “Se parte de premisas erradas, ya que se plantea hacer un tubo de 1600 kilómetros y como que el agua se movería sola, pero no se dice que se requiere de muchísima energía para trasladar esa agua”, detalló en el portal de la Radio Universidad de Chile.
En tanto, el Secretario del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), Rodrigo Mundaca, afirmó que el proyecto es una solución cosmética “pues no apuntan al problema de fondo. El gobierno se resiste a discutir la formulación de una política que sea racional y eficiente en el uso de sus recursos hídricos”.
En medio de esta discusión, 1 de cada 3 comunas de Chile fueron declaradas en emergencia agrícola y 10 como zona de catástrofe por la sequía que afecta al norte del país, donde la ciudadanía ve como día a día el agua se agota.

domingo, 28 de julio de 2013

ONG Vigilante Costero es una realidad y nos abre a nuevos desafíos

Por @rodrigodelao
Cerca de 3 años demoramos. En un principio a través del Ministerio de Justicia y sus secretarías regionales y después con el cambio a ley (20.500) sobre organizaciones funcionales y/o territoriales por intermedio del municipio local. Sin embargo, a pesar de todo, al fin tenemos nuestra organización legalmente conformada como corporación y/o fundación sin fines de lucro ONG Vigilante Costero u ONG Vigilante.
Sin entrar en detalles de porque fue tan difícil poder obtener su legalización hoy queremos comunicar públicamente nuestra alegría y estamos seguros que esto nos abrirá un abanico de posibilidades para plantearnos nuevos desafíos, involucrar a más personas en el crecimiento de la organización e incluir a la comunidad e instituciones cercanas en procesos de participación activos en donde todos podemos estar y ser de gran importancia para el futuro de nuestra ya fundada organización ambiental de carácter autónomo.
Muchos nos han preguntado cual es el objetivo de nuestro trabajo. Y, si bien estamos claros cual es el espíritu inicial que converge en lo relacionado a objetivos, misión y visión organizacional, lo mas concreto que se puede responder es que existimos como una necesidad de empoderar a nuestra gente, a nuestros vecinos y articular redes sociales que implican una comunicación permanente, activa y en evolución también a nivel publico y político  Es en este punto en donde la ciudadanía cumple un rol esencial, vital para poder generar estructuras legales que permitan un desarrollo inteligente enfocado hacia lo que queremos como conjunto de sociedad.
El camino es pedregoso, lo sabemos. Poderes económico y facticos en muchos casos se contraponen en el trayecto e incluso pueden ser preocupantes a la hora de la interacción y articulación de redes comentada. Para ello hay que ser cuidadosos como organización y establecer vínculos de transparencia permanente que nos ayuden a relacionarnos con sectores que no se contrapongan con nuestros propios principios y que puedan erosionar nuestra visión organizacional.
En conclusión, ONG Vigilante Costero (Maule Itata) entra e un proceso de evolución y donde todos y cada uno de Ustedes queda cordialmente invitados y seguiremos trabajando junto a nuestros socios y colaboradores.
Rodrigo de la O
Director Ejecutivo
ONG, Vigilante Costero (Maule Itata).
www.vigilantecostero.cl

Valdivia: Condenan a Celulosa Arauco por desastre ambiental en río Cruces el 2004

Fuente: El Ciudadano
El Tribunal Civil de Valdivia condenó a la Celulosa Arauco por el daño ambiental del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces de Valdivia, en un hecho ocurrido en el año 2004.
Tras casi diez años de indagatoria y en un fallo de 163 páginas, la titular del primer juzgado civil de Valdivia, Gloria Hidalgo condenó a la empresa Celulosa Arauco por el daño ambiental que su Planta Valdivia provocó en el Santuario de la Naturaleza del Río cruces a fines del año 2004 y a sólo meses de iniciada su marcha.
La sentencia, producto de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que en cuanto al dolo de la acción, la empresa Celulosa Arauco conoce a la perfección la actividad que ejecutó con grave daño al ambiente, porque es una empresa que a gran escala desarrolla esta actividad y resulta inexplicable que incurra en acciones y omisiones dañosas como las denunciadas.
Tras la indagatoria, la jueza Hidalgo concluye que el daño en el santuario comprende la muerte y desaparición sin regeneración a la fecha del luchecillo; muerte y emigración de cisnes de cuello negro desde el humedal; daño al ecosistema en su conjunto, pérdida de diversidad biológica del ecosistema y pérdida del valor paisajístico del humedal.
Respecto a la causa de ese daño ambiental, el primer juzgado civil de Valdivia establece que fue ocasionado por Celulosa Arauco, y tiene como única causa basal la actividad ilícita de vertimiento de Riles al Río Cruces, contraviniendo su Resolución de Calificación Ambiental.
En la sentencia se concluye que la planta Valdivia de Celco, vertió en el humedal del Río Cruces residuos industriales líquidos cuya cantidad, composición y tratamiento no correspondía al autorizado, provocando aumento de la temperatura del agua, aumento de la acidez, aumento de su conductividad lo que es indicativo de derrame del llamado “ licor negro”, de ácidos resínicos y solución de metales pesados, lo que desencadeno en el desastre ambiental.
De esta forma, el primer juzgado civil de Valdivia condenó a Celulosa Arauco a adoptar diversas medidas para preservar el Santuario de la Naturaleza, a su costo.
Entre ellas se encuentran realizar a través de un equipo interdisciplinario un estudio sobre el estado actual del humedal, que estará a cargo de un comité independiente. Además, CELCO debe crear un humedal artificial con carácter de centinela, con especies representativas del santuario.
Deberá Celco reimplementar un programa de monitoreo medioambiental y crear un centro de investigación de humedales, tal como lo propuso la propia empresa durante el juicio, además de llevar a cabo programas de desarrollo comunitario relacionados con el humedal
Frente al monto de la indemnización, el fallo del primer juzgado civil de Valdivia establece que Celulosa Arauco deberá pagar los perjuicios causados, durante la etapa del cumplimiento de la sentencia y que la especie y monto de estos perjuicios será determinados en esa instancia de cumplimiento.
Revisa el fallo aquí
Fuente: Radio Bío bio

sábado, 27 de julio de 2013

"Problema Laja"

por @rodrigodelao
El día de hoy vecinos del sector de Lovelvan de la comuna de Pelluhue nos contactaron ante nuevas actividades de carácter informal de extracción de material rocoso de la faja costera.

Este material (piedra negra del tipo laja) usado comúnmente como materia prima para la construcción se ha convertido en un problema que no ha encontrado una solución efectiva que norme y sancione actividades de este tipo que carecen de permisos de extracción, cuotas comprometidas, permisos o patentes municipales, tributos, permisos de transito, etc. En síntesis, se transforma en una actividad que desde su origen no reviste sistema regulatorio alguno erosionando el patrimonio natural local y erosiona de manera irreversible los elementos naturales de altas mareas.
Después de ello se procedió a hacer formal la denuncia a Carabineros en el reten de Curanipe y se procedió a visitar el lugar de extracción donde ya las personas se habían retirado. No obstante, permanecían las piedras apiladas donde las habían dejado. Junto a la denuncia formal de nuestra organización con el apoyo de los vecinos que informaron y son testigos del hecho se les entrego fotografías de las personas que estaban extrayendo el material (uno de ellos reincidente) como evidencia asociada a la denuncia. También se informo al Alcalde de Pelluhue quien manifestó que existe un decreto alcaldicio vigente que prohíbe esta actividad y que lo considera incluso como un delito al ser catalogado como daño patrimonial.
Este es un tema que seguimos desde hace mucho tiempo y que continuaremos abordando hast poder establecer una normativa que regule esta actividad y prohíba su desarrollo dentro de la faja costera.
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martes, 23 de julio de 2013

SCAM: Pelluhue en el desafío de la Sustentabilidad

@rodrigodelao
Un nuevo desafío nos planteamos al postular a la comuna de Pelluhue al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).
En una primera etapa comprende empoderar a los funcionarios de la Municipalidad para poder establecer cuál es la realidad actual y desde ahí poder hacerlo extensivo a la comunidad de manera participativa y con una comunicación eficiente.
Para nosotros, y para mí en lo personal, es un tremendo reto poder ir cumpliendo las etapas que nos encaminen a potenciar la hermosa comuna costera de Pelluhue en conseguir esta certificación ambiental básica (primera etapa) y disponer esfuerzos futuros para el logro de la certificación intermedia y de excelencia la que deberemos ser capaces de mantener en el tiempo tanto en el nivel administrativo municipal, como así también, en lo que respecta a la participación de la comunidad en los distintos procesos futuros.
La firma del Convenio SCAM se formalizó el 28 de mayo pasado entre el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue, Don Nelson Leal Bustos, y la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Señora Mariela Valenzuela Hube, siendo un gran salto que persigue la actual administración para reflejar los objetivos que se ambicionan para la comuna en el mediano y largo plazo. Es importante establecer objetivos que, integralmente, puedan potenciar nuestra zona como un destino importante a nivel regional y nacional. Para ello la visión conjunta se debe enfocar en la valorización de nuestros activos y pasivos ambientales como una infraestructura vital sobre la cual valorar nuestro propio desarrollo económico local y desde la gestión municipal ir superando etapas y cumpliendo metas que permitan tal distinción validando una orientación hacia la sustentabilidad y generación de destino.
Curanipe - Pelluhue - Maule Sur
En lo sucesivo se comienza un arduo proceso de trabajo en donde se deberán coordinar esfuerzos en lo relacionado al cumplimiento de los objetivos propuestos en la primera etapa para la consecución del sello de certificación ambiental básico.
Es fundamental para el éxito vincular en las etapas en que se considera a miembros activos de la comunidad para que el proceso y distintas opiniones, sugerencias e inquietudes queden expuestas y reflejen de manera integral la visión que la comuna de Pelluhue asume en la búsqueda de la certificación ambiental municipal.
Es importante mencionar que en esta primera etapa, junto a la municipalidad de San Clemente, la comuna de Pelluhue se suma este año a otras grandes de nuestra región como Talca, Linares y Curico lo que, sin lugar a dudas, nos debe alegrar y, a su vez, comprometer responsablemente en todo lo que implica.